Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista

Expediente 629/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
629/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por medio del cual esencialmente informa que acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y que se avoca al conocimiento de la demanda de amparo motivo de este expediente; la cual radicó bajo el número 426/2022, de su índice. Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso j) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintidós. I. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por **; por su propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca; regístrese en libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 629/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. II. Declinación de competencia al Juzgado de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. En el caso, como la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si la demanda de amparo da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. De no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Es aplicable la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora, hecho un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado, consistente la prolongación de la prisión preventiva por más tiempo del señalado en la pena máxima que señala el delito imputado de fraude maquinado dentro de la causa penal 19/2011, del índice de la responsable Juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido Oaxaca, sin que la dilación se deba al derecho de defensa; actos que al referirse a la libertad del quejoso, tienen ejecución material en Salina Cruz, Oaxaca, por ser quien ejerce competencia en el municipio de San Pedro Mixtepec, al que corresponde el lugar de residencia del Juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, que conoce del proceso de primera instancia; de modo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, carece de competencia, por cuestión de territorio, para conocer de este juicio de amparo. Sin que sea obstáculo que de la demanda de amparo se advierta que, en la especie, la privación de la libertad del quejoso se materializa en un ámbito territorial distinto de aquél en el cual se sigue su causa; pues, lo cierto es que dicho efecto se traslada directamente al proceso y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión. De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del dispositivo transcrito se advierten tres supuestos básicos para que los jueces de Distrito conozcan de un juicio de amparo: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto, es decir, ante quien el gobernado presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. Por otra parte, también se pueden distinguir tres rubros principales de competencia: por materia, por territorio, por cuantía. En el caso, se analizará la competencia por territorio, la cual se considera aplicable en este asunto, por lo siguiente: La competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea la distribución territorial de la competencia entre diversos órganos de competencia; por lo que, se estima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere dicho precepto es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 107, del tomo I, Junio de 1995, Materia Común, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora bien, como ya se dijo, del análisis de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado por Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista, lo constituye: la prolongación de la prisión preventiva por más tiempo del señalado en la pena máxima que señala el delito imputado de fraude maquinado dentro de la causa penal 19/2011, del índice de la responsable Juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido Oaxaca. En ese sentido, éste Juzgado de Distrito estima que resulta competente para conocer de este asunto, el Juez de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, por ser quien ejerce competencia en el Municipio de San Pedro Mixtepec, lugar de residencia del Juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, quien conoce del proceso penal instruido en contra del aquí quejoso, donde tiene su principal impacto y repercusión, los efectos del acto reclamado. Lo anterior, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción XIII, relativo al Decimotercer Circuito, reformado mediante el diverso Acuerdo General 45/2016, que establece: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Esto, toda vez que el acto que se reclama en esta instancia constitucional, trae como consecuencia que el procesado continúe sujeto a proceso, y recluido en el centro de internamiento en el que actualmente se encuentra. De ahí que, al permanecer el procesado a disposición del juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, la ejecución material de los actos reclamados será en el lugar de residencia de éste y, en consecuencia, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra de la prolongación de la prisión preventiva por más tiempo del señalado en la pena máxima que señala el delito imputado de fraude maquinado dentro de la causa penal 19/2011, del índice de la responsable Juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido Oaxaca, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juzgado de Primera Instancia que conoce de los procesos penales, en este caso, el Juez de Distrito en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. Aunado a que la parte quejosa no señaló ninguna autoridad ejecutora, que tuviera residencia en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2011, publicada en la página dos mil ciento ochenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, Tomo 3, décima época, de rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO." Asimismo, por identidad de razones, la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 96/2005-PS, publicada en la página ciento setenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXIII, enero de 2006, novena época, de: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN." Máxime, que de la certificación de cuenta se desprende que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), el Tribunal Colegiado del en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, dentro del conflicto competencial 10/2018, de su índice, dirimió un conflicto existente entre el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, respecto de actos similares al aquí reclamado y por el propio quejoso Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista, en torno a la competencia del asunto en el cual el Juzgado responsable tiene su residencia en San Pedro Pochutla, Oaxaca; y el impetrante de amparo, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Número tres con sede en Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca; en el cual el acto toral del asunto lo constituía la resolución del incidente no especificado de sobreseimiento, derivado de la causa penal llevada por el Juzgado señalado como responsable; en el cual resolvió que el juez competente es el que radica en la jurisdicción del Juez de la causa, esto es, en Salina Cruz, Oaxaca. En ese sentido, los datos obtenidos de la información que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), si bien no sustituyen a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es, que esta información genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; constancias las anteriores que se traen a la vista por ser un hecho notorio. Lo anterior tiene apoyo en la tesis 3o.2 K, del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible en la página 2181, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA." Por tanto, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda promovida por Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista, correspondiéndole el conocimiento al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca; en consecuencia, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin proveer sobre su admisión, por conducto de la Oficina de Correspondencia, remítase la referida demanda al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. Asimismo, solicítese de la manera más atenta al juez de Distrito, al que corresponda conocer de la demanda, tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las constancias pertinentes. III. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte promovente del amparo, el que cita en el proemio de la demanda. Por tanto, a fin de no retardar la secuela del procedimiento, dada la naturaleza de los actos reclamados, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado, para que se haga presente en el referido centro de reclusión, notifique al aludido quejoso este auto de manera personal, entregándole copia autorizada, para su conocimiento y efectos legales. IV. Ley de transparencia. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Finalmente, hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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