Joaquin Cigarroa Lopez
Expediente 87/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Joaquin Cigarroa Lopez
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dos de febrero de dos mil veintitrés. SE AGREGA OFICIO DE ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, agréguese al cuaderno de antecedentes del juicio de amparo número 87/2023, el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, por el que acusa recibo del oficio por el que este juzgado le remitió el original del juicio de amparo antes indicado, promovido por Joaquín Cigarroa López y comunica que se avocó al conocimiento del asunto. Por lo tanto, previa copia que se deje en autos, envíese a la autoridad oficiante las comunicaciones glosadas en proveído de veinticuatro de enero del año en curso, para los efectos legales procedentes. José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 2 ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUÍBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un cuaderno de antecedentes de un juicio de amparo enviado por incompetencia y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 3 ??????????????? artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, glósense a los autos los oficios por los que rinden informe de suspensión las autoridades responsables Encargado de la Dirección y Médicos Neurocirujanos de los Turnos Matutino y Vespertino, todos adscritos al Hospital General de Zona Número 1 "Nueva Frontera", Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, y el escrito firmado por Carlos Daniel Sánchez Zetina, Asesor Jurídico Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, por el que solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico, proporcionando usuario para tal efecto. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 2 Por lo cual, se tienen por hechas las manifestaciones de las autoridades oficiantes y del Asesor indicado, para los efectos legales procedentes y se reserva enviar los oficios y escrito de cuenta al Juzgado competente, hasta en tanto obre el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecinueve de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Joaquín Cigarroa López, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director del Hospital General Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, y otras autoridades; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 87/2023-II-A. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, con apoyo en los numerales 126 y 160 de la Ley de Amparo, dada la naturaleza del acto reclamado que se hace consistir sustancialmente en la negativa de EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 2 proporcionarle la atención médica (tratamiento traumatológico); situación que a juicio de la suscrita es suficiente, por el momento, para otorgar la suspensión de plano de tal acto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 126, de la Ley de Amparo y debido a que se reclaman actos previstos en el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se traducen en el peligro a su vida e integridad corporal, los cuales derivan de la falta de atención médica del agraviado, por tanto se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, PARA EL ÚNICO EFECTO DE QUE SE SALVA GUARDE LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL QUEJOSO Y NO SE EJECUTE EN SU PERSONA ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. Esto es, las autoridades responsables deberán proporcionar la atención médica que requiera el referido impetrante del amparo, en relación con los problemas de salud que asevera sufrir, a efecto de preservar su derecho humano a la salud. Por consiguiente, las autoridades responsables deberán acreditar, con los exámenes médicos respectivos, el estado de salud del quejoso, e informar los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como para que procedan de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que necesite. Ahora, para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese a las EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 3 autoridades responsables la suspensión de plano para su debido cumplimiento; y para que en el término de veinticuatro horas informen por oficio a este Juzgado de Distrito, el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano decretada, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables. Apercíbase a las autoridades responsables que de no acatar la medida cautelar concedida, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, en virtud de que el desacato a un mandato judicial implica el delito de violación a la suspensión previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y sancionado, con el numeral 215, del Código Penal Federal. "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Al respecto, es aplicable la tesis VI. 1o.A. 19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 4 conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". De igual forma, el criterio asilado LXV/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Julio de dos mil ocho, página 457, del texto siguiente: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4°. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 5 vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud." Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 136/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página sesenta y uno del Tomo XXVIII, Octubre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que sostiene: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 6 salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." INCOMPETENCIA EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 7 Ahora bien, de la certificación de cuenta, se desprende que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierten los datos relacionados con el juicio de amparo 2294/2019, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, cuya fecha de radicación es de siete de octubre de dos mil diecinueve, asunto en el cual el directo quejoso, es Joaquín Cigarroa López, contra actos emitidos por las autoridades de salud en esta ciudad, consistentes en: - la negativa de proporcionarle la atención médica (tratamiento traumatológico). Esto es, dicha demanda fue presentada con anterioridad a la que ahora es turnada, ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, y que dio origen al presente sumario, además de encontrarse dentro de la temporalidad de cinco años. Resulta un hecho notorio para este órgano jurisdicción que la demanda de amparo promovida por Joaquín Cigarroa López, por el que se radicó el presente juicio de amparo, se encuentra relacionado con el que conoce el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, a través del juicio de amparo 2294/2019, toda vez que se trata del mismo quejoso y de los mismos actos reclamados, en contra de las autoridades residentes en esta ciudad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes: EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 8 "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.- Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Y la tesis I.1º.A.14 K (10), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1946, tomo II, Marzo 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EX PEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo." En ese tenor en términos del artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 9 Direcciones General de Gestión Judicial y Estadística Judicial; en el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, específicamente en su artículo 46, fracción XIII, que establece: "Articulo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] XIII. Las demandas de amparo o recursos que se refiere al mismo acto de autoridad, con excepción de aquellos presentados por distintos quejosos en contra de una misma norma general u omisión o cuando se trate de un diverso acto de aplicación de la norma; [.]" De la parte transcrita se advierte que, para el turno de asuntos relacionados, el juicio de amparo indirecto promovido contra los mismos actos de autoridad, con excepción de aquellos presentados por distintos quejosos en contra de una misma norma general u omisión o cuando se trate de un diverso acto de aplicación de la norma, se turnará al juzgado que haya conocido de otro promovido contra los mismos actos de autoridad. Atento a lo anterior, se advierte que, en la especie, se actualiza dicho supuesto, toda vez que tal como quedó precisado en párrafos que antecede, los actos reclamados a las autoridades responsables, señaladas por la parte quejosa se tratan de los mismos actos y contra las mismas autoridades, así como la misma parte quejosa, de las que conoce el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el juicio de amparo 2294/2019. Por lo tanto, si el antecedente más reciente, corresponde al juicio de amparo 2294/2019, tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 10 residente en esta ciudad, corresponde a dicho órgano jurisdiccional conocer de la demanda de amparo promovida por Joaquín Cigarroa López. De ahí se concluye que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, es al que le corresponde conocer de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, ya que con ello se pretende aprovechar el conocimiento previo de los órganos jurisdiccionales para resolver asuntos que son puestos a su consideración y respecto de los cuales existe, como ya se dijo, un antecedente, pues lo contrario, implicaría desconocer la decisión previa adoptada y la posibilidad de incurrir en el dictado de sentencias contradictorias. En tales condiciones, este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, fracción XIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones General de Gestión Judicial y Estadística Judicial; en el sistema de recepción, registro y turno de asuntos, declina el conocimiento de este asunto, por razón de turno, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por lo tanto, se ordena lo siguiente: a. Envíense los autos originales del presente juicio de amparo al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quien se considera debe conocer del presente juicio, a fin de que tenga a bien realizar el pronunciamiento que corresponda. b. Solicitar atentamente el acuse de recibo correspondiente; y d. Formar el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese personalmente.
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