Joaquín Chávez Medina
Expediente 159/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/03/2019
Partes del expediente
- Joaquín Chávez Medina
Actuaciones
- Principal
De la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra del auto dictado el quince de febrero de dos mil diecinueve (foja 16), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Visto el oficio del Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por el que remite diversas constancias con el fin de demostrar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y solicita una prórroga para cumplir dicha encomienda; agréguese a los autos para que obre como corresponda, y en atención a sus manifestaciones, indíquese a la autoridad oficiante que no procede conceder el plazo que refiere, en razón de que no acredita la realización de gestiones eficaces que tiendan al cumplimiento puntual de la ejecutoria, ni justifica la causa del retraso, tal y como lo exige el tercer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. Así es, del estado de autos, se advierte que el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante los requerimientos realizados por este Juzgado de Distrito, pues mediante interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito resolvió el incidente innominado previsto por el cuarto párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, con el cual se dilucidaron las prestaciones a que tiene derecho la parte quejosa por concepto de indemnización. Luego, en proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciocho quedó firme la interlocutoria relativa y se solicitó el cumplimiento puntual a la autoridad competente para ello: el Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Asimismo, se requirió al Pleno del referido Ayuntamiento, en su calidad de superior jerárquico, para que le ordenara acatar la ejecutoria de amparo. Tal requerimiento se reiteró en proveídos de veintiuno y veintinueve de noviembre, once y diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, así como el catorce de enero de dos mil diecinueve, sin que al día de hoy la autoridad demostrara haber realizado gestiones eficaces para cumplimentar la sentencia, denotando una actitud evasiva y contumaz. En el entendido de que se le requirió para que demostrara que acudió a distintos mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, y por otra, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, puede establecer obstáculos al cumplimiento de una sentencia de amparo. Sin embargo, como se dijo, la autoridad responsable del cumplimiento de la sentencia fue omisa en acatar los lineamientos trazados por este Juzgado Federal. Por tanto, se actualiza el notorio incumplimiento dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193 de la ley de la materia, dado que la autoridad no justificó la causa del retraso en el cumplimiento de la ejecutoria conforme al tercer párrafo de dicho numeral, sino que, se limitó a reiterar gestiones insuficientes para acatar el fallo constitucional. En todo caso, no resultarían validos los argumentos del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en el sentido de que para la evasión del cumplimiento de mérito hubiera agotado el monto aprobado en la partida presupuestal, razón por la cual no estaría en aptitud de hacer frente al pago de la condena judicial decretada en autos. Dado que tales circunstancias no le excusan de acatar una ejecutoria de amparo, ni pueden tener el alcance de dejar incólume la violación de derechos ocasionada a la parte quejosa, por lo que en todo caso, debe tramitar un ajuste en sus partidas presupuestales para destinar recursos específicamente para el pago al quejoso y demostrar gestiones conducentes, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Así las cosas, a la fecha en que se emite el presente acuerdo, no existe evidencia de que la responsable hubiere realizado adecuaciones en sus partidas presupuestales con el fin de obtener los recursos necesarios para hacer frente a la sentencia dictada por el tribunal superior, no obstante que se le ha requerido para ello en diversas ocasiones. Por el contrario, las manifestaciones de la autoridad denotan el retraso por medio de evasivas para acatar puntualmente el fallo protector. Además, en el supuesto de que el Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, hubiese informado que únicamente cuenta con el presupuesto de egresos aprobado, y que dichas partidas que lo integran se encuentran comprometidas para ejercer el gasto a la que cada una corresponde y que no cuenta con la suficiencia presupuestal requerida para enfrentar el pago de emolumentos a la parte quejosa; lo cierto es que las circunstancias anotadas de ninguna manera le excusan de cumplir el requerimiento hecho por este Juzgado de Distrito, pues, se insiste, no puede dejarse incólume la violación de derechos ocasionada con su actuar. Máxime, al haberse establecido en este asunto los lineamientos precisos para obtener una cantidad líquida, cierta y determinada, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, lo cual se traduce en una obligación lisa y llana, cuyo cumplimiento y eficacia no se encuentran condicionados a que la autoridad responsable gestione y obtenga la partida presupuestal destinada específicamente para su pago, ni a que los órganos encargados autoricen dichos recursos. Es así, porque existe una responsabilidad del Estado en la satisfacción de los deberes esenciales para restituir al gobernado en el goce de los derechos fundamentales transgredidos. Entendido esto como la obligación ineludible de un órgano del poder público de restituir el perjuicio patrimonial o económico causado a uno de sus gobernados con motivo del indebido ejercicio de la actividad que desempeña, responsabilidad que va más allá de los trámites efectuados para obtener una asignación presupuestaria específica a fin de obtener el pago del débito, pues el cumplimiento de las sentencias de amparo no está sujeto a la voluntad de las autoridades, sino al imperio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De no ser así, bastaría con que las responsables gestionaran debidamente ante las autoridades competentes (vinculadas al cumplimiento) el otorgamiento de la partida presupuestal correspondiente, para quedar exoneradas de la aplicación de las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la propia Constitución Federal, aunque aquella no se otorgara, lo cual permitiría tanto a la autoridad obligada al pago como a aquella que debe autorizar el presupuesto de una oficina gubernamental (vinculada), encontrar un mecanismo para evadir el cumplimiento de una resolución que condene a pagar ciertas cantidades, al grado de que ésta quedara permanentemente incumplida, en detrimento del servicio de administración de justicia y de los derechos fundamentales de los gobernados. Sin duda, bajo tal perspectiva ha sido improcedente tener a la autoridad acatando puntualmente la sentencia de amparo, dado que sus efectos aún no están acabados, ni tampoco ha sido procedente desvincularla del cumplimiento, porque en razón de sus funciones le compete realizar los actos tendentes a dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios y pagar a la parte quejosa las prestaciones determinadas en la interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Entonces, las manifestaciones que hasta el momento ha realizado la autoridad responsable y la renuencia a cumplir lo solicitado por este Juzgado Federal, denotan una actitud evasiva y contumaz para dar cumplimiento al fallo protector, lo que evidencia el notorio desacato dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193 de la ley de la materia; sin que sea excusable el retraso del cumplimiento conforme al tercer párrafo de dicho numeral, sino que, la autoridad se niega expresamente a hacerlo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en los proveído de catorce de enero de dos mil diecinueve, y se ordena remitir los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para la tramitación del INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA correspondiente. Además, se impone al Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así como a cada uno de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento de ese municipio una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,449.00 ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la ley de la materia. Ahora bien, para continuar procurando el cumplimiento de la ejecutoria, como lo ordenan los artículos 192 y 193, quinto párrafo, de Ley de Amparo, requiérase al Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para que dentro del término de tres días posteriores a su notificación dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, esto es, pague a la parte quejosa por concepto de indemnización la cantidad autorizada en interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, remitiendo constancia fehaciente de ello. Con apoyo en el numeral 192, tercer párrafo, de la legislación de la materia, se ordena notificar y se requiere al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad aludida, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este Juzgado constancia fehaciente de que lo hizo. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se impondrá a cada uno de sus integrantes una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,449.00 ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior es así, en razón de que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo corresponde a la autoridad responsable, por tanto, deberá realizar las gestiones conducentes para obtener los recursos necesarios para ello, tomando en consideración la autonomía financiera y libre disposición en el presupuesto, además que en la sentencia de amparo cuyo cumplimiento implica una obligación de pago a favor del quejoso por parte de las autoridades, como en el presente caso, debe tomarse en cuenta que si alguna de éstas goza de las atribuciones para disponer de los recursos presupuestales que permitan efectuar el pago respectivo, aun cuando los recursos no estén destinados específicamente para tal fin, deberá realizar el pago correspondiente para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, sin que ello implique violación alguna al artículo 126 de la Constitución General de la República. En ese orden de ideas, es menester establecer, que si bien la responsable puede solicitar al órgano legislativo competente la ampliación del presupuesto respectivo, ello no obsta para que válidamente y con el objeto de acatar el mandato constitucional dentro del plazo fijado por este Juzgado Federal, deba necesariamente acudir a los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, y por otra, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede establecer obstáculos al cumplimiento de una sentencia de amparo. A efecto de practicar las actuaciones subsecuentes, fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas de las constancias suficientes para su debida integración.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 15,099 expedientes
- Joanine Cárdenas Campos564/2023
- Joaquín Armando García Díaz1991/2018
- Joaquin Chávez Medina3316/2018
- Joaquin Chavez Medina2546/2019
- Joaquin Chavez Medina1200/2019
- Joaquín Chávez Medina2449/2018
- Joaquin Chávez Medina3585/2018
- Joaquin Cisneros Brambila2099/2019
- Joaquin David Franco Tiscareño878/2018
- Joaquin Hernández Valdivia2011/2018
- Joaquin López Oroz2935/2018
- Joaquin Raul Cataneo Duarte498/2022