Joaquín Castellanos Vásquez

Expediente 115/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
115/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
17/05/2017

Partes del expediente

  • Joaquín Castellanos Vásquez

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo el veinticuatro de abril del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para todos los efectos legales. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido; Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión, ni se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Se hace el conocimiento de las partes, que el presente juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, como el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Notifíquese y cúmplase. IB-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la Juez Primero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, del que se advierte que acepta el acto reclamado, manifestando que el ocurso de Joaquín Castellanos Vásquez, recepcionado ante ese juzgado el dieciséis de febrero del año en curso, fue contestado en proveído de veintinueve de marzo del año en curso, dentro del incidente de cancelación de pensión alimenticia del expediente principal 148/2014, mismo que fue notificado a la parte quejosa el cuatro de abril de la presente anualidad, remitiendo copias certificadas que justifican su dicho. Ahora, advirtiéndose de las documentales certificadas que la autoridad judicial adjuntó a su informe justificado, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, se advierte que el quejoso Joaquín Castellanos Vásquez, reclamó de la Juez Primero de lo Familiar, residente en esta ciudad, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. el que la autoridad señalada como responsable haya hecho NUGATORIO EL DERECHO DE PETICIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, al no dar contestación y acordar la PROMOCIÓN que hice en fecha 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2017, como lo acredito con la COPIA FOTOSTÁTICA de la referida promoción, qué contiene, en la parte posterior, el sello de recibido de la oficialía de partes y autoridad a la que fue dirigida, misma que es la autoridad responsable del JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR." (sic) En esa tesitura, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Es necesario explicar que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió (tratándose de un acto positivo), o que omitió uno (acto negativo u omisivo), deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto (en su doble aspecto); esto es así, en virtud de que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto u omisión que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental agraviado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ese derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado. En ese contexto, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto u omisión han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas se encuentran como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto u omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Aplica al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, junio de 1999, página 38, registro electrónico 193758, que es del título y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el caso concreto de la lectura de la demanda de amparo en su conjunto, se advierte que, en esencia, la parte quejosa refiere como acto reclamado el siguiente:  La negativa de dar contestación a su escrito presentado ante la autoridad responsable el dieciséis de febrero del año en curso, en el expediente 148/2014. Luego, de las constancias remitidas por dicha autoridad responsable, se advierte que por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, se proveyó respecto del escrito de catorce de febrero del año en curso, presentado ante la autoridad responsable el dieciséis siguiente, mismo que fue notificado al aquí quejoso, el cuatro de abril del año en curso. De lo anterior se colige que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, toda vez que, como se puede advertir ya no existe la negativa reclamada de acordar el escrito de catorce de febrero de dos mil diecisiete, presentado ante la autoridad responsable el dieciséis siguiente, en el expediente 148/2014, lo que trae como consecuencia que exista la imposibilidad de materializar a que la autoridad responsable obre en el sentido de evitar la omisión reclamada, pues ésta quedó subsanada con su actuar, de ahí que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Página 210, registro electrónico 196820, del rubro y teso siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Bajo esas condiciones, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en la diversa fracción V del numeral 63 del referido ordenamiento legal. Por tal razón, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Debe decirse que los criterios de jurisprudencia que se invocan, integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, son aplicables en tanto no se oponen a la vigente, en términos del artículo Sexto Transitorio de ésta última. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. IB-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Joaquín Castellanos Vásquez, por propio derecho, contra actos de la Juez Primero de lo Familiar con residencia en esta ciudad, que hace consistir literalmente en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- el que la autoridad señalada como responsable haya hecho NUGATORIO EL DERECHO DE PETICIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, al no dar contestación y acordar la PROMOCIÓN que hice en fecha 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2017, como lo acredito con la COPIA FOTOSTÁTICA de la referida promoción, qué contiene, en la parte posterior, el sello de recibido de la oficialía de partes y autoridad a la que fue dirigida, misma que es la autoridad responsable del JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR." Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 117 y relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de que se trata. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Fórmese expediente en los términos del artículo 3° de la ley de la materia; regístrese con el número 115/2017, que le correspondió; tramítese este juicio sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado expresamente. Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte considerativa, la jurisprudencia 11/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 98, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUELLAS.- De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. SOLICITUD DE INFORMES. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según el caso, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con el mismo fundamento, apercíbasele que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no comunicar las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en congruencia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional; en términos del precepto 115 de la ley de la materia. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS. Dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero perjudicado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír acuerdos y notificaciones el que precisa en su demanda de amparo. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe con su demanda, consistente en el acuse original del escrito presentado ante la autoridad responsable el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, la que dada su especial naturaleza, en este acto se desahoga, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. APERCIBIMIENTO. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que la autoridad señalada como responsable no exista, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables, sin ulterior acuerdo, se dejará de tenerlas con tal carácter y cesará toda comunicación con ella, lo anterior, acorde con el principio consagrado por el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin que, en el caso, haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa este auto admisorio, acorde a la jurisprudencia número 72, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 58, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dice: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO EN QUE SE FIJA FECHA PARA LA.- No existe en la Ley de Amparo precepto alguno que imponga a los Jueces de Distrito la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo que recae a la admisión de la demanda de amparo, en el que se señala día y hora para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, puesto que es obligación del quejoso cerciorarse de la fecha en cuestión, a través de la notificación que se le haga del acuerdo mencionado por la lista que para tal efecto se fija en los estrados del juzgado. Notifíquese.

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