Joaquín Castellanos Guevara

Expediente 1735/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1735/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
01/10/2019

Partes del expediente

  • Joaquín Castellanos Guevara
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Parte quejosa realiza diversas manifestaciones en relación al incidente innominado... En otro contexto, realiza diversas manifestaciones en torno a la apertura del periodo probatorio del incidente innominado que se tramita; por tanto, una vez que obren las constancias de notificación giradas a las responsables, por los cuales se les notificó el auto de dieciocho de septiembre pasado, y una vez que se advierta que feneció el término otorgado en dicha data, se procederá abrir la etapa probatorio y se proveerá conforme a derecho en torno a lo que peticiona.

  2. Principal

    se tiene por recibido el oficio presentado vía electrónica que envía la ...informa que se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por...se registró bajo el toca de inconformidad 24/2019...

  3. Principal

    se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO Y CON ESTA FECHA, TAL Y COMO FUE ORDENADO EN EL AUTO DE 19 DE AGOSTO DE 2019, SE ORDENA PRACTICAR A LOS TERCEROS INTERESADOS MEGA GASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; Y SALVADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEIDO POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: ""... Visto lo de cuenta, se provee: como está ordenado en el juicio principal del cual deriva este cuaderno, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión, relativo a la cuarta ampliación de demanda del juicio de amparo 2784/2018, promovido por Alejandro Cervantes Escobar en su carácter de Gerente General de Grupo Cesco de los Altos, sociedad anónima de capital variable, contra actos que reclama de las autoridades que denominó: Director de Padrón y Licencias del Municipio de Lagos de Moreno Jalisco. Presidente Municipal del Lagos de Moreno, Jalisco. Encargado de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Director General de Ordenamiento del Territorio del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Director de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Jefe de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Jefa de la Unidad de Petrolíferos de la Comisión Reguladora de Energía. Por considerarlos violatorios de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberá rendir, por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, el cual deberán rendir por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, bajo el apercibimiento que de no hacerlo podrán ser objeto de multa, de conformidad al artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo. En el entendido de que la autoridad responsable se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados, además de que podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a éste órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente. Ahora bien, a fin de agilizar la integración de este asunto, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que pueden remitir sus informes al correo electrónico de este juzgado: 5jdo3ctoa@correo.cjf.gob.mx, sin que ello implique prescindir de su remisión vía ordinaria. Se señalan para que tenga verificativo la audiencia incidental las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DOS MIL DIECINUEVE. Se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado de distrito, para que notifique la tramitación de esta incidencia a las terceras interesadas Mega Gasolineras, sociedad anónima de capital variable y Salvador Hernández González, entregándoles copia simple del presente acuerdo. Ahora bien, tomando en consideración que la suspensión tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran y evitar que las consecuencias de los actos reclamados causen daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación, para que la sentencia que en su caso declare el derecho del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Del análisis a la ampliación de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama medularmente de las autoridades señaladas como responsables: La emisión de licencia de el tres de julio de dos mil diecinueve a la tercera interesada Mega Gasolineras, Sociedad Anónima de Capital Variable, relativa al inicio de funcionamiento de la estación de servicios ubicada en calle Agustín Rivera número 690, colonia El Pirulito, en Lagos de Moreno Jalisco. Omisión de verificar si la estación de servicios indicada en el punto que antecede, cumplió con los requisitos establecidos en el dictamen de trazo, uso y destinos específicos. El dictamen de usos y destinos y constancia de habitabilidad de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve con número de oficio 1674/05/2019, para el giro comercial de estación de servicios gasolina y disel. El dictamen aprobatorio de Protección Civil Municipal de treinta de mayo de dos mil diecinueve, con número de oficio PC/1937MAYO/2019. El dictamen de ecología municipal de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, con número de oficio 024/2049. El permiso de expendio de pretroliferos en estaciones de servicios número PL/21893/EXP/ES/2018. Por otra parte, en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado la parte quejosa precisó que solicitaba la medida cautelar para el efecto siguiente: "1. Restituir provisionalmente en el derecho violado, esto es, para que las autoridades responsables dejen sin eficacia jurídica temporalmente las consecuencias jurídicas de las autorizaciones, permisos o licencias de operación o funcionamiento del giro que son materia de la presente ampliación y vigilen que los terceros interesados observen el acto de suspensión." En ese contexto, toda vez que la suspensión se solicita para los efectos precisados en el párrafo que antecede, este Juzgador Federal se pronunciará únicamente respecto de ellos. Al respecto, y previo al pronunciamiento de la medida cautelar solicitada, cabe precisar que en el caso el solicitante del amparo aduce le reviste un interés legítimo, dado que es poseedor de la negociación con actividad de estación de servicio (gasolinera) que se localiza en Carretera a la Unión número 472 Colonia Santa Elena en Lagos de Moreno, Jalisco, esto es, se encuentra cercana al predio localizado en Calle Agustin Rivera número 690, colonia El Pirulito, en la Ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, y que con motivo de la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable Director de Padrón y Licencias del Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco, tuvo conocimiento de diversos documentos expedidos a favor de la persona moral tercera interesada, mismos que sirvieron de base para autorizar la actividad de la estación de servicio, particularmente la licencia número 0000100622 de fecha tres de junio de dos mil diecinueve, así como el dictamen favorable emitido el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, por el Jefe de Ecología y Protección al Ambiente, dependiente del referido ayuntamiento, sin embargo considera se encuentran fuera del marco normativo aplicable. En esa tesitura, por lo que ve a los actos sintetizados, toda vez que se trata de actos susceptibles de paralizarse, deben reunirse las exigencias previstas por los artículos 107, fracción X, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:... X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." Conforme al precepto legal transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley reglamentaria (Ley de Amparo), para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como taxativas para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En principio es importante señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la tesis P./J. 50/2014 (10a.), que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Entonces, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. En el caso, se considera que se cumple con la totalidad de los requisitos antes descritos, pues se solicita por la parte interesada, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo impetrado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, ya que se reprochan las consecuencias jurídicas de la omisión por parte de las responsables de ejercer las facultades previstas en los ordenamientos correspondientes al permitir la edificación y expedición de licencia municipal para el inicio de actividades de la gasolinera ubicada en calle Agustín Rivera número 690, colonia El Pirulito, en Lagos de Moreno Jalisco actos que de continuar serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionarían a lo habitantes cercanos al domicilio de dicha estación de servicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 1053, que establece: "SUSPENSION, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular, a través de las sentencias de amparo, el preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día lejano en muchas ocasiones declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos". Además, la parte quejosa demostró el interés suspensional que tiene para que se le conceda la medida de que se trata, con la documental que allegó consistente en: Copia del dictamen pericial rendido por el perito oficial José Refugio Oliden Tornero (documento que ya obra en fotocopia certificada al haber sido exhibido en escrito presentado el cinco de julio de este año). Oficio UEPCB/DG-0000/CJ-0000/2019 que contiene el informe rendido por el delegado de la autoridad responsable Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Medios de convicción a los que se les otorga valor probatorio acorde a lo previsto por los numerales 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su artículo 2°. Los cuales adminiculados con la manifestación que bajo protesta de decir verdad, lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas respeto a la ubicación de la estación de servicio propiedad de la tercera interesada. Lo que resulta suficiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197, 199 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, para tener por demostrado indiciariamente su interés suspensional. Resulta aplicable a lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSION PROVISIONAL, LO AFIRMADO POR EL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LOS ANTECEDENTES DE SU DEMANDA DE AMPARO DEBE TOMARSE EN CONSIDERACION PARA EL OTORGAMIENTO DE LA." En razón de lo expuesto con antelación, se CONCEDE a la parte quejosa, la suspensión provisional conforme a las razones siguientes: En este caso, la parte quejosa impugna la licencia municipal de funcionamiento emitida el tres de junio de dos mil diecinueve por el Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco, a través de la Secretaría de Finanzas de dicho ente municipal. En ese orden de ideas, se destaca que la licencia de funcionamiento de la estación de gasolina de la parte tercera interesada, dio origen al inicio de las operaciones de la estación de servicio. Al respecto, se precisa que de una interpretación funcional del artículo 8-Bis del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolina y Diesel, puede concluirse la pretensión de lograr la seguridad urbana primordialmente, de tal suerte que subyace un interés colectivo de que se regule y reglamente la construcción, remodelación y funcionamiento de las estaciones de servicio de gasolina. En la especie, la parte quejosa exhibió la documental consistente en el dictamen que formuló el perito oficial José Refugio Oliden Tornero en el juicio de amparo del que deriva este incidente. De tal documento se advierte que la estación de servicio de gasolina propiedad de la tercera interesada se encuentra a 134.84 metros de distancia, es decir, no se ajusta a lo previsto en el numeral 8-Bis del referido ordenamiento. Por consiguiente, puede adelantarse de manera superficial que subyace la apariencia del buen derecho, toda vez que existe la probabilidad de que los actos combatidos resulten inconstitucionales. Es oportuno precisar que no se desconoce el dictamen de uso y destino de suelo que se emitió el quince de enero de dos mil nueve empero, por la naturaleza de ser un acto declarativo, se limita a constatar una situación jurídica predeterminada en la norma pero no dan pauta a consecuencias o valoraciones diversas. Por las razones expuestas, sí procede conceder la suspensión provisional para los efectos en los que lo solicita la parte quejosa, particularmente porque también con el otorgamiento de la medida cautelar se tutela el orden público y el interés colectivo, aun cuando el precitado dictamen goza de una presunción de legalidad, pero, como se explicó, se limita a constatar una situación jurídica predeterminada en la norma en el momento de su emisión. Por tanto, los efectos concretos de la suspensión provisional son para que las autoridades responsables suspendan de manera temporal las consecuencias jurídicas del otorgamiento de la licencia de inicio de operaciones a favor de la gasolinera ubicada en Agustín Rivera número 690 (Pirulito #120) colonia El Pirulito en la población de Lagos de Moreno, Jalisco, expedida el tres de junio de dos mil diecinueve. Por las razones que informan son aplicables los criterios siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE UNA AUTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el juicio de amparo es improcedente conceder la suspensión respecto de actos consumados, entendidos como aquellos cuya emisión se ha realizado en su totalidad, lo cierto es que respecto de sus efectos y consecuencias sí es posible otorgar la medida cautelar. Así, aun cuando la emisión de una autorización, permiso o licencia constituye un acto consumado, respecto de sus efectos o consecuencias que posteriormente puedan ejecutarse, procede otorgar la suspensión solicitada, si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público." "ORDEN PUBLICO E INTERES SOCIAL. SUSPENSION CONTRA ORDENAMIENTOS QUE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD DE PARTICULARES (EXPLOTACION DE YACIMIENTOS PETREOS). Si en un juicio de amparo se combate la constitucionalidad de un ordenamiento, debido a que sujeta al quejoso al cumplimiento de diversos requisitos para el desarrollo de una actividad, y se reclama también la aplicación de ese ordenamiento con sus consecuencias, para decidir sobre la suspensión debe el juzgador examinar el cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ello es así, debido a que no basta la circunstancia de que se pida la paralización de los efectos de una ley, para negar la suspensión bajo el argumento de que ella responde al interés general y es de orden público, ya que todas las leyes (en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas características. Pero tampoco es suficiente para conceder la medida el simple hecho de que en el mismo juicio de amparo se combata la constitucionalidad del ordenamiento, pues resulta imprescindible incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación. Por ello, no es conveniente dar una regla general para establecer si debe o no concederse la suspensión respecto de las consecuencias derivadas de la aplicación de un ordenamiento cuya constitucionalidad se discute en el propio juicio de garantías y que impone a la quejosa requisitos para el ejercicio de una actividad, puesto que la decisión de paralizar o no los actos requiere del estudio de la satisfacción de los supuestos establecidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, de una manera casuista, en tanto que son variables los elementos que intervienen en la apreciación correspondiente. De acuerdo con lo anterior, si se cuestiona la constitucionalidad de determinados ordenamientos, porque sujetan la actividad de la quejosa a la obtención previa de licencias de explotación de yacimientos pétreos y de uso de suelo, no es factible conceder la suspensión porque no se satisface el requisito previsto por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, en tanto que los ordenamientos que rigen a esa actividad son de orden público, pues atienden a lograr la seguridad urbana y una adecuada calidad ambiental. Además de ello, con la suspensión se haría posible la explotación de una mina sin el análisis de los elementos técnicos necesarios para establecer si esa actividad afecta o no al interés social, pues de lo contrario el juzgador asumiría facultades que son propias de las autoridades administrativas." "SUSPENSIÓN. REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN ESPECÍFICA PARA ESTACIONES DE SERVICIO O GASOLINERAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS DE APLICACIÓN. La emisión del Reglamento de Zonificación Específica para Estaciones de Servicio o Gasolineras del Municipio de Guadalajara, Jalisco, fue originada, esencialmente, por la necesidad de garantizar la seguridad de las personas, y por ende, de proteger su vida, en tanto que, entre otras cosas, regula los aspectos siguientes, en relación con las estaciones de servicio o gasolineras: que los predios cuyo uso del suelo permita su instalación, serán apropiados para cumplir la función de equipamiento; el establecimiento de un área de protección y amortiguamiento de trescientos metros de radio, con la finalidad de que se proteja la seguridad de las personas y sus bienes, y además de permitir a la Unidad Municipal de Protección Civil, ejecutar las acciones de prevención, auxilio y recuperación ante cualquier contingencia, siniestro, desastre o suceso de alto riesgo; la prohibición de instalar gasolineras en predios con frente a vialidades en donde se alberguen usos de suelo habitacional y mixto barrial; que en cualquier tipo de instalación, concretamente en los pozos de observación y monitoreo, se lleve a cabo la instalación de sensores electrónicos, para el monitoreo de vapores de los hidrocarburos, con conexión eléctrica para la lectura remota en la consola; que los ingresos y vialidades vehiculares estén concentrados y claramente diferenciados, respetando en las filas de abastecimiento las banquetas peatonales perimetrales de la estación de servicio; que los aludidos ingresos y salidas vehiculares contengan el señalamiento y las medidas de seguridad suficientes, tanto para vehículos como para peatones; la obligación, por parte de las estaciones de servicio que no presten servicios nocturnos, de proteger, con barreras apropiadas el acceso a las instalaciones, para evitar accidentes; la exigencia de que cuenten con extintores de nueve kilogramos de "P.Q.S.", distribuyendo uno por cada isla, dos por cada zona de almacenamiento, uno en áreas de máquinas, uno en áreas de almacén de lubricantes, uno por áreas de oficina, en el caso de que las dimensiones de las mismas no rebasen una superficie de cuatrocientos metros cuadrados construidos, en cuyo caso se deberá de adicionar un extintor por cada doscientos metros cuadrados o fracción adicional, y uno móvil de las mismas características con una capacidad mínima de veinte kilogramos de "P.Q.S."; que los servicios sanitarios cumplan con lo estipulado en la legislación estatal y municipal referente a servicios para personas con problemas de discapacidad. En esas condiciones, como es evidente que de los aspectos más notorios antes destacados se advierte que la emisión del reglamento de que se trata fue originada por la necesidad de garantizar la seguridad de la población que circunda las estaciones de servicio o gasolineras del "territorio municipal", a que se hace alusión en el artículo 2o. de tal reglamento, resulta inconcuso que tales disposiciones son de subrayado interés social, pues a través de ellas se protege el valor más elevado de la sociedad, como lo es la vida de sus integrantes; de tal suerte que la comunidad tiene un marcado interés de que se regule y reglamente la construcción, remodelación y funcionamiento de las estaciones de servicio o gasolineras. Entonces, resulta claro que es improcedente conceder la suspensión respecto de los efectos o consecuencias de los actos de aplicación del citado reglamento, pues en la especie, a juicio de este órgano jurisdiccional, conforme con todo lo considerado con anterioridad al respecto, no se satisface la condición a que se contrae la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, en tanto que el mismo establece que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." "ORDEN DE VISITA PARA VERIFICAR EL USO DEL SUELO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y DE SEGURIDAD DECRETADAS EN RELACIÓN CON UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL. EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN. En atención a que la normativa que regula los usos del suelo tiene por objeto prevenir y corregir los desequilibrios urbanos y situaciones de riesgo para la población, en congruencia con la capacidad de soporte del medio sustentable y de la infraestructura de la zona, teniendo en consideración el rescate del espacio público, es evidente el interés de la sociedad en que las disposiciones relativas se cumplan; aunado a que constituye un interés prioritario y específico de la sociedad que los establecimientos colmen los requisitos mínimos -como el uso y superficie permitidos- que impidan, en caso de una eventualidad, un daño en la integridad física de quienes permanezcan en éstos. Por tanto, en el amparo promovido contra la orden de visita para verificar el uso del suelo y la implementación de medidas cautelares y de seguridad decretadas en relación con un establecimiento mercantil, es improcedente conceder la suspensión, porque no se satisface el requisito previsto por la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, en tanto que los ordenamientos en los que esos actos se fundamentan son de orden público, pues tienden a lograr la seguridad urbana y una adecuada calidad ambiental." Sin que en el caso, sea procedente eximir del otorgamiento de la garantía por la circunstancia de que aduzca un daño al medio ambiente, en virtud de que es requisito indispensable que se acredite el daño inminente e irreparable, así como el interés social que justifique esa medida, en términos de lo establecido en el artículo 131, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Del análisis a las pruebas que obran en el cuaderno en que se actúa, no se advierten datos para presumir que existan las condiciones de riesgo que señala pudiesen afectar al medio ambiente, como hipótesis de exención de la garantía, antes bien, en autos obra un dictamen favorable de impacto ambiental emitido a favor de la tercera interesada estación de Servicios Mega Gasolinera, sociedad anónima de capital variable, por el Jefe de Ecología y Protección al Ambiente, dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, esto es, para efectos de la medida cautelar no está acreditado indiciariamente la afectación al medio ambiente. Esta decisión tiene consistencia con los razonamientos que sostienen la concesión de la suspensión provisional, pues particularmente la apariencia del buen derecho no exime de la exhibición de la garantía. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de justicia de la Nación que dice: "APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. ESE PRINCIPIO NO ES FUNDAMENTO PARA QUE DEJE DE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO PARA QUE LA SUSPENSIÓN PRODUZCA EFECTOS, CUANDO LA NORMA RECLAMADA HAYA SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El principio de la apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Por otra parte, como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 74/2006, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001).", en la suspensión del acto reclamado deben distinguirse dos elementos sobre la medida cautelar: a) los requisitos de procedencia, que son las condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión, contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, y b) los requisitos de eficacia de la suspensión, que son las condiciones que el quejoso debe satisfacer para que surta efectos la suspensión concedida, y que en materia tributaria se prevén en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Ahora, si bien el juzgador de amparo con base en un criterio objetivo puede considerar probable que se conceda la razón a la quejosa derivado de que la norma impugnada ha sido declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por lo mismo, bajo el principio de la apariencia del buen derecho otorgarle la suspensión -en el ámbito de procedencia-, lo anterior no puede ser fundamento para dejar de observar el requisito de eficacia contenido en el citado artículo 135 consistente en garantizar el interés fiscal para que se concedan los efectos de la suspensión, ya que dicho principio además de que no es fundamento para inobservar un requisito legal, en materia tributaria presenta incidencia sobre los requisitos de operatividad contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, mas no en los de eficacia. Además, la existencia de la jurisprudencia que declara inconstitucional la norma reclamada, no significa que indefectiblemente el quejoso deba obtener sentencia favorable -pues puede actualizarse alguna causal de improcedencia-, por lo que la carencia de dicha garantía afectaría a la autoridad fiscal por no contar con ella para satisfacer el interés fiscal. En esa virtud, se concluye que si el juzgador federal considera probable que se conceda la razón a la quejosa derivado de que la norma impugnada ha sido declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá otorgar la suspensión -en el ámbito de procedencia-, sin que lo anterior signifique que el quejoso no deba otorgar garantía para que produzca sus efectos." La presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no presenta dentro del término de cinco días de conformidad con el artículo 133 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ser ocasionados al tercero interesado, con motivo de la concesión de la suspensión, al no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo. Dicha garantía se fija de manera discrecional con fundamento en el artículo 132, en relación con el diverso 136 de la Ley de Amparo, particularmente porque en el juicio de amparo se encuentra en controversia la operación de una estación de gasolina y, desde luego, para este juzgador es un hecho notorio que su construcción, equipamiento y la privación del inicio de su operación tiene un impacto económico que puede considerarse de una cuantía elevada, por lo que ello se refleja en los daños y perjuicios que pueden ocasionarse a la tercera interesada con motivo del otorgamiento de la medida cautelar. Esa garantía puede presentarse en cualquiera de las formas previstas por la ley, en el entendido que si opta por la exhibición de póliza de fianza o billete de depósito, en el documento relativo debe asentarse que la compañía que lo expide se somete expresamente a la jurisdicción de este tribunal, así como establecer que garantiza la suspensión provisional. Por último, debe indicarse que no beneficia a la promovente la tesis: "MEDIO AMBIENTE SANO. PARÁMETRO QUE DEBERAN ATENDER LOS JUZGADORES DE AMPARO, PARA DETERMINAR SI ES DABLE EXIMIR AL QUEJOSO DE OTORGAR LA GARANTIA PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE ACTOS QUE INVOLUCREN VIOLACIÓN A AQUEL DERECHO HUMANO" toda vez que al analizar sus consideraciones se aprecia que para determinar si debe eximirse al quejoso de otorgar la caución, los juzgadores de amparo deberán atender a lo siguiente: (I) la violación a dicho derecho debe constituir un aspecto medular del juicio de amparo; (II) el planteamiento deberá encontrarse dirigido a combatir una verdadera afectación al medio ambiente; (III) la afectación aducida deberá ser actual o inminente, y no meramente hipotética o posible; (IV) la vulneración al medio ambiente debe ser una consecuencia directa e inmediata del acto reclamado. Sin embargo como se indicó en líneas que anteceden, el quejoso no acredita tales extremos. Se hace del conocimiento de las partes que, el hecho de que se fije el monto de la garantía que debe otorgarse por la concesión de la medida, no implica que desde ese momento esté aceptando la verdadera existencia de los daños y perjuicios a la parte tercero interesada, ni tampoco el parámetro considerado por el juzgador federal para fijar su importe, constituye el método obligatorio que ha de considerarse en un incidente de daños y perjuicios para su cuantificación, pues dado que su determinación es hipotética, en todo caso corresponde al tercero interesado no sólo la plena demostración de que éstos se causaron, sino también su importe. Más aun, la caución tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica del tercero interesado como consecuencia de la validez del acto reclamado, ya que únicamente se dirige a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión de éste, es decir, los perjuicios que pudieran causarse a los terceros interesados por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. En el entendido de que si se opta por la exhibición de póliza de fianza, en el documento relativo debe asentarse que la compañía afianzadora se somete expresamente a la jurisdicción de este tribunal. Tienen apoyo a lo anterior la tesis del tenor literal siguiente: "FACULTAD POTESTATIVA Y DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD QUE CONOZCA DEL AMPARO ESTABLECER LA FORMA DE GARANTIZAR LOS POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS.- Una interpretación armónica y sistemática de los artículos 125, 126, 173 y 174 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales permite concluir que, en materia de amparo directo, en los casos en que sea procedente la suspensión del acto reclamado, el quejoso debe garantizar los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, por medio de una garantía. El ordenamiento aludido otorga a la autoridad responsable la facultad discrecional en materias civil o administrativa de conceder la suspensión, la cual surtirá efectos si el quejoso otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se causaren, cuyo importe será fijado discrecionalmente por la autoridad que conozca del mismo; y en materia laboral, cuando a juicio del presidente del tribunal del trabajo no se ponga al obrero en peligro de no poder subsistir, mientras se resuelve la instancia constitucional; en ambos casos, queda al arbitrio de la autoridad establecer el tipo de caución que sea bastante para esos efectos, y no al promovente la elección de la garantía." Notifíquese personalmente.

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