Joaquín Carreón Meza
Expediente 972/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 27 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 972/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 20/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Joaquín Carreón Meza
- Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinte de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por América Ramírez Mimientzi, quien era autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del extinto quejoso Joaquín Carreón Meza; mediante el cual, solicita se le autorice el acceso al expediente electrónico del presente asunto, se le notifique de dicha manera y se digitalicen las constancias necesarias para integrar el presente expediente. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento de la promovente que: Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve se recibió en este órgano jurisdiccional copia certificada del acta de defunción de Joaquín Carreón Meza. En proveído de tres de enero del año en curso se tuvo por recibido el escrito de María Susana Limón Vargas, mediante el cual, remitió copia certificada del instrumento notarial diez mil cincuenta y uno en tres fojas, de la que se advirtió fue nombrada como albacea dentro del procedimiento especial a bienes del quejoso Joaquín Carreón Meza. Dicha albacea señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a Luciano Pantoja Hernández, y de acuerdo a la última parte del segundo párrafo del referido precepto legal a Rubén Vargas Ruvalcaba. Por tanto no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, toda vez que América Ramírez Mimientzi carece de facultades para continuar el presente juicio, pues esta encomienda recae en el representante legal de la sucesión del multicitado quejoso. Tiene aplicación por su idea jurídica, en términos del artículo Sexto transitorio de Ley de Amparo, la tesis V.2o.C.T.5 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo III, página 2281, cuyos rubro y texto son; "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE FACULTADES PARA CONTINUAR EL JUICIO AL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO QUE LO DESIGNÓ, PUES ESTA ENCOMIENDA RECAE EN EL REPRESENTANTE LEGAL HASTA EN TANTO INTERVIENE LA SUCESIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 16 DE LA PROPIA LEY. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 105/2015 (10a.), de título y subtítulo: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO.", determinó que el apoderado en los términos indicados está facultado para accionar el juicio de amparo y designar autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; además, distinguió entre ambas figuras, y estableció que el primero es un mandatario o representante legal que interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado es sólo un representante procesal encargado de llevar a cabo todos los actos de esa naturaleza que correspondan a la parte que lo designó dentro del juicio, mas no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado. Por otra parte, la Primera Sala del propio Tribunal, en la diversa jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), cuyos título y subtítulo son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.", estableció, entre otras cuestiones, que los derechos y obligaciones del autorizado no pueden equipararse a un mandato judicial. En este sentido, si el artículo 16 de la propia ley dispone expresamente que en caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado (siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte derechos estrictamente personales), es el "representante legal" del fallecido el que continuará la sustanciación hasta en tanto interviene la sucesión; entonces, cuando no exista esa designación, el autorizado en términos amplios del artículo 12 referido, carece de facultades para intervenir en el juicio. Esta conclusión se corrobora en tanto el artículo citado únicamente hace referencia a que tal encomienda corresponde al representante legal y, en ese sentido, el Máximo Tribunal del País ha determinado que ambas figuras son de naturaleza diversa porque, precisamente, de acuerdo con esa distinción, debe concluirse que el ejercicio de la acción constitucional y, por ende, su prosecución, es un derecho que corresponde únicamente al interesado o a sus representantes legales, no así al autorizado designado por uno u otros, por lo que es dable afirmar que a la muerte del quejoso, se extingue dicha designación." Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese para los efectos legales procedentes, el escrito signado por el tercero interesado Juan Carlos Ruiz Ramírez, mediante el cual, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, realiza manifestaciones respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo dado por la autoridad responsable en el presente asunto. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por Luciano Pantoja Hernández, quien era autorizado del quejoso Joaquín Carreón Meza; mediante el cual, manifiesta que de conformidad con los artículos 261 de la Ley de Amparo, 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), solicita se dé vista al Ministerio Público Federal a fin de que se investigue lo relacionado con el ocurso que remitió la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mismo que no fue suscrito de su puño y letra. Ahora, el artículo 261 de la Ley de Amparo, sostiene que: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Del numeral transcrito se desprenden dos supuestos para que se actualicen las hipótesis que establece dicho precepto legal, a saber: I. Que el quejoso, su abogado, autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. El quejoso, tercero interesado, sus abogados o ambos presenten testigos o documentos falsos. En el caso concreto, Luciano Pantoja Hernández, quien era autorizado del quejoso Joaquín Carreón Meza, manifiesta que el ocurso que remitió la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por oficio TSJ-SP-19-1515, en el que aparece su nombre, firma y número de cédula profesional no fue suscrito de su puño y letra. Por lo que, de conformidad con la jurisprudencia y el artículo antes citados, la obligación de este tribunal colegiado para hacer del conocimiento de la representación social sobre la probable existencia de un hecho tipificado como delito previsto en el citado precepto legal, tiene como exigencia que dichas conductas las realice el quejoso, el tercero interesado o, en su caso, sus respectivos autorizados, siendo que en el caso concreto la promoción que hace alusión Luciano Pantoja Hernández, a la fecha ya no es autorizado del quejoso Joaquín Carreón Meza. Por lo que, en el caso, no se actualizan alguna de la hipótesis que prevé el precepto legal en cita, a fin de que se dé vista al Ministerio Público Federal con los hechos que narra en su ocurso. Ahora, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales (mismo que cita el promovente), es del texto siguiente: "Artículo 222. Deber de denunciar Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía. Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes. Cuando el ejercicio de las funciones públicas a que se refiere el párrafo anterior, correspondan a la coadyuvancia con las autoridades responsables de la seguridad pública, además de cumplir con lo previsto en dicho párrafo, la intervención de los servidores públicos respectivos deberá limitarse a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad a los detenidos por conducto o en coordinación con la policía. No estarán obligados a denunciar quienes al momento de la comisión del delito detenten el carácter de tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, los parientes por consanguinidad o por afinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive". Del precepto transcrito se advierte, en esencia, que toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público, proporcionando los datos que tuviere, y quien no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes. Como quedó precisado en los párrafos que anteceden, Luciano Pantoja Hernández, quien era autorizado del quejoso Joaquín Carreón Meza, manifiesta que el ocurso que remitió la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el que aparece su nombre, firma y número de cédula profesional no fue suscrito de su puño y letra. Por lo que, del análisis del ocurso que refiere el promovente no se advierte la existencia de un hecho probablemente constitutivo de delito, pues no se cuenta con los elementos de prueba para llegar a tal convicción o, en su caso, considerar que dicha promoción fue suscrita por persona distinta al promovente. De igual manera no se llega a la consideración que dicho ocurso sea falso, pues del contenido del mismo se hace del conocimiento el fallecimiento de Joaquín Carreón Meza, hecho que se acreditó con la copia certificada de la respectiva acta de defunción. Finalmente, tal y como se precisó en proveído de veintiséis del mes y año en curso, dígase al promovente que, si en su caso, considera que se actualiza la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, se encuentra expedito su derecho para acudir ante la representación social para hacerle de su conocimiento los hechos que estime convenientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/jcsp*
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por Luciano Pantoja Hernández, quien era autorizado del quejoso Joaquín Carreón Meza; mediante el cual, manifiesta que el ocurso que remitió la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por oficio TSJ-SP-19-1515, en el que aparece su nombre, firma y número de cédula profesional no fue suscrito de su puño y letra, por lo que solicita se dé vista al Ministerio Público Federal a fin de que investigue lo relacionado a la firma de la promoción en cita. Atento a lo anterior, dígasele que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en la fracción III, del artículo 237, de la Ley de Amparo, por lo que está expedito su derecho para acudir ante la representación social para hacerle de su conocimiento los hechos que narra en su ocurso.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese la copia certificada del oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante el cual, remite el escrito de Luciano Pantoja Hernández, quien era autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del aquí quejoso Joaquín Carreón Meza, al que anexó copia certificada del acta de defunción del citado quejoso. Ahora, de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la sentencia de veintidós de junio de dos mil diecisiete, dictada por la citada Sala. Dicha resolución confirmó la absolutoria de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, derivada de la averiguación previa 131/2013-APIZ-2, que consignó el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, en contra de Juan Carlos Ruiz Ramírez, por su probable comisión del delito de despojo en agravio de Joaquín Carreón Meza. En sesión celebrada el dieciocho de julio del año en curso, el Pleno de este tribunal colegiado concedió el amparo a la parte quejosa para los siguientes efectos: "I. Que la Sala responsable deje insubsistente la resolución reclamada. II. En su lugar emita otra en la que 1. Reitere las determinaciones siguientes: a) La aplicación de las legislaciones adjetiva y sustantiva penales locales abrogadas, para el dictado de la sentencia. b) La inoperancia de los agravios hechos valer por el representante social. c) Que el recurso de apelación fue interpuesto sin expresión de agravios. 2. Al analizar la prueba pericial en materia de agrimensura ofrecida por la defensa, tome en cuenta los parámetros establecidos en esta ejecutora, prescindiendo de considerar, para tal efecto, las manifestaciones hechas por el perito oficial en el interrogatorio que le fue practicado en el sumario. 3. Para determinar si en el caso está o no acreditado delito imputado al sentenciado, deberá analizar las pruebas de cargo que omitió estudiar, tales como: - El peritaje en materia de agrimensura realizado por el perito oficial (José Silvano Sergio Ciro Sánchez). - La inspección ocular y fe ministerial del lugar de los hechos (desahogada el veintinueve de noviembre de dos mil doce). - La testimonial de cargo (desahogada el veintiséis y veintisiete de marzo de dos mil trece, por Evelia García Carmona, José Juan García Suárez, Edna Oded Pérez García y Hugo Gaspar García). - La escritura pública dieciocho mil setecientos trece de veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y uno. En el entendido que la pericial emitida por el perito oficial y la escritura pública antes mencionada, deberá analizarlas conforme a los parámetros establecidos en la presente sentencia. 4. Al analizar la testimonial a cargo de Hortencia Guillen Hernández y Maricela Hernández Vázquez, prescinda de otorgarles valor probatorio, en los términos precisados en esta ejecutoria. 5. Deberá prescindir tanto de aplicar la jurisprudencia del rubro "DESPOJO, INEXISTENCIA DEL DELITO DE", como del argumento en el que se sostuvo que, en el caso, se está en presencia de un asunto de carácter meramente civil. 6. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción determine si en el caso se encuentran acreditados o no, los elementos del delito y, en su caso, la plena responsabilidad penal del acusado." Atento a lo anterior, por acuerdo de catorce de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido el diverso oficio del Secretario de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, remitió copia certificada de la sentencia de once anterior, emitida por la mencionada sala; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresaran lo que a su interés corresponda. Como puede verse dicho acto reclamado no afecta derechos estrictamente personales; asimismo, del referido juicio de amparo directo no se desprende que la parte quejosa haya señalado a algún apoderado o persona que ejerza su representación. Por tanto, se ordena reservar la notificación respectiva del proveído de catorce del mes y año en curso a la parte quejosa, hasta en tanto se nombre albacea o representante de Joaquín Carreón Meza. Sin que pase inadvertido para este tribunal colegiado que la parte quejosa haya designado a diversas personas como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; sin embargo, de conformidad con el diverso 16 de la citada ley, dichos autorizados carecen de facultades para continuar el presente juicio, pues esta encomienda recae en el representante legal de la sucesión del multicitado quejoso. Tiene aplicación por su idea jurídica, en términos del artículo Sexto transitorio de Ley de Amparo, la tesis V.2o.C.T.5 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo III, página 2281, cuyos rubro y texto son; "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE FACULTADES PARA CONTINUAR EL JUICIO AL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO QUE LO DESIGNÓ, PUES ESTA ENCOMIENDA RECAE EN EL REPRESENTANTE LEGAL HASTA EN TANTO INTERVIENE LA SUCESIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 16 DE LA PROPIA LEY. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 105/2015 (10a.), de título y subtítulo: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO.", determinó que el apoderado en los términos indicados está facultado para accionar el juicio de amparo y designar autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; además, distinguió entre ambas figuras, y estableció que el primero es un mandatario o representante legal que interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado es sólo un representante procesal encargado de llevar a cabo todos los actos de esa naturaleza que correspondan a la parte que lo designó dentro del juicio, mas no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado. Por otra parte, la Primera Sala del propio Tribunal, en la diversa jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), cuyos título y subtítulo son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.", estableció, entre otras cuestiones, que los derechos y obligaciones del autorizado no pueden equipararse a un mandato judicial. En este sentido, si el artículo 16 de la propia ley dispone expresamente que en caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado (siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte derechos estrictamente personales), es el "representante legal" del fallecido el que continuará la sustanciación hasta en tanto interviene la sucesión; entonces, cuando no exista esa designación, el autorizado en términos amplios del artículo 12 referido, carece de facultades para intervenir en el juicio. Esta conclusión se corrobora en tanto el artículo citado únicamente hace referencia a que tal encomienda corresponde al representante legal y, en ese sentido, el Máximo Tribunal del País ha determinado que ambas figuras son de naturaleza diversa porque, precisamente, de acuerdo con esa distinción, debe concluirse que el ejercicio de la acción constitucional y, por ende, su prosecución, es un derecho que corresponde únicamente al interesado o a sus representantes legales, no así al autorizado designado por uno u otros, por lo que es dable afirmar que a la muerte del quejoso, se extingue dicha designación." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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