Joaquin Campos Merino
Expediente 1376/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1376/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Joaquin Campos Merino
Actuaciones
- Principal
...Vista la certificación secretarial que antecede y toda vez que mediante proveído tres de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Joaquín Campos Merino; no fue recurrido por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, (.) NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a tres de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Joaquín Campos Merino, contra actos de la Agencia del Ministerio Publico 1ª adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y/o Agencia del Ministerio Público en turno, dependiente de la misma Fiscalía. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1376/2021. Desechamiento. Ahora bien, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: La negativa verbal de dar acceso a una carpeta de investigación supuestamente integrada en su contra. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." La causa de improcedencia invocada, establece que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que se consideran consentidos tácitamente, lo que se traduce que al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador definió como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre esa base, es importante mencionar que la interpretación del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, conviene precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 12/2015 (10a.), sostuvo que el plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados en el proceso penal a partir del tres de abril de dos mil trece, es el genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por lo que, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe atenderse lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Expuesto lo anterior, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el impetrante de amparo, se obtiene lo siguiente: "Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el día domingo 19 de septiembre del año en curso, me enteré por una agente de policía que la agencia del ministerio público que señalé en el apartado que precede, me está integrando una carpeta de investigación, sin saber el motivo o el porqué de la misma; por ello el lunes siguiente a primera hora me presenté ante dichas oficinas para saber de qué se trataba, atendiéndome la secretaria del fiscal, quien me dijo que esa información es reservada (.)" De ahí que, se advierta que el quejoso tuvo conocimiento de los actos de que se duele, el veinte de septiembre de dos mil veintiuno; lo que evidencia que estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo a partir del veintidós de septiembre del año en curso. Máxime que la demanda de amparo está firmada con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Consideración a la que se arriba, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que es suficiente para tener colmada la exigencia de la fecha del conocimiento del acto reclamado, la manifestación que el quejoso haga en su demanda, así se advierte de la jurisprudencia siguiente, que si bien es con la Ley abrogada ésta no contraviene las disposiciones de la ley vigente: Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió criterio, en el sentido de que cuando el quejoso no manifiesta la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado; dato indispensable para que el juzgador pueda verificar su presentación oportuna; el juez debe requerir ese requisito, de lo contrario es motivo de reposición de procedimiento: Por lo anterior, en cumplimiento a los criterios jurisprudenciales, se estima que la manifestación del quejoso de cuando tuvo conocimiento del acto reclamado, es suficiente para analizar la procedencia de este juicio de amparo. Luego, si el justiciable fue conocedor de los actos reclamados en este juicio de amparo, el veinte de septiembre de dos mil dos mil veintiuno, el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr del veintidós de septiembre al trece de octubre de dos mil veintiuno. Entonces, si la demanda de amparo origen de este juicio de amparo se presentó hasta el dos de diciembre del año en curso, su promoción resulta notoriamente extemporánea; por lo que trae como consecuencia que los actos de que se trata, sean considerados consentidos tácitamente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano, la demanda de amparo de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio Ahora, toda vez que señala los estrados de este Juzgado, para oír y recibir notificaciones; el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se les practicarán por lista de acuerdos. Se tiene por autorizado únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Mario Hernández Moreno y Otilio Reyes Hernández, toda vez que de la certificación de cuenta, se aprecia que no tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, sin embargo, solo se advierte que existe cédula profesional a nombre de Mario Alberto Hernández Moreno, el cual difiere con el primero de los autorizados y tampoco proporciona dato de su cédula profesional. Tomando en consideración que el espíritu del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país; con independencia de lo anterior, se tiene a la parte quejosa señalando el número telefónico 287 745 2296 para recibir notificaciones. Trámite de juicio en línea Toda vez, que la este juicio fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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