Joaquin Ariel de Atocha Rodríguez Villalobos

Expediente 153/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
153/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Joaquin Ariel de Atocha Rodríguez Villalobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia definitiva firmada el veintisiete de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno: (...) CÚMPLASE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************autorizado de la parte quejosa ********************, con el que interpone recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, al cual adjunta su diverso escrito de expresión de agravios. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el original del presente expediente, el original del referido escrito de expresión de agravios, la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación y tres legajos de copias certificadas remitidos durante la tramitación del presente juicio, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. En relación a lo anterior, y vista la certificación secretarial que a antecede, de la que se advierte que el dos de enero de dos mil veintitrés se tuvo por recibido el expediente de amparo 2534/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán y este Juzgado Federal se avocó a su conocimiento. Ello, en cumplimiento al punto de acuerdo 219/2022 relativo a la Medida de equilibro de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán. Ya que se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para dictar sentencia y continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En consecuencia, mediante atento oficio que para tal efecto se gire, solicítese al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, a efecto de que de no existir inconveniente alguno autorice el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 2534/2022, de su índice, a fin de que este Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, se encuentren en aptitud de tener la visualización de todas las actuaciones y constancias electrónicas del citado juicio de amparo. Notifíquese, y personalmente a los terceros interesados. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Martín Placito Cambero, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.

  3. Principal

    V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 153/2022-III, promovido por *****, también conocido como ***** contra actos de la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se depositó demanda de amparo (fojas 2 a 13) presentada *****, también conocido como ***** (sucesivamente parte quejosa), contra actos atribuidos a la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que precisó. (.) SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. 26. En ese contexto, el juicio de amparo se considera procedente en virtud que se actualiza la hipótesis que prevé el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, dado que se reclaman actos derivados de un juicio respecto del que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio en sentido estricto. 27. Lo anterior, porque considera que no obstante que no es parte en el juicio natural, se le debió emplazar dado que estima que se actualizó un litisconsorcio pasivo necesario. 28. En tal sentido, dado que la procedencia del juicio está intrínsecamente relacionada con el fondo del asunto, no es viable analizar si se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario o no, para en su caso, determinar como causa de improcedencia que no se actualizó un litisconsorcio pasivo necesario y, por ende, que no se le debió emplazar, dado que es precisamente la materia del fondo del asunto. (.) 30. No se inadvierte que a la fecha en que se resuelve este asunto, el juicio ya se encuentra concluido, pues atendiendo a que la parte quejosa comparece con el carácter de tercero extraña y aduce la violación a su derecho de audiencia, a partir de que considera que se actualiza un litisconsorcio pasivo necesario, por ende, no es viable sobreseer el juicio, ya que, al igual como si hubiera comparecido el que afirma es su litisconsorte (el donatario *****), el análisis, del derecho referido, se debe resolver en el fondo del asunto. 31. Lo anterior, con base en las razones esenciales contenidas en la tesis de jurisprudencia con registro 184528, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: «CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. (.) 32. En ese contexto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se precisa que las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni opera alguna que deba estudiarse de oficio. 33. Luego, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no se tiene obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales. (.) OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. 35. A manera de preámbulo, se precisa que, aunque se reclama todo lo actuado en un juicio ordinario civil en el que se revocó una donación de un bien inmueble respecto del que el aquí quejoso había constituido hipoteca y tenía un secuestro debidamente inscrito en el Registro Público, el estudio se hará en conjunto, puesto que la parte quejosa parte de la premisa de que se le debió emplazar al citado juicio ordinario civil porque, a su criterio, se actualizó un litisconsorcio pasivo necesario. 36. Esto es, la totalidad de los conceptos de violación giran en torno a que se vulnera el debido proceso y el derecho de audiencia, porque se le debió emplazar de oficio al juicio ordinario civil porque se actualizó un litisconsorcio pasivo necesario. 37. Tales conceptos son infundados por lo siguiente. 38. En principio, para acreditar su interés jurídico, la parte quejosa ofreció como prueba, lo siguiente: (.) 50. De lo anterior, tenemos que el litisconsorcio es una figura típica de pluralidad de sujetos en la posición de partes en el proceso, una modalidad del proceso cuya condición es que exista una relación jurídico-material común a varias personas. 51. Cuando son varios actores los que ejercen una pretensión, el litisconsorcio será activo; en cambio, si ésta se hace valer contra varios demandados, el litisconsorcio es pasivo. Además, éste puede ser voluntario o necesario. 52. Es voluntario si se lleva a cabo en uso de una facultad que otorgue la ley para promoverlo y cuya justificación está dada por la ley, por razones de conexión, economía y oportunidad. 53. Es necesario cuando existe una relación sustancial única a varios sujetos y la declaración jurisdiccional de la misma sólo puede ser efectuada con eficacia, cuando todos ellos están presentes en el proceso. 54. En suma, para que se configure el litisconsorcio pasivo necesario se requiere que: 55. 1) Exista una relación jurídico-material común a varias personas. 56. 2) Que exista pluralidad de sujetos con una relación sustancial única y la declaración jurisdiccional de la misma sólo puede ser efectuada con eficacia, cuando todos ellos están presentes en el proceso. 57. En tal sentido, contrario a lo que afirma la parte quejosa en el caso no se actualiza ninguno de los dos elementos, por lo que hace a la existencia de una relación-jurídico material, basta con analizar la escritura pública número ochenta y ocho, de doce de junio de dos mil quince, en la que **** donó en favor su hijo *****, el bien inmueble ubicado denominado tablaje catastral ****, lote ***, manzana ***, sección ***, de esta ciudad, con folio electrónico ***** del Sistema del Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, ante la fe del Notario Público Número Cincuenta y Cuatro en el Estado, la cual se inscribió el veintiséis de junio de dos mil quince31, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para advertir que su creación no intervino la parte quejosa. 58. Derivado de ello, es claro que la Jueza responsable al integrar la litis actuó de conformidad con el documento base de la acción y, por ende, tampoco existe, en este caso, una pluralidad de demandados con una relación sustancial única, de modo que, para la resolución de la controversia natural era innecesario que se emplazara a la parte quejosa. 59. Lo anterior, se corrobora con el contenido del artículo 151132 del Código Civil del Estado, el cual refiere que la donación puede ser revocada por ingratitud, por tanto, si tal como aconteció en el caso la ingratitud se le atribuyó a ******, en consecuencia, tal como ordena el artículo 54833 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, sólo se debió correr traslado de la demanda a la persona o personas contra quienes se propuso, y se emplazarlos para que contesten. 60. De ahí que resulte que era innecesario emplazar al aquí quejoso, porque no es a él a quien se le atribuyó la ingratitud. 61. Sin que obste que el demandado en el juicio ordinario civil, *****, actuando como propietario, al momento de la presentación de la demanda que generó el juicio ordinario civil ****/2016, ya hubiera hipotecado el citado inmueble, es así pues la relación jurídica entre el bien inmueble y el acreedor hipotecario es autónoma e independiente a la relación jurídica entre el donante **** y el donatario *****, con relación a la donación materia de la controversia en el juicio ordinario civil. 62. Esto es, la relación jurídica entre ambas situaciones no es única ni indivisible, dado que la revocación de la donación conferida a ******, no implica por sí misma algún efecto en la constitución de la hipoteca sobre el bien objeto de la donación. 63. Esto es, el hecho de que se haya revocado la donación por sí mismo, sólo tiene ese efecto, anular la donación, tal como lo ordenó expresamente la jueza responsable, mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho34, en los siguientes términos: atento el estado del procedimiento y como solicita, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto resolutivo CUARTO de la sentencia definitiva ejecutoriada por ministerio de ley de fecha doce de abril del año dos mil diecisiete, gírense sendos oficios a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y al Notario Público **** titular de la Notaria Pública número cincuenta y cuatro del Estado, adjuntándole copias certificadas de constancias conducentes, a fin de que previo pago de los derechos e impuestos correspondientes, procedan a dejar sin efecto el contrato de donación celebrado entre los señores ****, Y **** en escritura pública número ochenta y ocho de fecha doce de junio del año dos mil quince, ante la fe del abogado y notario público ***, titular de la Notaria Pública número cincuenta y cuatro del Estado, respecto del tablaje con número catastral *** de la localidad de *** del municipio de Mérida, Yucatán, así como su inscripción en los libros a sus respectivos cargos ordenados en la forma y términos de la referida sentencia, previo el pago de los derechos que deben cubrirse para tal fin, que serán a costa de la parte interesad. De lo anterior, se tiene que la Jueza responsable sólo ordenó que se dejara sin efectos la donación; de ahí lo inatendible de todos los argumentos referentes a que fue la Jueza quien ordenó el levantamiento de la inscripción de la hipoteca en la que la parte quejosa es acreedor hipotecario y de la inscripción del secuestro judicial derivado del juicio número ***/2017, del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, pues contrario a ello, esa actuación es ajena a la litis dentro del juicio ordinario civil en el que se revocó la donación. 65. Esto es, quien realizó tal actuación fue la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán35, mediante oficio INSEJUPY/DJ/AR/****/2018, de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en donde determinó: con la finalidad de acatar correctamente lo ordenado en la sentencia de fecha 12 de Abril de 2017 sobre el inmueble rústico marcado como tablaje número catastral ***, ubicado en la localidad de ***, Municipio de Mérida, Yucatán, con folio electrónico *** han sido asentadas sendas anotaciones de subsistencia o insubsistencia cuyos efectos se han traducido en dejar vigentes y no vigentes las siguientes inscripciones: INSUBSISTENTES 1. DONACIÓN Escritura Pública número 88 de fecha 12 de Junio de 2015 pasada ante la Fe del Notario Público Número 54 Abogado **** a favor de ****. 2 CIERRE DE REGISTRO con número de inscripción 2301471. 3 HIPOTECA con número de inscripción ***** relativa a la Escritura Pública número 210 pasada ante la Fe del Notario Público Número 40 Abogado Carlos Peniche Escalante, 4 SECUESTRO con número de inscripción 740780 a favor de ****. SUBSISTENTE 1. ADJUDICACIÓN A TÍTULO GRATUITO con número de inscripción 805949 a favor de *****. (.) 66. Ello, a pesar de que haya afirmado que lo realizó en cumplimiento de la sentencia, pues como se puede advertir de ella, sólo se ordenó la revocación de la donación; por ende, el hecho de que una autoridad administrativa dentro del margen de su competencia y autónomamente haya determinado que era necesario dejar sin efectos la hipoteca con número de inscripción 674323 relativa a la Escritura Pública número 210 pasada ante la Fe del Notario Público Número 40 Abogado Carlos Peniche Escalante, y el secuestro con número de inscripción 740780 a favor de ******, no puede variar la litis en el juicio natural a tal grado de considerar que por ello se le debió emplazar a la aquí quejosa. 67. Se afirma lo anterior, porque a la parte quejosa no le afecta que la donación se hubiere revocado, sino que las inscripciones de su hipoteca y secuestro hayan quedado sin efectos, pero como ya quedó demostrado ello es una cuestión que no fue ordenada expresamente por la Jueza responsable. 68. De ahí que de estimarse que dicha actuación del Registro Público fue indebida, se debió instar el juicio correspondiente contra dicha actuación, pero no a partir de tales actuaciones se puede estimar que a la parte quejosa se le debió emplazar a un juicio en el que no forma parte de la relación jurídica procesal y que tampoco se le causó una afectación, pues como ya se vio, quien dejó sin efectos sus inscripciones no fue la Jueza responsable, sino la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, autoridad respecto de la que no se presentó la demanda de amparo, ni se formuló ampliación, a pesar de que las constancias se pusieron a la vista de la parte quejosa desde el ocho de noviembre de dos mil veintidós. 69. En esa virtud, ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que se advierta motivo alguno que suplir en su deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional solicitada contra los actos reclamados. 70. Por otra parte, no se analizarán los alegatos formulados por la representación social, al no formar parte de la litis. 71. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con registro 205449, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO». 72. Por lo expuesto fundado; S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****, también conocido como **** contra actos de la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; consistente en todo el procedimiento, incluyendo la sentencia de doce de abril de dos mil diecisiete y su ejecución, dictados en el juicio ordinario civil **/2016, de su índice, incluido el levantamiento de la hipoteca y secuestro del predio ****, de la calle ****, de la colonia ****, de esta ciudad, antes tablaje rústico veintinueve mil noventa y seis del poblado de ***, municipio de Mérida, respecto del cual el quejoso figuraba como acreedor hipotecario en un juicio extraordinario hipotecario, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con residencia en esta ciudad; con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional el pasado cuatro de julio del año en curso, remitiendo las constancias de inscripción vidente y no vigente sobre el tablaje ********************. En consecuencia, y con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2, dese vista con los mismos a las partes en el presente asunto por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y relaciónese la documentación remitida al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE.

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