Joaquín Arias García
Expediente 1339/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1339/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 03/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Joaquín Arias García
- Joaquín Arias García y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil diecinueve. Vistos los autos, se advierte que en proveído dictado el diecinueve de abril del dos mil dieciséis (fojas 158-160), causó ejecutoria la resolución dictada en este juicio de amparo, se ordenó el archivo de este expediente y se precisó que, trascurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dictó dicho auto, se procedería a su destrucción, de conformidad con el artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/20019, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese.
- Principal
mesa 1339/2015- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta que ha transcurrido el término concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de revisión, en contra del proveído dictado con fecha de treinta y uno de marzo último (fojas 136-140); mediante el cual se sobreseyó en el juicio, fuera de audiencia; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que esa determinación, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no obre constancia de que la diversa responsable, encargada de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", haya quedado notificada del sobreseimiento fuera de audiencia, decretado en este juicio, pues dicha determinación no le causa ningún perjuicio. Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el proveído de treinta y uno de marzo último (fojas 136-140) estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación del aludido acuerdo de treinta y uno de marzo de este año (fojas 136-140) con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. En otro orden de ideas, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción IV, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, de Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Adriana Cruz Matus, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. *cal.
- Principal
mesa 2 b pral. 1339/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes, el oficio número 1843, suscrito por el juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán, Oaxaca, a través del que devuelve, sin diligenciar, el despacho con número de orden y origen 744/2016, del inventario de este Juzgado, enviado a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, notificara al quejoso JOAQUÍN ARIAS GARCÍA, el proveído de veintinueve de febrero del año en curso (fojas 53-55); por lo que, dése de baja el despacho de referencia en el libro número cuatro, que se lleva en este Juzgado, relativo a las comunicaciones oficiales enviadas. Notifíquese.
- Principal
mesa 2 b pral. 1339/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/ CFRS13/DG/05066/2016, signado por la encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual informa la situación jurídica del quejoso en el juicio de amparo 1339/2015; anexando copia certificada del acta número 50/2016, de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Atento al estado de autos, se provee: I. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el nueve de septiembre de dos mil quince, y remitido en esa fecha a este organo jurisdiccional, JOAQUIN ARIAS GARCÍA, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1) Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", y 2) Encargada del Departamento de Servicios Medicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", que hizo consisitir en "la negación por parte de las autoridades señaladas como responsables en no autorizar que se realice la operación para mi ojo izquierdo y de igual manera negar el traslado para el hospital para que realicen dicha operación". II. Narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 22, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 2-5). III. Por auto de fecha nueve de septiembre de dos mil quince, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 1339/2015; y se admitió a trámite con fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se dio la intervención que le asiste al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 53-55). IV. Ahora bien, del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/ CFRS13/DG/05066/2016, signado por la encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y su anexo, consistente en la copia certificada del acta número 50/2015 de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se advierte que el quejoso JOAQUIN ARIAS GARCÍA, egresó del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA" el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que, textualmente, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y Dicha fracción es clara al enunciar la improcedencia del juicio de amparo cuando subsista el acto reclamado, pero ya no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. La referida causal de improcedencia trata aquellos casos en los que aun cuando en el mundo jurídico perdure el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, atendiendo a alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al gobernado en el goce del derecho fundamental se estime violado, o bien, ningún efecto lícito tendría la eventual sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación o, en su caso, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Al caso se invoca, en lo conducente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XII (Octubre de 1993), página 435, que dice: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SUBSISTIENDO EL ACTO RECLAMADO, ESTE NO PUEDE SURTIR EFECTO MATERIAL ALGUNO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Por tanto, cuando al promoverse el amparo directo en contra de la sentencia promovida por el Tribunal Fiscal de la Federación, el acto impugnado en el juicio de nulidad es cancelado, aun y cuando subsista la sentencia reclamada, ésta no puede surtir efecto material alguno por haber dejado de existir el acto impugnado en el juicio fiscal. Ahora, para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia, conviene tener presente que generalmente la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo. En el caso, se materializa la causal de improcedencia en estudio, dado que el acto reclamado que dio origen a la formación del presente juicio lo constituye "la negación por parte de las autoridades señaladas como responsables en no autorizar que se realice la operación para mi ojo izquierdo y de igual manera negar el traslado para el hospital para que realicen dicha operación". Sin embargo, mediante oficio SEGOB/CNS/OAPRS/ CGCF/CFRS13/DG/05066/2016, la encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA" en atención al oficio 1235 del índice de este órgano judicial, informó que el peticionario de amparo egresó del Centro Federal de Readaptación Social CPS 13 "Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; de ahí que, se aprecia que con posterioridad a la presentación y admisión de la demanda (9 de septiembre de 2015), es decir, el veintinueve de enero del presente año, se llevo a cabo el egreso del quejoso de dicho centro de readaptación social (fojas 132-135). De lo que se colige que al haberse realizado el egreso del aquí quejoso, del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS-OAXACA", se puede concluir que el objeto o materia que dio origen al amparo dejó de existir, habida cuenta de que con dicho egreso, se consumaron, de manera irreparable, los actos que dieron origen al sumario en que se actúa y, en caso de concederse el amparo, ya no podrían concretarse los efectos de dicha sentencia. Lo anterior, encuentra apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 181/2006, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV (Diciembre de 2006), página 189, la cual textualmente señala: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Circunstancia que impone sobreseer, fuera de audiencia, en este juicio de amparo, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXII del diverso numeral 61 de dicho ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de dos mil tres, visible en la página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, como se advierte de la certificación de cuenta, que las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas1, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación del auto de sobreseimiento fuera de audiencia relativo con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la 1 Tesis P. II/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274, tomo I, materia constitucional, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, registro IUS 2005522, de rubro: "PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD". Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal2. Por otra parte, ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diecisiete minutos del día veintiuno de abril de la anualidad que transcurre, según proveído dictado el veintinueve de marzo pasado (foja 130). Por último, tomando en consideración que el domicilio señalado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, lo fue el centro de reclusión en que se encontraba inicialmente privado de su libertad, y que el veintinueve de enero del año en curso, egresó de dicho centro; por tanto, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo en vigor, notifíquese esta resolución, así como las subsecuentes notificaciones que le correspondan en este asunto, mediante lista de acuerdos, habida cuenta que no se advierte de autos que el quejoso haya señalado diverso domicilio para recibir notificaciones. Notifíquese.
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