Joaquin Archivaldo Guzmán Loera

Expediente 154/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 41 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
154/2016
Año
2016
Actuaciones
41
Última actuación
09/05/2016

Partes del expediente

  • Joaquin Archivaldo Guzmán Loera
  • Secretario de Relaciones Exteriores, con residencia en México, Distrito Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Visto lo asentado en la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia de doce de abril de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó en el presente juicio; de lo anterior se colige que al haber obtenido resolución desfavorable pudo interponer recurso de revisión, al ser a quien únicamente le irroga perjuicio la resolución referida; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Resulta aplicable, por analogía y por las consideraciones que la sustentan, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, de la voz: REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CUANDO SÓLO LO PROMUEVE EL TERCERO PERJUDICADO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. [9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Octubre de 2010; Pág. 3174]. En virtud de lo anterior, quedan sin efecto las medidas decretadas emitidas con motivo de la suspensión de plano decretada el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, emitida en el juicio de amparo 130/2016, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y que fue reiterada por este juzgado federal por auto de cinco de febrero de dos mil dieciséis, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno, glósese únicamente el original del incidente de suspensión. Se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) En cumplimiento al punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseido. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, junto con el original del incidente de suspensión. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración y destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, desglósese el mismo previa certificación que obre en actuaciones. Las anotaciones pertinentes háganse en el Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del incidente de violación a la suspensión de plano, derivado del juicio de amparo 154/2016, promovido por José Refugio Rodríguez Núñes, en su carácter de mandatario jurídico del quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, contra actos del Secretario de Relaciones Exteriores y otras autoridades; y RESULTANDO PRIMERO. En el juicio de amparo 130/2016, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México Andrés Granados Flores, en favor de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que precisó de la siguiente manera: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalamos a las siguientes autoridades en su doble carácter dual de ordenadoras y ejecutoras: A.- Secretario de Relaciones Exteriores, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal. B.- Secretario de Gobernación, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal. C.- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. D.- Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal. E.- Coordinador de Centros Federales, perteneciente al órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal. F.-Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. H.- Director de Área de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. J.- Subdirector de Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. H.- Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal. G.- Secretario de Marina, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal". "IV. ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como responsables se les reclama el pretender privar de la vida al señor JOAQUIN GUZMAN LOERA, al mantenerlo incomunicado por no permitir ingreso de visita familiar y abogados defensores designados legalmente por interno; así como no permitir la entrevista entre el interno y el defensor, aplicación de tormentos por omisión de las autoridades responsables al mantenerlo segregado en un área especial en el que se encuentra sometido a bajas temperaturas imperantes en la ubicación del lugar de su detención, sin proporcionarle los medios necesarios para protegerse de temperatura bajo cero que imperan diariamente en la noche, madrugada y por la mañana, sometiéndolo a tratos crueles e inhumanos producto de su aislamiento y maltrato en la prisión por debajo de las condiciones mínimas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas, al someterlo al pase de lista cada hora en horario diurno y cada dos horas durante la noche, con la pretensión de convertirlo en un zombi y como represalias del Estado por haberse evadido de dos Centros Federales de Readaptación Social y haber puesto en evidencia lo frágil de sistema penitenciario mexicano. Del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reclama la actitud omisiva ante la existencia de los actos reclamados al convertirse en cómplice por no haber realizado una investigación de los hechos denunciados y buscar evitar la violación de derecho en perjuicio del quejoso y reparar esta violaciones absteniéndose de dar respuesta al quejoso de los trámites hechos". SEGUNDO. En auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, dentro del juicio de amparo 130/2016, concedió la suspensión de plano a la parte quejosa Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, para el efecto de que no se le prive de la vida, no permanezca incomunicado de la visita de familiares y de sus defensores legales; cesen y no sea sujeto de actos de tortura, tormentos, tratos crueles e inhumanos. Asimismo, determinó que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo (por razón de territorio), por lo que ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México, en turno, para que continuara conociendo de la misma (fojas 19 a 24). TERCERO. Mediante auto de cinco de febrero de dos mil dieciséis, este Juzgado, a quien por razón de turno le correspondió conocer de la demanda de amparo, aceptó la competencia declinada y asumió el conocimiento del asunto, el cual se registró con el número de amparo 154/2016; ordenando requerir al quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, para que ante la presencia judicial manifestara si era su deseo ratificar la demanda promovida en su favor; asimismo, dejó intocada la suspensión decretada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México (fojas 25 a 27). CUARTO. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil dieciséis se tuvo al quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, con las manifestaciones realizadas al momento de ser notificado personalmente del auto de cinco de febrero de la anualidad, en el siguiente sentido "Sí ratifico aclarando que no a abido tortura de golpes" [sic]; por lo que se admitió la demanda de amparo a trámite; asimismo, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo, únicamente por lo que hace a los actos consistentes en: a) El pase de lista cada hora en horario diurno y cada dos horas durante la noche; y, b) La actitud omisiva del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de realizar una investigación de los actos reclamados, denunciados, así como no buscar evitar la violación de los mismos por parte de impetrante de garantías. QUINTO. Por escrito presentado ante la oficialía de partes de este juzgado federal, el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, José Refugio Rodríguez Núñes, en su carácter de mandatario del quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, promovió incidente de violación a la suspensión de plano otorgada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México mediante auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis y confirmada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de cinco de febrero de la misma anualidad, lo cual atribuyó a todas las autoridades responsables (fojas 91 a 96). SEXTO. En proveído de la misma data se admitió a trámite el incidente de violación a la suspensión de plano planteado (foja 102), solicitándoles su respectivo informe a las autoridades responsables; una vez integrado el incidente de mérito, se fijó fecha para la celebración de la audiencia de alegatos, la que tuvo verificativo el treinta de marzo de dos mil dieciséis (foja 365); y, CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de violación a la suspensión de plano, con fundamento en los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, por ser este juzgado quien ratificó la suspensión que se estima fue incumplida. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, página 829, Sexta época, cuyo sumario es: "INCIDENTES EN EL AMPARO, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS. Es competente para conocer de los incidentes la autoridad que conoce del negocio principal, y si es competente un Juez de Distrito para conocer del amparo, el mismo funcionario lo es para conocer de los incidentes que del propio juicio deriven." Asimismo, la diversa jurisprudencia 33/2003, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Materia Común, página 201, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "SUSPENSIÓN, LA DENUNCIA RELATIVA A SU VIOLACIÓN DEBE TRAMITARSE EN VÍA INCIDENTAL, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 358 Y 360 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en los artículos 104, 105, párrafo primero, 107, 111 y 143 de la Ley de Amparo, que regulan la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, se desprende que no señalan el trámite que debe seguir la autoridad que conozca del juicio de amparo indirecto en relación con la denuncia de violación a la suspensión. Sin embargo, dada la naturaleza penal de la sanción prevista en el artículo 206 de la ley citada, que puede llegar a aplicarse a la autoridad que no obedezca un auto de suspensión, resulta indispensable que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa y, por ende, cuando se trate de aquella denuncia, debe ordenarse la apertura del incidente innominado a que se refieren los artículos 358 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el cual las partes podrán ofrecer los medios de prueba contenidos en los artículos 93, 94 y 361, del mencionado código, a fin de acreditar sus afirmaciones, sin que en el caso sea aplicable la limitación probatoria que establece el artículo 131 de la ley indicada, pues éste sólo regula el trámite del incidente de suspensión en el juicio de amparo indirecto." SEGUNDO. El promovente, sustancialmente sostiene que las autoridades responsables violaron la suspensión de plano otorgada, por lo siguiente: [.] 5.- Es el caso que la señora EMMA CORONEL AISPURO, no se le reconoció su carácter de concubina y no se le dio ingreso a su documentación para el trámite e íntima, desconociéndole el carácter de concubina que justificó con documental pública que emana de una resolución judicial de su visita familiar las que las autoridades penitenciarias le niegan eficacia legal, lo que constituye una flagrante violación a la suspensión de plano, porque esa negativa de recibirle su documentación y que se ha hecho extensiva a los demás familiares del interno que han presentado documentación, sin reconocerles su visita al esgrimir pretexto sobre falta de requisitos que se establecen en el manual de visitas y reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. 6.- Al señor JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, sólo se le ha reconocido la propuesta de defensores de JOSÉ REFUGIO RODRÍGUEZ NÚÑES Y ANDRÉS GRANADOS FLORES, más no la propuesta de CINTHYA Y CARLOS, ambos de apellidos CASTILLO CASTILLO. 7.- Las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" el día ocho de febrero reconocieron el carácter de defensores de JOSÉ REFUGIO NÚÑES Y ANDRÉS GRANADOS FLORES, pero solo autorizaron el ingreso a locutorios para el día diecinueve de este mes y año y el lunes quince del presente mes, en que se agenda las visitas, para la presente semana solo autorizaron el ingreso a locutorios de los defensores para las once treinta horas del días veinticuatro de febrero, cuando la totalidad de los internos son agendados con derecho a tener diariamente una hora y media con sus defensores, sin ser limitados en número de defensores propuestos. 8.- Las autoridades pertenecientes al Órgano Desconcentrado Readaptación Social Número Uno "Altiplano" y del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", violan la suspensión concedida al quejoso JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, porque no pueden programar las visitas de defensores cada ocho o quince días, pues el interno tiene derecho a una visita con sus defensores diaria, ilimitada y en privado, sin que ese derecho humano puede limitárseles en base a un reglamento, manual de visitas o protocolo, pues el límite a este derecho que va de la mano con el de adecuada defensa, solo puede limitarse en los términos que la propia constitución prevea, pues el numeral 1º Constitucional señala: [.] 9.- Una grave violación a la suspensión de plano conceda, lo es que el diecinueve de febrero de la presente anualidad, al suscrito se le haya entregado la papeleta que autoriza el ingreso a locutorio a las diez horas con trece minutos, que haya arribado a al área de C.O.O., a las once horas con veinticinco minutos, me hayan hecho permanecer en ese lugar durante aproximadamente diez minutos y el que transcurrido ese espacio de tiempo, los custodios me hayan hecho salir sin dejarme entrevistarme con el quejoso JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, es una manifiesta violación a la suspensión por las autoridades del Órgano Desconcentrado Readaptación Social Número Uno "Altiplano" y del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano". 10.- La negativa del ingreso a visita familiar de la señora EMMA CORONEL AISPURO, desconociéndole el carácter de concubina decretado por un juez civil y demás familiares, aduciendo requisitos contemplados en reglamentos, manuales de visita y protocolos relacionado con los Centros Federales de Readaptación Social, implica violaciones a la suspensión de plano porque el derecho de visita familiar no puede limitarse al interno en base a reglamento, manuales y protocolos y negarle eficacia a una resolución judicial que acredita a EMMA CORONEL AISPURO, como su concubina, constituyen actos arbitrarios que violentan la suspensión. 11.- En audiencia informativa celebrada el día quince de febrero del presente año. Ante el persona del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, el señor JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, se quejoso que desde su ingreso a prisión el ocho de enero, prácticamente no duerme, lo que le ha ocasionado afectación a su salud, porque en el día le pasan lista cada hora, en la noche le pasan lista cada cuatro horas, ello le ha causa la presión, le suministran medicamento tres veces al día, desde el ocho de enero no le han permitido salir solo, siempre permanece en su estancia, donde sola sale a alguna notificación, no ha tenido visita familiar, salvo dos entrevistas de quince minutos con la señora EMMA CORONEL AISPURO y su hermana armida y una de media hora con su defensor, reitera que se siente mal, que no entiende la actitud de quien está llevando esta práctica de tortura, actos que ponen en riesgo la vida del quejoso. 12.- Los actos de que se duele el señor JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, constituyen actos de tormento físico y psicológico que reflejan violación a la suspensión de plano concedida en el amparo y no basta la negativa de las autoridades penitenciarias, porque conforme al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones en que la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación, mucho menos bajo protocolos especiales atendiendo a la peligrosidad del interno y basta que el quejoso de un Centro Federal de Readaptación Social, se duela de que no se le respetan sus derechos (HECHO NEGATIVO) para que ante la información de la autoridad de que si e le respetan sus derechos, para que sea la autoridad la que debe demostrar el respeto a los derechos humanos (EL QUE AFIRMA ESTÁ OBLIGADO A PROBAR) porque en el centro federal cuentan con cámaras de video de todas las áreas y manejan bitácoras de control del ingreso de visitas y de todas las áreas y manejan bitácoras de control del ingreso de visitas y de todas las actividades del personal que labora en el centro y de eta manera tienen a su alcance los medios de prueba para demostrar el trato que recibe JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, los que se encuentran obligados a exhibir. 13.- Los actos descritos reflejan violación a la suspensión de plano concedida al quejoso JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, porque la tortura es una prohibido expresamente por la ley, para a visita familiar y de abogados, no puede válidamente la autoridad exigir más requisitos que la demostración del vínculo familiar mediante actas del estado civil o resolución judicial que justifique el concubinato, resolución validada y que es incuestionable por las autoridades penitenciarias; y en el caso de la visita de abogados, es suficiente la justificación mediante copia certificada del nombramiento de defensor hechos por el interno; y para ambos casos, la identificación de los titulares de la visita, negar el ingreso mediante el establecimiento de mayores requisitos, constituye una violación a la suspensión de plano, como de igual manera es una violación el limitar el número de defensores que pueden autorizársele para que lo visiten. 14.- De igual manera es una manifiesta violación a la suspensión el que JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMAN LOERA, desde el día ocho de febrero se le haya programado una visita para entrevistarse con su defensor para las once horas del diecinueve de febrero de este año y en esa fecha, no se le haya permitido entrevistarse con su defensor. 15.- De igual manera constituye una grave violación a la suspensión de plano, que el ocho de febrero a la fecha, sólo se le haya programado dos visitas a locutorios para entrevistarse con su defensor. 16.- De igual manera constituye una violación a la suspensión, que en las entrevistas de JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, con su abogado, ya sea en locutorio o en audiencia de juzgado, lo se le permite esas entrevistas sean en privado y aunado a ello, las mismas sean video grabadas por personal que lo custodia [.] (fojas 91 a 96). Por su parte las autoridades señaladas como responsables al rendir su informe correspondiente al incidente por violación a la suspensión de plano, negaron que hubiesen violado la citada medida cautelar concedida al quejoso. Ahora, debe precisarse que es infundado el incidente por violación a la suspensión de plano concedida a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, en contra de las autoridades responsables denunciadas, por las consideraciones que enseguida se expondrán. Como se anotó al inicio de esta determinación, la suspensión de plano del acto reclamado, decretada mediante auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis y confirmada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de cinco de febrero de la misma anualidad, lo fue para el efecto de que al quejoso, no se le prive de la vida, no permanezca incomunicado de la visita de familiares y de sus defensores legales; cesen y no sea sujeto de actos de tortura, tormentos, tratos crueles e inhumanos, para que con motivo de dicha suspensión de plano se actuara de la siguiente manera: a) Preservar y velar por la integridad física de la parte quejosa y no se le prive de la vida, además cesen y no sea sujeto de actos de tortura, tormentos, tratos crueles e inhumanos. b) Además, la medida cautelar concedida surte sus efectos desde luego, respecto de la incomunicación de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, al restringirse la visita de sus familiares y de sus defensores legales, ya que así lo marca expresamente el artículo 126 de la Ley de Amparo. Así, el concepto del vocablo incomunicado es "Dicho de un preso: Que no tiene comunicación por no permitírsele tratar con nadie de palabra no por escrito". c) La anterior medida está condicionada a los términos y condiciones de la legislación aplicable al centro penitenciario en el que se encuentra recluido el quejoso, y respetándose también, las determinaciones que dicte el titular del referido centro penitenciario, siempre y cuando no represente un riesgo o un peligro para la seguridad de la institución penitenciaria. d) Siempre y cuando, también la visita de esos familiares o abogados defensores no representen un peligro para la seguridad de la institución penitenciaria, o del propio interno caso en el que se entenderá negada esta medida cautelar, quedando bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad penitenciaria dictar las medidas correspondientes que el caso requiere; y, e) La concesión de la medida cautelar se otorga, toda vez que la suspensión de oficio se rige por el artículo 126 de la Ley de Amparo y se concede cuando se reclaman, entre otros, actos que importen peligro de privación de la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal y, cuando se trate de algún otro que de llegar a consumarse haría físicamente imposible la restitución al quejoso en el goce de la garantía violada. Medida suspensional que se ordenó notificar a las referidas autoridades responsables mediante oficio, según lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora, la finalidad de esta incidencia es mantener la eficacia del auto que ordenó la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado consistente lo que el quejoso denominó incomunicación por no permitir ingreso de visita familiar y abogados defensores designados, no permitirle ser entrevistado por su defensor, aplicación de tormentos por encontrase segregado en un área especial en la que se encuentra sometido a bajas temperaturas, sometimiento a tratos crueles e inhumanos producto de su aislamiento y maltrato en la prisión, así como al pase de lista cada hora en horario diurno y cada dos horas durante la noche; dado que el objeto de la suspensión es detener o paralizar por algún tiempo una acción o actividad, para mantener viva la materia del amparo, lo cual se logra impidiendo que el acto se llegue a consumar irreparablemente, antes de resolver en definitiva si el acto reclamado es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además evita al agraviado los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle durante la tramitación del juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 608, publicada en la página 551, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que determina: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos." También cobra aplicación, la jurisprudencia 1162, consultable en la página 795, tomo VI, parte HO, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al que tenían antes de existir el acto reclamado. Lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo." Y la tesis, publicada en la página 1458, tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, diciembre de 2004, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". Puntualizado lo anterior, se debe precisar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución General de la República, establece las bases para resolver sobre la procedencia de la suspensión, del que se desprende que el Juez de Distrito, entre otras cuestiones, debe atender a la naturaleza de la violación alegada. En ese orden de ideas, una vez solicitada la medida cautelar, si se estima que el acto reclamado de consumarse no pudiera ser reparado con la tramitación del juicio, se decretará la suspensión de oficio prevista en el numeral 126 de la Ley de Amparo, haciendo cesar sus efectos de manera inmediata, a partir de que se notifique la resolución por la que se decretó la suspensión de oficio y de plano, cuyos efectos son la paralización o cese, determinación que debe ser acatada por cualquier autoridad, por lo que si las responsables no dan cumplimiento a lo anterior, se concluye que existe incumplimiento de la suspensión de plano decretada. Sobre tales bases, al resolverse que la suspensión de plano fue para el efecto de que no se le prive de la vida, no permanezca incomunicado de la visita de familiares y de sus defensores legales; cesen y no sea sujeto de actos de tortura, tormentos, tratos crueles e inhumanos; en consecuencia, para considerar que dicha medida cautelar fue trastocada por las responsables denunciadas, debe acreditarse que éstas, omitieron llevar a cabo todas o alguna de esas circunstancias. Sin embargo, como se anotó en líneas precedentes, el Director General y Presidente del Consejo Interdisciplinario; Director Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano; el Contralmirante del Servicio de Justicia Naval y Jefe de la Unidad Jurídica, en representación del Secretario de Marina; el Director General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el Secretario de Gobernación; el Director Jurídico Contencioso, en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Director de Amparos y Derechos Humanos, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado de Órgano Administrativo, Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y del coordinador General de Centros Federales dependientes de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación y el Delegado del Presidente de la República, al rendir sus informes relativos al incidente de violación al cumplimiento de la suspensión de plano concedida el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México mediante auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis y confirmada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de cinco de febrero de la misma anualidad, negaron haber desacatado la medida cautelar en comento. Asimismo, la autoridad responsable Director General y Presidente del Consejo Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano", agregó que el quejoso nunca ha estado en riesgo de perder la vida, la salud o integridad física; igualmente, no ha estado incomunicado con sus abogados; ahora bien, respecto a la visita de la persona que se ostenta como concubina del quejoso, Emma Coronel Aispuro, no se recibió su documentación por estar incompleta, no obstante, la misma ya ingresó a visitar al quejoso, mediante un pase provisional para locutorio y por lo que atañe a los demás familiares únicamente dos entregaron la documentación completa la que será sometida al Consejo Técnico Interdisciplinario para que determine si procede su autorización como visita. Asimismo, el quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, tiene nombrados a dos defensores de nombres José Refugio Rodríguez Núñez y Andrés Granados Flores, quienes están autorizados como visita y han tenido comunicación con su defendido, por lo que refiere a Cinthya y Carlos, ambos de apellidos Castillo Castillo no fueron propuestos por el interno, sin embargo, ya les fue permitido el acceso al Centro de Reclusión para asistirlo en audiencias los días doce y trece de enero de la presente anualidad; lo anterior en virtud de que para asistir al quejoso en una audiencia derivada de un proceso penal, independientemente de que no esté propuesto como visita, se le permite ingresar a la sala del área de juzgados para garantizar el derecho de todo procesado de ser asistido por su defensor. Por lo que hace al ingreso como visita en locutorios, no existe obligatoriedad de permitir en forma ilimitada y en privado visitas de defensores, en atención a que existe un horario definido para tal efecto por cuestiones de seguridad, en virtud de que el personal de seguridad es garante de la custodia del quejoso lo cual implica no perderlo de vista, conforme lo establece el artículo 87 del Reglamento de Centro Federales de Readaptación Social. Por último, en efecto el día diecinueve de febrero de la presente anualidad se presentó José Refugio Rodríguez Núñez, permitiéndole ingresar al único espacio que por medidas de especiales de seguridad se ha destinado para las entrevistas de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera con su defensor; sin embargo, en ese momento el espacio no se encontraba disponible al estarse efectuando trabajos de instalación de equipos de videoconferencia por el personal del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, no existían las condiciones óptimas para trasladar al interno a esa zona, circunstancia que se le informó a su defensor, haciéndole de su conocimiento que podría entrevistarse con el aquí quejoso cuando terminaran los trabajos de instalación; no obstante, decidió retirarse del Centro. En esa virtud, la negativa que hacen las autoridades responsables, de los actos reclamados y el acatamiento a la suspensión no quedó desvirtuada por la parte quejosa, ya que no se ofreció prueba alguna para tal efecto, y no se objetaron los informes rendidos por las responsables. En efecto, sobre este punto, si bien, el incidentista ofreció los medios de prueba consistentes en la copia certificada de las fojas de los libros de visita que firman los abogados en un recorrido de ingreso y egreso para entrevistarse con los internos, en su recorrido por sala de espera, acceso aduana de personas, comunicación u C.O.C., correspondiente al día diecinueve de febrero de la presente anualidad; la papeleta que se hizo llegar al defensor de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, para autorizar su ingreso a la entrevista con el interno de mérito; copia certificada de las lista de defensores e internos programadas para los días diecinueve y veinticuatro de febrero de la este año, con motivo de las visitas a locutorios; copia certificada de las solicitudes de ingreso a visita familiar y defensores relacionada con el quejoso y todas las solicitudes que el interno en cuestión haya realizado a trabajo social y departamento jurídico sobre la autorización de visitas y el trámite que a las mismas se le haya dado. Sin embargo, tales probanzas, resultaron innecesarias en virtud de que en autos se aprecia, además de la existencia de los argumentos vertidos por las responsables, las documentales que remitieron para robustecer sus asertos, pues de ellas precisamente se advierte la existencia de las boletas de ingreso al penal del Altiplano por parte de los profesionistas Carlos Castillo Castillo, Cinthya Castillo Castillo, José Refugio Rodríguez Núñes y Andrés Granados Flores, en carácter de defensores particulares del interno Joaquín Archivaldo Guzmán Loera; así como de los pases provisionales para visita familiar a nombre de Armida Guzmán Loera [hermana] y Emma Coronel Aispuro [quien al parecer es pareja sentimental del interno]. Por lo anterior, si en el caso, se obtiene que el quejoso afirma que se encuentra incomunicado, ello porque no le permiten las visitas de sus defensores y familiares; en tanto, la autoridad responsable [Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano"], allegó a los autos constancias con las que acredita una postura contraria, es decir, que el interno de mérito ha gozado de la visita de las personas y profesionistas que menciona, dentro de los horarios y bajo las condiciones de seguridad que prevalecen en dicho centro de reclusión, luego, es de concluirse la inexistencia de los actos descritos, cuya postura aseveraron las autoridades responsables. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las boletas y pases provisionales descritos en el párrafo que antecede (fojas 112 a 120), a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, lo anterior se afirma dado que se trata de documentos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, y que emite un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 136 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos públicos, aun cuando carezcan de los datos de la resolución o decreto mediante el cual se ordenó su expedición, pues es facultad de los secretarios de Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de un mandato judicial, salvo prueba en contrario.". Y la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153 del Apéndice Al Semanario Judicial de la Federación, de 1917 a 1995, del Tomo VI, Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". En esa tesitura, tampoco fue necesario requerir al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", para que remitiera copia certificada en la que constara la atención médica que se le ha brindado a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, así como medicamentos o dosis que se le han suministrado; ello, en virtud de que el propio quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, en notificación de seis de febrero del presente año (foja 32), manifestó a la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado que no ha sido sujeto a "golpes", por tanto, de autos no se desprende indicio alguno de que dicho quejoso haya sido objeto de malos tratos, que requiriera atención médica, por lo que resultó ocioso solicitar un reporte médico ante las propias manifestaciones del quejoso, y ante la evidencia de que, en contrapartida ha sido visitado por sus defensores y familiares, aparte de que de propia voz manifestó que no ha sido golpeado. Aunado a que la carga de la prueba en lo atinente a la existencia de los actos reclamados, le corresponde a la parte quejosa; es decir, existió la obligación del incidentista de aportar los elementos de convicción, para acreditar la existencia de los actos reclamados, en términos de las hipótesis establecidas en la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la tesis visible en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, en el caso, es dable concluir que no existe una violación o desacato a la suspensión de plano decretada, en virtud de la inexistencia de los actos reclamados. No se soslaya que el representante del quejoso en el ocurso mediante el cual promovió la presente incidencia hace alusión a diversas circunstancias tales como el hecho de que algunos familiares del quejoso no han podido ingresar a visitarlo, o bien, que a los propios defensores se les impide el ingreso a ver a este; no obstante, también manifiesta que cuando estos últimos ingresan a ver al quejoso de mérito, sus entrevistas son grabadas por el personal de seguridad del Centro Penitenciario, de lo que se colige que han tenido acceso al recinto carcelario para ver al quejoso, lo que robustece la postura de la autoridad responsable en el sentido de la inexistencia de una posible incomunicación; asimismo, la circunstancia de que, en su caso, no todos los familiares hayan podido visitar al quejoso, como el hecho de las condiciones bajo las cuales se permite el ingreso de familiares y defensores a dicho centro, más bien obedece a cuestiones de índole administrativo que imperan en dicho centro carcelario, lo cual no se traduce en una violación a la suspensión de plano. Más aun, porque debe memorarse que incluso la concesión de la medida cautelar decretada [suspensión de plano], quedó sujeta precisamente a los términos y condiciones de la legislación aplicable al centro penitenciario, respetando las determinaciones que dicte el titular del centro de reclusión, siempre y cuando no representara un riesgo o peligro para la seguridad penitenciaria; por tanto, es inconcuso que no existe violación al cumplimiento de la suspensión de plano decretada. Por último, los argumentos de la defensa en el sentido de que el quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, tiene afectaciones en su salud, debido al pase de lista de cada hora por el día y cada cuatro horas por la noche, lo que se traduce en una violación a la suspensión al tratarse de actos de tormento físico y psicológico, resultan inoperantes, lo anterior en virtud de que dichos actos son materia del incidente de suspensión, por lo que en la especie no es dable entrar a su estudio en esta determinación. Con base en lo expuesto, se determina que las autoridades responsables, luego de haber sido notificadas del proveído por el que se decretó la suspensión de plano, acataron la misma; aunado a lo cual, al rendir sus respectivos informes, afirmaron que no eran ciertos los actos atribuidos por el peticionario de amparo. Por tanto, al no advertirse desacato de parte de las autoridades responsables para cumplir con el auto que decretó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, resulta infundada la denuncia del incidente por violación a la suspensión aludida. Lo anterior, porque la violación a la suspensión de plano decretada, debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en presunciones. Es aplicable a lo expuesto, la tesis III.2o.A.61 K, publicada en la página 1283, tomo XXVII, junio de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SU DESACATO O VIOLACIÓN DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE EN EL INCIDENTE RESPECTIVO Y NO INFERIRSE CON BASE EN PRESUNCIONES. Al ser de orden público y de observancia obligatoria la suspensión del acto reclamado que se otorga en el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, su desacato o violación debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en inducciones presuntivas." Y la tesis VI.2o.C.267 K, publicada en la página 1797, tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, correspondiente al mes de febrero de 2007, que determina: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. EN ÉL DEBE ANALIZARSE SI HUBO DESACATO A LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA QUE OTORGA LA MEDIDA CAUTELAR, PERO NO SI SE CUMPLIÓ CON EXCESO O DEFECTO. De la interpretación relacionada de los artículos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de la Ley de Amparo, aplicados a la suspensión, se concluye que el incidente de violación a la medida cautelar y, por ende, el recurso de queja que se promueva contra la interlocutoria que lo decide, tiene por objeto establecer si hubo o no desacato de las autoridades que debieron cumplir la resolución en que se concede provisional o definitivamente aquélla, independientemente del defecto o exceso en que hubieran incurrido, pues esto último no es materia del incidente en cuestión." En tal virtud, no existen elementos de convicción que demuestren el ánimo o la intención de las responsables denunciadas para infringir la medida cautelar concedida a favor del quejoso. Máxime, que el objeto de la denuncia del incidente por violación a la suspensión de plano de los actos reclamados en un juicio de amparo, consiste en determinar si existió o no violación a dicha medida cautelar, y de considerar que sí la hubo, el efecto sería obligar a las autoridades responsables a que dejen insubsistente el acto violatorio de aquélla, volviendo las cosas al estado que tenían al otorgarse esa providencia. En las relatadas condiciones, al no haberse acreditado en autos que las autoridades responsables incurrieron en violación a la suspensión de plano decretada, deberá declararse infundado el presente incidente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Es infundado el incidente de violación la suspensión de plano decretada al quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

  3. Principal

    Vistos; para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 154/2016, promovido por Andrés Granados Flores, en favor de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, contra actos del Secretario de Relaciones Exteriores y otras autoridades, y R e s u l t a n d o: Primero. Mediante escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Andrés Granados Flores, en favor de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalamos a las siguientes autoridades en su doble carácter dual de ordenadoras y ejecutoras: A.- Secretario de Relaciones Exteriores, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal. B.- Secretario de Gobernación, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal. C.- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. D.- Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal. E.- Coordinador de Centros Federales, perteneciente al órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal. F.-Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. H.- Director de Área de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. J.- Subdirector de Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. H.- Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal. G.- Secretario de Marina, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal". "IV. ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como responsables se les reclama el pretender privar de la vida al señor JOAQUIN GUZMAN LOERA, al mantenerlo incomunicado por no permitir ingreso de visita familiar y abogados defensores designados legalmente por interno; así como no permitir la entrevista entre el interno y el defensor, aplicación de tormentos por omisión de las autoridades responsables al mantenerlo segregado en un área especial en el que se encuentra sometido a bajas temperaturas imperantes en la ubicación del lugar de su detención, sin proporcionarle los medios necesarios para protegerse de temperatura bajo cero que imperan diariamente en la noche, madrugada y por la mañana, sometiéndolo a tratos crueles e inhumanos producto de su aislamiento y maltrato en la prisión por debajo de las condiciones mínimas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas, al someterlo al pase de lista cada hora en horario diurno y cada dos horas durante la noche, con la pretensión de convertirlo en un zombi y como represalias del Estado por haberse evadido de dos Centros Federales de Readaptación Social y haber puesto en evidencia lo frágil de sistema penitenciario mexicano. Del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reclama la actitud omisiva ante la existencia de los actos reclamados al convertirse en cómplice por no haber realizado una investigación de los hechos denunciados y buscar evitar la violación de derecho en perjuicio del quejoso y reparar esta violaciones absteniéndose de dar respuesta al quejoso de los trámites hechos". Segundo. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 18, 20 Apartado "A" y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. En auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, dentro del juicio de amparo 130/2016, concedió la suspensión de plano a la parte quejosa Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, para el efecto de que no se le prive de la vida, no permanezca incomunicado de la visita de familiares y de sus defensores legales; cesen y no sea sujeto de actos de tortura, tormentos, tratos crueles e inhumanos. Asimismo, determinó que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo (por razón de territorio), por lo que ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México, en turno, para que continuara conociendo de la misma (fojas 19 a 24). Cuarto. Mediante auto de cinco de febrero de dos mil dieciséis, este Juzgado, a quien por razón de turno le correspondió conocer de la demanda de amparo, aceptó la competencia declinada y asumió el conocimiento del asunto, el cual se registró con el número de amparo 154/2016; ordenando requerir al quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, para que ante la presencia judicial manifestara si era su deseo ratificar la demanda promovida en su favor; asimismo, dejó intocada la suspensión decretada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México (fojas 25 a 27). Quinto. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil dieciséis se tuvo al quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, con las manifestaciones realizadas al momento de ser notificado personalmente del auto de cinco de febrero de la anualidad, en el siguiente sentido "Sí ratifico aclarando que no a abido tortura de golpes" [sic]; se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, inició en términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia. Sexto. En auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis (foja 129) se dejó de tener como responsables a las autoridades denominadas por la parte quejosa como "Director de Área de Seguridad y Custodia y Subdirector del Área de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México"; en consecuencia, en el presente fallo no se resolverá por cuanto a estas se refiere. C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclaman actos que tienen verificativo en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", cuya autoridad tiene su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado Federal. Segundo. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, tal como lo prevé el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo; para tal efecto, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a considerar todos los datos que emanen de la demanda de garantías, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, en atención al pensamiento e intencionalidad de su autor y así, descartar las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgado de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, de los informes justificados y de la totalidad de constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se obtiene que el quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: a) Pretender privarlo de la vida, mantenerlo incomunicado, por no permitir el ingreso de visita familiar y abogados defensores designados legalmente, no permitir la entrevista entre el quejoso y su defensor; aplicación de tormentos por mantenerlo segregado en un área especial en la que imperan las bajas temperaturas, sometiéndolo a tratos crueles e inhumanos; así como el sometimiento constante al pase de lista. b) Asimismo respecto del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se reclama la omisión de realizar una investigación de los hechos descritos en el párrafo que antecede para evitar la violación de derechos en perjuicio del quejoso. Al caso se cita, la jurisprudencia publicada con el número 19, en la página 17 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, tiene sustento en la tesis aislada visible en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Tercero. En toda sentencia de amparo debe analizarse y resolverse respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiarán las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, en caso de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior, pues de no ser ciertos los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, se torna imposible legalmente analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se cita en lo conducente, la jurisprudencia 10, visible en la página 68 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Abril de 1994, Tomo 76, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Así como por resultar ilustrativa, se cita la tesis 2a. CXLVII/2007, visible en la página 439 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2007, Tomo XXVI, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." Así, el Director General y Presidente del Consejo Interdisciplinario; Director Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano; el Contralmirante del Servicio de Justicia Naval y Jefe de la Unidad Jurídica, en representación del Secretario de Marina; el Director General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el Secretario de Gobernación; el Director Jurídico Contencioso, en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Director de Amparos y Derechos Humanos, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado de Órgano Administrativo, Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y del Coordinador General de Centros Federales dependientes de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación y el Delegado del Presidente de la República, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que el quejoso, haya ofrecido prueba en contrario. Establecido lo anterior, en el juicio de garantías en que se actúa, se considera que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo es procedente cuando: (.) .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Lo anterior es así, pues la negativa que hacen las autoridades responsables, de los actos reclamados no quedó desvirtuada por la parte quejosa, ya que no se ofreció prueba alguna para tal efecto, y no se objetaron los informes rendidos por las responsables; contrario a ello, dicha negativa se robustece, con los argumentos vertidos en el informe justificado de las responsables, así como con las documentales que remitieron para tal fin, pues de ellas se advierte la existencia de las boletas de ingreso al penal del Altiplano por parte de los profesionistas Carlos Castillo Castillo, Cinthya Castillo Castillo, José Refugio Rodríguez Núñes y Andrés Granados Flores, en carácter de defensores particulares del interno Joaquín Archivaldo Guzmán Loera; así como de los pases provisionales para visita familiar a nombre de Armida Guzmán Loera y Emma Coronel Aispuro, en relación al quejoso, en consecuencia, los informes justificados surten efectos plenos. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las boletas y pases provisionales descritos en el párrafo que antecede (fojas 112 a 120), a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, lo anterior se afirma dado que se trata de documentos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, y que emite un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 136 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos públicos, aun cuando carezcan de los datos de la resolución o decreto mediante el cual se ordenó su expedición, pues es facultad de los secretarios de Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de un mandato judicial, salvo prueba en contrario.". Y la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153 del Apéndice Al Semanario Judicial de la Federación, de 1917 a 1995, del Tomo VI, Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por tanto, es de señalarse, que las autoridades responsables constituyen parte dentro del juicio de garantías, en atención a lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese contexto, al informe justificado rendido por la responsable le reviste el carácter de documento público, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, lo anterior se afirma dado que se trata de un documento cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, y que emite un funcionario público en pleno ejercicio de sus funciones. Consideraciones por las cuales, se arriba a la convicción que, al no objetar la parte quejosa los informes correspondientes, entonces se produce la consecuencia de que el documento público, surta sus efectos legales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Motivo por el cual, la carga de la prueba en lo atinente a la existencia de los actos reclamados, le corresponde a la parte quejosa; es decir, existió la obligación del solicitante de garantías de aportar los elementos de convicción, para acreditar la existencia del acto reclamado, en términos de las hipótesis establecidas en la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis visible en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En tal virtud, como ya se había mencionado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, por cuanto hace a los actos y autoridades precisadas en este apartado, al actualizarse la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo vigente. Sustenta en lo conducente, la tesis visible en la página 1962 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2014, Tomo III, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. AL NO UBICARSE EN LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO DE REVISIÓN NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO. De acuerdo con el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, existe obligación del órgano revisor de dar vista a la quejosa cuando advierta la actualización de una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el a quo. Ahora bien, la improcedencia del juicio conduce, cuando éste se ha sustanciado, a decretar el sobreseimiento, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Sin embargo, hay otras hipótesis distintas a la improcedencia que también conducen a sobreseer en el juicio, entre ellas, la inexistencia del acto reclamado, por lo que si el Tribunal Colegiado de Circuito encontró la actualización de una hipótesis de sobreseimiento distinta a la analizada por el Juez de Distrito, que no deriva de una causal de improcedencia, no tiene obligación de dar vista al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga, porque la determinación alcanzada por el órgano jurisdiccional no se sustenta en alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, sino en la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del citado artículo 63. Por tanto, si el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado no se ubica en la hipótesis prevista en el referido artículo 64, segundo párrafo, no es obligatorio dar vista al quejoso." En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo en los artículos 62, 63, 74, 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e. Único. Se sobresee en el juicio de amparo 154/2016, promovido por Andrés Granados Flores, en favor de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, por los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de este fallo, por las razones y consideraciones expuestas en el considerando último de esta sentencia.

  4. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS EMITIDA EN EL INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN QUE EN LO CONDUCENTE RESOLVIÓ: "Vistos, para resolver los autos del incidente de violación a la suspensión de plano, derivado del juicio de amparo 154/2016, promovido por José Refugio Rodríguez Núñes, en su carácter de mandatario jurídico del quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, contra actos del Secretario de Relaciones Exteriores y otras autoridades; y RESULTANDO PRIMERO. En el juicio de amparo 130/2016, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México Andrés Granados Flores, en favor de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que precisó de la siguiente manera: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalamos a las siguientes autoridades en su doble carácter dual de ordenadoras y ejecutoras: A.- Secretario de Relaciones Exteriores, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal. B.- Secretario de Gobernación, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal. C.- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. D.- Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal. E.- Coordinador de Centros Federales, perteneciente al órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal. F.-Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. H.- Director de Área de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. J.- Subdirector de Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. H.- Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal. G.- Secretario de Marina, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal". "IV. ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como responsables se les reclama el pretender privar de la vida al señor JOAQUIN GUZMAN LOERA, al mantenerlo incomunicado por no permitir ingreso de visita familiar y abogados defensores designados legalmente por interno; así como no permitir la entrevista entre el interno y el defensor, aplicación de tormentos por omisión de las autoridades responsables al mantenerlo segregado en un área especial en el que se encuentra sometido a bajas temperaturas imperantes en la ubicación del lugar de su detención, sin proporcionarle los medios necesarios para protegerse de temperatura bajo cero que imperan diariamente en la noche, madrugada y por la mañana, sometiéndolo a tratos crueles e inhumanos producto de su aislamiento y maltrato en la prisión por debajo de las condiciones mínimas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas, al someterlo al pase de lista cada hora en horario diurno y cada dos horas durante la noche, con la pretensión de convertirlo en un zombi y como represalias del Estado por haberse evadido de dos Centros Federales de Readaptación Social y haber puesto en evidencia lo frágil de sistema penitenciario mexicano. Del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reclama la actitud omisiva ante la existencia de los actos reclamados al convertirse en cómplice por no haber realizado una investigación de los hechos denunciados y buscar evitar la violación de derecho en perjuicio del quejoso y reparar esta violaciones absteniéndose de dar respuesta al quejoso de los trámites hechos". SEGUNDO. En auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, dentro del juicio de amparo 130/2016, concedió la suspensión de plano a la parte quejosa Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, para el efecto de que no se le prive de la vida, no permanezca incomunicado de la visita de familiares y de sus defensores legales; cesen y no sea sujeto de actos de tortura, tormentos, tratos crueles e inhumanos. Asimismo, determinó que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo (por razón de territorio), por lo que ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México, en turno, para que continuara conociendo de la misma (fojas 19 a 24). TERCERO. Mediante auto de cinco de febrero de dos mil dieciséis, este Juzgado, a quien por razón de turno le correspondió conocer de la demanda de amparo, aceptó la competencia declinada y asumió el conocimiento del asunto, el cual se registró con el número de amparo 154/2016; ordenando requerir al quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, para que ante la presencia judicial manifestara si era su deseo ratificar la demanda promovida en su favor; asimismo, dejó intocada la suspensión decretada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México (fojas 25 a 27). CUARTO. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil dieciséis se tuvo al quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, con las manifestaciones realizadas al momento de ser notificado personalmente del auto de cinco de febrero de la anualidad, en el siguiente sentido "Sí ratifico aclarando que no a abido tortura de golpes" [sic]; por lo que se admitió la demanda de amparo a trámite; asimismo, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo, únicamente por lo que hace a los actos consistentes en: a) El pase de lista cada hora en horario diurno y cada dos horas durante la noche; y, b) La actitud omisiva del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de realizar una investigación de los actos reclamados, denunciados, así como no buscar evitar la violación de los mismos por parte de impetrante de garantías. QUINTO. Por escrito presentado ante la oficialía de partes de este juzgado federal, el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, José Refugio Rodríguez Núñes, en su carácter de mandatario del quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, promovió incidente de violación a la suspensión de plano otorgada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México mediante auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis y confirmada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de cinco de febrero de la misma anualidad, lo cual atribuyó a todas las autoridades responsables (fojas 91 a 96). SEXTO. En proveído de la misma data se admitió a trámite el incidente de violación a la suspensión de plano planteado (foja 102), solicitándoles su respectivo informe a las autoridades responsables; una vez integrado el incidente de mérito, se fijó fecha para la celebración de la audiencia de alegatos, la que tuvo verificativo el treinta de marzo de dos mil dieciséis (foja 365); y, CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de violación a la suspensión de plano, con fundamento en los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, por ser este juzgado quien ratificó la suspensión que se estima fue incumplida. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, página 829, Sexta época, cuyo sumario es: "INCIDENTES EN EL AMPARO, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS. Es competente para conocer de los incidentes la autoridad que conoce del negocio principal, y si es competente un Juez de Distrito para conocer del amparo, el mismo funcionario lo es para conocer de los incidentes que del propio juicio deriven." Asimismo, la diversa jurisprudencia 33/2003, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Materia Común, página 201, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "SUSPENSIÓN, LA DENUNCIA RELATIVA A SU VIOLACIÓN DEBE TRAMITARSE EN VÍA INCIDENTAL, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 358 Y 360 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en los artículos 104, 105, párrafo primero, 107, 111 y 143 de la Ley de Amparo, que regulan la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, se desprende que no señalan el trámite que debe seguir la autoridad que conozca del juicio de amparo indirecto en relación con la denuncia de violación a la suspensión. Sin embargo, dada la naturaleza penal de la sanción prevista en el artículo 206 de la ley citada, que puede llegar a aplicarse a la autoridad que no obedezca un auto de suspensión, resulta indispensable que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa y, por ende, cuando se trate de aquella denuncia, debe ordenarse la apertura del incidente innominado a que se refieren los artículos 358 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el cual las partes podrán ofrecer los medios de prueba contenidos en los artículos 93, 94 y 361, del mencionado código, a fin de acreditar sus afirmaciones, sin que en el caso sea aplicable la limitación probatoria que establece el artículo 131 de la ley indicada, pues éste sólo regula el trámite del incidente de suspensión en el juicio de amparo indirecto." SEGUNDO. El promovente, sustancialmente sostiene que las autoridades responsables violaron la suspensión de plano otorgada, por lo siguiente: [.] 5.- Es el caso que la señora EMMA CORONEL AISPURO, no se le reconoció su carácter de concubina y no se le dio ingreso a su documentación para el trámite e íntima, desconociéndole el carácter de concubina que justificó con documental pública que emana de una resolución judicial de su visita familiar las que las autoridades penitenciarias le niegan eficacia legal, lo que constituye una flagrante violación a la suspensión de plano, porque esa negativa de recibirle su documentación y que se ha hecho extensiva a los demás familiares del interno que han presentado documentación, sin reconocerles su visita al esgrimir pretexto sobre falta de requisitos que se establecen en el manual de visitas y reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. 6.- Al señor JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, sólo se le ha reconocido la propuesta de defensores de JOSÉ REFUGIO RODRÍGUEZ NÚÑES Y ANDRÉS GRANADOS FLORES, más no la propuesta de CINTHYA Y CARLOS, ambos de apellidos CASTILLO CASTILLO. 7.- Las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" el día ocho de febrero reconocieron el carácter de defensores de JOSÉ REFUGIO NÚÑES Y ANDRÉS GRANADOS FLORES, pero solo autorizaron el ingreso a locutorios para el día diecinueve de este mes y año y el lunes quince del presente mes, en que se agenda las visitas, para la presente semana solo autorizaron el ingreso a locutorios de los defensores para las once treinta horas del días veinticuatro de febrero, cuando la totalidad de los internos son agendados con derecho a tener diariamente una hora y media con sus defensores, sin ser limitados en número de defensores propuestos. 8.- Las autoridades pertenecientes al Órgano Desconcentrado Readaptación Social Número Uno "Altiplano" y del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", violan la suspensión concedida al quejoso JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, porque no pueden programar las visitas de defensores cada ocho o quince días, pues el interno tiene derecho a una visita con sus defensores diaria, ilimitada y en privado, sin que ese derecho humano puede limitárseles en base a un reglamento, manual de visitas o protocolo, pues el límite a este derecho que va de la mano con el de adecuada defensa, solo puede limitarse en los términos que la propia constitución prevea, pues el numeral 1º Constitucional señala: [.] 9.- Una grave violación a la suspensión de plano conceda, lo es que el diecinueve de febrero de la presente anualidad, al suscrito se le haya entregado la papeleta que autoriza el ingreso a locutorio a las diez horas con trece minutos, que haya arribado a al área de C.O.O., a las once horas con veinticinco minutos, me hayan hecho permanecer en ese lugar durante aproximadamente diez minutos y el que transcurrido ese espacio de tiempo, los custodios me hayan hecho salir sin dejarme entrevistarme con el quejoso JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, es una manifiesta violación a la suspensión por las autoridades del Órgano Desconcentrado Readaptación Social Número Uno "Altiplano" y del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano". 10.- La negativa del ingreso a visita familiar de la señora EMMA CORONEL AISPURO, desconociéndole el carácter de concubina decretado por un juez civil y demás familiares, aduciendo requisitos contemplados en reglamentos, manuales de visita y protocolos relacionado con los Centros Federales de Readaptación Social, implica violaciones a la suspensión de plano porque el derecho de visita familiar no puede limitarse al interno en base a reglamento, manuales y protocolos y negarle eficacia a una resolución judicial que acredita a EMMA CORONEL AISPURO, como su concubina, constituyen actos arbitrarios que violentan la suspensión. 11.- En audiencia informativa celebrada el día quince de febrero del presente año. Ante el persona del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, el señor JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, se quejoso que desde su ingreso a prisión el ocho de enero, prácticamente no duerme, lo que le ha ocasionado afectación a su salud, porque en el día le pasan lista cada hora, en la noche le pasan lista cada cuatro horas, ello le ha causa la presión, le suministran medicamento tres veces al día, desde el ocho de enero no le han permitido salir solo, siempre permanece en su estancia, donde sola sale a alguna notificación, no ha tenido visita familiar, salvo dos entrevistas de quince minutos con la señora EMMA CORONEL AISPURO y su hermana armida y una de media hora con su defensor, reitera que se siente mal, que no entiende la actitud de quien está llevando esta práctica de tortura, actos que ponen en riesgo la vida del quejoso. 12.- Los actos de que se duele el señor JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, constituyen actos de tormento físico y psicológico que reflejan violación a la suspensión de plano concedida en el amparo y no basta la negativa de las autoridades penitenciarias, porque conforme al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones en que la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación, mucho menos bajo protocolos especiales atendiendo a la peligrosidad del interno y basta que el quejoso de un Centro Federal de Readaptación Social, se duela de que no se le respetan sus derechos (HECHO NEGATIVO) para que ante la información de la autoridad de que si e le respetan sus derechos, para que sea la autoridad la que debe demostrar el respeto a los derechos humanos (EL QUE AFIRMA ESTÁ OBLIGADO A PROBAR) porque en el centro federal cuentan con cámaras de video de todas las áreas y manejan bitácoras de control del ingreso de visitas y de todas las áreas y manejan bitácoras de control del ingreso de visitas y de todas las actividades del personal que labora en el centro y de eta manera tienen a su alcance los medios de prueba para demostrar el trato que recibe JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, los que se encuentran obligados a exhibir. 13.- Los actos descritos reflejan violación a la suspensión de plano concedida al quejoso JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, porque la tortura es una prohibido expresamente por la ley, para a visita familiar y de abogados, no puede válidamente la autoridad exigir más requisitos que la demostración del vínculo familiar mediante actas del estado civil o resolución judicial que justifique el concubinato, resolución validada y que es incuestionable por las autoridades penitenciarias; y en el caso de la visita de abogados, es suficiente la justificación mediante copia certificada del nombramiento de defensor hechos por el interno; y para ambos casos, la identificación de los titulares de la visita, negar el ingreso mediante el establecimiento de mayores requisitos, constituye una violación a la suspensión de plano, como de igual manera es una violación el limitar el número de defensores que pueden autorizársele para que lo visiten. 14.- De igual manera es una manifiesta violación a la suspensión el que JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMAN LOERA, desde el día ocho de febrero se le haya programado una visita para entrevistarse con su defensor para las once horas del diecinueve de febrero de este año y en esa fecha, no se le haya permitido entrevistarse con su defensor. 15.- De igual manera constituye una grave violación a la suspensión de plano, que el ocho de febrero a la fecha, sólo se le haya programado dos visitas a locutorios para entrevistarse con su defensor. 16.- De igual manera constituye una violación a la suspensión, que en las entrevistas de JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, con su abogado, ya sea en locutorio o en audiencia de juzgado, lo se le permite esas entrevistas sean en privado y aunado a ello, las mismas sean video grabadas por personal que lo custodia [.] (fojas 91 a 96). Por su parte las autoridades señaladas como responsables al rendir su informe correspondiente al incidente por violación a la suspensión de plano, negaron que hubiesen violado la citada medida cautelar concedida al quejoso. Ahora, debe precisarse que es infundado el incidente por violación a la suspensión de plano concedida a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, en contra de las autoridades responsables denunciadas, por las consideraciones que enseguida se expondrán. Como se anotó al inicio de esta determinación, la suspensión de plano del acto reclamado, decretada mediante auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis y confirmada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de cinco de febrero de la misma anualidad, lo fue para el efecto de que al quejoso, no se le prive de la vida, no permanezca incomunicado de la visita de familiares y de sus defensores legales; cesen y no sea sujeto de actos de tortura, tormentos, tratos crueles e inhumanos, para que con motivo de dicha suspensión de plano se actuara de la siguiente manera: a) Preservar y velar por la integridad física de la parte quejosa y no se le prive de la vida, además cesen y no sea sujeto de actos de tortura, tormentos, tratos crueles e inhumanos. b) Además, la medida cautelar concedida surte sus efectos desde luego, respecto de la incomunicación de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, al restringirse la visita de sus familiares y de sus defensores legales, ya que así lo marca expresamente el artículo 126 de la Ley de Amparo. Así, el concepto del vocablo incomunicado es "Dicho de un preso: Que no tiene comunicación por no permitírsele tratar con nadie de palabra no por escrito". c) La anterior medida está condicionada a los términos y condiciones de la legislación aplicable al centro penitenciario en el que se encuentra recluido el quejoso, y respetándose también, las determinaciones que dicte el titular del referido centro penitenciario, siempre y cuando no represente un riesgo o un peligro para la seguridad de la institución penitenciaria. d) Siempre y cuando, también la visita de esos familiares o abogados defensores no representen un peligro para la seguridad de la institución penitenciaria, o del propio interno caso en el que se entenderá negada esta medida cautelar, quedando bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad penitenciaria dictar las medidas correspondientes que el caso requiere; y, e) La concesión de la medida cautelar se otorga, toda vez que la suspensión de oficio se rige por el artículo 126 de la Ley de Amparo y se concede cuando se reclaman, entre otros, actos que importen peligro de privación de la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal y, cuando se trate de algún otro que de llegar a consumarse haría físicamente imposible la restitución al quejoso en el goce de la garantía violada. Medida suspensional que se ordenó notificar a las referidas autoridades responsables mediante oficio, según lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora, la finalidad de esta incidencia es mantener la eficacia del auto que ordenó la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado consistente lo que el quejoso denominó incomunicación por no permitir ingreso de visita familiar y abogados defensores designados, no permitirle ser entrevistado por su defensor, aplicación de tormentos por encontrase segregado en un área especial en la que se encuentra sometido a bajas temperaturas, sometimiento a tratos crueles e inhumanos producto de su aislamiento y maltrato en la prisión, así como al pase de lista cada hora en horario diurno y cada dos horas durante la noche; dado que el objeto de la suspensión es detener o paralizar por algún tiempo una acción o actividad, para mantener viva la materia del amparo, lo cual se logra impidiendo que el acto se llegue a consumar irreparablemente, antes de resolver en definitiva si el acto reclamado es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además evita al agraviado los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle durante la tramitación del juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 608, publicada en la página 551, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que determina: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos." También cobra aplicación, la jurisprudencia 1162, consultable en la página 795, tomo VI, parte HO, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al que tenían antes de existir el acto reclamado. Lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo." Y la tesis, publicada en la página 1458, tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, diciembre de 2004, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". Puntualizado lo anterior, se debe precisar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución General de la República, establece las bases para resolver sobre la procedencia de la suspensión, del que se desprende que el Juez de Distrito, entre otras cuestiones, debe atender a la naturaleza de la violación alegada. En ese orden de ideas, una vez solicitada la medida cautelar, si se estima que el acto reclamado de consumarse no pudiera ser reparado con la tramitación del juicio, se decretará la suspensión de oficio prevista en el numeral 126 de la Ley de Amparo, haciendo cesar sus efectos de manera inmediata, a partir de que se notifique la resolución por la que se decretó la suspensión de oficio y de plano, cuyos efectos son la paralización o cese, determinación que debe ser acatada por cualquier autoridad, por lo que si las responsables no dan cumplimiento a lo anterior, se concluye que existe incumplimiento de la suspensión de plano decretada. Sobre tales bases, al resolverse que la suspensión de plano fue para el efecto de que no se le prive de la vida, no permanezca incomunicado de la visita de familiares y de sus defensores legales; cesen y no sea sujeto de actos de tortura, tormentos, tratos crueles e inhumanos; en consecuencia, para considerar que dicha medida cautelar fue trastocada por las responsables denunciadas, debe acreditarse que éstas, omitieron llevar a cabo todas o alguna de esas circunstancias. Sin embargo, como se anotó en líneas precedentes, el Director General y Presidente del Consejo Interdisciplinario; Director Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano; el Contralmirante del Servicio de Justicia Naval y Jefe de la Unidad Jurídica, en representación del Secretario de Marina; el Director General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el Secretario de Gobernación; el Director Jurídico Contencioso, en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Director de Amparos y Derechos Humanos, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado de Órgano Administrativo, Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y del coordinador General de Centros Federales dependientes de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación y el Delegado del Presidente de la República, al rendir sus informes relativos al incidente de violación al cumplimiento de la suspensión de plano concedida el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México mediante auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis y confirmada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de cinco de febrero de la misma anualidad, negaron haber desacatado la medida cautelar en comento. Asimismo, la autoridad responsable Director General y Presidente del Consejo Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano", agregó que el quejoso nunca ha estado en riesgo de perder la vida, la salud o integridad física; igualmente, no ha estado incomunicado con sus abogados; ahora bien, respecto a la visita de la persona que se ostenta como concubina del quejoso, Emma Coronel Aispuro, no se recibió su documentación por estar incompleta, no obstante, la misma ya ingresó a visitar al quejoso, mediante un pase provisional para locutorio y por lo que atañe a los demás familiares únicamente dos entregaron la documentación completa la que será sometida al Consejo Técnico Interdisciplinario para que determine si procede su autorización como visita. Asimismo, el quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, tiene nombrados a dos defensores de nombres José Refugio Rodríguez Núñez y Andrés Granados Flores, quienes están autorizados como visita y han tenido comunicación con su defendido, por lo que refiere a Cinthya y Carlos, ambos de apellidos Castillo Castillo no fueron propuestos por el interno, sin embargo, ya les fue permitido el acceso al Centro de Reclusión para asistirlo en audiencias los días doce y trece de enero de la presente anualidad; lo anterior en virtud de que para asistir al quejoso en una audiencia derivada de un proceso penal, independientemente de que no esté propuesto como visita, se le permite ingresar a la sala del área de juzgados para garantizar el derecho de todo procesado de ser asistido por su defensor. Por lo que hace al ingreso como visita en locutorios, no existe obligatoriedad de permitir en forma ilimitada y en privado visitas de defensores, en atención a que existe un horario definido para tal efecto por cuestiones de seguridad, en virtud de que el personal de seguridad es garante de la custodia del quejoso lo cual implica no perderlo de vista, conforme lo establece el artículo 87 del Reglamento de Centro Federales de Readaptación Social. Por último, en efecto el día diecinueve de febrero de la presente anualidad se presentó José Refugio Rodríguez Núñez, permitiéndole ingresar al único espacio que por medidas de especiales de seguridad se ha destinado para las entrevistas de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera con su defensor; sin embargo, en ese momento el espacio no se encontraba disponible al estarse efectuando trabajos de instalación de equipos de videoconferencia por el personal del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, no existían las condiciones óptimas para trasladar al interno a esa zona, circunstancia que se le informó a su defensor, haciéndole de su conocimiento que podría entrevistarse con el aquí quejoso cuando terminaran los trabajos de instalación; no obstante, decidió retirarse del Centro. En esa virtud, la negativa que hacen las autoridades responsables, de los actos reclamados y el acatamiento a la suspensión no quedó desvirtuada por la parte quejosa, ya que no se ofreció prueba alguna para tal efecto, y no se objetaron los informes rendidos por las responsables. En efecto, sobre este punto, si bien, el incidentista ofreció los medios de prueba consistentes en la copia certificada de las fojas de los libros de visita que firman los abogados en un recorrido de ingreso y egreso para entrevistarse con los internos, en su recorrido por sala de espera, acceso aduana de personas, comunicación u C.O.C., correspondiente al día diecinueve de febrero de la presente anualidad; la papeleta que se hizo llegar al defensor de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, para autorizar su ingreso a la entrevista con el interno de mérito; copia certificada de las lista de defensores e internos programadas para los días diecinueve y veinticuatro de febrero de la este año, con motivo de las visitas a locutorios; copia certificada de las solicitudes de ingreso a visita familiar y defensores relacionada con el quejoso y todas las solicitudes que el interno en cuestión haya realizado a trabajo social y departamento jurídico sobre la autorización de visitas y el trámite que a las mismas se le haya dado. Sin embargo, tales probanzas, resultaron innecesarias en virtud de que en autos se aprecia, además de la existencia de los argumentos vertidos por las responsables, las documentales que remitieron para robustecer sus asertos, pues de ellas precisamente se advierte la existencia de las boletas de ingreso al penal del Altiplano por parte de los profesionistas Carlos Castillo Castillo, Cinthya Castillo Castillo, José Refugio Rodríguez Núñes y Andrés Granados Flores, en carácter de defensores particulares del interno Joaquín Archivaldo Guzmán Loera; así como de los pases provisionales para visita familiar a nombre de Armida Guzmán Loera [hermana] y Emma Coronel Aispuro [quien al parecer es pareja sentimental del interno]. Por lo anterior, si en el caso, se obtiene que el quejoso afirma que se encuentra incomunicado, ello porque no le permiten las visitas de sus defensores y familiares; en tanto, la autoridad responsable [Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano"], allegó a los autos constancias con las que acredita una postura contraria, es decir, que el interno de mérito ha gozado de la visita de las personas y profesionistas que menciona, dentro de los horarios y bajo las condiciones de seguridad que prevalecen en dicho centro de reclusión, luego, es de concluirse la inexistencia de los actos descritos, cuya postura aseveraron las autoridades responsables. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las boletas y pases provisionales descritos en el párrafo que antecede (fojas 112 a 120), a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, lo anterior se afirma dado que se trata de documentos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, y que emite un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 136 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos públicos, aun cuando carezcan de los datos de la resolución o decreto mediante el cual se ordenó su expedición, pues es facultad de los secretarios de Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de un mandato judicial, salvo prueba en contrario.". Y la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153 del Apéndice Al Semanario Judicial de la Federación, de 1917 a 1995, del Tomo VI, Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". En esa tesitura, tampoco fue necesario requerir al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", para que remitiera copia certificada en la que constara la atención médica que se le ha brindado a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, así como medicamentos o dosis que se le han suministrado; ello, en virtud de que el propio quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, en notificación de seis de febrero del presente año (foja 32), manifestó a la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado que no ha sido sujeto a "golpes", por tanto, de autos no se desprende indicio alguno de que dicho quejoso haya sido objeto de malos tratos, que requiriera atención médica, por lo que resultó ocioso solicitar un reporte médico ante las propias manifestaciones del quejoso, y ante la evidencia de que, en contrapartida ha sido visitado por sus defensores y familiares, aparte de que de propia voz manifestó que no ha sido golpeado. Aunado a que la carga de la prueba en lo atinente a la existencia de los actos reclamados, le corresponde a la parte quejosa; es decir, existió la obligación del incidentista de aportar los elementos de convicción, para acreditar la existencia de los actos reclamados, en términos de las hipótesis establecidas en la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la tesis visible en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, en el caso, es dable concluir que no existe una violación o desacato a la suspensión de plano decretada, en virtud de la inexistencia de los actos reclamados. No se soslaya que el representante del quejoso en el ocurso mediante el cual promovió la presente incidencia hace alusión a diversas circunstancias tales como el hecho de que algunos familiares del quejoso no han podido ingresar a visitarlo, o bien, que a los propios defensores se les impide el ingreso a ver a este; no obstante, también manifiesta que cuando estos últimos ingresan a ver al quejoso de mérito, sus entrevistas son grabadas por el personal de seguridad del Centro Penitenciario, de lo que se colige que han tenido acceso al recinto carcelario para ver al quejoso, lo que robustece la postura de la autoridad responsable en el sentido de la inexistencia de una posible incomunicación; asimismo, la circunstancia de que, en su caso, no todos los familiares hayan podido visitar al quejoso, como el hecho de las condiciones bajo las cuales se permite el ingreso de familiares y defensores a dicho centro, más bien obedece a cuestiones de índole administrativo que imperan en dicho centro carcelario, lo cual no se traduce en una violación a la suspensión de plano. Más aun, porque debe memorarse que incluso la concesión de la medida cautelar decretada [suspensión de plano], quedó sujeta precisamente a los términos y condiciones de la legislación aplicable al centro penitenciario, respetando las determinaciones que dicte el titular del centro de reclusión, siempre y cuando no representara un riesgo o peligro para la seguridad penitenciaria; por tanto, es inconcuso que no existe violación al cumplimiento de la suspensión de plano decretada. Por último, los argumentos de la defensa en el sentido de que el quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, tiene afectaciones en su salud, debido al pase de lista de cada hora por el día y cada cuatro horas por la noche, lo que se traduce en una violación a la suspensión al tratarse de actos de tormento físico y psicológico, resultan inoperantes, lo anterior en virtud de que dichos actos son materia del incidente de suspensión, por lo que en la especie no es dable entrar a su estudio en esta determinación. Con base en lo expuesto, se determina que las autoridades responsables, luego de haber sido notificadas del proveído por el que se decretó la suspensión de plano, acataron la misma; aunado a lo cual, al rendir sus respectivos informes, afirmaron que no eran ciertos los actos atribuidos por el peticionario de amparo. Por tanto, al no advertirse desacato de parte de las autoridades responsables para cumplir con el auto que decretó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, resulta infundada la denuncia del incidente por violación a la suspensión aludida. Lo anterior, porque la violación a la suspensión de plano decretada, debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en presunciones. Es aplicable a lo expuesto, la tesis III.2o.A.61 K, publicada en la página 1283, tomo XXVII, junio de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SU DESACATO O VIOLACIÓN DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE EN EL INCIDENTE RESPECTIVO Y NO INFERIRSE CON BASE EN PRESUNCIONES. Al ser de orden público y de observancia obligatoria la suspensión del acto reclamado que se otorga en el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, su desacato o violación debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en inducciones presuntivas." Y la tesis VI.2o.C.267 K, publicada en la página 1797, tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, correspondiente al mes de febrero de 2007, que determina: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. EN ÉL DEBE ANALIZARSE SI HUBO DESACATO A LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA QUE OTORGA LA MEDIDA CAUTELAR, PERO NO SI SE CUMPLIÓ CON EXCESO O DEFECTO. De la interpretación relacionada de los artículos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de la Ley de Amparo, aplicados a la suspensión, se concluye que el incidente de violación a la medida cautelar y, por ende, el recurso de queja que se promueva contra la interlocutoria que lo decide, tiene por objeto establecer si hubo o no desacato de las autoridades que debieron cumplir la resolución en que se concede provisional o definitivamente aquélla, independientemente del defecto o exceso en que hubieran incurrido, pues esto último no es materia del incidente en cuestión." En tal virtud, no existen elementos de convicción que demuestren el ánimo o la intención de las responsables denunciadas para infringir la medida cautelar concedida a favor del quejoso. Máxime, que el objeto de la denuncia del incidente por violación a la suspensión de plano de los actos reclamados en un juicio de amparo, consiste en determinar si existió o no violación a dicha medida cautelar, y de considerar que sí la hubo, el efecto sería obligar a las autoridades responsables a que dejen insubsistente el acto violatorio de aquélla, volviendo las cosas al estado que tenían al otorgarse esa providencia. En las relatadas condiciones, al no haberse acreditado en autos que las autoridades responsables incurrieron en violación a la suspensión de plano decretada, deberá declararse infundado el presente incidente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Es infundado el incidente de violación la suspensión de plano decretada al quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera."

Quedan 37 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano