Joaquin Apuleyo Vargas Robles
Expediente 778/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 778/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Joaquin Apuleyo Vargas Robles
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el doce de julio de dos mil dieciocho, dentro del término de cinco días, como lo refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por Joaquín Apuleyo Vargas Robles, Karina Villegas Arguelles y José Carmen Vargas Chávez, por conducto de su defensor particular Oscar Ramírez Franco, contra actos que reclamaron del Juez Penal de Control y Enjuiciamiento adscrito al Primer Circuito Judicial de Tizayuca, Hidalgo; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese.
- Principal
**NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE DOCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA: "Pachuca de Soto, Hidalgo, a doce de julio de dos mil dieciocho. Visto el escrito de demanda signado por ****, defensor particular de ****, por medio del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Penal de Control y Enjuiciamiento adscrito al Primer Circuito Judicial de Tizayuca, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 778/2018-3, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: (.). Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: La autorización de toma de escritura de los imputados, dentro de la causa penal 6/2018. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 172, fracciones III y XII, así como 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. En efecto, los preceptos citados establecen lo siguiente: "(...)." Del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. Ello es así, si se toma en consideración que los actos que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que de una manera inmediata lesionan el interés jurídico de una de las partes en el juicio, en que se pronuncie o bien haga imposible la prosecución del procedimiento y por tanto el fallo definitivo cause a una de las partes un agravio no reparable, es decir, los actos que tienen una ejecución de imposible reparación son aquellos que generan efectos materiales sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En ese sentido, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. En este orden de ideas, en esencia lo que se reclama por los quejosos es la autorización de la toma de muestras de escritura de los imputados de mérito, dictada en la causa penal 06/2018 del índice de la responsable, lo cual no es un acto de imposible reparación, es decir en razón de una afectación material - real y actual - a sus derechos sustantivos, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. De lo expuesto, resulta claro que no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que sus consecuencias son meramente procesales, pues como ya ha sido explicado en párrafos precedentes, de obtener la parte quejosa, una resolución favorable a sus intereses, las violaciones procesales que aduce fueron cometidas en el acto reclamado, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y, en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, estará en condiciones de hacer valer tales violaciones, en el amparo directo que en su caso se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. En efecto el tipo de acto reclamado, no es dable considerarlo como de ejecución de imposible reparación; dicho de otra manera, que afecte de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de los promoventes reclamable en el juicio de amparo indirecto El concepto de "imposible reparación", presupuesto indispensable para la procedencia de la vía constitucional, consagrado en el artículo 107, fracción III inciso b), de la legislación de amparo, resulta ser una violación insustituible en la esfera jurídica de los agraviados; y a manera de ejemplo, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación: el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordene la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conmine a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior durante el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad y no dejan huella en la esfera jurídica de los afectados y el hecho de que se ordene el medio de prueba consistente en la toma de escrituras a cargo de los aquí quejosos en la causa penal 6/2018, no causa una violación a sus derechos sustantivos fundamentales. Pues de considerar que el acto que ahora reclaman pueda entrañar una violación intraprocesal que afectara sus defensas y que ello trascendería al resultado del fallo final, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, pueden reclamar tal aspecto como violación procesal al combatir la sentencia final, puesto que es hasta el dictado de la sentencia donde los integrantes del juicio oral los analizarán y, en su caso, podrán o no otorgar valor probatorio. Particularidad del derecho sustantivo que no comparte que se ordene la toma de escrituras a los quejosos, pues como ya se dijo son dos las condiciones o supuestos que se deben atender para la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: el primero que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación afecten de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal y el segundo, considerado como complemento del anterior, establece que los actos procesales o formales que tengan una ejecución de imposible reparación siempre y cuando sus consecuencias afecten a las partes en grado predominante o superior, por lo que las pruebas o acontecimientos del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en el amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales -lo que en el caso no acontece- y no los meramente adjetivos o procesales, aún de que afecten a las partes en grado predominante o superior. Tampoco goza de irreparable el hecho de que el juez haya ordenado la toma de muestras de la escritura de los quejosos, al no considerar lo estatuido en el artículo 270 del Código Nacional de Procedimientos Penales , en específico de que no motivó la necesidad de recabar dichas muestras, en el sentido de que no exista otra menos gravosa para los imputados, pues en autos obran documentos con firmas y letras de ellos; sobre el particular, se advierte que la recabación de muestras a que alude el numeral 270, se refiere a las que indica el diverso 269 , consistentes en muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, así como que se le permita obtener imágenes internas o externas de alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos para la salud y la dignidad de la persona; circunstancias ajenas a las que reclaman los quejoso, pues en el caso se trata de muestras de escritura. Máxime que el diverso artículo 252 del mismo ordenamiento prevé los casos en que el Juez puede dar autorización previa a los actos de investigación en casos análogos, en este caso la toma de muestras de escritura de los quejosos. Por tanto, como quedó asentado en párrafos que anteceden, el hecho de que el juez ordene se practique la toma de muestras de escritura a los inculpados, no causa perjuicio a los quejosos debido a que no afectan de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera. Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente de demanda promovida por Joaquín Apuleyo Vargas Robles, Karina Villegas Argüelles y José Carmen Vargas Chávez, contra la autoridad que señaló como responsable. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. (.). Notifíquese personalmente."
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