Joaquin Antonio Niño Zavala
Expediente 771/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 29 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 04/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Joaquin Antonio Niño Zavala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE MESA V
- Incidental
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ***, apoderado legal del directo quejoso Joaquín Antonio Niño Zavala, con personalidad jurídica reconocida en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, dentro de los autos del juicio de amparo 771/2019-V-B, del que deriva el presente incidente de suspensión. Ahora bien; como lo solicita el promovente hágase la devolución del billete de depósito ****, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $, que exhibió para garantizar la suspensión definitiva de los actos reclamados, que fue concedida dentro del incidente de suspensión en que se actúa; lo anterior, previa identificación y constancia de recibo que obre en autos. Sin que sea el caso autorizar la entrega del billete de depósito a mandatarios judiciales que refiere el promovente, en virtud de que no precisa sus nombres, a fin de determinar si cuentan con la personalidad jurídica reconocida dentro de los autos del presente incidente de suspensión. Apercibida que en caso de no hacerlo, este Juzgado procederá en términos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley al Servicio de la Tesorería de la Federación, esto es, se ordenará hacer efectiva la cantidad que ampara el citado billete de depósito, a favor del Fisco Federal.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARÍA MARCELA ACEVEDO WEINMANN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE:Visto; agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Jorge Epigmenio Lara Martínez, apoderado legal del quejoso Joaquín Antonio Niño Zavala, a través del cual solicita que, aras de obtener una justicia integral de los actos reclamados en este asunto y evitar el retardo en la impartición de la misma, se requiera a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, que dé cumplimiento al considerado octavo de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Ahora bien, a modo de acordar lo conducente a lo así peticionado, se estima necesario realizar las siguientes precisiones en torno al procedimiento para obtener el cumplimiento de las ejecutorias de amparo: En principio, se destaca que dicho procedimiento está previsto en los artículos 192 a 198, de la Ley de Amparo; y en tratándose de amparo indirecto, de acuerdo a lo dispuesto en el citado numeral 192, inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia en la que se concedió el amparo y el órgano jurisdiccional requiere a la autoridad responsable (y en su caso a su superior jerárquico), para que le dé cumplimiento dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá multa. Seguidamente, como lo prevé el numeral 196, de la ley de la materia, cuando la responsable envía al órgano judicial de amparo informe relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, se deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga; etapa en la que se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento y, una vez transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin él, el juez de amparo dictará resolución, en la que declarará si la sentencia se encuentra o no cumplida y si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla, para lo cual, debe entenderse que está cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Lo anterior, de acuerdo con las consideraciones vertidas por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, en las ejecutorias de los precedentes que originaron la jurisprudencia P./J 54/2014 10a., de título siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Ahora bien, de las constancias que integran los presentes autos, se destaca, entre otras cosas, lo siguiente: Mediante sentencia de diez de octubre de dos mil diecinueve, se concedió al quejoso Joaquín Antonio Niño Zavala el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos que reclamó de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira. Cierto, en el presente asunto el disconforme señaló como actos reclamados, los siguientes: 1.- El retardo de enviar de los recursos de apelación al Tribunal de Alzada, interpuestos en el juicio especial de interdicto para recuperar los derechos de padre 239/2018, que fueron admitidos mediante resoluciones judiciales de veintiuno de junio y de ocho de julio, los dos del año en curso. 2.- El apercibimiento de arresto por treinta y seis horas, contenido en auto de tres de julio de dos mil diecinueve, pronunciado en el juicio indicado en el dígito que precede. Así, al analizar la constitucionalidad de dichos actos este Juzgado de Distrito determinó conceder al impetrante el amparo solicitado, mismos que fueron estudiados en los considerandos octavo y noveno de la sentencia emitida en este asunto, en los que se dispuso que los efectos de la concesión consistían en: -Respecto al acto precisado en el punto "1" "En consecuencia, se debe conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Joaquín Antonio Niño Zavala, para el efecto de que el Juez responsable en el ámbito de sus atribuciones y sin transgredir los derechos de las partes, en los autos del juicio 239/2018: - De inmediato continúe con el trámite de las apelaciones interpuestas por el quejoso contra las resoluciones de doce de junio y de tres de julio, admitidas respectivamente en efecto devolutivo mediante acuerdos de veintiuno de junio y de ocho de julio del año en curso." -Por cuanto ve al acto puntualizado en punto "2" "Por consiguiente, al estar demostrada la violación alegada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder al quejoso, el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la juez responsable: ? Deje insubsistente la resolución de tres de julio de dos mil diecinueve, en la que apercibe al quejoso de imponerle una medida de apremio consistente en un arresto hasta por treinta y seis horas para el caso de no acudir a entregar a su menor hija a su progenitora, y sus consecuencias jurídicas. ? Con plenitud de jurisdicción deberá resolver si lo procedente es modificar, o en su defecto, revocar el mismo, pero en cualquiera de estos supuestos deberá justificar el sentido de su determinación, esto es, de reiterar el apercibimiento de arresto hasta por treinta y seis horas, deberá indicar porqué la sanción resulta aplicable, es decir, deberá motivar las razones que la llevaron a determinar el por qué el arresto es la medida idónea para lograr el cumplimiento de las reglas de convivencia, así como también deberá precisar qué lo motiva a señalar el lapso de tiempo de dicho arresto. " Luego, por auto de veintinueve del aludido mes de octubre, se declaró que dicha sentencia de amparo había causado ejecutoria, por lo que se ordenó requerir su cumplimiento al juez responsable (foja 186). Así, en atención a este último proveído, mediante oficio número 4681, recibido en este Juzgado de Distrito el seis de noviembre de la presente anualidad, la autoridad responsable remitió copia autenticada de las actuaciones con las que, a su parecer, daba cabal cumplimiento a la sentencia amparadora; motivo por el cual se dio vista a las partes con las mismas (fojas 194 a 198). Una vez concluida dicha vista, mediante acuerdo de veintidós de este propio mes de noviembre, se declaró cumplida la ejecutoria de referencia. Sin embargo, es de destacarse que en esa determinación únicamente se analizó y proveyó respecto a uno de los afectos de la sentencia de amparo, de manera específica los relacionados con el acto reclamado que se hizo consistir en el apercibimiento de arresto, contenido en el auto de tres de julio de dos mil diecinueve, pronunciado en el juicio de origen. Se afirma lo anterior, porque al respecto en dicho proveído se estableció que por resolución de cuatro de noviembre del año en curso, el juez responsable dejó insubsistente dicho apercibimiento de arresto y sus consecuencias jurídicas, determinando que, por el momento, resultaba innecesario hacer algún pronunciamiento respecto a dicha medida de apremio, debido a que la determinación que le daba sustento también había quedado sin efectos con motivo de una diversa ejecutoria de amparo. En ese sentido, queda de manifiesto que la declaratoria de cumplimiento realizada por este órgano jurisdiccional, en el indicado acuerdo de veintidós de los corrientes, solamente se ocupó de los efectos de la concesión contenida en el considerando noveno de la sentencia dictada en este asunto; de ahí que, a la fecha no exista un pronunciamiento por cuanto hace a la concesión que se otorgó respecto del acto reclamado consistente en el retardo de enviar al Tribunal de Alzada los recursos de apelación que fueron admitidos por la responsable por autos de veintiuno de junio y de ocho de julio del año en curso. Ahora bien, al respecto es de señalarse que en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se contempla la figura jurídica de regularización del procedimiento, la cual procede cuando el órgano jurisdiccional advierta que dentro del proceso se haya incurrido en alguna omisión, abstención u otra cuestión semejante, y que ésta deba ser subsanada, a efecto de no incurrir en violaciones procesales graves, pero no cuando esté de por medio acto de carácter positivo, es decir, que expresamente se haya emitido alguna actuación en un sentido determinado, como sucede en el caso. Lo anterior, en virtud de que una interpretación contraria pondría en riesgo y haría nugatorio el principio de que los Jueces no pueden revocar, motu proprio, las resoluciones que hubiesen dictado, pues de ser así, se anularían decisiones judiciales que habían adquirido firmeza jurídica, al no haber sido impugnadas oportunamente. Por tanto, considerando que en la especie se está en presencia de una omisión respecto al cumplimiento de uno de los efectos por los que fue concedida la protección constitucional solicitada, se estima que es dable acudir a la indicada figura jurídica para lograr el debido cumplimiento de la ejecutoria de mérito, lo cual es de orden público y, por ende, de estudio oficioso para los órganos de amparo, porque con ello se busca restituir al quejoso en el pleno goce de las garantías violadas y restablecer el orden constitucional. Máxime, si se toma en consideración que en el presente asunto se encuentran involucrados derechos de una menor de edad, pues no debe perderse de vista que los actos reclamados en el presente asunto derivan de juicio especial de interdicto que fue promovido por el aquí quejoso para recuperar los derechos de padre respecto de su menor hija identificada con las iniciales S.M.N.A. Por tanto, en la especie también debe tenerse presente lo establecido en el artículo 4º, párrafos octavo, noveno y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 3, 6, 14, inciso A y 19, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como el 3°, 4°, 9, 19 y 24, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de los cuales se desprende lo que jurídicamente se conoce como interés superior del niño, el cual, entre otras cuestiones, implica que los tribunales atiendan primordialmente al interés superior de los menores en todas las medidas que tomen concernientes a éstos. Consecuentemente, quien este asunto resuelve, como parte integrante del Estado Mexicano, debe velar por los intereses de la menor involucrada en este asunto. Se invoca el criterio de la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal de la Nación, cuyo título se lee: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO." Así las cosas, con apoyo en el invocado artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento en el presente asunto, a fin de lograr el cabal cumplimiento de la indicada ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase de nuevo a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, para que, en el ámbito de sus atribuciones y en el término de cuarenta y ocho horas legalmente computado, acredite haber dado cabal cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, de manera específica a los efectos contenidos en su considerando octavo, esto es para que realice: "- De inmediato continúe con el trámite de las apelaciones interpuestas por el quejoso contra las resoluciones de doce de junio y de tres de julio, admitidas respectivamente en efecto devolutivo mediante acuerdos de veintiuno de junio y de ocho de julio del año en curso." Apercíbase a la autoridad responsable que de no hacerlo en dicho término o no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello, se le sancionará con multa equivalente a cien días, de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), acorde con el artículo 258, de la Ley de Amparo. Ahora bien, si la ejecutoria no queda cumplida en el plazo fijado, además de la multa que se le imponga, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito competente, lo cual será notificado a la autoridad responsable, en términos del numeral 193 de la citada ley de la materia. Cabe señalar, que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, como lo establece el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Por último, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema Integral de seguimiento de Expedientes, y póngase del conocimiento de las partes la presente determinación, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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