Joaquin Amaro Muñoz
Expediente 1580/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1580/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Joaquin Amaro Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de julio de dos mil veintidós Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, la razón actuarial signada por el actuario de la adscripción, en la cual hizo constar la imposibilidad para notificar al Tercero interesado, Gerardo Calderón Catalán, el auto de quince de julio de dos mil veintidós. Al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la tercero interesada el proveído de veinte de agosto de dos mil veinte. y las subsecuentes actuaciones, por medio de lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO GERARDO CALDERÓN CATALÁN POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: VISTO, para resolver el juicio de amparo 1580/2021, promovido por Joaquín Amaro Muñoz contra actos del magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Joaquín Amaro Muñoz solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos "Lo constituye la Sentencia Interlocutoria emitida por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dictada con fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno dentro del expediente TJA/3AS/270/2019". SEGUNDO. El uno de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1580/2021, y previa aclaración y ratificación de demanda, por acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama del magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos: La sentencia interlocutoria de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dictada dentro del expediente TJA/3AS/270/2019, mediante la cual se confirmó el auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, por el que se hizo efectiva una multa impuesta a la parte quejosa, por la cantidad de $1,792.40 (mil setecientos noventa y dos pesos 40/100 m.n.). TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado y anexos. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes no invocaron alguna causa de improcedencia, aunado a que el suscrito tampoco advierte que se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Esta situación se hace constar debido a que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio por los tribunales de amparo, de conformidad con el numeral 62 del citado ordenamiento. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. De la revisión a las constancias que obran en autos, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, el magistrado responsable admitió a trámite la demanda de nulidad promovida por Gerardo Calderón Catalán, aquí tercero interesado, en contra de la Tesorería Municipal de Temixco, Morelos y del Oficial de Tránsito Joaquín Amaro Muñoz, parte quejosa, adscrito al referido ayuntamiento, de quienes reclamó la nulidad de la boleta de infracción número A 10290 de veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve y del recibo de pago con folio 6311, de dos de octubre del mismo año, por la cantidad de $633.67 (seiscientos treinta y tres pesos 67/100 m.n.). Dicho procedimiento quedó registrado con la clave TJA/3aS/270/2019. 2. Seguida la secuela procesal, por sentencia definitiva de nueve de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos declaró la nulidad lisa y llana de la boleta de infracción A 10290 de veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve y condenó a las autoridades demandadas para que devolvieran la cantidad de $633.67 (seiscientos treinta y tres pesos 67/100 m.n.), cuyo pago quedó acreditado con la factura serie 1U, folio 6311, expedida el dos de octubre de dos mil diecinueve por el municipio de Temixco, Morelos. 3. Inconforme con esa determinación, el aquí quejoso promovió juicio de amparo directo, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, bajo el número 253/2020. 4. Por ejecutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito sobreseyó en el juicio de amparo directo promovido por el quejoso. 5. Mediante acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, el magistrado responsable requirió a las autoridades demandadas el cumplimiento de la ejecutoria emitida en el juicio de nulidad de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría una multa por la cantidad de $1,792.40 (mil setecientos noventa y dos pesos 40/100 m.n.). 6. Por acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, ante la contumacia de las autoridades demandas, el magistrado responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado y les impuso una multa en cantidad de $1,792.40 (mil setecientos noventa y dos pesos 40/100 m.n.). 7. En contra de ese acuerdo, la parte quejosa promovió recurso de reconsideración. Dicho medio de impugnación fue resuelto mediante resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en la cual el magistrado responsable confirmó el acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno. Dicha resolución constituye el acto reclamado en este juicio de amparo indirecto. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para un mejor entendimiento de este asunto, en primer lugar se realizará una síntesis del concepto de violación expuesto en el escrito de demanda; luego, se procederá al estudio y análisis respectivo. 1. Síntesis del concepto de violación El quejoso considera que la ejecución del apercibimiento no es correcto, debido a que el nueve de agosto de dos mil veintiuno, se exhibió un cheque que ampara la cantidad de $633.67 (seiscientos treinta y tres pesos 67/100 m.n.), en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de nulidad de origen. Por tal motivo, solicitó se suspendiera el procedimiento de hacer efectivo el apercibimiento decretado. Precisado lo anterior, considera que la autoridad responsable lo deja en estado de indefensión, al no entrar al análisis de las razones de impugnación que se hicieron valer en el primer agravio del recurso de reconsideración, vulnerando los artículos 14 y 16 de la Constitución general. 2. Estudio del concepto de violación A criterio del suscrito resulta inoperante el concepto de violación en estudio, ya que la parte quejosa sólo se limitó a referir que la autoridad responsable no analizó el primer agravio que hizo valer en el medio de impugnación promovido en contra del auto por el que le hizo efectiva una multa. No obstante ello, fue omisa en exponer con precisón cuáles fueron los argumentos que la autoridad responsable no analizó al momento de emitir la resolución que aquí se combate, aunado a que tampoco ataca todas las consideraciones planteadas por la autoridad en el acto reclamado. Sobre este punto en particular debe señalarse que aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, lo cierto es que tal criterio obedece a la necesidad de precisar que los mismos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental. Pero ello de ninguna manera implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que corresponde a ellos (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse". Ante tales consideraciones, este juzgador R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Joaquín Amaro Muñoz, contra el acto reclamado al magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy quince de julio de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1580/2021, promovido por Joaquín Amaro Muñoz contra actos del magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Joaquín Amaro Muñoz solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos "Lo constituye la Sentencia Interlocutoria emitida por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dictada con fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno dentro del expediente TJA/3AS/270/2019". SEGUNDO. El uno de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1580/2021, y previa aclaración y ratificación de demanda, por acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama del magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos: La sentencia interlocutoria de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dictada dentro del expediente TJA/3AS/270/2019, mediante la cual se confirmó el auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, por el que se hizo efectiva una multa impuesta a la parte quejosa, por la cantidad de $1,792.40 (mil setecientos noventa y dos pesos 40/100 m.n.). TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado y anexos. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes no invocaron alguna causa de improcedencia, aunado a que el suscrito tampoco advierte que se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Esta situación se hace constar debido a que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio por los tribunales de amparo, de conformidad con el numeral 62 del citado ordenamiento. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. De la revisión a las constancias que obran en autos, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, el magistrado responsable admitió a trámite la demanda de nulidad promovida por Gerardo Calderón Catalán, aquí tercero interesado, en contra de la Tesorería Municipal de Temixco, Morelos y del Oficial de Tránsito Joaquín Amaro Muñoz, parte quejosa, adscrito al referido ayuntamiento, de quienes reclamó la nulidad de la boleta de infracción número A 10290 de veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve y del recibo de pago con folio 6311, de dos de octubre del mismo año, por la cantidad de $633.67 (seiscientos treinta y tres pesos 67/100 m.n.). Dicho procedimiento quedó registrado con la clave TJA/3aS/270/2019. 2. Seguida la secuela procesal, por sentencia definitiva de nueve de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos declaró la nulidad lisa y llana de la boleta de infracción A 10290 de veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve y condenó a las autoridades demandadas para que devolvieran la cantidad de $633.67 (seiscientos treinta y tres pesos 67/100 m.n.), cuyo pago quedó acreditado con la factura serie 1U, folio 6311, expedida el dos de octubre de dos mil diecinueve por el municipio de Temixco, Morelos. 3. Inconforme con esa determinación, el aquí quejoso promovió juicio de amparo directo, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, bajo el número 253/2020. 4. Por ejecutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito sobreseyó en el juicio de amparo directo promovido por el quejoso. 5. Mediante acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, el magistrado responsable requirió a las autoridades demandadas el cumplimiento de la ejecutoria emitida en el juicio de nulidad de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría una multa por la cantidad de $1,792.40 (mil setecientos noventa y dos pesos 40/100 m.n.). 6. Por acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, ante la contumacia de las autoridades demandas, el magistrado responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado y les impuso una multa en cantidad de $1,792.40 (mil setecientos noventa y dos pesos 40/100 m.n.). 7. En contra de ese acuerdo, la parte quejosa promovió recurso de reconsideración. Dicho medio de impugnación fue resuelto mediante resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en la cual el magistrado responsable confirmó el acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno. Dicha resolución constituye el acto reclamado en este juicio de amparo indirecto. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para un mejor entendimiento de este asunto, en primer lugar se realizará una síntesis del concepto de violación expuesto en el escrito de demanda; luego, se procederá al estudio y análisis respectivo. 1. Síntesis del concepto de violación El quejoso considera que la ejecución del apercibimiento no es correcto, debido a que el nueve de agosto de dos mil veintiuno, se exhibió un cheque que ampara la cantidad de $633.67 (seiscientos treinta y tres pesos 67/100 m.n.), en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de nulidad de origen. Por tal motivo, solicitó se suspendiera el procedimiento de hacer efectivo el apercibimiento decretado. Precisado lo anterior, considera que la autoridad responsable lo deja en estado de indefensión, al no entrar al análisis de las razones de impugnación que se hicieron valer en el primer agravio del recurso de reconsideración, vulnerando los artículos 14 y 16 de la Constitución general. 2. Estudio del concepto de violación A criterio del suscrito resulta inoperante el concepto de violación en estudio, ya que la parte quejosa sólo se limitó a referir que la autoridad responsable no analizó el primer agravio que hizo valer en el medio de impugnación promovido en contra del auto por el que le hizo efectiva una multa. No obstante ello, fue omisa en exponer con precisón cuáles fueron los argumentos que la autoridad responsable no analizó al momento de emitir la resolución que aquí se combate, aunado a que tampoco ataca todas las consideraciones planteadas por la autoridad en el acto reclamado. Sobre este punto en particular debe señalarse que aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, lo cierto es que tal criterio obedece a la necesidad de precisar que los mismos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental. Pero ello de ninguna manera implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que corresponde a ellos (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse". Ante tales consideraciones, este juzgador R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Joaquín Amaro Muñoz, contra el acto reclamado al magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy quince de julio de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; por medio del cual remite las constancias relativas al emplazamiento del tercero interesado Gerardo Calderón Catalán; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor, se tiene legalmente emplazada a dicha parte procesal al presente juicio de garantías. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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