Joaquín Alvarado Cansino

Expediente 101/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
101/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/04/2021

Partes del expediente

  • Joaquín Alvarado Cansino
  • Joaquín Alvarado Cansino y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, intégrese al expediente el escrito de Hilario Arturo Rocha Morales, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la quejosa MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ CASTRO, visto su contenido, por lo que respecta a la devolución de documentos que solicita, dígase que no es posible acordar de conformidad, atento a que el instrumento notarial que pide le sea devuelto y que adjuntó a su escrito por el cual interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, fue remitido al tribunal de alzada. Por tanto, dicha petición la podrá realizar ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, dentro del Toca de Revisión 398/2018. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, uno de marzo de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destacan las Circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, signadas -electrónicamente- por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo, relativa a las "Propuestas de medidas que deben adoptarse del 1 al 17 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", mediante las cuales se decretó que del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el trece de febrero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, en la referida circular en la fracción II, numeral 16 se determinó que Puebla (Sexto Circuito), deberá de reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, V, VI y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En consecuencia, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional, cuya reanudación de plazos operará, hasta que se notifique el presente acuerdo. Por otra parte, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, soliciten la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas; por lo cual, deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, requiérase a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los diversos particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, indíquese a las autoridades que intervengan en el procedimiento y tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que deberán enviar las comunicaciones oficiales a este juzgado por ese medio, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo recibida vía buzón promovida por Joaquín Alvarado Cansino y Antonina Mendoza Vázquez, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 101/2021-IV; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 RESERVA DE DEMANDA Visto el contenido integral de la demanda de cuenta, y tomando en consideración la Circular SECNO/8/2021, de treinta de enero de dos mil veintiuno, signada -electrónicamente- por la Jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, de la que se advierte que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 1 al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19". Ahora bien y dado que en la referida circular en la fracción I se determinó que la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Jalisco (Tercer Circuito), Nuevo León (Cuarto Circuito), Puebla (Sexto Circuito), San Luis Potosí (Noveno Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guerrero (Vigesimoprimer Circuito), Querétaro (Vigesimosegundo Circuito), Nayarit (Vigesimocuarto Circuito), Hidalgo (Vigesimonoveno Circuito) y Colima (Trigesimosegundo Circuito) regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Asimismo, el artículo 14 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, dispone: "Artículo 14. La tramitación de los juicios "en línea" continuará siempre y cuando no se requiera la práctica de notificaciones personales, conforme a la legislación aplicable. La actualización de la hipótesis antes prevista o la exigencia de que las partes u otros intervinientes deban acudir físicamente al órgano jurisdiccional, suspenderá la tramitación del asunto. Para el resto de diligencias y actuaciones se utilizarán medios electrónicos, incluyendo, cuando resulte viable, el uso de videoconferencias, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General 12/2020". De lo anterior se sigue que la continuación del trámite en los juicios en línea, está condicionada a que las notificaciones puedan realizarse por medios electrónicos, ya que de requerirse la práctica de notificaciones personales, ello dará lugar a suspender el trámite del asunto, lo anterior se justifica porque las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, tienen como elementos centrales un esquema estricto de distanciamiento social y de trabajo a distancia, mismos que no podrían colmarse al practicarse una notificación personal. Por otra parte, el artículo 1, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, dispone: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo". Igualmente, el artículo 4 de ese mismo Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, señala los casos específicos de tramitación urgente. "Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: I. Los asuntos competencia del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones. II. En materia penal: a) Ejercicio de la acción penal con detenido; b) Ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa; c) Diligenciación de comunicaciones oficiales y exhortos necesarios para que se resuelva sobre la situación jurídica; d) Solicitudes de orden de cateo e intervención de comunicaciones privadas; e) La calificación de detenciones; f) Las vinculaciones a proceso; g) Implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva; h) Determinaciones sobre extradición; i) Impugnación de determinaciones de Ministerios Públicos que promueva la víctima y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia; j) Procedimiento abreviado; k) Suspensión condicional del proceso; l) En el sistema penal tradicional, diligencias para recibir declaraciones preparatorias y actuaciones en el periodo de pre-instrucción; m) En el sistema penal tradicional, resolución de incidentes innominados de traslación del tipo y desvanecimiento de datos; y n) Apelaciones contra autos de plazo constitucional que afecten la libertad de las personas, contra las determinaciones que impongan medida cautelar de prisión preventiva, y contra las resoluciones que se emitan en los incidentes y controversias previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, relacionadas con la libertad, salud e integridad física de las personas. III. En ejecución penal: a) Gestiones previas a la inminente compurgación de la pena; b) Actuaciones de trámite que puedan decidirse y acordarse por escrito y que permitan la resolución del expediente de ejecución; c) Resoluciones por escrito sobre peticiones de personas privadas de la libertad, si no existiere controversia entre las partes ni desahogo de prueba; d) Trámite para la determinación y ejecución de beneficios preliberacionales (libertad preparatoria, anticipada, condicionada y la sustitución o suspensión temporal de la pena) y los derivados de la Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de abril de 2020; e) Asuntos relativos a condiciones de internamiento que versen sobre atención médica relacionada con el tercer escalón sanitario (hospitalización); f) Asuntos relacionados con segregación y tortura; y g) Planteamientos en torno a las afectaciones derivadas del Covid-19 con motivo del internamiento. IV. En general, todas las demandas de amparo o acciones contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión. V. En amparo civil: a) Amparos contra determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general; b) Amparos contra determinaciones sobre pensiones alimenticias corrientes; y c) Amparos relacionados con actos que afecten el interés superior de menores de edad y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia. VI. Medidas cautelares en concursos mercantiles, ya sea que se trate de solicitudes o demandas nuevas, o los que ya estuvieran en trámite. VII. Declaración de inexistencia de huelga. VIII. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. IX. En general, aquéllos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan. Al respecto, es importante considerar: a) Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y b) Los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, destacando enunciativamente los relacionados con su salud. La calificativa de "urgencia" constriñe a los órganos jurisdiccionales a continuar con la tramitación y eventual decisión de un expediente mientras ésta se mantenga. Para ello, serán las y los titulares quienes califiquen la urgencia de un asunto para continuar su conocimiento bajo ese supuesto, con independencia de que eventualmente pudiera cesar el sentido de inmediatez que haya justificado la admisión de la solicitud, demanda, recurso o promoción bajo el supuesto que se desarrolla, y sin que esto impida que, de ser el caso, ese expediente pueda eventualmente encontrarse en el supuesto de resolución de los asuntos tramitados físicamente y listos para sentencia, o en el de tramitación y resolución de los juicios en línea." Ahora bien, de la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que Joaquín Alvarado Cansino y Antonina Mendoza Vázquez señalan como acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo siguiente: "IV.- Actos Reclamados. Del C. Gobernador del Estado de Puebla, reclamamos por inconstitucional: El Decreto que emitió en fecha 28 de Diciembre de 2020, mismo que prohibió la actividad comercial informal, el ambulantaje y los tianguis en todo el Estado de Puebla. Y que en fecha 8 de Enero de 2020, lo prorrogó hasta el día 25 de Enero de 2021.". Esto es, los hoy quejosos se duelen esencialmente del Decreto por el que se hace un "Llamado de Alerta de Riesgo Máximo" para las seis regiones en el semáforo epidemiológico que integran esta Entidad Federativa, de veintiocho de diciembre de veinte, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, a través del cual se exhortó a los Gobiernos Municipales a prohibir la actividad comercial informal, el ambulantaje y tianguis, del veintiocho de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; medida que por Decreto de ocho de enero del año en curso, se prorrogó hasta el veinticinco de enero de la presente anualidad. De lo anterior se sigue que la demanda de que se trata, presentada de manera física, no encuadra en alguna de las hipótesis para su tramitación urgente; bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se ordena agregar a sus autos la demanda; y se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto se levante la suspensión del procedimiento en el sumario en que se actúa. Finalmente, se habilita la publicación del presente proveído al día siguiente de su emisión para que surta efectos la notificación y consulta electrónica.

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