Joaquín Alvarado Ángeles
Expediente 858/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Joaquín Alvarado Ángeles
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, suscritos por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; con el primero de ellos, acusa recibo del original del toca penal 115/2021 de su índice, así como de un disco compacto que en su momento envió en apoyo a su informe justificado; asimismo, hace del conocimiento las gestiones que ordenó para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Mientras que, con el segundo de los comunicados de cuenta, informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con los oficios y anexo de que se trata, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo que se le concede, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio procedente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con el que remite el juicio de amparo 935/2023-III-B, de su índice; promovido por *****. Lo anterior, por considerar que se actualiza la hipótesis contenida en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós, debido a que los actos reclamados en el juicio de amparo 935/2023-III-B, de su índice, se encuentran vinculados con el diverso acto reclamado en el expediente en que se actúa. Atento a lo anterior, debe decirse que este órgano de control constitucional no comparte el criterio del homólogo en mención, lo anterior, por las razones que a continuación se exponen: En auto de trece de julio de la presente anualidad, se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por el quejoso Joaquín Alvarado Ángeles, en la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades responsables, consistentes en: Autoridad responsable - Director de Administración, Finanzas y Comercialización del Organismo Público Descentralizado, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Acto reclamado El oficio OPDM/DAFyC/0406/2023 con el que se niega la expedición de copias de manera gratuita de las constancias para ser ofrecidas como pruebas de su parte en el procedimiento de responsabilidad administrativa OPDM/CI/PARA/058/2023. Lo anterior al considerar que la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, debió interponer el medio de impugnación ordinario ante la responsable o la autoridad administrativa competente; inconforme con dicha determinación por acuerdo de veintiuno de los corrientes, se tuvo a al quejoso Joaquín Alvarado Ángeles; interponiendo recurso de queja, en contra de la citada determinación y se solicitó a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, informe a este juzgado a qué tribunal le corresponderá conocer del referido recurso, para estar en posibilidad de remitirlo. Ahora, el expediente 935/2023-III-B del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es promovido por Joaquín Alvarado Ángeles, contra actos del Director de Administración, Finanzas y Comercialización del Organismo Público Descentralizado, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a quien le reclama el oficio OPDM/DAFyC/0398/2023 con el que se niega la expedición de copias de manera gratuita de las constancias para ser ofrecidas como pruebas de su parte en el procedimiento de responsabilidad administrativa OPDM/CI/PARA/058/2023. En relatadas circunstancias, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, estima que no debe conocer del juicio de amparo promovido por Joaquín Alvarado Ángeles, debido a que el acto reclamado en el presente expediente no deriva de ningún procedimiento como ya se señaló en líneas que anteceden, sino que los oficios reclamados contienen la respuesta de peticiones formuladas por el aquí quejoso que no tienen su origen en el procedimiento de responsabilidad administrativa OPDM/CI/PARA/058/2023. Motivo por el cual, este órgano jurisdiccional, considera que se no cumplen los requisitos establecidos en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para que sea de conocimiento de este órgano jurisdiccional. Al respecto, resultan aplicables las jurisprudencias 2a./J. 184/2010, 2a./J. 129/2010 y 2a./J. 51/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "COMPETENCIA POR TURNO. CUANDO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RESPECTO DE DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE RESOLVIERON PREVIAMENTE, DEBE DETERMINARSE EN FAVOR DEL QUE RESOLVIÓ EN ÚLTIMO LUGAR. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y se instaura nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) que provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) que las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque las hayan promovido diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Por tanto, cuando se actualizan estos supuestos en relación con dos órganos jurisdiccionales que resolvieron previamente, la competencia debe determinarse en favor del que resolvió en último lugar, para aprovechar el conocimiento previo más reciente del asunto". "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL RETURNO DE LOS ASUNTOS. El Acuerdo General 48/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros supuestos, en el del inciso b) del citado artículo, acerca de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Por tanto, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin salvedad, excepción o límite a su inaplicación, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos; antes bien, se hace énfasis en que cualquier recurso que haya sido del conocimiento en cualquier vía deberá enviarse al Tribunal que conoció anteriormente, de donde se sigue que el conocimiento previo es amplio y simple, es decir, se actualiza de forma primordial cuando existe un pronunciamiento anterior en cuanto al fondo del asunto, pero cuando no lo haya puede configurarse, inclusive, si lo hubiere desechado, declarado su incompetencia, o remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acatamiento a la facultad de atracción que esta última haya ejercido. Además, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo". "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO b) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO A SU TEMPORALIDAD. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verificarán si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad, que otro ya asignado; b) se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado, en cualquier vía; y, c) las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa, o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, a excepción de los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Por tanto, conforme a dicho sistema, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin hacer salvedad respecto a su inaplicación, para efectos de vinculación, a asuntos resueltos dentro de un determinado periodo, pues el inciso b) del artículo 9 citado no contiene excepción en cuanto a la temporalidad referida. Además, la finalidad de que dicho asunto se resuelva por el mismo órgano jurisdiccional es que se aproveche el conocimiento previo de las constancias del expediente respectivo". De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 52/2010 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País que prescribe: "CONFLICTO COMPETENCIAL EN ASUNTOS RELACIONADOS EN MATERIA DE AMPARO ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DE LA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL. DEBE RESOLVERSE CON BASE EN EL CRITERIO PREVENCIÓN-ASIGNACIÓN. Los conflictos de turno por conocimiento previo denominados "de asuntos relacionados", se suscitan cuando en una misma circunscripción territorial un tribunal colegiado de circuito: 1) se niega a conocer de un asunto en el que el acto reclamado lo constituye una resolución o actuación dictada o ejecutada en el curso de un procedimiento penal, civil, laboral o contencioso-administrativo, en cualquiera de sus estados procesales; 2) aduce que guarda relación con un diverso asunto vinculado con la misma causa o procedimiento, del que con anterioridad ya correspondió su conocimiento a un tribunal diferente con jurisdicción en un mismo territorio; y 3) este último se niega a conocer del asunto. Ahora bien, para solucionar dichos conflictos debe estarse al criterio de prevención-asignación, esto es, fincando la competencia al tribunal que se turnó el asunto de mayor antigüedad, con independencia de: 1) la determinación que dicte en su admisión, desechamiento, prevención e incluso en su resolución de fondo; 2) su tipo (queja, revisión, amparo directo); y 3) el estadio procesal de la causa o procedimiento de origen". Así como, la tesis II.2o.P.13 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro y texto: "CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. TOMANDO EN CUENTA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LA TEORÍA DE LA PREVENCIÓN, PARA EFECTOS DE FINCAR LA COMPETENCIA A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ATENDERSE AL FACTOR TIEMPO Y AL CONOCIMIENTO PREVIO DE QUE SE TRATE, AUNQUE NO HAYA SIDO DE FONDO. El artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé que será competente para conocer de un conflicto competencial entre Jueces de Distrito de distinta jurisdicción, el Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno. Por otro lado, a fin de dilucidar qué debe entenderse por "el órgano que previno", debe seguirse el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostenido en la jurisprudencia 1a./J. 52/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, página 110, de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL EN ASUNTOS RELACIONADOS EN MATERIA DE AMPARO ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DE LA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL. DEBE RESOLVERSE CON BASE EN EL CRITERIO PREVENCIÓN-ASIGNACIÓN.", en la que se estableció que el criterio prevención implica verificar cuál fue el órgano jurisdiccional que se impuso del asunto en un primer momento, ya sea formal o materialmente, es decir, que tuvo un conocimiento previo, con independencia de la naturaleza jurídica y los alcances de la determinación dictada en cuanto a la admisión, desechamiento o resolución de fondo, del tipo de juicio o recurso y del estado procesal. En ese sentido, aunque ese criterio resolvió un conflicto competencial de mero turno en materia de amparo, es aplicable para resolver uno en materia penal, pues existe una semejanza relevante en ambos supuestos, ya que en los dos casos, en esencia hay un conflicto competencial y se hace necesario dilucidar qué debe entenderse por el órgano que previno, para efectos de fincar la competencia y porque ambos persiguen la misma finalidad, que consiste en resolver lo más pronto posible el conflicto, no provocar una dilación innecesaria, proporcionar solución a la mayoría de los conflictos que se presenten en el conocimiento de los órganos del Poder Judicial, satisfacer el principio de justicia pronta y expedita, y evitar disputas competenciales. Por tanto, tomando en cuenta teleológicamente la intención del principio constitucional de pronta administración de justicia, se concluye que la teoría de la prevención, para efectos de fincar la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito y poder dilucidar y resolver un conflicto competencial entre Jueces de Distrito en materia penal, debe atenderse, en principio, al factor tiempo y, por otro lado, al conocimiento previo de que se trate, aunque no haya sido necesariamente de fondo." Por tanto, hágase de su conocimiento para los efectos legales conducentes y devuélvase al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el expediente 935/2023-III-B, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese: por oficio ordinario al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; y, por lista al resto de las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Ténganse por recibido el escrito que firma de manera electrónica el quejoso ********************; con el cual interpone recurso de queja, en contra del proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesta la queja hecha valer por el promovente de amparo, en contra del referido proveído; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el informe en relación al recurso de queja interpuesto, en el sentido de que es cierto el acto recurrido por la parte quejosa, el cual se encuentra apegado a derecho. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las constancias relativas a la demanda de amparo, del proveído recurrido, de la notificación correspondiente y del escrito de expresión de agravios, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Atento a lo anterior, en cumplimiento a la circular DFFJ/0012/2020 del Titular General de Gestión Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal, solicítese mediante correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, informe a este juzgado a qué tribunal le corresponderá conocer del referido recurso, para estar en posibilidad de remitirlo, por lo que se instruye a la coordinadora de actuarios remita por correo electrónico el oficio de solicitud de turno correspondiente. Por tanto, se instruye a la oficial judicial "A" (SISE), para que habilite la consulta del expediente electrónico al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que corresponda. Hecho lo anterior, deberá informar a dicho órgano federal, para confirmar la debida autorización. Se instruye a la coordinadora de actuarios judiciales adscrito a este juzgado, para que digitalice todas las constancias necesarias para la debida integración del expediente electrónico. Notifíquese; por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito y por lista al resto de las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de julio de dos mil veintitrés. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve Joaquín Alvarado Ángeles por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Director de Administración, Finanzas y Comercialización del Organismo Público Descentralizado, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Acto reclamado. El oficio ******************** con el que se niega la expedición de copias de manera gratuita de las constancias para ser ofrecidas como pruebas de su parte en el procedimiento de responsabilidad administrativa ********************. Fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo ********************. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En ese contexto, respecto de tal acto, se advierte que, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, en atención a las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". Del citado artículo, se desprende que cuando exista un juicio o medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, se surte la causa de improcedencia invocada; señalándose como causas de excepción las siguientes: a) carezca de fundamentación; b) se hagan valer en su contra violaciones directas a derechos humanos y; c) proceda en su contra algún medio ordinario previsto en la normativa reglamentaria, sin que las leyes que rijan el acto contemplen su existencia. Desde este punto de vista, el principio de definitividad supone el agotamiento de todas las acciones o recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, de existir alguna acción ordinaria de defensa que no sea agotada traerá como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo, salvo que se configure alguna excepción, como se ha visto. Este principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos fundamentales de las personas, por lo que, previo a su promoción, deben agotarse todas aquellas instancias ordinarias de modificación, revocación o nulificación del acto reclamado legalmente establecidos. El reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto de autoridad impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo, como se dijo en los párrafos precedentes. Esta consideración encuentra sustento, en lo conducente, en la jurisprudencia 18, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2001, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo." De ahí que, la ley que rige los actos reclamados es el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, específicamente en sus artículos 187, 188 y 229, fracción II, que establecen: "Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal. Artículo 188.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad administrativa competente o ante la propia autoridad que emitió o ejecutó el acto impugnado dentro de los 15 días siguientes al en que surta efectos su notificación. También podrá enviarse el recurso por correo certificado con acuse de recibo, caso en que se tendrá como fecha de presentación del escrito la del día en que se deposite en la oficina de correos. [.] Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: [.] II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación;." Los artículos transcritos disponen que, la inconformidad o el juicio contencioso administrativo procede contra los actos administrativos de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado de carácter estatal, que afecten derechos de particulares; dicho medio de impugnación se interpondrá ante la autoridad administrativa competente o ante la propia autoridad que emitió o ejecutó el acto impugnado, por escrito. Asimismo, pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora, el promovente debió agotar el medio ordinarios de defensa que la ley pone a su alcance, como en el caso resulta ser la inconformidad o el juicio contencioso administrativo, a efecto de que la actuación que cause agravio pueda ser revisada, y en su caso, modificado o revocado; por lo que antes de acudir a esta vía constitucional, está obligada a agotar el medio de defensa ordinario que es en lo que estriba la falta de definitividad del acto reclamado. Por ende, el oficio ******************** con el que se niega al aquí quejoso la expedición copias de manera gratuita de las constancias para ser ofrecidas como pruebas de su parte en el procedimiento de responsabilidad administrativa ********************, es factible de ser modificado, revocado o nulificado a través de la interposición de inconformidad o juicio contencioso administrativo. Por tanto, es indudable que la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, debió interponer el medio de impugnación ordinario ante la responsable o la autoridad administrativa competente, tal como lo disponen los numerales precitados. Al efecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 115/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).- Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una 'ley', y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Por consiguiente, es innegable que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Lo anterior, es así, en razón de que no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, ya que el quejoso tienen pleno conocimiento del mismo; la ley que rige el acto reclamado prevé medios de defensa legales, por lo que dichos actos pueden ser confirmados, modificados o revocados; y, no son actos de imposible reparación que transgredan en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, es oportuno precisar que en el caso, no se está en algún supuesto de excepción al principio de definitividad del juicio de amparo, contemplado en el artículo 61 de la precitada ley. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo antes referida. EXHORTO PARA SEGUIR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA LÍNEA Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. MEDIOS DE CONTACTO Con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y/o cuenta de correo electrónico), para entablar comunicaciones no procesales, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Dado que el promovente solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico, así como el uso de los demás servicios que proporciona el portal en línea del Poder Judicial de la Federación, entre los que se encuentra la notificación vía electrónica, para lo cual proporciona el nombre de usuario ********************; por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique a la parte quejosa el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por dicho medio. En el entendido que le recae la obligación a la parte quejosa de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y los artículos 35, 36 y 40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se instruye a la oficial judicial "A" para que registre en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario que proporciona el promovente. AUTORIZADOS En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A", para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
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