Joaquin Alfredo Hernández Arce
Expediente 2464/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 42 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2464/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Joaquin Alfredo Hernández Arce
- Juzgado de Paz Único del Municipio de Celestún, Yucatán.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el acuse de recibo del oficio 29470 dirigido al Juzgado Único de Paz del Municipio de Celestun, Yucatán, en el que se ordenó notificar la sentencia dictada en los presentes autos. Ahora bien, toda vez que en el referido acuse de recibo del oficio de referencia, no se advierte el sello se recepción de la autoridad responsable, por tanto, a efectos de evitar mayores dilaciones en el presente juicio, con transcripción del presente acuerdo y la sentencia de mérito, se ordena reenviar dicho oficio, para los efectos que correspondan. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 2464/2021-IV, promovido por ********************contra actos que reclama de la Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán, y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán, y otra autoridad. Segundo. Admisión de la demanda. Por acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, asignándole el número de expediente 2464/2021-IV, se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada y se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Tercero. Ampliación de la demanda. Por escrito recibido por este Juzgado el día ocho de febrero de dos mil veintidós, la parte quejosa amplió su demanda de amparo respecto a una autoridad responsable, siendo ésta el Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, también por actos reclamados y conceptos de violación, la cual fue admitida en acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Cuarto. Celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, el dos de agosto de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional en los términos señalados en ésta, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior porque en el presente caso se reclama un acto de autoridad cuya ejecución material tuvo lugar dentro del territorio en el cual este Juzgado tiene competencia. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán: La falta de emplazamiento en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, promovido por ********************, en contra del aquí quejoso ********************así como todo lo actuado en el juicio de origen, incluyendo la falta de constancias de la sentencia emitida en dicho juicio. Del Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán: La escritura pública ********************, de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se protocolizó la sentencia dictada en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, promovido por ********************, en contra del aquí quejoso Joaquín Alfredo Hernández Arce. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán, al momento de rendir su informe justificado refirió que se deben presumir de ciertos los actos reclamados, ya que al revisar los archivos, legajos y demás documentos de administraciones pasadas no se encontró el expediente 17/2014 del juicio de prescripción positiva reclamado; de ahí que se deba tener por ciertos los actos reclamados a dicha autoridad. Por su parte, la autoridad responsable Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, fue omiso en rendir su informe justificado no obstante de haber sido debidamente notificado del oficio 7459/2022 de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, por medio del cual se le solicitó, por lo que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume de cierto el acto reclamado a dicha autoridad, aunado a que de las constancias que le fueron requeridas se aprecia que efectivamente expidió la escritura pública que se combate en el presente juicio de amparo, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del ordinal 2º de la Ley de Amparo, de ahí que el acto que se le reclama deba considerarse existente. Cuarto. Análisis de causal de improcedencia advertida de manera oficiosa. Respecto al acto reclamado al Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, consistente en la escritura pública ********************, de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se protocolizó la sentencia dictada en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, promovido por ********************, en contra del aquí quejoso ********************se considera que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que no constituyen actos de autoridad, ni de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de la parte quejosa, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, a efecto de que pudieran ser impugnables a través del juicio de amparo. Los citados artículos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la intelección del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad. Lo que se actualiza en el presente caso, puesto que el acto reclamado al Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, consistente en la escritura pública ********************, de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se protocolizó la sentencia dictada en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, promovido por ********************, en contra del aquí quejoso ********************no puede considerarse de un particular que se encuentra realizando actos equivalentes a los de autoridad, debido a que dicho acto no está determinado por una norma general; esto es, la parte quejosa en esencia se duele de la expedición de la escritura pública ********************, de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se protocolizó la sentencia dictada en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, lo cual fue ordenado por el Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán, por lo que no es un acto que él haya emitido de por voluntad propia, sino que está supeditado a lo ordenado por el Juez responsable, de ahí que no está ordenando, ejecutando o tratando de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Aunado a que no reúne las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, por lo que es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad de autoridad responsable. Por tanto, al no actualizarse la última parte de la fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo, esto es, no estar en presencia de actos emitidos por particulares equivalentes a los de autoridad que estén determinados por una norma general, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo de conformidad con el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, únicamente respecto al acto reclamado al Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Es de invocarse la jurisprudencia 2a./J. 127/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, visible en la página 510, del rubro y texto siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base, cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo." Quinto. Análisis de los conceptos de violación. Se procede al análisis de los conceptos de violación, que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a la transcripción de los mismos. Ahora bien, la parte quejosa en sus conceptos de violación señala que el procedimiento seguido en su contra es violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, ya que no ha sido debidamente emplazado ni llamado a juicio, por lo que lo está dejando en estado de indefensión. El anterior concepto de violación es fundado en suplencia de la queja y suficiente para conceder el amparo solicitado, por lo siguiente: En primer lugar, cabe destacar que la parte quejosa reclamó del Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán, su emplazamiento al juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, promovido por ********************, en contra del aquí quejoso Joaquín Alfredo Hernández Arce. Pues bien, la finalidad del emplazamiento es que la parte demandada tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra, del contenido de la demanda y de las consecuencias si no comparece a contestarla, todo ello en aras de garantizar su derecho a una adecuada y oportuna defensa. De ahí que la inobservancia de las formalidades y requisitos a que se encuentra sujeto el emplazamiento produzcan su nulidad. En este contexto jurídico, conforme a los artículos 25 y 26 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, que se encontraban vigentes en la época en que se llevó a cabo el juicio de origen, establecen el primero de ellos, que todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Asimismo, el segundo de los artículos, dispone que la primera notificación será hecha personalmente al interesado, en la casa designada por el promovente, leyendo íntegramente la resolución al notificarla y asentando en autos el día y hora en que se verificó; asimismo, establece que no encontrándose a la persona que se trate de notificar y cerciorado el actuario que el domicilio sea el que éste habita, le dejará citatorio para que lo aguarde al día siguiente en la hora señalada y, en caso de no hacerlo, se le hará la notificación por medio de cédula que entregará a los parientes, familiares o domésticos del interesado o cualquiera otra persona que se encuentre en el mismo; de no encontrarse ninguno de estos, o el domicilio se encontrare cerrado, se entregará la cédula a cualquier vecino, haciéndole saber su obligación de entregársela al interesado. Por consiguiente, el indicado marco legal permite afirmar que el emplazamiento a juicio es la más importante de las notificaciones, porque mediante ese acto procesal se da a conocer al demandado la reclamación que le hace jurídicamente el actor, a efecto de que esté en aptitud de contestarla y no se le deje en indefensión, razón por la cual se establecen las formalidades que deben observarse para su validez. Ahora, para determinar la legalidad del emplazamiento cuestionado, de las constancias que remitió el Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, se advierte que obra copia certificada de la sentencia emitida por el Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán dentro juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, promovido por ********************, en contra del aquí quejoso ********************y de su relatoría se puede apreciar que la notificación al aquí quejoso al juicio de origen se practicó mediante publicaciones por estrados hechas en los pasillos y puertas del palacio municipal del Puerto de Celestún, Yucatán, de fechas ocho de marzo, doce de abril y veinte de mayo, todas de dos mil catorce. Debido a lo anterior, se puede afirmar que el emplazamiento que se realizó al quejoso en el juicio de origen no cumple con las formalidades que para su validez prevé el referido artículo 26 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, debido a que la citación al quejoso al referido juicio se practicó mediante publicaciones por estrados hechas en los pasillos y puertas del palacio municipal del Puerto de Celestún, Yucatán, de fechas ocho de marzo, doce de abril y veinte de mayo, todas de dos mil catorce, lo cual no se ajusta a lo establecido por el citado dispositivo legal, ya que la notificación se debió realizar de manera personal al aquí quejoso, lo cual no aconteció en el presente caso. Por consiguiente, es incuestionable que el emplazamiento de que se trata no se realizó de acuerdo con las formalidades que establece la normatividad procesal civil aplicable, por lo que resulta ilegal, al no ajustarse al requisito que exige la ley, como lo es que se tiene que realizar de manera personal. Lo anterior, si se considera que la falta o el defectuoso emplazamiento constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que al demandado se le dé la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en indefensión. Por lo anteriormente expuesto y al ser fundado el concepto de violación formulado por la quejosa en suplencia de la queja, se impone conceder el amparo solicitado. Sexto. Efectos de la concesión del amparo. En esta tesitura, al quedar demostrado que los actos reclamados son violatorios de derechos humanos que invoca la parte quejosa, procede concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán, deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores incluyendo la sentencia emitida en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, promovido por ********************, en contra del aquí quejoso ********************y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Asimismo, la Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán, deberá ordenar al Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, deje insubsistente la escritura pública ********************, de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se protocolizó la sentencia dictada en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ******************** Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 78, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee respecto al acto reclamado al Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, consistente en la expedición de la escritura pública ********************, de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se protocolizó la sentencia dictada en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ******************** Segundo. La justicia de la unión ampara y protege a ********************en contra del acto reclamado al Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán, consistente en el emplazamiento que se le realizó en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, promovido por ********************, en contra del aquí quejoso ********************y para los efectos del sexto considerando. Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy (siete de septiembre de dos mil veintitrés) en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
CITATORIO-TERCERO INTERESADO. Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 2464/2021-IV, promovido por ********************contra actos que reclama de la Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán, y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán, y otra autoridad. Segundo. Admisión de la demanda. Por acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, asignándole el número de expediente 2464/2021-IV, se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada y se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Tercero. Ampliación de la demanda. Por escrito recibido por este Juzgado el día ocho de febrero de dos mil veintidós, la parte quejosa amplió su demanda de amparo respecto a una autoridad responsable, siendo ésta el Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, también por actos reclamados y conceptos de violación, la cual fue admitida en acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Cuarto. Celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, el dos de agosto de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional en los términos señalados en ésta, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior porque en el presente caso se reclama un acto de autoridad cuya ejecución material tuvo lugar dentro del territorio en el cual este Juzgado tiene competencia. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán: La falta de emplazamiento en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, promovido por ********************, en contra del aquí quejoso ********************así como todo lo actuado en el juicio de origen, incluyendo la falta de constancias de la sentencia emitida en dicho juicio. Del Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán: La escritura pública ********************, de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se protocolizó la sentencia dictada en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, promovido por ********************, en contra del aquí quejoso Joaquín Alfredo Hernández Arce. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán, al momento de rendir su informe justificado refirió que se deben presumir de ciertos los actos reclamados, ya que al revisar los archivos, legajos y demás documentos de administraciones pasadas no se encontró el expediente 17/2014 del juicio de prescripción positiva reclamado; de ahí que se deba tener por ciertos los actos reclamados a dicha autoridad. Por su parte, la autoridad responsable Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, fue omiso en rendir su informe justificado no obstante de haber sido debidamente notificado del oficio 7459/2022 de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, por medio del cual se le solicitó, por lo que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume de cierto el acto reclamado a dicha autoridad, aunado a que de las constancias que le fueron requeridas se aprecia que efectivamente expidió la escritura pública que se combate en el presente juicio de amparo, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del ordinal 2º de la Ley de Amparo, de ahí que el acto que se le reclama deba considerarse existente. Cuarto. Análisis de causal de improcedencia advertida de manera oficiosa. Respecto al acto reclamado al Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, consistente en la escritura pública ********************, de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se protocolizó la sentencia dictada en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, promovido por ********************, en contra del aquí quejoso ********************se considera que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que no constituyen actos de autoridad, ni de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de la parte quejosa, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, a efecto de que pudieran ser impugnables a través del juicio de amparo. Los citados artículos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la intelección del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad. Lo que se actualiza en el presente caso, puesto que el acto reclamado al Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, consistente en la escritura pública ********************, de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se protocolizó la sentencia dictada en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, promovido por ********************, en contra del aquí quejoso ********************no puede considerarse de un particular que se encuentra realizando actos equivalentes a los de autoridad, debido a que dicho acto no está determinado por una norma general; esto es, la parte quejosa en esencia se duele de la expedición de la escritura pública ********************, de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se protocolizó la sentencia dictada en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, lo cual fue ordenado por el Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán, por lo que no es un acto que él haya emitido de por voluntad propia, sino que está supeditado a lo ordenado por el Juez responsable, de ahí que no está ordenando, ejecutando o tratando de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Aunado a que no reúne las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, por lo que es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad de autoridad responsable. Por tanto, al no actualizarse la última parte de la fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo, esto es, no estar en presencia de actos emitidos por particulares equivalentes a los de autoridad que estén determinados por una norma general, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo de conformidad con el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, únicamente respecto al acto reclamado al Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Es de invocarse la jurisprudencia 2a./J. 127/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, visible en la página 510, del rubro y texto siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base, cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo." Quinto. Análisis de los conceptos de violación. Se procede al análisis de los conceptos de violación, que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a la transcripción de los mismos. Ahora bien, la parte quejosa en sus conceptos de violación señala que el procedimiento seguido en su contra es violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, ya que no ha sido debidamente emplazado ni llamado a juicio, por lo que lo está dejando en estado de indefensión. El anterior concepto de violación es fundado en suplencia de la queja y suficiente para conceder el amparo solicitado, por lo siguiente: En primer lugar, cabe destacar que la parte quejosa reclamó del Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán, su emplazamiento al juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, promovido por ********************, en contra del aquí quejoso Joaquín Alfredo Hernández Arce. Pues bien, la finalidad del emplazamiento es que la parte demandada tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra, del contenido de la demanda y de las consecuencias si no comparece a contestarla, todo ello en aras de garantizar su derecho a una adecuada y oportuna defensa. De ahí que la inobservancia de las formalidades y requisitos a que se encuentra sujeto el emplazamiento produzcan su nulidad. En este contexto jurídico, conforme a los artículos 25 y 26 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, que se encontraban vigentes en la época en que se llevó a cabo el juicio de origen, establecen el primero de ellos, que todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Asimismo, el segundo de los artículos, dispone que la primera notificación será hecha personalmente al interesado, en la casa designada por el promovente, leyendo íntegramente la resolución al notificarla y asentando en autos el día y hora en que se verificó; asimismo, establece que no encontrándose a la persona que se trate de notificar y cerciorado el actuario que el domicilio sea el que éste habita, le dejará citatorio para que lo aguarde al día siguiente en la hora señalada y, en caso de no hacerlo, se le hará la notificación por medio de cédula que entregará a los parientes, familiares o domésticos del interesado o cualquiera otra persona que se encuentre en el mismo; de no encontrarse ninguno de estos, o el domicilio se encontrare cerrado, se entregará la cédula a cualquier vecino, haciéndole saber su obligación de entregársela al interesado. Por consiguiente, el indicado marco legal permite afirmar que el emplazamiento a juicio es la más importante de las notificaciones, porque mediante ese acto procesal se da a conocer al demandado la reclamación que le hace jurídicamente el actor, a efecto de que esté en aptitud de contestarla y no se le deje en indefensión, razón por la cual se establecen las formalidades que deben observarse para su validez. Ahora, para determinar la legalidad del emplazamiento cuestionado, de las constancias que remitió el Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, se advierte que obra copia certificada de la sentencia emitida por el Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán dentro juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, promovido por ********************, en contra del aquí quejoso ********************y de su relatoría se puede apreciar que la notificación al aquí quejoso al juicio de origen se practicó mediante publicaciones por estrados hechas en los pasillos y puertas del palacio municipal del Puerto de Celestún, Yucatán, de fechas ocho de marzo, doce de abril y veinte de mayo, todas de dos mil catorce. Debido a lo anterior, se puede afirmar que el emplazamiento que se realizó al quejoso en el juicio de origen no cumple con las formalidades que para su validez prevé el referido artículo 26 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, debido a que la citación al quejoso al referido juicio se practicó mediante publicaciones por estrados hechas en los pasillos y puertas del palacio municipal del Puerto de Celestún, Yucatán, de fechas ocho de marzo, doce de abril y veinte de mayo, todas de dos mil catorce, lo cual no se ajusta a lo establecido por el citado dispositivo legal, ya que la notificación se debió realizar de manera personal al aquí quejoso, lo cual no aconteció en el presente caso. Por consiguiente, es incuestionable que el emplazamiento de que se trata no se realizó de acuerdo con las formalidades que establece la normatividad procesal civil aplicable, por lo que resulta ilegal, al no ajustarse al requisito que exige la ley, como lo es que se tiene que realizar de manera personal. Lo anterior, si se considera que la falta o el defectuoso emplazamiento constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que al demandado se le dé la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en indefensión. Por lo anteriormente expuesto y al ser fundado el concepto de violación formulado por la quejosa en suplencia de la queja, se impone conceder el amparo solicitado. Sexto. Efectos de la concesión del amparo. En esta tesitura, al quedar demostrado que los actos reclamados son violatorios de derechos humanos que invoca la parte quejosa, procede concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán, deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores incluyendo la sentencia emitida en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, promovido por ********************, en contra del aquí quejoso ********************y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Asimismo, la Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán, deberá ordenar al Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, deje insubsistente la escritura pública ********************, de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se protocolizó la sentencia dictada en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ******************** Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 78, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee respecto al acto reclamado al Notario Público Número Dieciséis con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, consistente en la expedición de la escritura pública ********************, de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se protocolizó la sentencia dictada en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ******************** Segundo. La justicia de la unión ampara y protege a ********************en contra del acto reclamado al Juez Único de Paz del municipio de Celestún, Yucatán, consistente en el emplazamiento que se le realizó en el juicio ordinario civil de prescripción positiva 17/2014, respecto al inmueble tablaje catastral ********************, promovido por ********************, en contra del aquí quejoso ********************y para los efectos del sexto considerando. Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy (siete de septiembre de dos mil veintitrés) en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones con relación a este asunto y ofrece pruebas. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional relativa. Asimismo, en términos del artículo 124 de la Ley de la materia se tienen por hechas las manifestaciones que realiza la parte quejosa, las cuales podrán ser tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario que autoriza y da fe.
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