Joaquín Alberto Martínez Rodríguez
Expediente 789/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 20 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 05/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Joaquín Alberto Martínez Rodríguez
- JOAQUÍN ALBERTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ y Otros.
- Susana Guadalupe Uc Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Chetumal, Quintana Roo, cinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Apoderado Legal de la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud en el Estado de Quintana Roo, residente en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, remite copia certificada de lo siguiente: ? Certificado de Vacunación de la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el virus SARS-CoV-2 de la menor quejosa de iniciales M.S.M.U. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la antes citada, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, se tiene que los actos reclamados son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. a) La omisión de contemplar en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México, a los niños de 12 a 18 años, dejando de ordenar se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer a la quejosa, con sus dos dosis, atentando contra el interés superior de la niñez, al no tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquiera otra, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e Internacional no admiten excepciones discriminatorias. b) La omisión de llamar, informar y/o notificar a la menor, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizadas, ante el grave aumento en el Estado de contagios de niños entre 12 y 17 años, con la variante Delta del Covid-19. c) La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. d) La discriminación sin sustento al derecho a la vida, la salud y a un desarrollo integral de una persona con discapacidad, al no ser contemplada para la vacunación al tener una condición especial que aumenta las probabilidades de comprometer su salud en caso de ser contagiada por COVID-19, en cualquiera de sus variantes, pero más aún con la variante DELTA. e) Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que la quejosa no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etano determinado y/o dentro de un esquema de vacunación. f) La omisión de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales, dejando de ordenar que respecto a los niños de 12 a 18 años, donde se encuentra la quejosa, se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer, impidiendo que nuestra menor hija pueda acudir a clases especiales presenciales, las cuales le son necesarias en atención a su retraso mental como consecuencia del Síndrome de Down que tiene, ya que su falta de vacunación podría comprometer la salud de nuestra hija, por lo que hemos decidido que no regrese a clases hasta que este vacunada, consecuentemente violándose así su derecho a la educación consagrado en la Constitución Política de México, ya que como se ha mencionado no puede recibir educación especial a distancia." Así, de la transcripción que antecede se desprende que la parte quejosa, en esencia, se duele de la omisión de aplicar la vacuna BionTech Pfizer contra el virus SARS-CoV-2 a la menor quejosa de iniciales M.S.M.U. y la omisión de informar el lugar, horario y fecha donde se le aplicarán las vacunas. Ahora, respecto a los actos reclamados antes citados, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, en este caso, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió por el acto reclamado consistente en a) la omisión de aplicar la vacuna BionTech Pfizer contra el virus SARS-CoV-2 a la menor quejosa de iniciales M.S.M.U. y b) la omisión de informar el lugar, horario y fecha donde se le aplicarán las vacunas. Ahora, del análisis de la constancia enviada por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se advierte que el cuatro y veinticinco de noviembre de este año, respectivamente, se le aplicó la primera y segunda dosis de la vacuna BionTech Pfizer contra el virus SARS-COV2 a la menor quejosa. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque queda demostrado que le fue aplicada la primera y segunda dosis de la vacuna a la aquí quejosa, con lo cual se acredita que completó el cuadro de la vacunación en contra del virus SARS-COV2, lo que se corrobora con la constancia remitida por la autoridad responsable, en el que advierte que se aplicó la primera y segunda dosis de la vacuna BionTech Pfizer contra el virus SARS-COV2 a la menor quejosa. Por tanto, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos de los actos impugnados en esta instancia constitucional. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria en consulta, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Luego, en ese sentido, se debe decir que el presente sobreseimiento se decreta fuera de la audiencia constitucional, ya que de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados; por lo que se debe decir que, ni aun celebrándose dicha audiencia podría cambiar el sentido de la cesación de mérito, además de que el resultado del fallo sería en el mismo sentido; máxime que dicha circunstancia es congruente con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea óbice a lo anterior, que en el presente juicio de amparo existan diversas autoridades responsables; sin embargo, en el presente caso cesaron los actos que se reclamaban de ellas, pues se acreditó que se completó el esquema de vacunación de la vacuna BionTech Pfizer contra el virus SARS-CoV-2 a la menor quejosa. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las once horas con cincuenta minutos del dieciocho de enero de dos mil veintidós. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Agréguese a los presentes autos el telegrama de cuenta, por medio del cual rinde informe relativo a la suspensión de plano, la autoridad que se señala a continuación: N° Autoridad REGISTRO 1 Jefe de Departamento, adscrito a la Oficina del Abogado General de la Secretaria de Salud en representación del Secretario de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, y Titular de la Dirección General de Epidemiologia. (Autoridad Responsable). Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe a la suspensión de plano por parte de la autoridad responsable. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el diverso telegrama de cuenta, por medio del cual rinde informe justificado la autoridad siguiente: N° Autoridad Registro 1 Jefe del Departamento adscrito a la oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, por si y en representación de la Dirección General de Epidemiologia. (Autoridad Responsable). En consecuencia con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo al celebrar la audiencia respectiva. En términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen por designados con el carácter de delegados a los profesionistas que mencionan las autoridades oficiantes en sus oficios de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en los mismos. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diecisiete de noviembre de la presente anualidad, el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo y la Dirección de los Servicios Estatales de Salud, informaron a este órgano jurisdiccional que el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se le aplicó la primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-COV2, a la menor quejosa, sin que al a presente data haya informado si ya se le aplicó la segunda dosis respectiva. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, para que en el término de tres días informe si ya se le aplicó la segunda vacuna contra el virus contra el virus SARS-COV2 a la menor quejosa, para lo cual deberá remitir copia certificada de dichos comprobantes así como el certificado de vacunación correspondiente. Se apercibe a la autoridad antes mencionada que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello en el término concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la ley de la materia, se le impondrá una multa por la cantidad de***, equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización , de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. A fin de dar margen a lo anterior, se fijan las once horas con cincuenta minutos del dieciocho de enero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional del juicio. Sin que resulte necesario notificar a las autoridades responsables, a través de oficio el señalamiento de la nueva fecha y hora para su desahogo, porque tal determinación no tiene la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, no obstante, podrán consultar la página de internet con el objeto de hacer de su conocimiento la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Máxime que es un hecho público que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), sigue latente; por lo que la anterior determinación se emite en salvaguarda de la salud e integridad física de la actuaría, y demás personal de este órgano, así como de los propios justiciables. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por *** autorizado de los promoventes ******************, en representación de su menor hija de iniciales ****, mediante el cual como lo solicita se autorice a *****, para imponerse en autos del presente juicio, oír y recibir notificaciones y toda clase de documentos aun en los de carácter personal. Al respecto, es preciso tener en cuenta el artículo 12 de la Ley de Amparo, en esencia, dispone que el autorizado cuenta con la facultad de interponer recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que sea necesario para la defensa de los derechos del quejoso, pero no puede substituir dichas facultades a un tercero. Por ende, si se encuentra impedido para realizar dichas acciones, corresponde únicamente a la parte quejosa conforme lo dispuesto en dicho numeral. Por lo anteriormente expuesto, dígasele que no ha lugar acordar favorable su petición. Notifíquese.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes
- Jimmy Jhonattan Fernández Ayala9/2014
- Jimmy Jonattan Fernández Ayala56/2013
- Joana Román Patiño60/2022
- Joana Román Patiño937/2023
- Joana Román Patiño1038/2023
- Joanathan Arreola Luquín96/2021
- Joaquin Ávila Palma948/2023
- Joaquín Avila Palma142/2023
- Joaquin Baltazar Ramirez713/2015
- Joaquín Can Godoy556/2013
- JOAQUIN ERNESTO VARGAS YAM y Otros.621/2013
- Joaquin Federico Martin Santiago264/2015