Joaquín Aguilar del Ángel

Expediente 748/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
748/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
04/05/2017

Partes del expediente

  • Joaquín Aguilar del Ángel

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Por recibido el oficio de cuenta, por el cual el Juzgado antes citado acusa recibo del expediente relativo al juicio de amparo 748/2017-IX, e informa que se avocó al conocimiento del asunto. En consecuencia, archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Por otra parte, se hace notar que este cuadernillo deberá conservarse en el archivo de este juzgado por el término de seis meses, a partir de esta fecha en que se archiva. El suscrito considera que el presente expediente no es de relevancia documental y es susceptible de ser destruido. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida contra actos del Director General de Petróleos Mexicanos y de otras autoridades. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que se indica, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, en términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama lo siguiente: La abstención u omisión de conceder una entrevista personal, audiencia inmediata y urgente, sobre conocimiento y respeto de los derechos humanos, prestaciones laborales y pensiones de los trabajadores y ciudadanos de la República Mexicana, solicitada mediante el ocurso correspondiente. Al respecto el suscrito considera que no es a este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a quien corresponde el conocimiento de la demanda en estudio, pues carece de competencia legal por razón de la materia, para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Lo anterior es así, porque la cuestión de competencia, es un presupuesto procesal, que debe analizarse de oficio por la autoridad del conocimiento, en los términos que indica la Ley, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidarían una violación procesal; situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juzgador, en términos de lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los preceptos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. En este sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, por lo que normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber: Competencia por territorio; Competencia por materia; Competencia por grado; Competencia auxiliar; y, Competencia concurrente. Ahora bien, conviene tener en cuenta que existen diversos lineamientos que permiten delimitar el ámbito competencial de los órganos jurisdiccionales: 1. Territorio. Éste es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente la función jurisdiccional. A ese ámbito espacial se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. 2. Materia. Es el criterio que se instaura con motivo de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen el tema litigioso del proceso; se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo. 3. Grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un juzgador. Las leyes procesales establecen la posibilidad de que la primera decisión sobre el litigio sea sometida a una revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin que determine si dicha decisión fue dictada con apego a derecho y saber si debe convalidarse. De igual forma, debido a la creciente necesidad de especialización por parte del Juzgador, la tarea judicial se reparte con base en este criterio; por lo que encontramos órganos juzgadores que conocen de materia civil, administrativa, laboral o penal, aunque el espectro de competencia se ha ampliado. Cabe destacar el contenido del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativo a la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, el cual establece: "Artículo 52. Los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que se encuentre dentro de la órbita de su jurisdicción, que la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. En el caso, la parte quejosa reclama la abstención u omisión de conceder una entrevista personal, audiencia inmediata y urgente, sobre conocimiento y respeto de los derechos humanos, prestaciones laborales y pensiones de los trabajadores y ciudadanos de la República Mexicana, solicitada mediante el ocurso correspondiente. Atento lo anterior, es menester precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para determinar la competencia por materia de un juicio de amparo, no sólo debe tomarse en cuenta la naturaleza del acto reclamado, sino también la de la autoridad responsable, dejando a un lado los motivos de inconformidad expresados, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, sino que únicamente evidencian cuestiones subjetivas. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado deriva de una petición formulada a autoridades administrativas, como lo son el Director General de Petróleos Mexicanos, el Presidente de la República, Presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, misma que se encuentra regulada en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual si bien hace referencia a derechos laborales, lo cierto es que dicha circunstancia es intrascendente, porque lo pretendido es obtener una respuesta a la petición formulada, no así a tutelar en concreto un derecho protegido por el artículo 123 de la Carta Magna; por tanto, se considera que el acto reclamado es de naturaleza administrativa y no laboral. De lo anterior se concluye que son competentes para conocer los juzgados federales especializados en materia administrativa, de las violaciones al derecho de petición, sin perjuicio de que la respuesta que en su momento se dé en cumplimiento a ese derecho fundamental sea atendida en el fondo del asunto, tomando en consideración la vía de impugnación y la materia que corresponda en cuanto a la información solicitada; de ahí que este órgano de control constitucional no sea competente para conocer la demanda de que se trata, porque se reclama la abstención u omisión de conceder una entrevista personal, audiencia inmediata y urgente, sobre conocimiento y respeto de los derechos humanos, prestaciones laborales y pensiones de los trabajadores y ciudadanos de la República Mexicana, solicitada mediante el ocurso correspondiente a las autoridades designadas como responsables. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida contra de actos del Director General de Petróleos Mexicanos y otras autoridades; por tanto, envíese el expediente al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, solicitándole atentamente tenga a bien acusar el recibo de estilo y comunique la resolución que emita al respecto. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, resulta innecesario notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, novena época, tomo III, correspondiente a marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en su demanda. Ahora, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, a las personas que indica, al tratarse de la parte trabajadora quien promueve el presente juicio. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese.

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