Joao Antonio Cortes Gomez
Expediente 1239/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1239/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Joao Antonio Cortes Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el presente juicio de amparo, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintidós de junio de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la sentencia de veintidós de junio del dos mil veintidós, que en lo conducente establece: Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por **********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones indicadas en la consideración cuarta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintidós de junio de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1239/2021-V-B, promovido por Joao Antonio Cortés Gómez; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el veintinueve del mismo mes y año en este Juzgado, Joao Antonio Cortés Gómez solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, se desechó parcialmente la demanda por cuanto al acto consistente en la omisión de dar cumplimiento al laudo del juicio de origen, atribuido al Ayuntamiento Municipal de Cuernavaca, Morelos, y se admitió a trámite contra el acto reclamado al Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Consecuentemente se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercera interesada. Inconforme con dicha determinación el quejoso interpuso recurso de queja, motivo por el cual se suspendió el procedimiento; posteriormente el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por sesión de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de queja 182/2021, declaró infundado dicho recurso, por lo que se reanudó el procedimiento. En tal virtud, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y seguida la secuela procesal, así como emplazada la parte tercera interesada, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la cual se atribuye el acto reclamado, el cual carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos de ordenar la ejecución y cumplimiento al laudo de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 01/450/2016, como solicitó la aquí quejosa por escritos presentados el veintiuno de mayo y dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no obstante la negativa vertida en su informe justificado. Lo anterior, al apreciarse de las constancias del juicio de origen, que desde los días veintiuno de mayo y dieciséis de julio de dos mil veintiuno, la parte actora solicitó a la responsable dictara las medidas para cumplir el laudo emitido por el Tribunal en Pleno; sin que a la fecha de presentación de la demanda, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, hubiera emitido determinación en respuesta a tales peticiones, por lo cual la responsable ha omitido ordenar la ejecución y cumplimiento al laudo de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 01/450/2016, como le fue solicitado. Es aplicable al respecto la jurisprudencia de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Por esta razón, se considera que no son aplicables las tesis invocadas por la responsable, con las que pretende sostener la inexistencia del acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión oficiosa, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." Es así, porque los efectos de la omisión combatida han cesado, como se advierte de las documentales del juicio laboral de origen, aportadas por la autoridad responsable. Al respecto, el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, manifestó que ha llevado a cabo las diligencias de requerimiento de pago, así como aplicado medidas de apremio para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/450/2016. En ese sentido, de las fotocopias certificadas del juicio de origen, anexadas por la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte lo siguiente: 1. El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se dictó el laudo en el expediente laboral 01/450/2016, donde el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, resolvió condenar al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos al pago y cumplimiento de diversas prestaciones. 2. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Tribunal de mérito dictó acuerdo por el que tuvo por recibido el juicio de origen y la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 856/2018, de ocho de febrero de dos mil diecinueve, por la cual resolvió negar el amparo y protección de la justicia federal al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 3. Mediante proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve, en atención a la petición del aquí quejoso, la responsable emitió auto de ejecución de pago contra de la parte demandada, negando la solicitud de la actora del juicio de apercibirle con la aplicación de la medida prevista en la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, al indicar que debía preceder un apercibimiento en ese sentido. La diligencia de requerimiento de pago ocurrió el cinco de septiembre de dos mil diecinueve. 4. Por determinación de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, la Presidenta Ejecutora responsable emitió liquidación de laudo y orden de requerir de pago a la demandada, con apercibimiento que de no hacerlo se daría cuenta al Pleno del Tribunal para la aplicación de una multa equivalente a quince días de salario mínimo vigente en el Estado. La diligencia de requerimiento de pago ordenada tuvo lugar el seis de octubre de dos mil veinte. 6. Por resolución de veintidós de octubre de dos mil veinte, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos impuso al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, una multa de quince unidades de medida de actualización. 7. Por proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, el Presidente ejecutor estableció que en la sentencia emitida en la controversia constitucional 121/2017 promovida por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado la inconstitucionalidad del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos. Por consiguiente, agregó que en acatamiento a dicha resolución, en el expediente de origen se abstendría de aplicar la norma declarada inconstitucional. Adicionalmente, en el acuerdo de mérito de nueva cuenta se liquidó el laudo y se ordenó requerir de pago al Ayuntamiento demandado, con apercibimiento al Presidente Municipal que de no hacerlo se aplicaría multa por el equivalente a quince salarios mínimos. La diligencia de requerimiento de pago ordenada se realizó el trece de mayo de dos mil veintiuno. 8. A través de escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, registrado con el folio 4543, la actora del juicio natural, por conducto de su apoderado legal, solicitó a la responsable, tomara las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo, petición que reiteró a través de escrito presentado el dieciséis de julio del mismo año, registrado con el folio 7409. 9. En respuesta a dichos ocursos, la responsable emitió el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, por el cual -entre otras cosas- liquidó las prestaciones del laudo y ordenó requerir de pago a la demandada, con el apercibimiento que en caso de no realizarlo se daría cuenta al Pleno para la aplicación de una multa equivalente a quince unidades de medida de actualización; acuerdo notificado a la parte demandada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo a las constancias explicadas, la Presidenta Ejecutora responsable, a partir de la emisión del laudo, realizó distintos actos solicitados por la actora, tendentes a lograr la ejecución del laudo, a saber: liquidación respectiva, distintos requerimientos de pago, imposición de dos multas y apercibimiento de aplicarse una tercera. En particular, si bien respecto a las solicitudes contenidas en los escritos presentados el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, folio 4543, y el diverso, exhibido el dieciséis de julio del mismo año folio 7409, la responsable no había emitido respuesta al momento de la presentación de la demanda, lo cierto es que mediante el indicado acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, realizó pronunciamiento sobre las peticiones de la actora, liquidando el laudo y ordenando el requerimiento de pago a la demandada, con apercibimiento de una nueva multa en caso de no hacerlo. Consecuentemente, con el actuar explicado, la responsable hizo cesar los efectos de la omisión combatida, destruyéndose todos sus efectos en forma total e incondicional, al volver las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación combatida. Lo anterior, al reclamarse un acto omisivo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera y por consecuencia, una eventual concesión de amparo tendría por efecto que la autoridad restituyera en sus derechos violados a la peticionaria y, para ello, se impondrá a la responsable la única obligación de proveer sobre los escritos folios 4543 y 7409, dentro del juicio laboral 01/450/16. No obstante, dicha respuesta ya ha sido emitida y notificada a la parte actora y demandada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Por lo cual debe estimarse resarcida la transgresión al derecho de acceso a la justicia en su vertiente relativa a la potestad de ejecución al fallo, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haberse satisfecho en todos sus extremos la omisión combatida, al ser evidente que la autoridad responsable ha realizado actos en torno a la ejecución del laudo, independientemente de que a la fecha aún no se haya podido cumplimentar, restituyéndose así el derecho constitucional inicialmente violado y por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No se soslaya que a la fecha no se advierte el cumplimiento del laudo del juicio de origen; tampoco, el contenido del artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual de conformidad con su artículo 11 regula la ejecución de los laudos, al disponer lo siguiente: "Artículo 151. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior." -Lo resaltado es propio.- Dicha norma prevé que la parte que obtuvo una resolución favorable debe ser quien impulse las etapas correspondientes al procedimiento de ejecución del laudo y el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de dicha parte, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera el cumplimiento del laudo; de lo cual se colige que el impulso de la ejecución no corresponde al Tribunal responsable, sino a la parte actora, pues como se advierte es necesaria su intervención en la ejecución del laudo. Al caso tiene aplicación por analogía el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 16/2011 (10a.), rubro y texto, se inserta enseguida: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Es aplicable también la tesis XVIII.1o.2 L (10a.) del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ES INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y LA POSTERIOR INTERVENCIÓN DE QUIEN OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se inicia a petición expresa del actor, para enseguida dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a fin de requerirle el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en la ley, específicamente las descritas en el artículo 124 de la citada ley del servicio civil, es decir, para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de un laudo es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 106, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal. De ahí que el impulso para la ejecución de un laudo burocrático no corresponde al presidente ejecutor, pues es necesaria la intervención del actor." En razón de lo antes expuesto, no podría constreñirse al Tribunal responsable para que, de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los términos legales, a la ejecución de un laudo, de conformidad con lo previsto por el referido artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues como ya se dijo, ese impulso precisamente corresponde al ejecutante y no al Tribunal responsable, dada la necesaria intervención del actor. Máxime que en el caso la responsable proveyó sobre cada una de las peticiones de la parte quejosa relativas a la ejecución del laudo, en particular las peticiones contenidas en los escritos folios 4543 y 7409, con lo cual se torna improcedente el juicio, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debiendo sobreseerse con fundamento en el diverso 63 fracción IV del mismo ordenamiento legal. Por último, si bien la autoridad responsable hizo valer diversa causal de improcedencia, al quedar demostrado que el juicio es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en las disposiciones invocadas, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Es aplicable la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 54/98 del rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.". QUINTO. Habilitan días y horas inhábiles. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito lleve a cabo las notificaciones de esta sentencia; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Joao Antonio Cortés Gómez, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones indicadas en la consideración cuarta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintidós de junio de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de febrero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio y anexo remitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, remite copia certificada del laudo así como de las actuaciones subsecuentes dentro del juicio de origen 01/450/16. En tal virtud, toda vez que las constancias allegadas son complemento al informe justificado rendido por la citada responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las mismas para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
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