Joanny ConcepciòN SàNchez Polanco

Expediente 798/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
798/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Joanny ConcepciòN SàNchez Polanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que de la lectura integral de la demanda de amparo y de las restantes constancias que integran el controvertido en que se actúa, se desprende que la parte quejosa ***, quien se ostenta representante de la menor de edad de identidad reservada ***, reclama de las autoridades responsables en esencia, la omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer a los niñas y niños de cinco a once años en adelante, contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Cesación de efectos del acto reclamado Este Juzgado Federal considera que respecto de dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no estar surtiendo efectos. En ese sentido, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe implicar la desaparición total de los efectos del acto, por lo que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tiene aplicación la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Sostener lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia; circunstancia que es contradictoria al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Expuesto lo anterior, debe decirse que para resolver sobre la actualización de la causa de improcedencia que se estima, es oportuno tener como hecho notorio que en la página oficial de la plataforma Twitter, el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, publicó que a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abriría el pre-registro para niñas y niños de cinco a once años de edad, a fin de que reciban la vacuna contra el Covid 19. En dicho comunicado explicó que se tendría que acceder a la página de internet: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, como se evidencia en la imagen que se inserta: Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 88 y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles -aplicado supletoriamente-. Tiene aplicación la jurisprudencia 24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En ese tenor, si se toma en consideración que el directo quejoso de iniciales L.A.I.S., a la presente fecha, cuenta con una edad de once años, de acuerdo al acta de nacimiento que anexó a su demanda de amparo; es evidente que, ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. Ante esas eventualidades, es palmario que las omisiones reclamadas, relativas a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los niños y niñas de cinco a once años, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como la omisión de aplicar dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus, han cesado en sus efectos, puesto que el directo quejoso a partir del veintiséis de junio de dos mil veintidós, está en posibilidad de poder vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de su residencia, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Por tal motivo, las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los niños y niñas de cinco a once años de edad, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia del directo quejoso. Cobra vigencia al caso, por la razón jurídica que contiene, la jurisprudencia 198, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a septiembre de 2011, Tomo II, Volumen 1, Materia Procesal Constitucional, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo que implica que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo se restituyó a la garante en el derecho que aducía vulnerado. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, que expresa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ante esas eventualidades, es palmario que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, en términos del ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Tiene aplicación la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y sinopsis siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la promovente manifestó que aún no ha recibido las vacunas el menor de edad, toda vez que ya se encuentra en aptitud de inscribirse para tal efecto y ya es considerado en el plan nacional de vacunación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Incidental

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto la cuenta que antecede, SE ACUERDA: toda vez que en acuerdo del día de hoy, en autos del expediente principal se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, del cual derivan este incidente de suspensión, por tanto se declara que quedan sin efecto las providencias precautorias dictadas en este incidente de suspensión, para todos los efectos legales procedentes. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil veintidós. Visto la cuenta que antecede, SE ACUERDA: para conocimiento de las partes, agréguese a éstos autos el informe justificado suscrito por la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, con sede en la ciudad de México, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, hágase relación del mismo, al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su informe de cuenta y téngase como delegados de la autoridad antes citada en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a los nombrados en dicho informe. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, SE ACUERDA: agréguese a los presentes autos el escrito suscrito por **** en representación de la menor de edad de identidad reservada ***., mediante el cual amplía su demanda de amparo respecto de una nueva autoridad. Admisión de ampliación de demanda Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XII de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107 fracción II, 108 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA AMPLIACION DEMANDA DE AMPARO de que se trata, por lo que respecta al acto reclamado al Secretario de Salud, con sede en la ciudad de México, córrase traslado con copia simple de la ampliación a la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, para que lo rinda en el plazo de quince días siguientes contados a partir de la notificación de este acuerdo, en el que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio o la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y al que deberán acompañar, en su caso, copia certificada de la totalidad de las constancias para apoyar dicho informe. Además, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañen las constancias que acrediten su actualización. En tal virtud, apercíbasele que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, hágase de su conocimiento, que con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijó para la celebración de la audiencia constitucional, las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Ahora bien, indíquese a las partes, incluso a la autoridad responsable, que de señalarse una nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia, salvo que ésta se modifique en un día diverso a la originalmente prevista, no ameritará una notificación de naturaleza personal o su equivalente por oficio. NOTIFÍQUESE.

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