Joanna Guadalupe Lomeli Ceceña

Expediente 1218/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1218/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Joanna Guadalupe Lomeli Ceceña
  • Agente del Ministerio Público de la Federación

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    En trece de julio de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, transcurrió sin que la parte quejosa hubiese presentado promoción relativa a la interposición de algún recurso en este juicio constitucional; asimismo, que las constancias que obran en el expediente físico, coinciden íntegramente con las digitalizadas en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE y en el presente juicio de amparo no se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado. Doy fe. En la misma data se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos del presente expediente. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por el que desechó la demanda de amparo promovida por Joanna Guadalupe Lomelí Ceceña, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. 04/08/23 10:01:55 En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso b), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se desechó de plano la demanda de amparo. Luego, toda vez que este órgano jurisdiccional cuenta con documentos exhibidos por la parte promovente, se ordena su devolución a la parte actora, previa toma de razón y recibo que deje en autos, para los efectos legales pertinentes; en el entendido de que cuenta con un plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para acudir a este Órgano Jurisdiccional a recoger el citado documento; con el apercibimiento que de no hacerlo, será agregado al presentes autos y será destruido junto con el expediente una vez que transcurra el término aludido, acorde a lo establecido en el párrafo que precede. Para ello puede generar cita electrónica con su QR respectivo de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal para que acuda a este órgano jurisdiccional el día y hora que indique, para que pueda recoger los documentos respectivos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleve en este Juzgado de Distrito, y las correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe. ADAS/moa*.

  2. Principal

    En treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, el suscrito secretario Ángel Daniel Ávila Saldaña, hace CONSTAR Y CERTIFICA:  Que el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós, transcurre del veintisiete de mayo al dos de junio de los cursantes, en razón de haber sido notificada por lista el veinticinco de mayo de dos mil veintidós; sin contar el veintiocho y veintinueve del citado mes y año, por ser sábado y domingo y, por tanto, inhábiles.  Que en el presente juicio de amparo, sí se solicitó la suspensión de los actos reclamados. El secretario. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario encargado del despacho con la certificación de cuenta, así como con el escrito presentado por la parte quejosa Joanna Guadalupe Lomelí Ceceña, registrado en oficialía de partes de este Juzgado Federal con el folio 10345. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Cumplimiento a prevención Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito que presenta Joanna Guadalupe Lomelí Ceceña; mediante el cual en cumplimiento a la prevención de veinte de mayo de dos mil veintidós, bajo protesta de decir verdad, refiere esencialmente lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad, preciso claramente, cuál es el acto que se reclama a cada una de las autoridades de la siguiente manera: ? Al Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, el acta de sesión de cabildo de fecha veintinueve de septiembre Juicio de amparo indirecto 1218/2021-VIII ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 ??????????????? de dos mil veintiuno, en la cual revocan la plaza de la quejosa (ordenadora). ? Al Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, la retención de sus haberes económicos (ejecutora). ? Al Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, la orden verbal de separación y la retención de sus haberes económicos (ejecutora). ? Al Órgano interno de control del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, la instauración del procedimiento administrativo y sus medidas cautelares, de ordenar la retención de sus haberes económicos (ejecutora). Por lo anterior se tiene por cumplida en tiempo y forma la prevención de veinte del actual mes y año; asimismo, sin que haya lugar aperturar el incidente de suspensión que solicita, por los motivos que a continuación se expondrán. Desechamiento Ahora bien, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo en cuanto a lo reclamado a las autoridades citadas, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Ahora, del análisis de la demanda de amparo, este juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. En el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". De lo transcrito se deducen tres reglas a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XX del precepto 61 de la legislación de amparo, tratándose de la materia administrativa, a saber: 1)Que, en contra del acto reclamado proceda algún juicio o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. 2)Que, dicho medio de impugnación se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente; y, 3) Que, la ley que establezca el juicio o medio de defensa que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previsto para el Juicio de amparo indirecto 1218/2021-VIII ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 ??????????????? otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo, independientemente de que el acto reclamado sea considerado en sí mismo susceptible o no de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. En efecto, las reglas que se destacan consagran que el juicio de amparo en materia administrativa resulta improcedente, cuando contra el acto reclamado proceda un juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cierto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se promueva el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar el juicio o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. En el caso que nos ocupa, la quejosa hace consistir, esencialmente los actos reclamados, a las responsables en: ? Al Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, el acta de sesión de cabildo de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual revocan la plaza de la quejosa (ordenadora). ? Al Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, la retención de sus haberes económicos (ejecutora). ? Al Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, la orden verbal de separación y la retención de sus haberes económicos (ejecutora). ? Al Órgano interno de control del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, la instauración del procedimiento administrativo y sus medidas cautelares, de ordenar la retención de sus haberes económicos (ejecutora). Ahora, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, en su artículo 109 fracción II, prevé la procedencia del juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, contra actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, así como sus omisiones que afecten derechos de particulares; debiéndose destacar que en el caso, los actos que se combaten se ubican en los supuestos establecidos en el precepto y fracción antes citados, que señala: "ARTÍCULO 109. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de Juicio de amparo indirecto 1218/2021-VIII ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 ??????????????? carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo; en este último caso, cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades señaladas en la fracción anterior, así como sus omisiones que afecten derechos de particulares." Por tanto, los actos reclamados por la parte quejosa a las autoridades responsables consistentes primordialmente en el acta de cabildo de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por la cual, le revocaron la plaza laboral y suspendieron sus haberes económicos, se ubican en la hipótesis contemplada en la fracción II del dispositivo 109 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, ya que tales actos pueden ser impugnados a través del juicio contencioso administrativo que se promueva ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con sede en Tepic. Ello es así, porque las autoridades responsables: Cabildo, Tesorero, Director de Recursos Humanos y el Órgano Interno de Control, todos del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, son autoridades que integran el Poder Ejecutivo del municipio de Santiago Ixcuintla; por tanto, es evidente que la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo debió agotar los medios de defensa que establecen las leyes ordinarias aplicables al acto, lo que no ocurrió en el presente caso. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 496, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro electrónico 160630, que establece: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL. De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada Ley Orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo". Asimismo, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página 1536, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2008891, del texto siguiente: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de Juicio de amparo indirecto 1218/2021-VIII ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 ??????????????? 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero i no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, lo efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cuales puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2005717, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, que señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Además, los artículos 139 y 143 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, establecen la figura de la suspensión del acto impugnado, mismos que disponen: "Artículo 139. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que, de llegar a consumarse, harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado instructor, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado instructor que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Si el promovente aportó el correo electrónico de la autoridad demandada, el magistrado instructor constatará su autenticidad y por ese medio comunicará la suspensión concedida, precisando que sus efectos se retrotraen a la fecha en que se concedió, aunque se notifique con posterioridad." "Artículo 143. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión, puedan afectarse Juicio de amparo indirecto 1218/2021-VIII ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 ??????????????? derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado instructor que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en el caso de que éste obtuviere sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el monto de la que hubiere otorgado el actor." De lo antes transcrito se advierte que en tratándose del juicio contencioso administrativo, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, establece en los numerales del 139 al 146, la figura de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, misma que aun cuando exige iguales requisitos que los previstos en los numerales 128, 132 y 135, todos de la Ley de Amparo vigente, para el mismo fin, esa otorga mayores beneficios, al tener efectos restitutorios la suspensión que se conceda; máxime que en tratándose del plazo que tiene la autoridad administrativa para el otorgamiento de la suspensión provisional, no se advierte que sea mayor al de la Ley de Amparo. Del examen comparativo de los citados preceptos, con los artículos 139 y 143 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes, pero a diferencia de la Ley de la materia, aquella ley otorga efectos restitutorios a la suspensión que se conceda, cuando: a) Se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos. b) Se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa; c) Que esos actos impidan al particular el acceso a su domicilio; y, d) Cuando a criterio del Magistrado sea necesario otorgar estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. De lo antes citado queda acreditado, que la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia 1945 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 2196, Tomo II del Apéndice de 2011, Novena Época, con registro electrónico 1003824, que establece: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, AL EXIGIR LA LEY DE AMPARO MAYORES REQUISITOS QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN AQUÉL. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnado en el proceso administrativo, en comparación con los numerales de la Ley de Amparo que la prevén en el juicio Juicio de amparo indirecto 1218/2021-VIII ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 ??????????????? constitucional, se advierte que ésta exige mayores requisitos que aquél para otorgar dicha medida cautelar. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que existen coincidencias entre ambos, tales como que de conformidad con el artículo 268 del mencionado código, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del artículo 141 de la citada ley, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; que tanto la ley local (artículo 270) como la de amparo (artículo 125) exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a tercero si no se obtiene sentencia favorable; que el ordenamiento estatal (artículo 271) precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla relativa de la Ley de Amparo (artículo 139) y que las dos normas (artículo 124 de la ley y 269 del código) impiden el señalado beneficio cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que en asuntos de carácter fiscal, el aludido código (artículo 276) contempla que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, ante las oficinas exactoras, en cualquiera de las formas previstas por la legislación correspondiente, mientras que, tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo en su precepto 135 supedita la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el gobernado, pues en esta última hipótesis no se otorga un plazo para asegurar el interés fiscal ni se permite una forma distinta de garantía al depósito en efectivo. Por tanto, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previo a promover el juicio de garantías, debe agotarse el proceso administrativo que regula el referido código, en atención al principio de definitividad, pues a través de este medio de defensa puede obtenerse la insubsistencia de los actos reclamados." Bajo esas circunstancias, es evidente que los actos reclamados a las autoridades administrativas antes mencionadas originan la improcedencia del juicio de amparo, ya que deben ser impugnados bajo la tramitación del juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, en términos de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, tomo X, octubre de 1999, Novena ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).- Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Además si bien la parte quejosa aduce que el acto reclamado a las responsables conculcan en su perjuicio los dispositivos, 1, 5, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esa manifestación por sí misma no hace procedente el juicio de amparo; pues de ser así, se dejaría al arbitrio del peticionario del amparo la tramitación de la instancia constitucional, sin agotar el medio ordinario de defensa, pues bastaría que únicamente refiriera en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para la viabilidad del juicio de amparo. Juicio de amparo indirecto 1218/2021-VIII ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 ??????????????? Ello es así, en virtud de que si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Carta Magna, también es verdad que tal excepción a la causal de improcedencia citada, presupone que en la demanda de amparo, exclusivamente se hagan valer esas violaciones constitucionales; empero si además se incluyen cuestiones de legalidad, como sucede en el presente asunto, según se explicará enseguida, la parte quejosa sí se encuentra obligada a agotar, previo a la promoción del juicio de amparo, el recurso ordinario que legalmente proceda, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley de la materia prevé. Cobra aplicación al caso la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos diecisiete, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice mil novecientos diecisiete guion dos mil, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se haya el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, solo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de este. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de este no le ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante este, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Bajo esa circunstancia y contrario a lo solicitado por la quejosa, es evidente que el acto reclamado a las autoridades responsables originan la improcedencia del juicio de amparo, ya que debe de ser impugnado bajo el juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, en términos de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, previo a recurrir al juicio de amparo, Tiene aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, tomo X, octubre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).- Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o Juicio de amparo indirecto 1218/2021-VIII ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 ??????????????? modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." No pasa inadvertido que el párrafo segundo, de la fracción XX del artículo 61, señala que "no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.". Ahora, como se advierte del libelo constitucional, la parte quejosa, además de las violaciones a la Constitución que aduce, también impugna cuestiones de legalidad, y ello se advierte por ejemplo, de lo que sostiene al señalar que las autoridades violaron en su perjuicio el principio de legalidad contenido en el artículo 16 Constitucional, señalando que los actos administrativos no se encuentras fundados y motivados. Resulta igualmente aplicable a lo que se expone, la diversa tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que se comparte, publicada en la página noventa y cuatro, del Tomo I, Abril de mil novecientos noventa y ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente". También, la emitida por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página doscientos uno, del Volumen 127-132, Sexta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. VIOLACIONES DIRECTAS Y VIOLACIONES INDIRECTAS DE LA CONSTITUCIÓN. Este Tribunal Colegiado estima que puede promoverse en forma inmediata el juicio de garantías, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de garantías, violaciones directa e indirectas a la Carta Magna. Lo anterior, porque solo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de garantías, habida cuenta de que el agraviado solo puede atacar adecuadamente la resolución respectivamente ante el juez de amparo, pues no resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de garantías, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la Juicio de amparo indirecto 1218/2021-VIII ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 ??????????????? resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata solo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y solo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el proveído recurrido, porque de todas maneras al fallarse el recurso, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de garantías violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de garantías. El juicio constitucional procede porque se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, o bien es improcedente conforme a dicha regla; pero no puede aceptarse que el amparo proceda solo respecto a determinados conceptos de violación y resulte improcedente en lo que ve a otros". En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, POR SU NOTORIA Y MANIFIESTA IMPROCEDENCIA, LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Joanna Guadalupe Lomelí Ceceña, por su manifiesta e indudable improcedencia. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que mediante ejecutoria de veintiocho de abril de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito Judicial, revocó el auto de desechamiento de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; sin embargo, al estarse en presencia de una diversa causal de improcedencia a la invocada en dicho proveído, como ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 quedó establecido con antelación, no resulta procedente ceñirse a lo resuelto por dicha superioridad. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Roberto Díaz Villarreal, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, Encargado del Despacho por licencia del titular, en términos del segundo párrafo artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    YA QUE EL QUESJOSO NO DIO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ACTUARIO EN AVISO, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE AUTO POR LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO....

  4. Principal

    En veinte de mayo de dos mil veintidós, el suscrito secretario hace CONSTAR y CERTIFICA: - Que Iliana Escobedo Corona, sí se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. - Que en el presente juicio de amparo, sí se solicitó la apertura del incidente de suspensión. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con una promoción registrada en oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 9362. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 5650/2022, signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimocuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada el veintiocho de abril de dos mil veintidós, dentro de los autos de la queja 57/2022, formado con motivo del medio de impugnación interpuesto por la quejosa JOANNA GUADALUPE LOMELÍ CECEÑA, así como las copias certificadas de los autos del presente juicio de amparo. Ejecutoria en la que se determinó: "PRIMERO. Es fundado el recurso. SEGUNDO. Se revoca el acuerdo impugnado." Juicio de amparo indirecto 1218/2021-VIII ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 ??????????????? En este contexto, acúsese recibo a través del módulo de interconexión del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Hágase las anotaciones, en el libro de gobierno de correspondiente que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria que ahora se recibe, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por JOANNA GUADALUPE LOMELÍ CECEÑA, contra actos del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, y otras autoridades. Aspectos Generales Si bien la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, por el momento este resolutor federal no emitirá pronunciamiento respecto de la medida cautelar peticionada, dado el sentido que se dará al presente acuerdo. Prevención Con fundamento en los artículos 108 fracción V, en relación con el 114 fracción I de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, realice lo siguiente: ? Señale con claridad y precisión cada uno de los actos que en esta vía constitucional pretende reclamar a cada que señala con el carácter de autoridad responsable a que hace alusión en su escrito inicial de demanda, pues de un análisis exhaustivo de la misma, no se advierten con claridad que actos les reclama a cada de ellas. ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 Aclaración que resulta necesaria a efecto de poder precisar la litis constitucional y, en su caso, estar en oportunidad de requerir a las autoridades responsables los informes de ley. Lo anterior resulta así, toda vez que el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, refiere que la demanda de amparo tiene que contener específicamente la norma general, o acto u omisión que de cada autoridad se reclame; ello es así, a fin que: a) Esté debidamente fijada la litis en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 74, fracción I del ordenamiento legal invocado. b) Las responsables puedan estar en aptitud de justificar el acto concreto que se les reclama. c) Pueda realizarse un correcto estudio de los actos impugnados en la sentencia que en su momento se dicte. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XX.57 K, Materia Común, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Juicio de amparo indirecto 1218/2021-VIII ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 ??????????????? En la inteligencia que la promovente deberá acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para emplazar a las partes, toda vez que éste forma parte integral de su demanda; apercibida que de no cumplir con todo lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Resulta pertinente señalar que el cumplimiento que al efecto dé la parte quejosa, deberá realizarse "bajo protesta de decir verdad", y se apercibe al justiciable que transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención ante indicada en los términos expuestos, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de cuenta. Asimismo, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su representante legal y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a este último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, bajo el rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. 1 Tesis jurisprudencial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, registro: 2007285. ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe.

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