Joana Lizeth Medina Roblada
Expediente 556/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Joana Lizeth Medina Roblada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieran recurrido el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis; consecuentemente y con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho proveído en que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por ***, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, a partir del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Asimismo, de conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, deberá conservarse el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo al haberse concedido la medida cautelar solicitada. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión, se deberá destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Por último, en términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo general conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de garantías no es de relevancia documental ni existen documentos originales ofrecidos por las partes. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al presente proveído, se gira el oficio siguiente: 23796
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que la Actuaria adscrita no pudo notificar el oficio número 22674/2016, dirigido a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad de Investigación de Delitos con Detenido, en razón de que ahí le informaron que debía especificar si era el Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad de Investigación de Delitos con Detenido Poniente u Oriente. En esas condiciones, por tal motivo, expídase nuevo oficio al Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad de Investigación de Delitos con Detenido Poniente, con residencia en esta ciudad, con transcripción del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, y entréguesele a la autoridad a la que va destinada. En cumplimiento al presente proveído, se gira el oficio siguiente: 22968
- Principal
Determinación de veintitres de noviembre de dos mil dieciséis, notificación Personal.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el auto de fecha 23 de noviembre de 2016, en el que se dictó lo siguiente: Visto la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de diez de noviembre del año en curso, a fin de que manifestara lo que a su derecho convenía, en relación a la causal de improcedencia que este juzgador advirtió de oficio; por lo que este juzgador procede a determinar si dicha causal se actualiza o no. En ese sentido, considerando que el análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo, constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de Amparo y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". De conformidad con el citado artículo el amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando estos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal manera que las cosas hayan vuelto al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Se cita en apoyo la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También se cita la jurisprudencia 2ª./J 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Los efectos del acto reclamado pueden cesar cuando la autoridad que lo emitió deje de vulnerar la esfera jurídica del quejoso al detener de manera definitiva su actuar con la desaparición total de sus consecuencias, que puede estar o no acompañada con la insubsistencia misma del acto, ya que el motivo que justifica la improcedencia no solamente es la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos ni los surtirá y que no dejó lesión alguna en los derechos fundamentales del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La causa de improcedencia en comento, está determinada por la imposibilidad de realizar el fin previsto en el artículo 77, de la Ley de Amparo, a saber, lograr la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo a obligar a la responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En la especie, se afirma que se actualiza la causa de improcedencia mencionada, tal como fue informado por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos con Detenido Poniente, que en fecha uno de octubre del año en curso, el quejoso ***, fue puesto en libertad debido a que feneció el término constitucional establecido en el artículo 16 constitucional (fojas 53, 58 a 62), y al no obrar en el número único de caso *** datos suficientes que establecieran la probabilidad de que el quejoso de referencia haya participado en la comisión del hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego, en cinco de octubre del mismo año, el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos con Detenido Poniente, determinó el no ejercicio de la acción penal (fojas 63 a la 65). De esta forma, si en la demanda de amparo se señaló como acto reclamado ". La privación de la libertad e incomunicación que ilegalmente ha realizado la autoridad responsable en perjuicio de mi representado, manteniéndolo privada de su libertad sin resolver su situación jurídica y de resultar posible responsables en la comisión de algún ilícito, ponerlo a disposición de juez competente que funde y motive la detención con un auto de vinculación a proceso." y como se estableció en el párrafo anterior, ya fue puesto en libertad y se determinó el no ejercer acción penal en su contra, es indudable que han cesado los efectos del acto en referencia. Por lo anterior, se afirma que los efectos del acto reclamado desaparecieron, sin dejar lesión alguna en la esfera jurídica del quejosa, tal y como si se le hubiera otorgado el amparo solicitado, ya que la eventual sentencia protectora que pudo emitirse en la presente instancia constitucional, tendría como objeto analizar la constitucionalidad de la privación de la libertad del quejoso e incomunicación, mismas que ya no están surtiendo efectos ni los surtirán, al decretarse su libertad por parte de la responsable, con lo que desaparecieron los efectos lesivos, como si se hubiese concedido la protección constitucional. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer el juicio de amparo en términos del numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal. Corolario a lo anterior, respecto al sobreseimiento en el juicio decretado, cabe indicar que el establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En efecto, aunque es verdad que las recientes reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, noviembre de dos mil doce, Tomo 2, página 1587, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro y texto señalan: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, este juzgador está impedido para analizar los conceptos de violación formulados por la quejosa, dado que ello implica analizar el fondo del asunto, lo cual no es posible dado el sobreseimiento decretado. Sirve de apoyo a lo anterior, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis II.3o. J/58, publicada en la página 57, número 70, Octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente " En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de sobreseimiento aludida, se impone sobreseer fuera de audiencia constitucional el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Finalmente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada a las once horas del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción I inciso b de la Ley de Amparo.
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