Joana Lidia Martínez Orea

Expediente 559/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
559/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Joana Lidia Martínez Orea

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la promovente ********************, interpusiera recurso de queja contra el auto de veintitrés de junio del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, capítulo sexto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, reguardo y destino de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; por lo que se establece como fecha probable el dieciséis de agosto de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.YNJR/avh*

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por********************, por propio derecho; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el juicio ********************/2023-I y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En este sentido, el promovente, en el apartado de actos reclamados, señala como tales los siguientes: En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El texto de esos numerales son: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [..] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [..] La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) de la promovente; en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona, cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. En ese sentido, de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. De esta forma, como presupuesto básico para la promoción del juicio de amparo, la persona -física o moral- podrá solicitar legítimamente la protección de la Justicia Federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad. De esta afirmación, se obtienen los requisitos que integran el interés jurídico, a saber: a).La existencia y titularidad de un derecho tutelado por la ley; y b).El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto u omisión de autoridad. Acorde con lo anterior, el interés jurídico necesario para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad, se encuentra en el perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados por el orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo... De la demanda de amparo, como ya se estableció, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: "A). De las autoridades señaladas como responsables en su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras, reclamo: la emisión del acuerdo de creación del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Familiar en la Ciudad de Isla, Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el miércoles veinticuatro de mayo de la presente anualidad." Al respecto, en los conceptos de violación la quejosa expone que tiene interés legítimo sobre la situación que plantea, como ciudadana mexicana y que los actos que reclama vulneran intereses de la sociedad en general y colectivos de toda la ciudadanía mexicana, en especial la economía familiar. Expuesto lo anterior, debe decirse que la quejosa no cuenta con interés legítimo para promover el presente juicio de amparo de amparo, ya que no evidencia ni señala en forma alguna, de qué forma los actos que reclama le irrogan un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, bien en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple, derivado de su condición de gobernada o ciudadana mexicana. Lo anterior, porque claramente en su escrito de demanda, aduce un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no demuestra que los actos que controvierte pudieran generar una afectación en algún derecho que esté relacionado con la creación del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Familiar en la Ciudad de Isla, Veracruz, que atribuye a las autoridades responsables, ni refiere las características especiales que podría guardar su situación frente al orden jurídico, que la coloque en un punto diferenciado de la situación general y que la legitime para promover el juicio de amparo. De ahí que, se colige, no tiene un interés propio y distinto de cualquier otro gobernado, pues los actos que reclama de las autoridades responsables no le agravian de manera directa ni diferenciada en relación al resto de la sociedad. Situación que se torna patente y manifiesta, teniendo en consideración que la parte quejosa emplea expresiones en su escrito de demanda que evidencian que no acude a instar la demanda de amparo por su situación diferenciada en relación al resto de la sociedad, sino que, por el contrario, al referir que: ". Cuarto:- Los gobernados necesitan que se les sea atendidas sus necesidades de aplicación de la Ley con juzgados a su alcance, donde la justicia sea verdaderamente pronta y expedita, AL ALCANCE DEL CIUDADANO que así lo solicita, no se le ponga obstáculos de cualquier tipo para no poder llegar a una defensa legítima de sus derechos."; así como que, dice: ". SEGUNDO.- Se acredita la afectación resentida de la esfera jurídico de un interés subjetivo, en virtud de una especial situación frente al orden jurídico, que incide en un interés colectivo y con la finalidad de obtener la rectificación y restauración del daño causado a la colectividad."; todo lo cual, denota con claridad, que la pretensión de la parte quejosa no está encaminada a aducir la titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo que se vea afectado; tampoco, la afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sino que, alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general... Con base en lo anterior, se considera que la parte quejosa, no cuenta con un interés cualificado actual, real y jurídicamente relevante para reclamar los actos que pretende, sino uno de carácter genérico o simple y, por lo tanto, una eventual concesión del amparo no podría reportarle un beneficio personal para ella, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido... En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por********************, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica en el escrito de demanda y por autorizado en términos amplios, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ********************, por encontrarse facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho mediante el registro de su cédula en el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Respecto de lo que solicita en el sentido de que se le notifique en el correos electrónicos y número telefónico que proporciona, signifíquesele que dichos medios no están autorizados en la Ley de Amparo, para tales efectos; por lo que, únicamente serán utilizados como medios de contacto tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables...

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 23 DE JUNIO DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B: "...Boca del Río, Veracruz, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por********************, por propio derecho; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el juicio ********************/2023-I y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En este sentido, el promovente, en el apartado de actos reclamados, señala como tales los siguientes: En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El texto de esos numerales son: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [..] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [..] La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) de la promovente; en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona, cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. En ese sentido, de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. De esta forma, como presupuesto básico para la promoción del juicio de amparo, la persona -física o moral- podrá solicitar legítimamente la protección de la Justicia Federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad. De esta afirmación, se obtienen los requisitos que integran el interés jurídico, a saber: a).La existencia y titularidad de un derecho tutelado por la ley; y b).El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto u omisión de autoridad. Acorde con lo anterior, el interés jurídico necesario para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad, se encuentra en el perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados por el orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo... De la demanda de amparo, como ya se estableció, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: "A). De las autoridades señaladas como responsables en su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras, reclamo: la emisión del acuerdo de creación del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Familiar en la Ciudad de Isla, Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el miércoles veinticuatro de mayo de la presente anualidad." Al respecto, en los conceptos de violación la quejosa expone que tiene interés legítimo sobre la situación que plantea, como ciudadana mexicana y que los actos que reclama vulneran intereses de la sociedad en general y colectivos de toda la ciudadanía mexicana, en especial la economía familiar. Expuesto lo anterior, debe decirse que la quejosa no cuenta con interés legítimo para promover el presente juicio de amparo de amparo, ya que no evidencia ni señala en forma alguna, de qué forma los actos que reclama le irrogan un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, bien en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple, derivado de su condición de gobernada o ciudadana mexicana. Lo anterior, porque claramente en su escrito de demanda, aduce un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no demuestra que los actos que controvierte pudieran generar una afectación en algún derecho que esté relacionado con la creación del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Familiar en la Ciudad de Isla, Veracruz, que atribuye a las autoridades responsables, ni refiere las características especiales que podría guardar su situación frente al orden jurídico, que la coloque en un punto diferenciado de la situación general y que la legitime para promover el juicio de amparo. De ahí que, se colige, no tiene un interés propio y distinto de cualquier otro gobernado, pues los actos que reclama de las autoridades responsables no le agravian de manera directa ni diferenciada en relación al resto de la sociedad. Situación que se torna patente y manifiesta, teniendo en consideración que la parte quejosa emplea expresiones en su escrito de demanda que evidencian que no acude a instar la demanda de amparo por su situación diferenciada en relación al resto de la sociedad, sino que, por el contrario, al referir que: ". Cuarto:- Los gobernados necesitan que se les sea atendidas sus necesidades de aplicación de la Ley con juzgados a su alcance, donde la justicia sea verdaderamente pronta y expedita, AL ALCANCE DEL CIUDADANO que así lo solicita, no se le ponga obstáculos de cualquier tipo para no poder llegar a una defensa legítima de sus derechos."; así como que, dice: ". SEGUNDO.- Se acredita la afectación resentida de la esfera jurídico de un interés subjetivo, en virtud de una especial situación frente al orden jurídico, que incide en un interés colectivo y con la finalidad de obtener la rectificación y restauración del daño causado a la colectividad."; todo lo cual, denota con claridad, que la pretensión de la parte quejosa no está encaminada a aducir la titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo que se vea afectado; tampoco, la afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sino que, alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general... Con base en lo anterior, se considera que la parte quejosa, no cuenta con un interés cualificado actual, real y jurídicamente relevante para reclamar los actos que pretende, sino uno de carácter genérico o simple y, por lo tanto, una eventual concesión del amparo no podría reportarle un beneficio personal para ella, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido... En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por********************, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica en el escrito de demanda y por autorizado en términos amplios, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ********************, por encontrarse facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho mediante el registro de su cédula en el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Respecto de lo que solicita en el sentido de que se le notifique en el correos electrónicos y número telefónico que proporciona, signifíquesele que dichos medios no están autorizados en la Ley de Amparo, para tales efectos; por lo que, únicamente serán utilizados como medios de contacto tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables...

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