Joana Elizabeth López Rodríguez

Expediente 823/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
823/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Joana Elizabeth López Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo 823/2022-IX; con fundamento en el dispositivo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a la autoridad responsable que tiene su residencia fuera de la jurisdicción de este tribunal, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta sólo podría interponer el recurso de revisión si el sentido del mismo afectara el acto que les fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes, lo que no acontece en la especie. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, tres de octubre de dos mil veintidós. Téngase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, rindiendo su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, únicamente agréguese a sus autos para que obre como corresponda, en virtud de que el veintiséis de septiembre del año que transcurre, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías (fojas 19 a 25). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 823/2022-IX, promovido por la parte quejosa Joana Elizabeth López Rodríguez, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, recibido en esa propia fecha en este Juzgado de Distrito, Joana Elizabeth López Rodríguez promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. ACTOS RECLAMADOS: "La omisión de la substanciación del juicio, específicamente la excusa emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 6, para conocer del presente juicio ordinario, así como el señalamiento de fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pues la autoridad señalada en el numeral 3 y 4 han sido omisas en hacer lo necesario para realizar las notificaciones a las partes, así como substanciar el juicio, y la autoridad señalada en el numeral 5, ha sido omisa en resolver sobre las excusas planteadas por la Junta Local Número de Conciliación y Arbitraje Número 6, en términos del artículo 762, fracción V, 763, 763 BIS y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, por lo que precisamente este es el acto reclamado." (Sic). Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 123 constitucionales. SEGUNDO. En auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 823/2022-IX; la admitió a trámite; dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado este expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el titular del juzgado puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención de la peticionaria del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de garantías y de la constancia que obra en autos, se desprende que los actos que reclama la parte quejosa consisten en: 1. De la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, la omisión en señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente administrativo laboral 589/E06/2020. 2. La omisión del actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de notificar a las partes la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente administrativo laboral 589/E06/2020, una vez resuelta la excusa planteada por dicha junta ante la diversa Local de Conciliación y Arbitraje, con asiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 3. La omisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de resolver la excusa planteada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en este municipio, para conocer del expediente administrativo laboral 589/E06/2020, para que posteriormente se señale fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. TERCERO. El actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado en el plazo de quince días que se le dio para tal efecto, no obstante de estar debidamente notificada para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja nueve. No obstante lo anterior, no se actualiza la presunción de certeza del acto que señala el artículo 117, segunda parte del cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor. En el caso la parte quejosa reclama del actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de notificar a las partes la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente administrativo laboral 589/E06/2020, una vez resuelta la excusa planteada por dicha junta ante la diversa Local de Conciliación y Arbitraje, con asiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Sin embargo, de las copias certificada que anexó la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a su informe justificado, consistentes en el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que señaló las trece horas del trece de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo al audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del sumario de origen, ordenando al actuario notificar a las partes en sus respectivos domicilios. Expuesto lo anterior, al actuario responsable no puede atribuírsele la omisión que se le reclama, pues al momento en que se presentó la demanda de amparo, que lo fue el veintiséis de julio de dos mil veintidós, la junta a la cual se encuentra adscrito, no señalaba fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente administrativo laboral 589/E06/2020, por tanto, no existía ninguna notificación que realizar de su parte, de ahí que sea inexistente el acto que se le imputa, y como consecuencia proceda sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo CUARTO. El Presidente por ministerio de ley de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado refirió que era cierto el acto reclamado. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con la copia certificada que remitió la nombrada responsable al rendir su informe justificado, misma que por tratarse de documento público, conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los diversos numerales 197 y 202 del invocado ordenamiento adjetivo, ya que fueron expedidas por funcionarios públicos en el ámbito de sus ejercicios. Como apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por su parte, la Junta de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificada del oficio 18437/2022, por el que se le requirió el mismo, tal como se desprende de la constancia que obra en auto (foja 18); por tanto, de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto que a ésta se le atribuye. QUINTO. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el suscrito advierte que en la especie respecto al acto reprochado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ..." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por la quejosa Joana Elizabeth López Rodríguez, se hace consistir en la omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente administrativo laboral 589/E06/2020. Sin embargo, de la constancia que allegó la citada responsable con su informe justificado, se aprecia que el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo laboral 589/E06/2020 de su índice, determinó que resultaba innecesario continuar con la excusa planteada en dicho expediente, regularizando el procedimiento, y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; cuya omisión de era la causa de pedir en el presente juicio; siendo inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. Constancias a las que, por ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se les atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. En mérito de lo anterior, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, al haber sobrevenido la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. En otro orden de ideas, respecto al acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que se hace consistir en la omisión de resolver la excusa planteada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en este municipio, para conocer del expediente administrativo laboral 589/E06/2020, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." En el caso, el acto reclamado por la agraviada Joana Elizabeth López Rodríguez, se hace consistir en la omisión de resolver la excusa planteada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en este municipio, para conocer del expediente administrativo laboral 589/E06/2020, para que, posteriormente, se señale fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora bien, de la copia certificada anexada al informe de la junta responsable con asiento en esta ciudad, se aprecia que el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo laboral 589/E06/2020 de su índice, determinó que resultaba innecesario continuar con la excusa planteada en dicho expediente, regularizando el procedimiento, y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Documental a la que se confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos. Precisado lo anterior, debe decirse que aun cuando subsiste el acto reclamado consistente en la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pues la autoridad fue omisa en rendir su informe justificado, actualizando la presunción de certeza que señala el artículo 117, segunda parte del cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dicho acto no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, al haberse señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el sumario de origen. Bajo esa tesitura, queda evidenciado que si el acto reclamado a la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se hizo consistir en la omisión de resolver la excusa planteada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en este municipio, para conocer del expediente administrativo laboral 589/E06/2020, ello implica que, en la especie, aun cuando subsiste el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno, pues la junta con asiento en esta ciudad, ya señaló hora y fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, razón por la cual ningún efecto tendría la sentencia concesoria, surtiéndose la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357 del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En tal contexto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, pues se demostró que el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno; en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la legislación de la materia, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Joana Elizabeth López Rodríguez. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, uno de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el informe justificado y anexo, rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ministerio de ley, con sede en esta ciudad; en tal razón, agréguense a los autos para que obren como corresponda y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, póngase lo anterior a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de hacer nueva mención del mismo en la audiencia constitucional respectiva. En relación con la documental adjuntada por la autoridad de cuenta, téngasele cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que autoriza y da fe.

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