Joana Amavizca Serrano

Expediente 115/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
115/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
14/02/2018

Partes del expediente

  • Joana Amavizca Serrano

Actuaciones

  1. Principal

    I. Toluca, Estado de México; catorce de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    I. Toluca, Estado de México; treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por Joana Amavizca Serrano, en calidad de esposa de Hugo Guerreo Encinas, contra actos del Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 115/2018-I. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que la promovente del amparo Joana Amavizca Serrano, señala como acto reclamado la negativa de permitirle al quejoso Hugo Guerreo Encinas, comunicarse al exterior al número de teléfono fijo (016333311250) que refiere en el escrito de cuenta. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y de manera clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formar una convicción diversa, con independencia de los elementos que de forma eventual pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia 1.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En principio conviene precisar que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad y que su procedencia se supedita a los diversos principios que lo rigen. Dentro de los postulados básicos del juicio de amparo está el de instancia de parte agraviada y el de la existencia del agravio personal y directo, contenidos en el artículo 6° de la Ley de Amparo, los cuales consisten en que el juicio de amparo sólo se puede promover por quien resulte perjudicado con un acto de autoridad, por aquél que resiente el agravio de manera directa y personal. Al respecto, los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo vigente, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (...)" De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada rector del juicio de amparo, previsto en el artículo 6° de la Ley de Amparo, el cual establece una regla general a seguir para la procedencia del juicio constitucional, relativa a que éste sólo se puede promover por aquella persona a quien afecte la norma general o cualquier otro acto de autoridad; sin embargo, también prevé un caso excepcional, pues, dicho principio se considera cumplido si la demanda es promovida por un representante del agraviado o su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o bien, por medio de algún pariente, o persona extraña en los casos en que la ley reglamentaria lo permita en forma expresa. En tal virtud, como el acto reclamado señalado como la negativa de permitirle al quejoso Hugo Guerreo Encinas, comunicarse al exterior al número de teléfono fijo que pertenece al domicilio de la promovente, no se ubica en los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo y el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente que no se justifica el hecho de que otra persona promueva en su favor la demanda; asimismo, se debe precisar que de la lectura íntegra de la demanda de amparo no se aprecia que Hugo Guerreo Encinas , se encuentre imposibilitado para promover la demanda por derecho propio, no obsta el hecho de que la promovente alegue incomunicación parcial, pues de la demanda no se advierte que el agraviado se encuentre incomunicado, pues tal manifestación es una apreciación calificativa del acto reclamado. En efecto, no basta el hecho de que la persona en favor de quien se solicita el amparo, se encuentre sujeta a reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, para que diversa persona pueda promover en su favor la demanda de amparo, sino que deben existir razones que justifiquen la imposibilidad de la persona para instar de manera directa el juicio de amparo. Luego, si en el caso, el acto reclamado no se ubica en las hipótesis establecidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni se advierte que la persona en cuyo favor se promueve esté imposibilitada para instar por derecho propio la demanda de amparo, se debe estimar que no se cumple con el principio de acción por parte agraviada rector del juicio de amparo, ya que no se está en alguno de los supuestos de excepción para que Joana Amavizca Serrano, promueva la demanda en favor de Hugo Guerreo Encinas. En consecuencia, como la promovente no se encuentra legitimada para promover la demanda de amparo en representación de Hugo Guerreo Encinas, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6° y 15, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo con apoyo en el ordinal 113 de la propia normatividad legal. Sustentan la anterior determinación, las tesis de la Segunda Sala y de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas 293 y 666-667, del Apéndice al Semanario Judicial del Federación 1917-1988, cuyo respectivo rubro y tenor son: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto." "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193, Bis de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 Y 107 Constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193) de la Ley Reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la Jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis Jurisprudencial, puesto que la indicada tesis Jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 Bis, de la Ley en cita, constituye la disposición legal a que alude dicha fracción. " No obsta a lo anterior, el hecho de que la promovente alegue en la presente demanda incomunicación parcial, pues de su contenido no se advierte que el agraviado se encuentre incomunicado, pues dicha manifestación es una apreciación calificativa del acto reclamado ya que como se aprecia este tiene comunicación con su abogado; asimismo, puede suscribir escritos; es decir, está en posibilidad de promover en su nombre. DOMICILIO PROCESAL. Por otro lado, notifíquese por lista a la promovente Joana Amavizca Serrano, ya que no designó domicilio en esta ciudad para esos efectos y no se está en el supuesto del artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, pues la promovente no puede actuar en nombre del quejoso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; personalmente a la promovente en términos del presente auto. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano