Joan Sergio Benavides Elsner

Expediente 1031/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1031/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
02/02/2021

Partes del expediente

  • Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público
  • Joan Sergio Benavides Elsner

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, dos de febrero de dos mil veintiuno. Oficio de cuenta. Por recibido el oficio 21787/2020 del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que acusa recibo del diverso oficio 21080/2020 y del juicio de amparo en que se actúa; asimismo, se avoca al conocimiento de la competencia planteada a su favor decretada en el presente asunto; el cual registró con el número de expediente 1116/2020, de su índice. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.

  2. Principal

    Escrito de desahogo. Vista la razón de cuenta de la secretaria, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por Joan Sergio Benavides Elsner, quejoso en el juicio de amparo en que se actúa, por medio del cual desahoga la prevención que se le realizó en auto de veintinueve de octubre actual. En consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento con el que se les conminó. Sentido de la determinación. Una vez analizado en su integridad la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente por cuestión de territorio para conocer del presente juicio. Antecedentes relevantes. Joan Sergio Benavides Elsner, indica que el dieciséis de octubre pasado tuvo conocimiento de que, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenó a la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, que no se le expidieran estados de cuenta alguno ni otros documentos relativos a la cuenta 0328718320 aperturada en la sucursal 1182, ubicada en Plaza Héroes 5 de Mayo, número 2605, Las Hadas Mundial 86, en el Estado de Puebla de dicha institución a su nombre. En virtud de lo anterior, promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. Incompetencia. Como cuestión preliminar, se debe destacar que la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Ahora bien, en relación con lo anterior, es necesario conocer los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, en los que se prevé lo siguiente: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". "37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De las normas transcritas se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de juicios de amparo, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, deba tener ejecución o se haya ejecutado el acto reclamado. Será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o bien, si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro. Será competente el Juez de Distrito ante el que se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. En ese sentido, como cuestión esencial, es necesario determinar, en primer lugar, si los actos reclamados tienen o no ejecución material, para lo cual se debe tener en cuenta que lo que reclama es lo siguiente: El bloqueo y ejecución del mismo, de la cuenta bancaria 0328718320 aperturada a nombre del quejoso en la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Expuesto lo anterior, debe considerarse que para determinar la competencia del Juez de Distrito por territorio, como primera premisa debe precisarse si tiene o no ejecución material, a efecto de determinar en qué supuesto del artículo 37 de la Ley de Amparo se ubica el acto reclamado. En este juicio de amparo, a consideración de este órgano jurisdiccional, el acto reclamado sí tiene ejecución material, ya que la quejosa reclama el bloqueo de su cuenta bancaria. Por lo que la regla que rige a dicho acto es la prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, de manera que para determinar el juzgado competente por territorio, debe atenderse al lugar donde aquél deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ahora bien, de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, relacionadas con las documentales exhibidas por la parte quejosa, se advierte que dicha cuenta fue aperturada en la sucursal número 1182 en el Estado de Puebla. Por tanto, resulta evidente que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Puebla, de lo que se sigue que el Juzgado competente para conocer del presente juicio de amparo es el que ejerce jurisdicción en dicha entidad federativa. Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a/J.74/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir". Conclusión. En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado carece de competencia para conocer de la demanda a que se refiere este expediente. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, declina competencia en favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en San Andrés Cholula, con residencia en Puebla, en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Sin que resulte necesario hacer pronunciamiento alguno sobre la solicitud de suspensión que formula la quejosa, puesto que los actos que reclama no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Sin que haya lugar a conformar cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. Notifíquese.

  3. Principal

    Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por Joan Sergio Benavides Elsner, por su propio derecho; contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1031/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Una vez analizada la demanda de amparo y previo a determinar lo que en derecho corresponda, debe prevenirse a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, aclare el punto que más adelante se señala. Fundamento de la prevención. Artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el diverso 108, fracción V, de la Ley de Amparo. 1. Aclaración de antecedentes del acto reclamado. En la demanda de amparo la parte quejosa indica que el dieciséis de octubre de dos mil veinte, tuvo conocimiento de que la cuenta 0328718320 de la que es titular, por disposición y ordenamiento directo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al banco no le permitía expedirle estados de cuenta ni otros documentos. Por esa razón, el promovente deberá informar a este Juzgador, bajo protesta de decir verdad, si intentó realizar alguna operación bancaria anterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo, pues la inmovilización de su cuenta lo hace derivar únicamente de la información que refiere le fue otorgada por la institución bancaria más no de una imposibilidad para realizar movimientos en ella. 2. Ahora bien, para que este órgano jurisdiccional pueda analizar la oportunidad en la presentación de la demanda, el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad: i) cuál fue la última operación y/o movimiento, así como ii) la fecha en que la realizó antes de la inmovilización de la cuenta bancaria que refiere; es decir, iii) cuándo fue la última vez que pudo disponer de los fondos de su cuenta bancaria con éxito. 3. Deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, en qué sucursal aperturó la cuenta 032818320 con la institución bancaria i) Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, de la que es titular especificando el domicilio de la misma, destacando la entidad federativa. Esto con la finalidad de poder establecer la competencia de este órgano jurisdiccional. En el entendido de que el desahogo de las prevenciones formuladas deberá ser de forma clara y precisa sin contener omisiones, ni afirmaciones obscuras e imprecisas. Para que el promovente atienda el requerimiento contenido en los puntos anteriores, se le hace saber que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces la unidad de medida y actualización, la parte quejosa que para obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita aquellos que le consten en relación con el acto reclamado. 2. Copias. Deberá exhibir cuatro copias de su escrito aclaratorio, debiendo tomar en consideración que corresponde una para cada autoridad señalada como responsable (tres) y otra para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 3. Copias para la suspensión. Se les requiere para que exhiban dos copias más de su escrito aclaratorio para que, de ser el caso, se tramite el incidente de suspensión solicitado. Apercibimiento. Se apercibe al quejoso que de no cumplir con lo solicitado en los puntos 1 y 2, dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. De desahogar dichos puntos, pero no el 3, se postergará la apertura del incidente de suspensión, de ser lo procedente. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo y último párrafos de la Ley de Amparo. Requerimiento de constancias. Este órgano jurisdiccional advierte que la parte quejosa solicita la suspensión provisional y, en su momento la definitiva. Por tanto, con el fin de tener pruebas para mejor proveer sobre tal aspecto, este órgano jurisdiccional estima necesario allegarse de las documentales que se relacionan con los actos reclamados. La anterior determinación encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 27/2004, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO ADMINISTRATIVO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, PERO NO POSTERGAR SU DECISIÓN". Por tal motivo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se requiere: (i) al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, a la institución bancaria (ii) Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, para que dentro del improrrogable plazo de tres días remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de todo lo relacionado con el bloqueo, congelamiento o inmovilización decretados sobre la cuenta bancaria identificada con el número 0328718320, a nombre de Joan Sergio Benavides Elsner. Se les apercibe que, de no hacerlo dentro del plazo concedido, de conformidad con el artículo 236, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notificaciones vía electrónica. Como lo solicita la parte quejosa, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese electrónicamente los autos y resoluciones que deban notificarse personalmente. Autorizados. Téngase por autorizado en términos amplios a Irving Mauricio Olvera Vega, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte, de la Ley de Amparo. Se tienen por autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Autorización de usuarios. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró que el nombre de usuario "irvingmov", "Jonathan3005" y "Agarcia1", corresponden a Irving Mauricio Olvera Vega, Jonathan Omar Segura Marín y Andrea García Montoya, personas autorizadas por la parte quejosa. Exhortación a las partes. Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Para ello deberán acatar lo establecido en el Acuerdo General 12/2020. De igual forma, se les invita a que proporcionen correos electrónicos o instrumentos de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. El contenido que se lleve a cabo a través de estos medios deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Atención al público. Se informa a las partes que, para la atención presencial, deberán sujetarse a lo señalado en el Acuerdo General 21/2020. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la secretaria o el secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Obligación de las partes sobre la actualización de alguna causa de improcedencia. Hágase del conocimiento de las partes que, en términos del ordinal 64 de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar de inmediato a este órgano de control constitucional si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causal de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63 de la referida ley, debiendo exhibir las constancias que la acrediten. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, este juzgado le impondrá como medida de apremio, una multa por la cantidad equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 251, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Apercibimiento relativo a la denominación de autoridades. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable, tendrá como efecto, previa vista que se le otorgue, declarar su inexistencia, continuándose con el trámite del juicio, sin perjuicio de que con posterioridad pueda precisar su denominación correcta. Notifíquese vía electrónica.

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