Joan Dejesus Baak Varguez

Expediente 1433/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1433/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
19/10/2021

Partes del expediente

  • Joan Dejesus Baak Varguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se tramitó incidente de suspensión, ES DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1433/2021; y, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Demanda de amparo. Joan de Jesús Baak Várguez, por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y del Actuario de su adscripción, que hizo consistir, medularmente, en el señalamiento de una fecha lejana para la celebración de la audiencia trifásica en el controvertido 365/2019, así como la falta de emplazamiento de la parte demandada en el mismo. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede.C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia legal. Este órgano de control constitucional es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, promovida contra actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtienen los siguientes actos reclamados: - De la Junta responsable, el señalamiento de una fecha lejana para la celebración de la audiencia trifásica en el controvertido 365/2019. - Y del Actuario de su adscripción, la falta de emplazamiento de la parte demandada en dicho juicio reclamatorio laboral. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado y sobreseimiento. La Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe de ley, manifestó que es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, dicha manifestación se certeza se encuentra desvirtuada con las constancias que la propia Junta responsable adjuntó a su demanda de amparo. Esto es así, cuenta habida que, en el caso a estudio, la parte quejosa reclama de la Junta responsable, el señalamiento de una fecha lejana para la celebración de la audiencia trifásica en el controvertido 365/2019, siendo que, al respecto, este órgano de control constitucional, en principio, advierte que, en relación al mismo, se actualiza la causal de sobresemiento a que alude el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, derivada de la inexistencia de tal acto, al momento de promover la demanda de amparo que nos ocupa. Ello, cuenta habida que la demanda de amparo, fue presentada por el quejoso el doce de agosto de dos mil dieciocho, reclamando, según el capítulo de actos reclamados de la misma, se reitera, el señalamiento de una fecha lejana para la celebración de la audiencia trifásica en el controvertido 365/2019. Sin embargo, del informe justificado rendido por la Junta responsable, se desprende que fue por auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que señaló las diez horas del cuatro de enero de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia de marras. Por tanto, es evidente que, a la fecha en que el quejoso promovió este juicio de amparo, no existía el acto reclamado, precisamente porque la Junta responsable no había emitido pronunciamiento alguno en relación al señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica en el controvertido natural, de cuya lejanía se duele la parte quejosa. En esa virtud, atendiendo a que el citado acuerdo es de carácter positivo, su existencia debe analizarse en amparo de acuerdo a la fecha de presentación de la demanda y sobre actos existentes y concretos no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de la debida interrelación de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, y sí como se vio, en la fecha de presentación de la petición constitucional no existía el acto, es claro, que para los efectos de este procedimiento constitucional, el acto reclamado, en la forma planteada por el impetrante de garantías, es inexistente, respecto de la Junta señalada como responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.36/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VII, Junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Página 5, con número de registro 196072, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Por tal motivo, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado a la Junta responsable, por los motivos expresados con antelación. CUARTO. Existencia de un diverso acto reclamado y actualización de una causal de improcedencia. Sentado lo anterior, debe decirse que, en el caso, se tiene por presuntivamente cierto el diverso acto reclamado del Actuario adscrito a la Junta responsable, de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, ya que no rindió su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificado para tal efecto. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe la Junta responsable, relativas al juicio reclamatorio laboral 365/2019. Ahora bien, una vez sentado lo anterior, debe decirse que el análisis de la procedencia del juicio de amparo es de orden público, y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, tomo Parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985 al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, respecto del acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta responsable, relativo a la falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio reclamatorio laboral 365/2019, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es conveniente señalar que para la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, cuenta habida que de las constancias remitidas por la Junta de la adscripción del fedatario responsable, se advierte que éste, el seis de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, con posteridad a la presentación de la demanda de amparo, intentó constituirse en el domicilio señalado por la parte actora en el juicio natural, como de la parte demandada, con la finalidad de llevar a cabo su llamamiento, lo cual no le fue posible, debido a que dicho domicilio resultó ser inexistente. En mérito de lo anterior, resulta obvio que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, habida cuenta que el Actuario responsable ya intentó llevar a cabo el emplazamiento encomendado, en el predio señalado por la parte actora en el juicio natural, hoy quejosa, sin resultados positivos, debido a que el domicilio proporcionado resultó no existir con esa nomenclatura. Por tanto, la diligencia encomendada ya fue llevada a cabo, por lo que será cuando la parte actora señale un nuevo domicilio para llevar a cabo esa diligencia, cuando el fedatario estará en aptitud de realizarla, en tanto que, se reitera, el llamamiento primigenio ya se pretendió realizar, con resultados infructuosos. Por consiguiente, en relación a los indicados actos reclamados, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y, por ende, no vulnera la esfera jurídica de la parte peticionaria de amparo, y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la autoridad responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del indicado acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Sin que constituya obstáculo para arribar a la anterior determinación, el que no hubiere sido emplazado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; cuenta habida que, con el sentido de la misma, no se le ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Sobresee. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Joan de Jesús Baak Várguez, contra los actos que reclamó de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otra autoridad; precisados en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto subsecuentes. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y anexo que acompaña; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. De igual manera, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba documental que la autoridad responsable acompaña a su informe justificado, para ser relacionada y tomada en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el alegato ministerial 397/2021, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, en su segundo punto petitorio, solicita se sobresea en el presente juicio de amparo, y en el tercer punto, negar el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 124 del mencionado ordenamiento jurídico, relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del código Federal de Procedimientos Civiles, entréguese copia certificada de la sentencia que en su momento se dicte en el presente juicio de amparo, autorizando a que la reciba la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Notifíquese por lista.

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