Joan Balderas Davila

Expediente 1245/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1245/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Joan Balderas Davila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este juicio el diez de enero de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho acuerdo que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese a la autoridad responsable esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el diez de enero de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se ordena devolución de documento. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa, acompañó al presente asunto un documento susceptible de devolución, por tanto, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los presentes autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Para lo cual deberá de presentarse en este órgano jurisdiccional con copia del documento que adjuntó a su escrito inicial de demanda para que se realice el cotejo y devolución del que obra agregado en autos, haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. No relevancia documental. En otro orden, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este juicio el diez de enero de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho acuerdo que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese a la autoridad responsable esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el diez de enero de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se ordena devolución de documento. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa, acompañó al presente asunto un documento susceptible de devolución, por tanto, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los presentes autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Para lo cual deberá de presentarse en este órgano jurisdiccional con copia del documento que adjuntó a su escrito inicial de demanda para que se realice el cotejo y devolución del que obra agregado en autos, haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. No relevancia documental. En otro orden, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta, rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Como lo solicita, de conformidad con el numeral 9° de la citada legislación, se tiene como delegados de su parte a la personas que menciona y como domicilio para oir y recibir notificaciones el que señala. Asimismo, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se le deban realizar a la autoridad responsable señalada con antelación, se lleven a cabo a través del correo electrónico proporcionado para tal efecto, debiendo el actuario respectivo levantar las razones correspondientes en las que haga constar su envío, así como las confirmaciones de su recepción. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la citada ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad responsable, las documentales que exhibe, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza. En principio, cabe señalar que con fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, se presentó en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, la demanda de amparo promovida por Joan Balderas Dávila, respecto al acto reclamado que hizo consistir en la falta de notificación y acuerdo al escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral de origen 299/2018/M-3, el cual reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, del informe justificado rendido por la responsable, así como sus anexos, se advierte que respecto de la omisión reclamada de dar respuesta al escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral de origen 299/2018/M-3, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, procederá el sobreseimiento en el juicio de amparo. Precisando lo anterior, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe de ley negó expresamente la existencia de la omisión reclamada y al efecto allegó copia certificada del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, así como la cédula de notificación de tres de diciembre de la misma anualidad, que obran en el juicio laboral 299/2018/M-3. A tales probanzas se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De las documentales referidas se advierte que el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se acordó la solicitud del aquí quejoso, y posteriormente, el tres de diciembre de la misma anualidad, dicho auto le fue notificado mediante cédula. De lo expuesto, resulta inconcuso que la omisión reclamada no existía a la fecha de la presentación de la demanda (uno de diciembre de dos mil veintiuno), ya que con anterioridad, es decir, el diecisiete de noviembre de la misma anualidad, la autoridad responsable dictó el acuerdo respectivo cuya omisión se reclama en el expediente laboral 299/2018/M-3. En efecto, al analizar el sello receptor de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, el cual se encuentra impreso en la parte superior del escrito de demanda, se desprende que fue presentada el uno de diciembre de dos mil veintiuno, y como quedó establecido en el párrafo que antecede, el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó el acuerdo relativo en el expediente laboral origen; es por ello que en el presente asunto no puede ocuparse de dicha omisión reclamada toda vez que ésta no existía a la fecha de la presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, con número 2a./J. 3/94, visible en la página 15, Tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". Es de puntual aplicación a lo antepuesto, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 254, Tomo: XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." No escapa a la atención de la suscrita, que de la demanda de amparo se aduce que el quejoso reclama la falta de notificación del acuerdo recaído a la solicitud del quejoso en el citado expediente; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no haber acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la audiencia señalada para el veintiuno de enero de dos mil veintidós. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA DETERMINACIÓN DICTADA EN ESTA FECHA, QUE DICE: "San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta, rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Como lo solicita, de conformidad con el numeral 9° de la citada legislación, se tiene como delegados de su parte a la personas que menciona y como domicilio para oir y recibir notificaciones el que señala. Asimismo, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se le deban realizar a la autoridad responsable señalada con antelación, se lleven a cabo a través del correo electrónico proporcionado para tal efecto, debiendo el actuario respectivo levantar las razones correspondientes en las que haga constar su envío, así como las confirmaciones de su recepción. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la citada ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad responsable, las documentales que exhibe, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza. En principio, cabe señalar que con fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, se presentó en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, la demanda de amparo promovida por Joan Balderas Dávila, respecto al acto reclamado que hizo consistir en la falta de notificación y acuerdo al escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral de origen 299/2018/M-3, el cual reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, del informe justificado rendido por la responsable, así como sus anexos, se advierte que respecto de la omisión reclamada de dar respuesta al escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral de origen 299/2018/M-3, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, procederá el sobreseimiento en el juicio de amparo. Precisando lo anterior, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe de ley negó expresamente la existencia de la omisión reclamada y al efecto allegó copia certificada del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, así como la cédula de notificación de tres de diciembre de la misma anualidad, que obran en el juicio laboral 299/2018/M-3. A tales probanzas se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De las documentales referidas se advierte que el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se acordó la solicitud del aquí quejoso, y posteriormente, el tres de diciembre de la misma anualidad, dicho auto le fue notificado mediante cédula. De lo expuesto, resulta inconcuso que la omisión reclamada no existía a la fecha de la presentación de la demanda (uno de diciembre de dos mil veintiuno), ya que con anterioridad, es decir, el diecisiete de noviembre de la misma anualidad, la autoridad responsable dictó el acuerdo respectivo cuya omisión se reclama en el expediente laboral 299/2018/M-3. En efecto, al analizar el sello receptor de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, el cual se encuentra impreso en la parte superior del escrito de demanda, se desprende que fue presentada el uno de diciembre de dos mil veintiuno, y como quedó establecido en el párrafo que antecede, el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó el acuerdo relativo en el expediente laboral origen; es por ello que en el presente asunto no puede ocuparse de dicha omisión reclamada toda vez que ésta no existía a la fecha de la presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, con número 2a./J. 3/94, visible en la página 15, Tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". Es de puntual aplicación a lo antepuesto, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 254, Tomo: XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." No escapa a la atención de la suscrita, que de la demanda de amparo se aduce que el quejoso reclama la falta de notificación del acuerdo recaído a la solicitud del quejoso en el citado expediente; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no haber acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la audiencia señalada para el veintiuno de enero de dos mil veintidós. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe."

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