Joan Antonio Ochoa Sada

Expediente 1127/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1127/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Joan Antonio Ochoa Sada

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se observa que feneció el término de cinco días, previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano su demanda. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual cumple la prevención formulada en proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés. Al respecto, téngase ejercida la acción de amparo únicamente por Joan Antonio Ochoa Sada, por propio derecho. Esto es así, pues el promovente no demuestra la existencia de persona moral alguna en favor de la cual acude a esta instancia constitucional bajo el carácter de representante, de modo que no puede tenerse ejercida la acción de amparo por alguna otra persona que no sea él mismo. No se soslaya que el quejoso aduce pertenecer y representar a un ente colectivo que tiene por objeto la defensa y protección de los derechos humanos, sin ánimo de lucro, que no está constituido legalmente; sin embargo, ello es insuficiente para reconocerle personalidad jurídica a dicha organización y, por ende, capacidad de goce y ejercicio para comparecer, por conducto del solicitante del amparo, a promover la presente instancia. Ello en atención a que la entidad referida por el quejoso se rige por las disposiciones generales del Código Civil Federal, cuyos artículos 26, 27 y 28 establecen que las personas morales reconocidas en el diverso artículo 25 de esa codificación tendrán capacidad de ejercicio -esto es, la aptitud de hacer valer sus derechos y exigir el cumplimiento de las obligaciones estatuidas a su favor- cuando ello sea necesario para realizar su objeto. Asimismo, en atención a las características del ente colectivo que, aduce el quejoso, comparece al amparo, se concluye que se trata de una asociación civil, pues tiende a la realización de un fin común que no está prohibido por la ley y que no tiene carácter preponderantemente económico; empero, para que tal organización cuente con personalidad jurídica, debe constituirse por escrito y registrarse en el Registro Público, de conformidad con los artículos 2670, 2671 y 2672 del Código Civil Federal. Al no reunirse los requisitos precisados, es claro que el ente colectivo referido por el quejoso no tiene personalidad jurídica y, por tanto, no es sujeto de derechos y obligaciones, por lo que no puede acudir a la acción de amparo, de manera que únicamente se reconoce el carácter de quejoso al promovente Joan Antonio Ochoa Sada. En cuanto a la afectación que dice resentir con motivo de la desaparición del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, el quejoso sostiene que tal perjuicio se actualiza derivado de que acude a los juzgados federales de todo el país en protección de los derechos humanos, por lo que hace uso de los recursos constitucionales a su alcance, los cuales se verán afectados e incidirán en su derecho de acceso a la administración de justicia con la desaparición del fideicomiso referido. Sentadas las precisiones anteriores, se analiza la procedencia de la acción de amparo ejercida. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se considera que el juicio es notoriamente improcedente, por lo que procede el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Se explica. El quejoso Joan Antonio Ochoa Sada reclama el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dice: "Artículo 224. El Poder Judicial de la Federación se auxiliará para el mejor desempeño de sus funciones de un fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia y administrar los recursos financieros que integren el mismo. En el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente." El quejoso tilda de inconstitucional dicho párrafo añadido porque sostiene que su aplicación implicará la extinción de dos fideicomisos o fondos en particular: el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, y el Fondo para la Administración de los Recursos provenientes de Sentencias que deriven de las Acciones Colectivas. A) Improcedencia de la acción de amparo en relación con la alegada desaparición del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. La finalidad del fondo en cuestión es, en esencia, contribuir al mejoramiento de la administración de justicia. Así se advierte en la información publicada en la página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal: -Antecedentes- En ese contexto, los recursos del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia constituyen una fuente de financiamiento distinta a los recursos que obtiene anualmente a través de la asignación presupuestal, los que deben destinarse a los siguientes fines: Sufragar gastos que origine su administración; La adquisición, construcción y remodelación de bienes inmuebles destinados a sedes de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; Comprar, rentar, reparar o mantener el mobiliario y el equipo necesario para el funcionamiento de las sedes jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y La capacitación, mejoramiento y especialización profesional del personal del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, de la lectura del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente, se aprecia que tal disposición no prevé la desaparición del fondo en cuestión, pues es el único que subsiste; luego, contrariamente a lo que sostiene el quejoso, en principio, la capacitación, mejoramiento y especialización del personal del Poder Judicial de la Federación, así como las condiciones materiales en que se preste el servicio público de impartición de justicia, no necesariamente tienen porqué medrar con motivo de la reforma combatida, pues se insiste, el único fondo que administra el Poder Judicial de la Federación que continuará funcionando a partir de la reforma al artículo reclamado, es precisamente el que atiende tales propósitos. Dado que la disposición reclamada no extingue el fondo que pretende defender el quejoso, no se aprecia situación alguna real y actual -en términos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- que pueda derivar de la aplicación del artículo combatido y que tenga como consecuencia necesaria una impartición de justicia deficiente, de modo que en relación con este fondo, la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, por lo que en este caso se impone desechar la demanda por lo que ve a este aspecto. B) Improcedencia de la acción de amparo en relación con la desaparición del Fondo para la Administración de los Recursos provenientes de Sentencias que deriven de las Acciones Colectivas. El fondo referido tiene como fin apoyar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos en procesos de esta índole instados por asociaciones civiles, lo cual se corrobora con la siguiente información obtenida de la página de Internet oficial del Consejo de la Judicatura Federal: -Antecedentes- En este contexto en el artículo 624 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se estableció la obligación para el Consejo de la Judicatura Federal, de crear un Fondo con los recursos provenientes de las sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas, el cual administrará. El 4 de mayo de 2016, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la creación de dicho Fondo de apoyo para las asociaciones civiles registradas ante el Consejo de la Judicatura Federal que actúan en acciones colectivas difusas y establece su operación, así como la organización y funcionamiento del Comité Técnico que lo administrará. El 6 de julio de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las Acciones Colectivas Difusas, a que se refiere el artículo 624 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El 16 de noviembre de 2016, en la primera sesión ordinaria, se instaló el Comité Técnico del Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las Acciones Colectivas Difusas. El 10 de marzo de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar que crea el Fondo para la administración de recursos provenientes de sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas, a que se refiere el artículo 624 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, los servicios y trámites que se garantizan con dicho fondo son los siguientes: I. El pago de los gastos derivados de los procedimientos colectivos incluyendo las notificaciones a los miembros de la colectividad, la preparación de las pruebas pertinentes y la notificación de la sentencia respectiva; II. El pago de los honorarios de los representantes de la parte actora a que se refiere el artículo 617 del Código; III. En caso de existir un interés social que lo justifique y el juez así lo determine, incluyendo pero sin limitar, las notificaciones a los miembros de la colectividad, la preparación de las pruebas pertinentes y la notificación de la sentencia respectiva; y IV. El fomento de la investigación y difusión relacionada con las acciones y derechos colectivos en este caso, corresponderá al Comité Técnico determinar la procedencia de aplicar el Fondo. Como se adelantó al inicio de esta determinación, el quejoso no demostró la existencia de persona moral alguna en representación de la cual acude a esta instancia constitucional, de manera que no puede reconocérsele interés alguno a la asociación a la que pertenece, si ésta no tiene un objeto legalmente estatuido ni la capacidad para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que de él deriven. La existencia legal de una asociación civil importa para la procedencia de la demanda, porque únicamente las personas morales registradas ante el Consejo de la Judicatura Federal que actúan en acciones colectivas difusas, cuentan con interés para combatir el artículo reclamado, dado que ya no se verán beneficiadas de los recursos que administra el fondo en cuestión con motivo de su extinción por disposición de dicha norma jurídica. En esa medida, el quejoso tampoco cuenta con interés alguno en relación con la desaparición del fondo en cuestión, pues es presupuesto necesario pertenecer a una asociación civil con personalidad jurídica propia que esté registrada ante el Consejo de la Judicatura Federal, con derecho a percibir los recursos de ese fondo, para que el quejoso, como asociado a dicha persona jurídica, pueda a su vez percibirlos. Conforme a lo expuesto, si bien el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, lo cierto es que ese interés legítimo radica en un agravio diferenciado que sufre una persona en virtud de su especial situación que tiene en el orden jurídico, esto es, se trata de un interés personal - de carácter individual o colectivo- que es cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. En este caso, dada la inexistencia legal de la colectividad que, aduce el quejoso, representa en esta instancia, se concluye que ni dicho ente ni el promovente del amparo cuentan con interés legítimo para reclamar la afectación del fondo referido con motivo de la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo cual se advierte desde ahora y no depende de prueba, por lo que procede el desechamiento de la demanda, ya que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda de amparo.

  3. Principal

    Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1127/2023-V. Prevención. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda de amparo, en caso de ser procedente, con fundamento en los artículos 114, fracciones II y IV, en relación con el 108, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Personalidad y hechos que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. a) Precise si acude a esta instancia constitucional únicamente por propio derecho, o bien, si lo hace, además, en representación de alguna persona moral, pues en su demanda de amparo se aprecia que el promovente señala ser un activista perteneciente a la Organización Uniendo Caminos México, de la cual aduce ser Cofundador. b) En caso de responder afirmativamente al requerimiento anterior, deberá realizar lo siguiente: I. Acreditar con documento idóneo (original o copia certificada) la personalidad con la cual demuestre ser representante de dicha organización. II. Precisar si la persona moral que representa pertenece a alguna de las asociaciones civiles registradas ante el Consejo de la Judicatura Federal que actúan en acciones colectivas difusas o bien, si tiene a su favor alguna resolución que reconozca el derecho a percibir recursos previstos en el fondo en cuestión. Se formula el presente requerimiento en virtud de que el promovente reclama el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dice: "Artículo 224. El Poder Judicial de la Federación se auxiliará para el mejor desempeño de sus funciones de un fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia y administrar los recursos financieros que integren el mismo. En el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente." En relación con dicho párrafo añadido, el quejoso reclama su inconstitucionalidad y aduce que la aplicación de dicha porción normativa implicará la extinción de dos fideicomisos o fondos, entre otros. En lo que interesa al presente requerimiento, uno de dichos fondos es el Fondo para la Administración de los Recursos provenientes de Sentencias que deriven de las Acciones Colectivas, el cual tiene como fin administrar los recursos que lo integran con la finalidad de apoyar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos en procesos de esta índole instados por asociaciones civiles, lo cual se corrobora con la siguiente información obtenida de la página de Internet oficial del Consejo de la Judicatura Federal: -Antecedentes- En este contexto en el artículo 624 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se estableció la obligación para el Consejo de la Judicatura Federal, de crear un Fondo con los recursos provenientes de las sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas, el cual administrará. El 4 de mayo de 2016, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la creación de dicho Fondo de apoyo para las asociaciones civiles registradas ante el Consejo de la Judicatura Federal que actúan en acciones colectivas difusas y establece su operación, así como la organización y funcionamiento del Comité Técnico que lo administrará. El 6 de julio de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las Acciones Colectivas Difusas, a que se refiere el artículo 624 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El 16 de noviembre de 2016, en la primera sesión ordinaria, se instaló el Comité Técnico del Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las Acciones Colectivas Difusas. El 10 de marzo de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar que crea el Fondo para la administración de recursos provenientes de sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas, a que se refiere el artículo 624 del Código Federal de Procedimientos Civiles." Los servicios y trámites que se garantizan con dicho fondo son los siguientes: I. El pago de los gastos derivados de los procedimientos colectivos incluyendo las notificaciones a los miembros de la colectividad, la preparación de las pruebas pertinentes y la notificación de la sentencia respectiva; II. El pago de los honorarios de los representantes de la parte actora a que se refiere el artículo 617 del Código; III. En caso de existir un interés social que lo justifique y el juez así lo determine, incluyendo pero sin limitar, las notificaciones a los miembros de la colectividad, la preparación de las pruebas pertinentes y la notificación de la sentencia respectiva; y IV. El fomento de la investigación y difusión relacionada con las acciones y derechos colectivos en este caso, corresponderá al Comité Técnico determinar la procedencia de aplicar el Fondo. Con base en la información referida, a efecto de que este juzgado se pronuncie sobre la procedencia de la demanda de amparo intentada, el promovente debe referir, bajo protesta de decir verdad, si la persona moral que en su caso representa, pertenece a alguna de las asociaciones civiles registradas ante el Consejo de la Judicatura Federal que actúan en acciones colectivas difusas o bien, si tiene a su favor alguna resolución que reconozca el derecho a percibir recursos previstos en el fondo en cuestión. 2. Circunstancias o actos concretos que individualicen un perjuicio en agravio del quejoso con motivo de la desaparición del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. El segundo fideicomiso que, aduce el promovente, se verá afectado con motivo del artículo reformado reclamado, es el relativo al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, el cual tiene como fin administrar los recursos que lo conforman mediante su inversión en instrumentos financieros de bajo riesgo y con el más alto rendimiento, para contribuir al mejoramiento de la administración de justicia, lo cual puede consultarse en la dirección electrónica referida en el punto anterior. Ahora bien, para proveer sobre la admisión de la demanda de amparo intentada, es necesario que el quejoso indique, bajo protesta de decir verdad, los hechos o circunstancias particulares derivadas de la reforma combatida que hayan incidido en su perjuicio o, en su caso, en perjuicio de la persona moral que representa, en relación con la función de impartición de justicia. Es decir, deberá precisar los hechos concretos que impliquen un detrimento en su esfera jurídica como justiciable con motivo de una impartición de justicia deficiente derivada de la extinción del fondo aludido. En el entendido de que deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las demás partes y formar el incidente de suspensión respectivo, de ser procedente su demanda, de conformidad con la jurisprudencia número 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación Se apercibe al promovente que de incumplir con los citados puntos de prevención dentro del plazo indicado, se procederá en los términos previstos en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá no presentada su demanda de amparo. Notificaciones. Con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que el promovente con el usuario "********************" reciba notificaciones por dicha vía. Téngase como medio de contacto expedito el correo electrónico y número telefónico a que alude en su ocurso, para los casos en que este órgano lo estime necesario. Autorizados. Como lo solicita, téngase como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por no contar con cédula profesional de licenciado en derecho inscrita en el sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, se autoriza el uso de medios electrónicos como cámaras digitales, escáneres, cámaras fotográficas etc., para la toma de fotografías de todas y cada una de las constancias que integren el presente juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008" Transparencia y protección de datos personales. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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