Joan Antonio Ochoa Sada
Expediente 198/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Joan Antonio Ochoa Sada
Actuaciones
- Principal
..Téngase por recibido el oficio remitido por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y de los Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, informa que el juicio de amparo 198/2021 del índice de este juzgado federal, fue turnado al Juzgado Primero de Distrito en la Materia correspondiente. AUTORIDAD ACEPTA COMPETENCIA Ahora, en atención a la certificación de cuenta, se advierte que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, aceptó la competencia declinada por este Juzgado y se avocó al conocimiento del asunto, registrándolo bajo el número 243/2021. ARCHIVO Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha del presente auto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 último párrafo interpretado a contrario sensu y 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) ...
- Principal
...TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En esa tesitura, se tiene que no es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil ****, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad. Lo anterior es así, pues si bien al momento de rendir su informe con justificación, manifestaron que son ciertos los actos reclamados, habida cuenta que de las constancias remitidas por el Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, consistentes en el juicio ejecutivo mercantil *** , se advierte la existencia del emplazamiento de manera personal a la parte quejosa, mediante diligencia de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, acto que incluso, también fue señalado como destacado en el presente asunto; de ahí que se estime que el acto reclamado en comento no existe. En tal tesitura, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto al acto reclamado en comento, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en el emplazamiento de veintidós de febrero de dos mil diecisiete al juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad y en consecuencia, todo lo actuado en el mismo, incluyendo la sentencia y su ejecución; pues así lo manifestaron las responsables al rendir su informe justificado (fojas 135, 139 y 140 de autos). Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la Juez responsable acompañó en apoyo a su informe justificado, las cuales consisten en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil ***; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones . QUINTO. Resolución relativa al incidente de objeción de documentos. Por cuestión de orden, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Amparo, se resolverá en primer término lo relativo al incidente de objeción de falsedad de documento promovido por el quejoso, en los términos de sus escritos presentados ante este Órgano Jurisdiccional el catorce y veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, los cuales obran agregados a los presentes autos (fojas 73 a 77 y 81 a 107). En la audiencia constitucional se abrió el referido incidente de objeción de falsedad de documentos, respecto a la firma que calza en la diligencia de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, correspondiente al emplazamiento reclamado. La falsedad de documentos debe demostrarse por la parte objetante, pues implica la afirmación de un hecho; por tanto, en este incidente corresponderá la carga de la prueba a la parte quejosa . En el caso, el quejoso asegura que la firma que calza el documento objetado no proviene del puño y letra de ***. Para demostrar su afirmación ofreció la prueba pericial en grafoscopía, la cual se basó en los documentos siguientes: 1. El documento cuestionado, firma dubitada (fojas 33 a 35, cuaderno de pruebas II). 2. Muestras gráficas plasmadas por el quejoso en diligencia de doce de febrero de dos mil veinte, firmas indubitadas (fojas 239 a 240 de autos). Medio de convicción que se integró con el dictamen de *** y ***, el primero designado por la parte quejosa, el segundo por el tercero interesado y la última por este órgano de control constitucional. Dichos dictámenes, fueron desahogados dentro del presente incidente; empero, adquiere valor probatorio los rendidos por la perito designada por este órgano de control constitucional y el diverso de la parte tercero interesada (fojas 326 a 348 y 296 a 325 de autos). Así es, pues acorde con lo dispuesto en el artículo 211 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la valoración de la prueba pericial no se sujeta a reglas determinadas, pues los juzgadores cuentan con facultad discrecional para apreciarla, siempre que no rebasen las reglas de la lógica o el sentido común, ni contravengan el resto del material probatorio producido en juicio . La prueba pericial tiene un doble aspecto: 1. Verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del juez y de la gente, sus causas y sus efectos; y, 2. Suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Ahora, la validez de un dictamen depende de que satisfaga los extremos siguientes: I. Que los datos que arroje sean relevantes para el caso concreto, es decir, que sirvan para conocer la verdad de los hechos sujetos a prueba; y, II. Que los datos sean fidedignos, esto es, que sean producto del método científico. Por lo general, para eso es necesario que la técnica empleada se sujete a pruebas empíricas o de refutabilidad que permitan conocer el margen de error de la experticia. En ese sentido, respecto del dictamen pericial emitido por José Antonio Martínez Vera, perito de la parte tercera interesada, además de la documentación indicada con antelación, la firma dubitada se confrontó también con la signatura que calza la demanda de amparo. Sobre las rúbricas el fedatario, señaló en una tabla de elementos estructurales, los siguientes: Características FIRMAS C (Indubitables de la C. *** FIRMA CUESTIONADA Q1 Tipo Rúbrica Ilegible Rúbrica Ilegible Dimensión Mediana Mediana Inclinación A la izquierda A la izquierda Dirección Ascendente Ascendente Momentos gráficos Cinco Cinco Angulosidad Mixta Mixta Proporcionalidad Proporcional a su espacio Proporcional a su espacio Velocidad Media Media Presión Alterna Alterna Ornamentación Sobria Sobria Habilidad del trazo Buena Buena Calidad del trazo Buena Buena Resultados que sirvieron como una orientación para establecer el origen de la firma y determinar si la firma indubitada se reproduce o no en el mismo grafismo que la firma cuestionada. Para lo cual, el diestro obtuvo un grupo de gestos gráficos, tanto de la firma indubitada como de la dubitada, de los cuales se aprecia que fueron coincidentes en: 1.- Ataque del primer momento gráfico, acerado. 2.- Cambio de dirección superior, anguloso, con regresión sobre la misma línea. 3.- Cambio de dirección inferior, anguloso. 4.- Trazo curvo, posterior al cambio de dirección, anguloso, con notable disminución de presión en vértice de la curvatura. 5.- Cambio de concavidad en el trazo curvo descendente y posterior, cambio de dirección, anguloso. 6.- Trazo ascendente con notable aumento de presión. 7.- Remate del primer momento gráfico, acerado. 8.- Ataque del segundo momento gráfico. 9.- Trazo curvo ascendente con disminución de presión, posterior cambio de dirección curvo, con vértice a las 12:00 horas de la carátula del reloj. 10.- Trazo curvo descendente con notable aumento de presión. 11.- Retención con descarga de tinta en el óvalo inferior del segundo momento gráfico, posicionado posterior al cambio de dirección, a las 11:00 horas de la carátula del reloj. 12.- Remate del segundo momento gráfico, acerado. 13.- Tercer momento gráfico, formado por grafías con ascensos y descensos, las cuales se posicionan por arriba del trazo final del primer momento gráfico, flotantes. 14.- Ataque del cuarto momento gráfico, acerado. 15.- Trazo curvo ascendente con disminución de presión, posterior cambio de dirección curvo, con vértice a las 11:00 horas de la carátula del reloj. 16.- Trazo curvo descendente, con presión sostenida, y cruce con el cambio de dirección superior del trazo final del tercer momento gráfico. 17.- Trazo curvo, envolvente de la firma, bien definido, con vértice posicionado a las 06:00 horas de la carátula del reloj. 18.- Remate del trazo curvo envolvente, acerado. 19.- Presencia de punto, posicionado arriba y a la derecha del remate del gesto gráfico señalado como 18. Cuestiones que ilustró con las fotografías impresas en la opinión profesional que se analiza. Descubrimientos con los que llegó a la conclusión siguiente: La firma que aparece al calce, a nombre de ***, en el original de la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento al C. ***, parte demandada, realizada por la Actuaria, Licenciada ***, en Irapuato, Guanajuato, a las 10:50 horas del día 22 de febrero de 2017, en el domicilio ubicado en **, diligencia ordenada por el Juez Segundo Civil de este Partido Judicial, expediente ***, SI fue realizada por puño y letra del C. ***, tratándose de una firma auténtica. (Lo subrayado es propio). Por su parte, el dictamen de ***, perito oficial, contiene el planteamiento del problema, la descripción de los documentos base de cotejo y de aquellos cuestionados, el método de estudio y la bibliografía empleados. Además, en su estudio se observa la descripción de las características generales de las firmas indubitadas y dubitadas, así como la confronta y valoración de sus gestos gráficos, bajo los esquemas siguientes: En cuanto a las características de orden general, se obtuvo como resultado lo siguiente: Características de orden general Firmas base de cotejo Firmas cuestionadas Dirección Horizontal Horizontal Inclinación Ligeramente a la izquierda Ligeramente a la derecha Proporción dimensional Destaca la primer letra de cada palabra en relación al resto de las letras Destaca la primer letra de cada palabra en relación al resto de las letras Habilidad para el manejo útil inscriptor Buena Buena Espontaneidad Sí presenta Sí presenta Velocidad de trazado Rápida Rápida Presión muscular Mixta Mixta Tensión de línea Firme Firme En relación a los gestos gráficos, se obtuvo como resultado lo siguiente: Gestos gráficos del elemento analizado Escritura cuestionada Escritura base de cotejo Zona superior de la letra "D" de la palabra "demandado" Abierta Abierta Número de momentos gráficos de la letra "E" de la palabra "Demandado" Tres, la tilde central no toca el trazo magistral y es de menor tamaño que el trazo superior de la misma letra. Tres, la tilde central no toca el trazo magistral y es de menor tamaño que el trazo superior de la misma letra. Cimas de la letra "M" de la palabra "Demandado" Angulosas y empastadas. Angulosas y empastadas. Número de momentos gráficos de la letra "A" de la palabra "Demandado" Uno, trazo inicial empastado o con ligera luz virtual y cuerpo o manera de triángulo. Uno, trazo inicial empastado o con ligera luz virtual y cuerpo o manera de triángulo. Trazo magistral de la letra "N" de la palabra "Demandado" Empastado. Empastado. Cuerpo de la letra "d" de la palabra "Demandado" Cerrado Cerrado Cuerpo de la letra "G" de la palabra "Gerardo" Alargado, zona central angulosa. Alargado, zona central angulosa. Número de momentos gráficos de la letra "E" de la palabra "Gerardo" Tres, la tilde central no toca el trazo magistral y es de menor tamaño que el trazo superior de la misma letra. Tres, la tilde central no toca el trazo magistral y es de menor tamaño que el trazo superior de la misma letra. Desarrollo de la letra "R" de la palabra "Gerardo" Trazo magistral empastado, cuerpo abierto. Trazo magistral empastado, cuerpo abierto. Inicio y final de la primera letra "S" de la palabra "Sosa" Acerados. Acerados. Después, una vez establecidas y clasificadas las características gráficas identificadas que conforman a las firmas base de cotejo del quejoso, así como las características que presenta la firma cuestionada, obtuvo los siguientes resultados: En cuanto a las características de orden general CARACTERÍSTICAS DE ORDEN GENERAL FIRMAS BASE DE COTEJO FIRMA CUESTIONADA DIRECCIÓN. ASCENDENTE ASCENDENTE. INCLINACIÓN. A LA DERECHA A LA DERECHA. PROPORCIÓN DIMENSIONAL. DESTACA LA LETRA "S" DEL RESTO DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS DE LA FIRMA. DESTACA LA LETRA "S" DEL RESTO DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS DE LA FIRMA. HABILIDAD PARA EL ÚTIL MANEJO DEL INSCRIPTOR. BUENA. BUENA. ESPONTANEIDAD. SI PRESENTA. SI PRESENTA. VELOCIDAD DEL TRAZADO. RÁPIDA. RÁPIDA. PRESIÓN MUSCULAR. MIXTA. MIXTA. TENSIÓN DE LÍNEA FIRME. FIRME. En relación de los gestos gráficos GESTOS GRÁFICOS DEL ELEMENTO ANALIZADO FIRMAS BASE DE COTEJO FIRMA CUESTIONADA TRAZO INICIAL DEL PRIMER ELEMENTO GRÁFICO. ASCENDENTE. ASCENDENTE. CIMA DEL PRIMER ELEMENTO GRÁFICO. EMPASTADA. EMPASTADA. BASE DEL PRIMER ELEMNTO GRÁFICO. EJECUTA CAMBIO DE DIRECCIÓN ANGULOSO. EJECUTA CAMBIO DE DIRECCIÓN ANGULOSO. POSTERIOR AL CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL PRIMER ELEMENTO GRÁFICO. EJECUTA CAMBIO DE PRESIÓN. EJECUTA CAMBIO DE PRESIÓN. CAMBIO DE DIRECCIÓN DE LA ZONA IZQUIERDA DEL PRIMER ELEMENTO GRÁFICO. ANGULOSO. ANGULOSO. RASGO FINAL DEL PRIMER ELEMENTO GRÁFICO. ACELERADO. ACELERADO. RASGO FINAL DEL ELEMNTO DE MANERA DE "G" UBICADO EN LA ZONA CENTRAL DE LA FIRMA. CURVO, LÁBIL, EL CUAL PRESENTA CAMBIO DE PRESIÓN EN LA ZONA SUPERIOR DERECHA. CURVO, LÁBIL, EL CUAL PRESENTA CAMBIO DE PRESIÓN EN LA ZONA SUPERIOR DERECHA. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CENTRALES. EN UN SOLO MOMENTO GRÁFICO. EN UN SOLO MOMENTO GRÁFICO. ESPACIOS INTERGRAMATICALES DE LOS ELEMENTOS CENTRALES. IRREGULARES. IRREGULARES. RASGO INICIAL DE LA LETRA "S". ACELERADO. ACELERADO. CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA LETRA "S". CURVOS. CURVOS. RASGO FINAL DE LA LETRA "S"., LARGO, CURVO Y ACELERADO. LARGO, CURVO Y ACELERADO. Con base en esos resultados, y una vez contestadas las preguntas que formuló la parte quejosa y el tercero interesado, la especialista concluyó: "f) CONCLUSIÓN. ÚNICA.- SÍ CORRESPONDEN POR SU EJECUCIÓN DE LA PERSONA QUE MANIFESTÓ LLAMARSE ***, LA ESCRITURA Y FIRMA QUE APARECEN COMO DE DICHA PERSONA EN EL DOCUMENTO CUESTIONADO CONSISTENTE EN LA DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2017, AMPLIAMENTE DESCRITO AL PROEMIO DEL PRESENTE ESTUDIO EN RELACIÓN CON LA ESCRITURA Y FIRMAS SEÑALADAS Y PROPORCIONADAS COMO ELEMENTOS BASE DE COTEJO A NOMBRE DE LA CITADA PERSONA, DEBIDO A LAS RAZONES DE ÍNDOLE TÉCNICO ALUDIDAS EN EL CUERPO DE PRESENTE DICTAMEN". Acorde con lo expuesto, ambos peritos coinciden en que la firma que calza la diligencia de emplazamiento de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, al juico ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, sí fue puesta del puño y letra del aquí quejoso *** (demandado en el juicio de origen). Su argumento encuentra sustento en la notoria similitud de los caracteres gráficos de las firmas plasmadas en los documentos dubitados e indubitados, tales como el trazo inicial, los elementos centrales, los rasgos finales, el cambio de dirección y de presión; sin que sea óbice las variaciones en su clasificación, pues su identificación obedece a fuentes bibliográficas distintas; sin embargo, existe concordancia en la identificación de los precitados gestos gráficos. Por tanto, con fundamento en los artículos 197, 198 y 211 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se concede valor probatorio a los dictámenes periciales en materia de grafoscopía, pues se aprecia que fueron emitidos por expertos en la materia, quienes cuentan con los conocimientos necesarios para el adecuado manejo de técnicas de campo referentes a la ciencia aplicable al caso concreto, así como con la práctica profesional requerida para desenvolver la actividad de que se trata; lo cual evidencia su experiencia en esa rama del saber, tal como lo disponen los numerales 143, 144 y 154 del código procedimental en cita. Además, en ambos estudios periciales se precisó el planteamiento del problema, el método de estudio, la bibliografía empleada y la técnica de valoración de los resultados, lo cual permite identificar claramente los elementos que los expertos tomaron en consideración para arribar a las conclusiones antes transcritas . Aunado a lo anterior y para mejor comprensión, los peritos anexaron a sus dictámenes las capturas fotográficas de las firmas estampadas en los documentos cuestionados y en aquellos que fueron base de cotejo, en las cuales identificaron cada uno de los gestos gráficos a que hacen alusión en las tablas precitadas. En ese orden de ideas y contrario a lo expuesto por el autorizado de la parte quejosa en ocurso presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte (fojas 414 a 424 de autos), el perito de la parte tercera interesada, como se ha visto, emite un dictamen en el que expone los fundamentos y motivos con que sustenta su decisión, asimismo, como se dijo, precisó el planteamiento del problema, el método de estudio, la bibliografía empleada y la técnica de valoración de los resultados; cuestiones que conducen a generar convicción respecto a la conclusión, pues, acorde a la valoración anterior se aprecia que no se queda en el tema de lo dogmático, es decir, no realiza afirmaciones de manera aislada y sin fundamento, como lo pretende hacer notar la parte quejosa. Además, si bien, como lo refiere dicha parte, asienta un cuadro comparativo respecto a las firmas dubitadas e indubitadas, también refiere que esos resultados sirvieron como una orientación para establecer el origen de la firma y determinar si la firma indubitada se reproduce o no en el mismo grafismo que la firma cuestionada. Para posteriormente, hacer la comparativa de ambas firmas, a través de un grupo de gestos gráficos, tanto de la firma indubitada como de la dubitada, de lo cual se aprecia que ambas rubricas fueron coincidentes; de lo que se colige que, opuesto a lo argumentado por la parte quejosa, el referido diestro tomó en consideración la firma problema como la diversa plasmada por el directo quejoso con motivo de la prueba pericial; tanto más que, en las impresiones que plasma para mejor comprensión, identifica punto por punto los rasgos de cada firma (dubitada e indubitada), ilustrando cada punto con la número arábico correspondiente, esto es, si en una firma señala un trazo con el número 1), en la otra indica el trazo que corresponde con el mismo número 1), cuestión que, se insiste, genera mayor convicción para otorgarle valor probatorio a ese dictamen. De ahí que, contrario a lo narrado por el autorizado de la parte quejosa, sí se advierte un estudio pormenorizado por parte del diestro designado por el tercero interesado, haciendo notar las coincidencias en los bordes, trazos, presión y proporcionalidad de las firmas analizadas. Por otro lado, tocante al dictamen emitido por la perito oficial, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, la experta asienta en su estudio el método en que se basó para emitir su opinión, los documentos que serían materia de ello, así como la forma en que llevaría a cabo el estudio de la escritura y de la firmas, esto es, utilizando el método analítico, inductivo, deductivo, descriptivo, de comparación formal y demostrativo, analizando las características de orden general, gestos gráficos de la escritura y firmas, así como la comparación y valoración de los resultados obtenidos. En ese sentido, realiza dos cuadros comparativos, uno de la escritura y otro de las firmas, donde plasma las características tanto del texto como de las firmas propiamente, donde se aprecia con claridad la similitud de éstas al efectuarse su descripción y comparación, donde, apuesto a lo que dice la parte inconforme, sí se analizan, pues se plasma lo conducente al trazo, ejecución, proporción, dirección e incluso curvaturas de tales rúbricas; de lo que resulta que la perito sí estudió los elementos que conforman las firmas materia de análisis; lo que al igual que el diestro del tercero interesado, robusteció con las impresiones que ilustran la similitud de tales firmas. Además, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, la experta en comento sí fue contundente en establecer que la firma que calza la diligencia de emplazamiento del quejoso al juicio de origen sí fue puesta de su puño y letra, como se aprecia la conclusión asentada con posterioridad a contestar los cuestionamientos propuestos por las partes quejosa y tercera interesada, dado que asentó lo siguiente: "ÚNICA.- SÍ CORRESPONDEN POR SU EJECUCIÓN DE LA PERSONA QUE MANIFESTÓ LLAMARSE ***, LA ESCRITURA Y FIRMA QUE APARECEN COMO DE DICHA PERSONA EN EL DOCUMENTO CUESTIONADO CONSISTENTE EN LA DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2017, AMPLIAMENTE DESCRITO AL PROEMIO DEL PRESENTE ESTUDIO EN RELACIÓN CON LA ESCRITURA Y FIRMAS SEÑALADAS Y PROPORCIONADAS COMO ELEMENTOS BASE DE COTEJO A NOMBRE DE LA CITADA PERSONA, DEBIDO A LAS RAZONES DE ÍNDOLE TÉCNICO ALUDIDAS EN EL CUERPO DE PRESENTE DICTAMEN". Razones por las cuales, no asiste razón al autorizado de la parte quejosa en cuanto a los dictámenes de referencia y por el contrario, se les otorga valor probatorio acorde a lo asentado en párrafos atrás. Por otro lado, no pasa inadvertido que en el dictamen pericial emitido por ***, perito de la parte quejosa, se llegó a la conclusión de que la firma que calza la referida diligencia de emplazamiento no fue puesta del puño y letra de ***; sin embargo, el mismo resulta insuficiente para acreditar dichas circunstancias, dado que no resultan convincentes sus conclusiones, pues si bien, plasma de manera impresa las firmas que refiere dubitadas e indubitadas, asimismo, inserta un cuadro comparativo referente a ambas signaturas, lo cierto es que, ni en el mismo cuadro, ni en el texto posterior a él ahonda sobre el por qué se da tal diferencia, aunado a que los estudios técnicos que realizó no generan convicción suficiente para concluir que dicha firma no fue puesta por el referido quejoso, como lo hacen los diversos dictámenes. Pues contrario a ello, como se ha visto, los diversos expertos (oficial y del tercero interesado), además de efectuar la comparación de las firmas, profundizaron, motivadamente en los hechos que patentizan la similitud de éstas, esto es, asentaron con mayor claridad el por qué de sus conclusiones, fundando y motivando su opinión; además, explicaron las operaciones o estudios que realizaron para concluir que dicha rúbrica sí fue puesta por puño y letra del quejoso. Aunado a ello, no asiste razón al autorizado de la parte quejosa en las manifestaciones que realiza en el ocurso presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, respecto al dictamen de su perito, además de que, este último se limitó a realizar manifestaciones dogmáticas en torno a que debe tomarse en cuenta tal dictamen, sin especificar el por qué, como lo hizo con los diversos dictámenes que obran en autos. En consecuencia, por las razones expuestas, se declara infundado el incidente de objeción de documentos planteado por el quejoso. SEXTO. Análisis de causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto no se analizará la litis constitucional, debido a que, respecto al acto reclamado indicado con el número 2, en el considerando segundo, consistente en el emplazamiento de veintidós de febrero de dos mil diecisiete al juicio ejecutivo mercantil M-21/2017, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad y en consecuencia, todo lo actuado en el mismo, incluyendo la sentencia y su ejecución, se advierte la existencia de una causa de improcedencia. En ese orden lógico, quien ahora resuelve advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de garantías fue presentada de manera extemporánea. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto del citado artículo 61 de la Ley de Amparo y fracción indicada; los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, del último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que en la demanda de garantías el promovente manifieste la fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento del acto reclamado, o bien, que se advierta de algún medio de convicción ofrecido en juicio, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En el caso concreto, se advierte que el juicio de amparo en que se actúa se promovió de forma extemporánea, al haberse presentado la demanda que dio origen a éste después de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior, se corrobora de las constancias que acompañó la juez responsable en apoyo a su informe de ley, previamente valoradas. Así es, pues no obstante que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional con el carácter de tercera extraña por equiparación, doliéndose del emplazamiento que se le practicó en el juicio de origen y en consecuencia, todo lo actuado en éste, al sostener que no fue debidamente emplazado a dicho asunto y el juicio se llevó a sus espaldas, lo cierto es que esa cuestión se encuentra desvirtuada de las propias constancias del juicio de natural, pues de éstas se advierte lo siguiente: 1. ***, por conducto de sus endosatarios en procuración demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a ¨***, de quien reclamó el pago de la suerte principal de un pagaré, entre otras prestaciones (fojas 1 a 3 del cuaderno de pruebas II). 2. En proveído de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, la juez responsable admitió a trámite la demanda, la registró con el número *** y emitió el auto de exequendo con efectos de mandamiento en forma para que el demandado fuera requerido de pago de las prestaciones reclamadas y de no hacerlo se le embargaran bienes suficientes para garantizar el pago de lo reclamado; asimismo, ordenó emplazar al demandado (fojas 8 a 9 del cuaderno de pruebas II). 3. El veintidós de febrero de dos mil diecisiete, el hoy quejoso fue emplazado de manera personal al juicio de origen, y tal diligencia se aprobó en acuerdo de veinticuatro siguiente (fojas 33 a 35 y 37 del cuaderno de pruebas II). 4. En acuerdo de diez de marzo de dos mil diecisiete se tuvo a los demandados (entre ellos al quejoso) por perdido su derecho para contestar la demanda dada su incomparecencia a juicio; y el ocho de mayo de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia correspondiente en el juicio ejecutivo mercantil ***, condenando al quejoso y al diverso codemandado al pago de las prestaciones reclamadas (fojas 39 y 57 a 60 del cuaderno de pruebas II). 5. Posteriormente, se instaron incidentes de liquidación de intereses, así como el procedimiento de remate de los bienes inmuebles embargados al diverso demandado. Ahora, en los autos del juicio de amparo en que se actúa, el quejoso formuló incidente de objeción de documentos, para desvirtuar que la firma que calza la diligencia de emplazamiento de veintidós de febrero de dos mil diecisiete no fue puesta de su puño y letra. Sin embargo, sustanciado que fue el referido incidente, éste se resolvió al tenor del considerando que antecede, decretándose infundado, dado que acorde a los dictámenes que generaron convicción se llegó a la conclusión que la signatura que calza la citada diligencia, sí fue puesta el puño y letra del aquí quejoso y por ende, debe considerarse que sigue subsistiendo en sus términos el emplazamiento del quejoso al juicio de origen. En ese contexto, es dable concluir que el promovente de amparo no puede acudir al presente juicio bajo el argumento de que no se le llamó legalmente a juicio y por tanto, no fue oído y vencido en éste, toda vez que según se desprende de la relación de constancias aludidas en párrafos que anteceden, no se encuentra en ninguno de los dos supuestos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para adquirir tal carácter , pues, se insiste, de tales actuaciones, así como de lo determinado en el incidente de objeción de documentos, se aprecia que, efectivamente el quejoso fue emplazado al juicio de origen. Entonces, al momento de la presentación de la demanda, el quejoso conocía de la existencia del juicio de donde emana el acto reclamado en este sumario, por lo que, no le asiste el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación . Luego, en la demanda de amparo, el quejoso manifestó que en data uno de octubre de dos mil diecinueve tuvo conocimiento del juicio seguido en su contra (foja 14 de autos). Sin embargo, es evidente que dicha aseveración queda desvirtuada con las constancias exhibidas por la juez responsable, antes relatadas, así como con lo determinado en el incidente de objeción de documentos, pues al demostrarse que sí es su firma la que calza en la diligencia de emplazamiento al juicio de origen y al seguir subsistiendo en sus términos, se encuentra acreditado que el quejoso tenía conocimiento del juicio del que emana el acto reclamado, desde su emplazamiento, esto es, desde el veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Así, es claro que el juicio de amparo se promovió de forma extemporánea, al haberse presentado después de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; pues, se insiste, de las actuaciones apenas relatadas se demuestra que el quejoso tuvo conocimiento del juicio del que emana el acto reclamado, al menos, desde el veintidós de febrero de dos mil diecisiete en que fue emplazado; por tanto, la citada fecha se debe tomar como base para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del veinticuatro de febrero al dieciséis de marzo, ambos de dos mil diecisiete, sin incluirse los días veinticinco, veintiséis de febrero, cuatro, cinco, once y doce de marzo, todos del año dos mil diecisiete, por ser sábados, domingos y periodo vacacional, inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, es evidente que la parte quejosa consintió el acto reclamado, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, transcurrió evidentemente el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan promover el juicio de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto, se citan a continuación: Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Contradicción de tesis 57/2008-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 22 de junio de 2010. Mayoría de siete votos. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Encargada del engrose: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 115/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre de dos mil diez. En mérito de lo anterior, si la demanda de amparo se presentó el diez de octubre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad (foja 3 de autos), resulta claro que el presente juicio de amparo, como se dijo, se encuentra fuera del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que ese acto debe considerarse consentido tácitamente. En consecuencia, queda actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia referida, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Finalmente, no se inadvierten los alegatos formulados por el quejoso y el tercero interesado (fojas 73 a 77, 462 a 465 y 112 a 115 de autos); sin embargo, este órgano jurisdiccional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de garantías, los informes justificados y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; como se dispone en la jurisprudencia asequible en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página treinta y uno, titulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SÉPTIMO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. OCTAVO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Resulta infundado el incidente de objeción de documento promovido por la parte quejosa, acorde a lo expuesto en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO.- Se sobresee el presente juicio de amparo.
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