Jimmy Henry Amari Méndez

Expediente 410/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
410/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • Jimmy Henry Amari Méndez
  • Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. ....se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo, archívense las actuaciones como asunto concluido, lo que tiene apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario....Notifíquese.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. .... se tiene por NO PRESENTADA la demanda de garantías promovida en favor de los mencionados quejosos.Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ... se tiene por recibido el exhorto electrónico 125/2023-3-M, origen 109/2023, sin diligenciar, por los motivos en la razón actuarial de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. ..Notifíquese.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de diez del mes y año en curso, se advierte que los directos quejosos no fueron localizados en la instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad. Por otra parte, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en Tijuana, rindiendo informe relativo a la suspensión de plano, y designando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos. En otro orden, glósese el oficio 2601, firmado electrónicamente por el Titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 73/2023-III, formado con motivo del exhorto 63/2023, deducido del presente asunto. Ahora bien, de las constancias que integran la aludida comunicación oficial, se advierte que el pasado once de febrero del año en curso, el Actuario adscrito al juzgado exhortado, se constituyó en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, Baja California, y una vez que tuvo a la vista a los directos quejosos, les hizo del conocimiento que se promovió demanda de amparo a su favor, misma que ratificaron en el acto de la diligencia. En ese tenor, dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el juicio de amparo indirecto por el numeral 37 de la Ley de Amparo, lo correcto es, en primer lugar, establecer si este órgano de control constitucional tiene competencia para conocer de este asunto. Sentado lo mencionado, es conveniente precisar que los preceptos 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Énfasis añadido). "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." (Énfasis añadido). De los preceptos transcritos, se advierte la existencia de tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente; y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Es pertinente señalar que el concepto de competencia en sentido jurídico general se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de nuestra Carta Magna, que dispone que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Tomando en cuenta lo expuesto y la doctrina, podemos distinguir los siguientes criterios de competencia: 1. Por materia. 2. Por territorio. 3. Por cuantía. 4. Por grado. 5. Inicial. 6. Derivada. Así las cosas, en el presente asunto es de atenderse a la competencia por territorio. Dicho presupuesto procesal se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Así, se estima que de conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de Ley de Amparo, para conocer de un juicio de derechos fundamentales, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido que dicha ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 107, Tomo I, Junio de 1995, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 200781, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." En el caso a estudio, el promovente reclama la ilegal e inconstitucional detención y privación de la libertad de Jimmy Henry Amari Mendez y Daniel Andrés Carriazo Estacio, así como el ilegal e inconstitucional alojamiento del mismo en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, en las que se encuentra incomunicado, siendo objeto de malos tratos. Por lo que de acuerdo al numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el juez competente para conocer del juicio de derechos fundamentales, es aquél en cuya jurisdicción se le esté privando de la libertad, siendo objeto de incomunicación y malos tratos, o desde donde se le deporte o expulse del país a Jimmy Henry Amari Mendez y Daniel Andrés Carriazo Estacio, es decir, el residente en Tijuana, Baja California. En esas condiciones, este Juzgado declara que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por ende, se ordena remitir los autos del juicio de amparo que nos ocupa, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, por considerar que es quien debe conocer del asunto. Esto, para que conforme a sus atribuciones y dentro del término señalado en el citado artículo 48 del referido ordenamiento legal, determine si acepta o no la competencia que se plantea. En el entendido que a través del proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión de plano solicitada por el promovente. Con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, así como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para que en el ámbito de su competencia, comisione a personal a su cargo a fin de que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esa ciudad, y notifique el presente proveído al quejoso directo Jimmy Henry Amari Mendez y Daniel Andrés Carriazo Estacio, sin que sea necesario hacer entrega al Titular o Encargado de dicha Estación Migratoria del oficio a través del cual se le concedió la suspensión de plano a tal impetrante, toda vez que ya rindió el informe de suspensión de plano solicitado. Una vez realizada la encomienda, devuelva la comunicación oficial a la brevedad posible por la misma vía (SISE). Finalmente, fórmese cuaderno de antecedentes, y hágase las anotaciones de rigor en los libros de gobierno respectivos, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y dése noticia en la estadística. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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