JIMMI FERNÁNDEZ DELGADO y Otros.

Expediente 1098/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1098/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
11/06/2019

Partes del expediente

  • JIMMI FERNÁNDEZ DELGADO y Otros.
  • Jimmi Fernández Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ... Causa estado cumplimiento. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de trece de mayo de dos mil diecinueve, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Depúrese el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo Décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. ...

  2. Principal

    Vista con cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio signado por el Encargado del Despacho del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por medio del cual en cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio, transcribe el auto de treinta y uno de mayo pasado, dictado en el juicio de alimentos 1658/2017 de su índice, del que se advierte que dejó insubsistente el diverso acuerdo de ocho de enero del año en curso -acto reclamado-, y dictó otro en el que ordenó no hacer efectivo el arresto ordenado. En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada con el oficio de cuenta, por el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, en el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo , apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por lista a la parte tercera interesada.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    ... Agréguese a los autos el escrito con evidencia criptográfica recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), remitido por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa; atento a su contenido, téngasele desahogando la vista ordenada en auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve e informando la denominación correcta de la autoridad responsable "Director General de la Comisión Federal de Electricidad". En tal virtud, se ordena la reexpedición de los oficios a la citada autoridad responsable bajo la denominación correcta; asimismo, dése vista en el incidente de suspensión deducido del presente juicio de amparo con el escrito de cuenta -sin que hay lugar a agregar copia certificada del mismo- a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Informes justificados de ASEA y CRE: Por otro lado, agréguense a los autos los oficios remitidos por los representantes de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de las autoridades oficiantes. Por otra parte, se les tiene designando delegados y señalando domicilio, de conformidad con lo dispuesto en los diversos 9 y 28, fracción II, de la ley de la materia. Asimismo, se tienen por ofrecidas las documentales exhibidas por las autoridades actuantes, mismas que serán relacionadas en la audiencia constitucional en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales a los delegados de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Con el contenido de los informes de cuenta dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Pronunciamiento en torno a la documentación exhibida por la ASEA y la CRE: En primer lugar, es necesario tener presente que de la revisión del régimen constitucional y legal vigente sobre el derecho de acceso a la información establecido en el artículo 6 de la Constitución Federal, se advierte que los particulares tienen acceso a la información gubernamental bajo el principio de máxima publicidad, el cual solo podrá reservarse en los términos que establezcan las leyes por razones de interés público y seguridad nacional, así como por tratarse de información relacionada con la vida privada de las personas y sus datos personales. Para el ejercicio de ese derecho, la propia Constitución Federal previó la existencia de mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, en términos de lo establecido en la ley. Por lo tanto, por regla general, de conformidad con lo previsto en la Constitución Federal y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la facultad para revisar directamente la constitucionalidad y legalidad de la clasificación de información como reservada o confidencial, en principio, le corresponde a los organismos garantes dispuestos en esos ordenamientos. Sin embargo, al resolver la contradicción de tesis 121/2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en atención a la obligación que tienen los órganos jurisdiccionales de dar vista a las partes con los informes justificados que rindan las autoridades establecida en el artículo 117 de la Ley de Amparo, cuando se remita información clasificada -reservada o confidencial- en dichos informes y exista razón fundada para que alguna o todas las partes del juicio la conozcan, previo análisis que de ella se haga, los jueces constitucionales podrán permitir el acceso total o parcial bajo su más estricta responsabilidad. Lo anterior, a fin de que las partes puedan exponer sus pretensiones y hacer valer en juicio lo que a su derecho e interés convenga, siempre y cuando el órgano jurisdiccional considere que para efectos del juicio de amparo dicha información clasificada puede darse a conocer en atención a la debida defensa de las partes. Al resolver la contradicción de tesis 121/2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el siguiente criterio jurisprudencial: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." (Época: Décima Época, Registro: 2009916, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 26/2015 (10a.), Página: 28) Ahora bien, previo análisis de la información que adjuntó a su informe justificado el Director General de lo Contencioso adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía, este órgano jurisdiccional considera que no es posible autorizar su consulta a las partes. En efecto, si bien el derecho de acceso a la información pública se rige conforme al principio de máxima publicidad, en el caso se actualiza el régimen de excepción, ya que la información que remitió la citada autoridad responsable es reservada en términos del artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública al ser, precisamente, información relacionada con la seguridad nacional. La seguridad nacional es un principio constitucional que busca garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano en su territorio, estructura de gobierno y población, por lo que es dable considerar que la información relacionada con ella refleja la necesidad de establecer reservas que impidan su conocimiento público y, de esta manera, evitar que los fines del estado se vean mermados. De este modo, si el Poder Legislativo, mediante una disposición legal, determina que cierta información tiene el carácter de reservada por estar inmersa en la materia de seguridad nacional, la misma tiende a proteger y salvaguardar tal principio constitucional. En el caso concreto, del acuerdo de cierre por cumplimiento del expediente ASEA/USIVI/DGSIVTA/PAI/AMB/0009-2019 y de los diversos oficios resolutivos S.G.P.A./DGIRA/DG/7361 y S.G.P.A./DGIRA/DG/01973, de la resolución RES/944/2015, Título de Permiso para la Generación de Energía Eléctrica E/1722/GEN/2015; Titulo de Permiso de Transporte de Gas Natural G/292/TRA/2012 y resolución RES/269/2012, se desprenden diversos datos técnicos que revelan, en términos generales, el funcionamiento y operación del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, lo cual podría dejar ver cómo opera el sistema de transporte de gas natural y, lo que sería más grave, evidenciar los mecanismos de seguridad previstos para resguardar la integridad de esa infraestructura estratégica. Por lo tanto, dado que la información que adjuntaron a su informe el Director General de lo Contencioso adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía podría implicar una amenaza a la seguridad nacional, ya que en términos del artículo 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional, se cataloga como tal cualquier acto tendente a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, como lo son las instalaciones que transportan un hidrocarburo como el gas natural, se concluye que no es posible autorizar su consulta a las partes y, por lo tanto, la información en comento deberá permanecer en sobre cerrado y bajo resguardado en este órgano jurisdiccional. SEMARNAT y Coordinación Nacional de Protección Civil informa acuse de recurso de queja interpuesto contra el auto del ocho de abril del año en curso. Finalmente, agréguense a los autos los oficio con anexos, del Titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del Titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; atento a su contenido, se tiene a las autoridades responsables dando cumplimiento al requerimiento efectuado en auto del quince de abril pasado, e informando que el nueve y dieciséis de mayo del año en curso recibieron los oficios 12024/2019 y 12027/2019, mediante los cuales se les notificó el recurso de queja interpuesto en contra del auto de ocho de abril de dos mil diecinueve; para lo cual anexan copia certificada de las constancias conducentes. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, sin que por el momento haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, dado que las demás autoridades responsables aún se encuentran dando cumplimiento al requerimiento de que se trata. ...

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