Jimena Sofia Cardenas Lira
Expediente 220/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 24/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria del Rosario Lira Vega
- Jimena Sofia Cardenas Lira
- JIMENA SOFIA CARDENAS LIRA y Otros.
- MARIA DEL ROSARIO LIRA VEGA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte tercera interesada el auto y/o resolución del veinticuatro de julio del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa, del cual se advierte que la autoridad responsable informó a este órgano jurisdiccional la manera en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con lo que se dio vista a la quejosa, tercero interesado y representante especial de la menor por el plazo de tres días, por lo que, mediante escrito recibido el diecisiete del mes y año en curso, la parte quejosa realizó las manifestaciones que estimó pertinentes. Ahora, en virtud que el acatamiento de las sentencias de amparo es de orden público, este juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, con base en las constancias que obran en autos. En ese contexto, es pertinente precisar que en sentencia engrosada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (fojas 77 a 96), la cual causó ejecutoria, al no haber sido recurrida por ninguna de las partes, mediante proveído de veinte de junio de dos mil dieciocho (foja 164), este Juzgado de Distrito concedió la protección de la Justicia de la Unión a María del Rosario Lira Vega por sí, y en representación de su menor hija J.S.C.L, para efecto de que la Juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en Morelos, con residencia en Xochitepec, realizara lo siguiente: ".1. Deje insubsistente la sentencia interlocutoria de fecha 17 (diecisiete) de enero de 2018 (dos mil dieciocho), dictada en el procedimiento de Controversia del Orden Familiar, sobre alimentos definitivos, guarda y custodia, expediente 760/2013, promovido por María del Rosario Lira Vega contra Marco Antonio Cárdenas Sánchez, en el que declaró improcedente el recurso de revocación contra el auto de 28 (veintiocho) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete) que determinó citar a la menor a una plática con la Jueza; y, 2. Dicte otra, en la que revoque el auto de 28 (veintiocho) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete); y, ordene la celebración de una audiencia donde deba ser escuchada la menor J.S.C.L. en relación con su custodia, atendiendo a los lineamientos que se han puntualizado en la presente sentencia, esto es, tomando en cuenta lo considerado en los instrumentos internacionales señalados; así como, las bases que se dan en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de marzo del año 2012 (dos mil doce) de acuerdo a lo previsto en los incisos a), c), f) y g), aquí citados, y los lineamientos establecidos en la tesis 1a. LXXIX/2013 (10a.), debiendo cuidar que la opinión expresada por la menor de edad sea libre y espontánea, evitando en todo momento que sea manipulada." En atención a lo anterior, mediante oficio registrado con folio 19408 (fojas 170 a 196) la Juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado, remitió copia certificada de la sentencia interlocutoria de cinco de julio de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 760/2013, relativa al recurso de revocación promovido por la parte quejosa en contra del auto de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, de la cual se advierte que refirió que el dos de julio del año en curso se dejó insubsistente el acto reclamado y determinó que resultaba procedente el recurso de revocación. Asimismo, de la resolución en comento se advierte que se procedió a modificar el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, por lo que la juez responsable determinó recibir la opinión de la menor J.S.C.L, y señaló fecha para que compareciera ante ese juzgado acompañada de su madre, ello en razón de que lo consideró conveniente para efecto de resolver lo relativo a la guarda y custodia de la menor y las convivencias con sus progenitores, ya que su opinión podría influir en la decisión final que se llegara a tomar; además de que se trataba de un derecho humano que debía ser respetado en términos del artículo 1 de la Constitución Federal de la República, así como a los artículos 1 al 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que consideró que la opinión de la menor debía de ser conocida y ponderada al pronunciar la sentencia definitiva. Por lo tanto, ordenó entrevistarla en presencia de la representante social adscrita a su juzgado y del psicólogo que el Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado designara, así como de la persona de confianza que fuera designada (siempre y cuando la menor lo solicitara); lo anterior, procurando que fuera con un lenguaje accesible y amigable para ejercer el derecho de los menores a participar en el proceso. Asimismo, la juez refirió que previo a llevar a cabo la entrevista con la menor, se reuniría con el perito en materia de psicología que se designara para aclarar los términos en los que se pretendía conversar con la infante para que le resultara sencillo de comprender. Además, refirió que dicha entrevista debía de llevarse a cabo en un ambiente no hostil, en donde la menor se sintiera respetada y segura para expresar libremente su opinión, por lo cual se debía registrar en la medida de lo posible mediante trascripción de la diligencia con los medios tecnológicos que permitieran el registro de audio, usando las medidas para proteger la intimidad y el bienestar de la menor. También, la autoridad responsable ordenó enviar oficio al Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para efecto de que designara un psicólogo y compareciera en la fecha estipulada a la entrevista del infante. Asimismo, determinó que previo al inicio de la entrevista el psicólogo correspondiente le debía de explicar a la menor la razón de su intervención, el contenido y su posible duración, la libertad que goza de hacer manifestaciones como para no hacerlo y las consecuencias posibles de su participación; además, señaló que la entrevista se realizará en el privado de la Titular del juzgado, y mientras no se desahogara la diligencia la menor permanecerá en la sala de proyectos, área que no se encuentra abierta al público, esto a fin de evitar la revelación de la fisonomía e identidad de la misma. En ese orden de ideas, se estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia constitucional emitida en este juicio, debido a que dejó insubsistente el acto reclamado, consistente en la resolución de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, y dictó una nueva resolución en la que revocó el auto de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete y ordenó la celebración de una entrevista donde debía de ser escuchada la menor de referencia, en relación con su custodia, ello atendió a los instrumentos internaciones señalados en la sentencia constitucional así como a lo establecido en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, es decir, preparó la entrevista con la menor siguiendo determinados lineamientos tales como la intervención del psicólogo para efecto de llevar a cabo la misma, la plática previa a la diligencia con la menor y ordenó que ésta fuera registrada con los medios tecnológicos correspondientes. Por lo expuesto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida ya que, como se apuntó, se restituyó a María del Rosario Lira Vega por sí, y en representación de su menor hija J.S.C.L, en el pleno goce de sus derechos violados, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. No obsta a lo anteriormente determinado el hecho de que mediante escrito recibido el diecisiete de julio del año en curso, la parte quejosa manifestó su inconformidad con el cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que refiere que no se canalizó a su menor hija con profesional especializado y no se señaló una plática previa a la entrevista, además, que el lugar designado para el desahogo de la diligencia no es un lugar privado. Se dice que no obsta, ello en razón de que como se especificó en párrafos anteriores, la juez responsable refirió que previo a que la menor fuera entrevistada el psicólogo respectivo debía de explicarle la razón de su intervención, así como la libertad de realizar o no manifestaciones, entre otras cosas; además, el lugar designado por la autoridad responsable para que se lleve a cabo la entrevista se realizará en el privado de la Titular del juzgado respectivo, y mientras no se desahogue la diligencia permanecerá en la sala de proyectos, la cual refiere no se encuentra abierta al acceso público. En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, con fundamento en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo, fracciones VI, XV y XXI, décimo primero y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve; se ordena archivar, como asunto concluido, el expediente judicial en que se actúa, el cual por tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, carecer de valor jurídico o histórico y no considerarse de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el último párrafo del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, es susceptible de depuración. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, visto lo acordado anteriormente, de donde se advierte que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, una vez que transcurra el plazo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese de nueva cuenta a fin de proveer respecto de la devolución de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero del referido Acuerdo General Conjunto, se hace saber a las partes que quedan a su disposición por un plazo de noventa días, los documentos originales que, en su caso, hayan presentado ante este órgano jurisdiccional; lo anterior, con el apercibimiento que de no presentarse debidamente identificados a recogerlos, estos serán agregados al expediente y llegado el momento podrán ser destruidos. Asimismo, se les indica que la devolución se realizará en días hábiles y en el horario comprendido de diez a catorce horas. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante la quejosa realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; atento a su contenido, se tienen por formuladas las manifestaciones vertidas en el escrito que se provee, las cuales podrán ser tomadas en consideración al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la sentencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado, mediante el cual informa el cumplimiento dado la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y además en términos del artículo 66, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, queda el contenido del oficio en mención y su anexo, en la secretaría de este juzgado, a la vista de la parte quejosa, del tercero interesado y del representante especial de la menor por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifiesten o no, lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no desahogar la vista respectiva, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, tercero interesado y al representante especial de la menor. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL ACUERDO DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: "Cuernavaca, Morelos, diez de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado, mediante el cual informa el cumplimiento dado la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y además en términos del artículo 66, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, queda el contenido del oficio en mención y su anexo, en la secretaría de este juzgado, a la vista de la parte quejosa, del tercero interesado y del representante especial de la menor por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifiesten o no, lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no desahogar la vista respectiva, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, tercero interesado y al representante especial de la menor. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe."
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