Jimena Erreguerena Velasco
Expediente 385/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/05/2018
Partes del expediente
- Jimena Erreguerena Velasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa en el proveído de diecisiete de mayo del año en curso; por tanto, resulta procedente que ésta juzgadora federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Para lo cual conviene utilizar la siguiente tabla comparativa, en que se contrasta sustancialmente los efectos del amparo con las acciones realizadas por las responsables y que se advierte de los comunicados y documentos remitidos, para después asentar la conclusión respectiva. AUTORIDADES VINCULADAS 1. Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 2.- Notario Público número 16 con residencia en esta ciudad EFECTOS DE LA SENTENCIA SE CUMPLIÓ SI NO I. Se desincorpore de la parte quejosa, la obligación tributaria prevista en los artículos 90 y 97, de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, publicada el veintiuno de julio de dos mil catorce, reformada el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, esto es, para que no se le apliquen las normas declaradas inconstitucionales durante el lapso de su vigencia. II. Como consecuencia de lo anterior, que al determinarse el derecho que por los servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deba pagar la parte quejosa con motivo del acto denominado compraventa de inmuebles que le fue retenida con motivo, precisamente, de la compraventa del inmueble detallado en la escritura pública número 75,530 de veintidós de marzo del año en curso, pasada ante la fe del notario Público Número 16 con residencia en esta ciudad, se aplique la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente y, en consecuencia, se restituya a la promovente del amparo el numerario excedente de las cantidades que hubiese pagado por la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales. En oficios agregados en autos, consta que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, emitió la declaratoria solicitada. Por su parte, el Notario Público exhibió copia simple del cheque que ampara la suma relativa al ajuste solicitado en relación a los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio por la compraventa de inmuebles. Aunado a lo anterior el fedatario público exhibió la constancia con la que acreditó la entrega del aludido título de crédito a la parte quejosa. CONCLUSIÓN.- En términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de Amparo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula...IV
- Principal
gréguese a los autos el oficio signado por el Notario adscrito a la Notaría Pública número 16 con residencia en esta ciudad, por el que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que en las oficinas de dicha Notaría se encuentra a disposición de la impetrante el cheque por concepto de las cantidades materia de la concesión del amparo. Ahora bien, con apoyo en el artículo 196 de la Ley reglamentaria de Amparo, dese vista a la parte quejosa con copia del presente auto, del diverso de dieciséis de mayo del año en curso, y de los oficios acordados en estas datas, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Asimismo, requiérase a la promovente del amparo, para que a la brevedad acuda a las instalaciones de la Notaría Pública número 16 con residencia en esta ciudad, con la finalidad de que le sea entregado el monto constitutivo del fallo protector; haciendo de su conocimiento que el horario para recoger dicho título es de las ocho horas con quince minutos a las dieciséis horas con quince minutos, y siendo requisito acompañar identificación oficial y copia de la misma. Finalmente, infórmese a la parte quejosa, que al resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, se determinará que el presente asunto es susceptible de depuración y que carece de relevancia documental, motivo por el cual se conservará tres años en el archivo reciente de este Órgano Jurisdiccional y una vez transcurridos cinco años de archivo, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer ante este Órgano Jurisdiccional dentro del término de noventa días a partir del auto que tenga por cumplida la sentencia a fin de recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, bajo apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos se destruirán
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. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Procuradora Fiscal del Estado de Querétaro, en representación del Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, por el que informa que ha quedado debidamente enterada de la obligación de no aplicar a la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales en esta instancia, siempre y cuando no sean objeto de reforma. Lo que se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. Asimismo, remite impresión del recibo de pago con cadena y sello digital, con número de operación 2018/1041214, del que se desprende que a la parte quejosa le fue cobrado por la inscripción de derechos registrales lo correspondiente a 3.75 Unidades de Medida de Actualización. En virtud de lo anterior, con copia del recibo de pago de mérito, requiérase al Notario Público Número 16 con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de diez días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, remita copia certificada del título de crédito que ampare la cantidad excedente retenida a la parte quejosa con motivo de la inscripción de derechos registrales, en el entendido que en caso de ser omiso se le impondrá una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, en relación con los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, acorde a lo dispuesto en el párrafo segundo y tercero del numeral 192 en relación con el 194, ambos de la Ley de Amparo en cita....IV
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, no es obstáculo llegar a la anterior determinación, el hecho de que para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, se encuentre transcurriendo el plazo que prevé el artículo 86 de la ley que rige el juicio constitucional, en virtud de que al tratarse de amparo contra leyes, no está legitimada para hacer valer el recurso de revisión previsto en el invocado numeral, porque la norma impugnada no afecta sus atribuciones. Encuentra aplicación por identidad de razones, la tesis P. XL/2013 (10a.), del Tribunal Pleno, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Materia Común, página 49, de rubro y texto: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES, SI LA NORMA IMPUGNADA NO AFECTA SUS ATRIBUCIONES. Esta nueva integración del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el criterio sustentado en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación (*), ya que conforme a los artículos 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, al Ministerio Público de la Federación le incumbe la persecución, ante los tribunales, de los delitos del orden federal, por lo que puede intervenir en todos los negocios que la ley determine, como sucede en el juicio de amparo, en el que está facultado para presentar los recursos que la ley de la materia señala. En ese sentido, puede interponer el recurso de revisión, aun en amparo contra leyes, sin que ello implique que tenga legitimación para hacerlo en todos los casos, sino únicamente cuando la Constitución o las leyes le encomiendan la defensa de un interés específico como propio de su representación social, y aun cuando el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República le señala genéricamente la tarea de velar por el orden constitucional, ello debe interpretarse sin demérito de los principios que rigen todo juicio y, en especial, el de amparo, en cuanto a que las partes sólo están legitimadas para interponer los recursos contra las resoluciones que afecten el interés que respectivamente les corresponde. Por tanto, el Ministerio Público de la Federación está legitimado para interponer el recurso de revisión tratándose de las disposiciones contenidas en el precepto 102 constitucional y en los ordenamientos penales y procesales relativos que le otorgan atribuciones para perseguir ante los tribunales los delitos del fuero federal, lo mismo que en todos aquellos casos y materias en que el orden legal le señala específicamente la defensa de un interés; por el contrario, si con la sola invocación genérica o abstracta de defender el orden constitucional, se aceptara que puede interponer la revisión en el juicio de amparo a su libre voluntad y, en cualquier caso, se estaría desfigurando el concepto del interés en sí, el cual ya no estaría sujeto a la comprobación objetiva de los supuestos de la norma, sino a la expresión subjetiva del recurrente, además de que su intervención en el amparo contra leyes equivaldría a darle la oportunidad de defender o reforzar la posición de las autoridades responsables, tanto de las que expiden, como de las que promulgan las leyes; defensa que sólo a ellas corresponde en términos del artículo 87 de la invocada Ley Reglamentaria, lo que se traduciría en la alteración y el trastorno del equilibrio procesal en perjuicio del quejoso." Así como la tesis 1a./J. 17/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 825, que establece: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO, AUN CUANDO SEA DE LA MATERIA PENAL, SI NO AFECTA A SUS ATRIBUCIONES. Acorde con la jurisprudencia P./J. 4/91, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN AUN EN AMPARO CONTRA LEYES, SÓLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES.", si bien es cierto que en términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, el Ministerio Público de la Federación es parte en el juicio de garantías y por ello está legitimado para interponer el recurso de revisión, también lo es que dicha legitimación no es ilimitada o absoluta, pues aun cuando su función es velar por el orden constitucional, dicha atribución debe ejercerla sin contravenir los principios que rigen el juicio de amparo. En ese tenor, aunque las partes están legitimadas para interponer los recursos que estimen pertinentes para la defensa de sus intereses, tratándose de una sentencia de amparo en la que se declara la inconstitucionalidad de un precepto penal opera una excepción, pues la sola afirmación genérica del Ministerio Público de la Federación, en el sentido de que está defendiendo el orden constitucional no significa que esté legitimado para interponer el recurso de revisión en cualquier caso, menos en el amparo contra leyes penales, toda vez que, en este caso, su intervención sólo tendría por objeto defender o reforzar la posición de las autoridades responsables que intervinieron en el proceso de formación de las leyes cuya constitucionalidad se cuestiona, lo cual trastornaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio de la quejosa; máxime cuando la norma impugnada no impide el desarrollo de sus atribuciones; de ahí que el agente del Ministerio Público de la Federación carece de legitimación procesal para interponer el recurso de revisión, cuando se trata de una sentencia en la que un juez de distrito declaró la inconstitucionalidad de un precepto legal, aunque sea de la materia penal." REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumplan con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil dieciocho. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. OTRAS CONSIDERACIONES. Cabe precisar que el título valor que expida la autoridad exactora, podrá ser entregado a la parte quejosa, o a los autorizados cuyos nombres se precisaron en el auto admisorio; en la inteligencia que dicha devolución deberá hacerla la propia autoridad requerida; en el entendido que deberá abstenerse de remitir a este Juzgado el cheque que ampare la cantidad por concepto de devolución que deba realizar a la peticionaria del amparo. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa para que a la brevedad acuda ante las instalaciones de la autoridad exactora mencionada, con la finalidad de que le sean entregados los montos constitutivos del fallo protector...IV NP
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