Jhulet Amayrani Cortes Ruiz y Otros.
Expediente 797/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jhulet Amayrani Cortes Ruiz y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil diecinueve. Con la demanda de amparo promovida por ..... , fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 797/2019. En principio, cabe destacar que del análisis integral de la demanda se desprende que de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaria de Energía, el quejoso reclama: La resolución de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, mediante la cual se tuvo por cumplida la presentación de la .... correspondientes al proyecto denominado ..... ", presentado por ..... , con pretendida ubicación en el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, -que aduce no garantiza los derechos a la información y a la participación de su comunidad Indígena Zapoteca de Unión Hidalgo Oaxaca-. La aplicación de los artículos 120 de la Ley de la Industria Eléctrica, así como 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica en el resolutivo de la resolución antes mencionada, que autoriza la evaluación de impacto social del proyecto denominado .... ", presentado por ..... Con motivo de esa resolución, de la diversa autoridad responsable, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el demandante del amparo también reclama: La inconstitucionalidad de los artículos 120 de la Ley de la Industria Eléctrica; 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. Contra esos reclamos, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo , de los que se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto negativo o positivo que se reclame de la autoridad señalada como responsable; de lo que, interpretado a contrario sensu, se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se promueva por un gobernado que no resienta perjuicio alguno en su esfera jurídica con el acto de autoridad, ya sea positivo o negativo. Para argumentar lo anterior, en principio, la suscrita Juzgadora en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con las jurisprudencias P./J. 16/2018 (10a.) y 103/2007, del Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta fecha se consulta la página de internet http://sise.cjf.gob.mx/sise/, y se tiene como hecho notorio que en los juicios de amparos 376/2018, 377/2018 y 554/2018 del registro propio, en las sentencias dictadas el cinco, diez y once de octubre de dos mil dos mil dieciocho -de las cuales se agregan copias simples-, de las autoridades responsables, Secretario de Energía; Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía; Secretaría de Gobernación; Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, todos con sede en la Ciudad de México; Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Secretaría General; Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable; Secretaría de Asuntos Indígenas y, Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, todos del Gobierno del Estado de Oaxaca, y Ayuntamiento Constitucional de Unión Hidalgo, Oaxaca, se tuvo como acto reclamado: La omisión de garantizar el desarrollo adecuado de un procedimiento de consulta que cumpla con los principios de ser previa, libre de buena fe y apropiadas a las circunstancias, en relación con la construcción y operación del proyecto ..... , promovido por la .... , en la comunidad indígena de Unión Hidalgo, Oaxaca. Juicios de amparo en los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, y en el último juicio de amparo, se precisó que los efectos serían los siguientes: ? La Secretaría de Energía, a través de la Dirección o funcionario que designe, deberá implementar un protocolo, para la consulta del proyecto denominado ..... , en el que se precisarán, las autoridades o los sujetos, los observadores a través de Organizaciones no Gubernamentales, estatales, nacionales e internacionales (en el entendido que las organizaciones no gubernamentales serán propuestas por la comunidad de Unión Hidalgo); así como los conceptos aplicables en el Proceso de Consulta; además, precisar de cuántos aerogeneradores constará el mismo, la capacidad MW (Megawats) de cada uno, la capacidad total instalada de la central, a qué red será interconectada para el suministro de energía eléctrica; la capacidad de las líneas de transmisión y la cantidad de circuitos, con su longitud, las interconexiones con subestaciones si las hubiere, todo lo cual se identificara por medio de mapa; por lo cual todas la autoridades en el ámbito de sus atribuciones deben realizar las acciones pertinentes para llevar a cabo la consulta bajo los estándares señalados, quedando vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo aun cuando no estén señaladas como autoridades responsables. ? Dar intervención a las autoridades, los observadores a través de Organizaciones no Gubernamentales, estatales, nacionales e internacionales, que en su caso se designen, desde el inicio de la elaboración del protocolo y durante todas las etapas del proceso de consulta, hasta su culminación, lo cual ha de demostrar la Secretaría de Gobernación en la etapa del cumplimiento de la sentencia; para lo cual se ha de garantizar la seguridad por autoridades estatales y federales en la comunidad a fin de preservar la seguridad tanto de las autoridades como de los defensores de derechos humanos que intervengan como observadores en todo el proceso de la consulta, para transparentar el proceso de la misma. ? También, en el citado protocolo, se debe precisar que la consulta tiene como objetivo establecer un diálogo intercultural entre el Estado (Secretaría de Energía) y la comunidad indígena de Unión Hidalgo, Municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, en apego a los usos y costumbres de la comunidad indígena, con el propósito de informar a la comunidad indígena de Unión Hidalgo, sobre las características, alcance e implicaciones del Proyecto (en los términos del punto anterior), informar sobre los impactos y beneficios que están asociados a la realización del Proyecto, y alcanzar acuerdos, obtener el consentimiento de la comunidad indígena para el desarrollo del Proyecto; pero sobre todo, en el citado protocolo se garantizará la participación de un intérprete - traductor del idioma zapoteco en su variante lingüística: zapoteco de la planicie costera, de conformidad al Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales publicado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. ? Como ejes rectores de la consulta, en el protocolo se debe de precisar que la consulta debe de ser previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, sistemática y transparente, corresponsable, flexible, incluyente y vinculante, conforme a los puntos que definen tales conceptos en el último considerando de este fallo. ? Además, en el proceso de consulta se deben de respetar las fases ya reseñadas, que son, fase de acuerdos previos, fase informativa, deliberativo, consultiva y de ejecución y seguimiento de acuerdos. ? Todo lo anterior, deberá quedar documentado. ? Finalmente, la Secretaría de Energía deberá de respetar los derechos de la licencia otorgada a la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I., de C.V., pues por causas ajenas a la misma no ha iniciado el proyecto de construcción del parque eólico que le fue concesionado, para lo cual una vez concluido el proceso de consulta, le otorgará el plazo inicialmente otorgado para la construcción del parque, siempre y cuando se llegue a un acuerdo con la comunidad indígena de que se trata, de lo contrario no podrá ejecutarse la obra. Cabe destacar que dentro de las consideraciones torales de la sentencias amparadoras se indicó que antes de realizar los estudios de impacto ambiental o social, debe realizarse la consulta para que los pueblos indígenas puedan tener la capacidad de participar en el proceso. Sentencias que causaron ejecutoria mediante autos de treinta y uno de octubre y cinco de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que se requirió a las autoridades responsables correspondientes su cumplimiento y actualmente se encuentran en vías de cumplimiento. Como se ve, el fallo protector de referencia, -en lo que aquí interesa con motivo de los actos reclamados-, determinó que la Secretaría de Energía, a través de la Dirección o funcionario que designara, implementara un protocolo, para la consulta del proyecto denominado ... , en el que se precisaran, las autoridades o los sujetos, los observadores a través de Organizaciones no Gubernamentales, estatales, nacionales e internacionales (en el entendido que las organizaciones no gubernamentales serian propuestas por la comunidad de Unión Hidalgo); así como los conceptos aplicables en el Proceso de Consulta; sobre todo que, en el proceso de consulta se deben de respetar las fases de acuerdos previos, fase informativa, deliberativo, consultiva y de ejecución y seguimiento de acuerdos. Además, que en el citado protocolo, se debe precisar que la consulta tiene como objetivo establecer un diálogo intercultural entre el Estado (Secretaría de Energía) y la comunidad indígena de Unión Hidalgo, Municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, en apego a los usos y costumbres de la comunidad indígena, con el propósito de informar a la comunidad indígena de Unión Hidalgo, sobre las características, alcance e implicaciones del Proyecto (en los términos del punto anterior), informar sobre los impactos y beneficios que están asociados a la realización del Proyecto, y alcanzar acuerdos, obtener el consentimiento de la comunidad indígena para el desarrollo del Proyecto. Ahora en el caso, la parte quejosa reclama la resolución de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, mediante la cual se tuvo por cumplida la presentación de la evaluación de impacto social correspondientes al proyecto denominado " .... , presentado por Eólica de Oaxaca, S.A.P.I de C.V., con pretendida ubicación en el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, -que aduce no garantiza los derechos a la información y a la participación de su comunidad Indígena Zapoteca de Unión Hidalgo Oaxaca; así como la aplicación de los artículos 120 de la Ley de la Industria Eléctrica, así como 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica en el resolutivo de la resolución antes mencionada, que autoriza la evaluación de impacto social del proyecto denominado ".... ", presentado por ..... . Lo cual indefectiblemente se trata de un acto anterior de ejecución del referido proyecto, por lo que los referidos actos no pueden producir efectos jurídicos, ya que en los juicios de amparos 376/2018, 377/2018 y 554/2018 del índice de este Juzgado, se indicó, como uno de sus efectos, que la Secretaría de Energía, a través de la Dirección o funcionario que designe, deberá implementar un protocolo, para la consulta del proyecto denominado ..... , en el que se deben respetar las fases de acuerdos previos, informativa, deliberativo, consultivo y de ejecución y seguimiento de acuerdos, lo que está en vías de cumplimiento; incluso la resolución aquí reclamada en su momento sirvió de base a fin de que se otorgara a .... . la licencia correspondiente, -lo cual obra en los juicios de amparos mencionados-, por lo que, de ser el caso, se tendrá que emitir resolución similar a la aquí reclamada, que indudablemente quedará inmersa dentro de una de las fases que se deben de respetar en la consulta previa, la cual a la fecha no se ha cumplido porque las autoridades responsables están realizando lo relacionado con el protocolo correspondiente, de esa manera los actos que se realicen en ambos juicios a partir del treinta y uno de octubre y cinco de noviembre de dos mil dieciocho (fechas en que causaron ejecutoria los juicios de amparos antes mencionados y se ordenó requerir el cumplimiento), estarán ceñidos al cumplimiento de los fallos protectores; razones por las cuales los actos aquí reclamados no trascienden de manera alguna a la esfera jurídica del demandante del amparo y, por ende, no le causan perjuicio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque el procedimiento de consulta previa se regirá con base en los lineamientos de los juicios de amparos mencionados. Por tanto, el acto reclamado, indefectiblemente no le genera una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa. Bajo esas consideraciones, tampoco puede generar afectación a la esfera jurídica del peticionario del amparo el diverso acto reclamado señalado como inconstitucionalidad de los artículos 120 de la Ley de la Industria Eléctrica; 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, en virtud de que esas normas, tildadas de inconstitucionales, derivan de los actos antes mencionados, esto es, reclaman de inconstitucionales esos artículos con motivo de que fueron aplicados en la resolución antes mencionada. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otro lado, toda vez que la quejosa señaló domicilio para recibir notificaciones personales fuera de la zona conurbada de esta población, por tanto, dichas notificaciones practíquensele por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, con fundamento en los artículos 27, fracción I, de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, y téngase por autorizada sin las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por no encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.
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