Jhovany Morales Villatoro

Expediente 1268/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1268/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Jhovany Morales Villatoro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por el Presidente de la 1. Junta Especial número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación, con sede en esta ciudad, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en acuerdo de treinta y uno de octubre de este año, exhibe copia certificada de las constancias de notificación de veintitrés de dicho mes y año, practicadas a la parte demandada Banco Azteca Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple y Elmex Superior Sociedad Anónima de Capital Variable (aquí terceros interesados),respecto del contenido del auto de diecisiete de octubre actual, en el que provee el libelo de nueve de febrero de dos mil veintitrés, presentado por la parte actora; refiriendo dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Al efecto, se acuerda: Con base en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos el oficio y anexos. Se tiene a la autoridad oficiante, dando cumplimiento a lo requerido en acuerdo de treinta y uno de octubre actual. En cuanto a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio condigo, documentales adjuntas y las recibidas en el pre-citado proveído, remitidos por la autoridad responsable oficiante, CORRASE TRASLADO Y DÉSE VISTA a las partes para que dentro del término de TRES DÍAS manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no desahogar la misma, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y DE MANERA ELECTRÓNICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista; la certificación de cuenta, de la que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran contra la sentencia dictada el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Jhovany Morales Villatoro. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Con apoyo en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad para que, dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de este proveído, se sirva dar cumplimiento a la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, cuyo efecto fue el siguiente: "(.) ? Una vez que reciba el oficio por el que se le comunique que esta sentencia ha causado ejecutoria, dentro del término de tres días, deberá acordar el escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 181/2011, de su índice y notifique a las parte la determinación que al efecto sea emitida. (.)" (SIC) APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que, de no hacerlo dentro del término señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá MULTA de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito legalmente competente, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los presentes autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable; lo anterior, sin perjuicio de su consignación ante un juez del orden penal. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  3. Principal

    En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 1268/2023-IV, promovido por ********************, por su propio derecho, se levanta la presente acta ante la presencia de Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con sede en esta ciudad, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe; sin la comparecencia de las partes o de quien legalmente los represente. La Jueza de Distrito declara abierta la audiencia y se le da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 DEMANDA DE AMPARO 3-5. 2 EMPLAZAMIENTO A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. 3 EMPLAZAMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE 8 4 INFORME JUSTIFICADO Y PRUEBA DOCUMENTAL ADJUNTA 9-15 Asimismo, la Secretaria hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: NO. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 1 JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUARENTA Y NUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, RESIDENTE EN ESTA CIUDAD. CIERTO La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Se abre el período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO. PARTE PRUEBAS ACUERDO 1 QUEJOSO JHOVANY MORALES VILLATORO INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 16/08/2023 1 AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUARENTA Y NUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, RESIDENTE EN ESTA CIUDAD. DOCUMENTALES: -COPIA CERTIFICADA DEL ESCRITO RECIBIDO EL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SIGNADO POR LA APODERADA LEGAL DE LA PARTE ACTORA EN EL EXPEDIENTE LABORAL ********************, DE SU ÍNDICE. - COPIA CERTIFICADA DE HOJAS DE ENTRADA Y SALIDA LABORAL. 31/08/2023 La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza jurídica. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; en relatadas circunstancias se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria certifica que al no existir diligencia pendiente de desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 1268/2023-IV, promovido por ********************, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. ********************, por su propio derecho, mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales, con residencia en esta ciudad y Juzgados de Procesos Penales Federales y Juicios de Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, remitido a este juzgado en esa misma data, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y acto que se precisará en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó registrar la demanda de amparo bajo el número 1268/2023-IV, se admitió a trámite la demanda; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento a la parte tercera interesada, se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Tercero interesado. Le asiste dicho carácter a ******************** y ********************, ambos, residentes en esta ciudad. CUARTO. Audiencia. Se llevó a cabo la misma al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para conocer del presente juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 03/2013 y 16/2016; relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de la autoridad responsable. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto la autoridad señalada como responsable y el acto reclamado, advertido de la demanda de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama del: 1. Junta Especial número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. 2. Actuario adscrito a la Junta Especial número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. La omisión de acordar el escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************, a través del cual solicitó la ejecución del laudo y notificar la determinación que al efecto se emita. TERCERO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Al respecto, la autoridad responsable sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado, no es de los que se califican como de imposible reparación. Por lo que aduce, es aplicable la jurisprudencia de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Al respecto, tomando en consideración que dicho argumento incide con una cuestión de estudio de fondo, éste será materia de análisis al momento de resolver el presente juicio. Sostiene lo anterior, el criterio P./J. 135/2001, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE". Así, al no existir otra causa de improcedencia invocada ni de oficio que analizar, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. CUARTO. Existencia del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, del cuerpo de leyes en consulta, debe analizarse respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, ya que de no ser cierto el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo. Apoya la anterior consideración la tesis de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". En consecuencia, según constancia de autos, se advierte lo siguiente: Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje. residente en esta ciudad, por así advertirse de su informe justificado. Al efecto, manifestó que derivado de las cargas de trabajo, no se ha pronunciado en cuanto a la promoción de recibida el nueve de febrero de dos mil veintitrés. Lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado; a las que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º., segundo párrafo, pues se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Al efecto, resultan aplicables los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Análisis de fondo del asunto. Es esencialmente fundado el concepto de violación suplido en su deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de la Amparo, dado que se trata de la parte trabajadora. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 39/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS." El solicitante de amparo aduce que el acto reclamado viola en su perjuicio el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la responsable al no acordar el presentado el nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************, a través del cual solicitó la ejecución del laudo y notificar la determinación que al efecto se emita; se obstaculiza el procedimiento de ejecución en el mismo. Sin ser necesario para su estudio, transcribir los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, pues no existe precepto legal alguno que obligue al juzgador a ello, además que tal circunstancia no lo deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. PREMISA NORMATIVA El acto reclamado se impone analizarlo a la luz del artículo 17 de la Constitución Federal, pues en él se consagra la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado y el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que consagra a favor de los gobernados, entre otros, los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. De esta manera, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que éstas se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran y son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales; es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho. Encuentra sustento a lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la Jurisprudencia 2a./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Ahora, de acuerdo con el sistema constitucional, la función jurisdiccional en materia laboral corresponde a las Juntas de Conciliación y Arbitraje; lo anterior implica que por mandato de la Carta Magna, compete a dichos órganos la aplicación de la ley laboral, en aquellas controversias entre trabajadores y patrones, mediante la realización de distintos actos que envuelven el desarrollo de las etapas en que el proceso laboral se manifiesta, hasta culminar con el laudo que dirime en definitiva la controversia y, su inmediata ejecución. Este último derecho fundamental contenido en el precepto constitucional en comento, puede definirse como el que tienen todos los ciudadanos a obtener de los juzgados y tribunales, la adopción de las medidas que resulten imprescindibles para que los pronunciamientos judiciales inobservados o incumplidos por quienes estén obligados por ellos puedan ser ejecutados, y tiene las siguientes características: 1. Es un derecho de configuración legal, pues participa de la naturaleza de derecho de prestación que caracteriza a aquel en que viene integrado y, en tal sentido, sus concretas condiciones de ejercicio corresponde establecerlas al legislador, lo que no impide que, en su caso, pueda analizarse la regularidad constitucional de los requisitos o limitaciones impuestos al ejercicio del derecho fundamental, para comprobar si responden a razonables finalidades de protección de valores, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan debida proporcionalidad con dichas finalidades; 2. Comprende, en principio, el derecho a la ejecución del pronunciamiento judicial en sus propios términos pues, en caso contrario, las decisiones judiciales y los derechos que en éstas reconozcan o declaren, no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna; 3. Impone a los órganos judiciales la adopción de todas las medidas necesarias para promover el curso normal de la ejecución; y, 4. La determinación del sentido del fallo y las medidas a adoptar para su ejecución corresponden en exclusiva a los tribunales ordinarios competentes para la ejecución. De lo que se obtiene que el derecho a la ejecución impide al órgano judicial apartarse, sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución de la misma cuando ello sea legalmente exigible. En concordancia con lo anterior, el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo prevé que la Junta dictará sus resoluciones dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito. PREMISA FÁCTICA En la especie, de las constancias ofrecidas por la junta responsable en apoyo a su informe justificado, las cuales fueron valoradas en el considerando cuarto de esta sentencia, se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado; es decir, no ha acordado el escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************, en el que solicitó la ejecución del laudo dictado en dicho expediente como la notificación a las partes de la determinación que al efecto se emita; sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (quince de agosto de dos mil veintitrés), dicha autoridad haya respondido a la petición de la parte quejosa. CONCLUSIÓN ENTRE EL ANTECEDENTE Y CONSECUENTE. Al advertirse que la autoridad responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa, el derecho humano de tutela jurisdiccional en su vertiente de acordar el escrito presentado ante la misma el nueve de febrero nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************, contenido en el artículo 17 Constitucional, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos que se precisan en el considerando siguiente. Apoya a la anterior consideración la Jurisprudencia 1a./J. 42/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." SEXTO. De la concesión del amparo. En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, realice lo siguiente: Una vez que reciba el oficio por el que se le comunique que esta sentencia ha causado ejecutoria, dentro del término de tres días, deberá acordar el escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************, de su índice y notifique a las parte la determinación que al efecto sea emitida. No constituye obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se haya emplazado a la contraparte de la parte quejosa en el juicio natural; es decir, al tercero interesado ******************** y ********************, ambos residentes en esta ciudad; sin embargo, a criterio de esta juzgadora, el aplazar el dictado de esta resolución, se seguiría conculcando el principio de justicia pronta y expedita establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de las partes, lo cual contravendría la finalidad por la cual la parte quejosa promovió este asunto; además, también se vela por el interés del tercero interesado, pues en la concesión del amparo se está ordenando a la responsable notificar a las partes la resolución que dicte y a partir de tal notificación podrán, en su caso, hacer valer lo que en su derecho corresponda dentro del proceso laboral de origen. SÉPTIMO. Transparencia y acceso a información. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena a la secretaria elabore en versión pública esta sentencia y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto y autoridades precisadas en el considerando segundo, por las consideraciones precisadas en el considerando quinto, y para los efectos precisados en el diverso sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vistos: El estado de autos de los cuales se advierte que la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. II.- El escrito de cuenta signado por el quejosa Jesús Antonio González Hernández, mediante el cual solicita se haga efectivo el apercibimiento a la autoridad responsable decretado en proveído de siete de agosto del año en curso. Al efecto se acuerda: En atención al punto I, con fundamento en el artículo 193, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, en relación con el 17, Constitucional, REQUIÉRASE POR ÚLTIMA OCASIÓN a la autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir que sea notificada de este proveído, dé cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo, atendiendo a los lineamientos establecidos en auto de siete de agosto del año en curso. Dígase que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veinte de julio del año en curso; esto, es, que de no cumplir con lo que aquí ordenado, o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el expediente se remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito, para dar inicio al trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y sus consignaciones. Por lo que hace al punto II, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta y dígase que una vez que se tenga el resultado de lo requerido en párrafos que anteceden, se acordará lo conducente. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por encontrarse de vacaciones la Titular del Juzgado, atento al oficio de autorización CCJ/ST/3824/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe.

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