Jhovani Estrada Martínez
Expediente 240/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/07/2023
Partes del expediente
- Jhovani Estrada Martínez
- Jhovani Estrada Martínez y Otros.
- Carolina Ruiz Sánchez Defensora pública del quejoso y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
I. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que contiene inserto el testimonio de la resolución emitida en sesión de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, por el Pleno de dicho órgano colegiado, en el recurso de queja 75/2023 de su índice, en el que por unanimidad de votos determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja.".---
- Principal
I.-Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que contiene inserto el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés emitido en el recurso de queja 75/2023 de su índice, del que se advierte, en lo que interesa que, tuvo al quejoso reconociendo como suya la firma que aparece al final del escrito por el que interpuso referido medio de impugnación, por lo que el citado órgano colegiado, admitió a trámite el asunto; de lo que se toma conocimiento...
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I.-Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, del que se advierte, que acusa recibo del oficio 8324/2023, de treinta de marzo del año en curso, a través de la cual se remitió el informe respecto del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, copia de la boleta de turno y el original del escrito de agravios; asimismo, se aprecia que el referido medio de impugnación fue registrado con el número de recurso de queja 75/2023 de su índice, y que el tribunal colegiado oficiante previno al quejoso para que bajo protesta de decir verdad, manifieste si reconoce como suya la firma que aparece al final del escrito por el que interpuso referido recurso de queja y si ratifica su contenido, por las razones que expuso. De lo anterior se toma conocimiento....
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I. Agréguese a los autos la promoción de cuenta, signada electrónicamente por la defensora pública del quejoso, por medio de la cual, indica que no ha tenido a la vista el contenido del proveído de dos de marzo del año en curso, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, por los motivos que expone.---refiere que a fin de garantizar una tutela jurídica adecuada al quejoso y consecuentemente encontrarse en posibilidad y aptitud de en su caso interponer el recurso correspondiente en contra del proveído de dos de marzo de los corrientes, solicita le sea notificado de forma electrónica el citado auto, así como poner a su vista la totalidad de los antecedentes que constituyen el presente juicio de garantías--- LO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de marzo de dos mil veintitrés. Registro y formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social, con residencia en Toluca, Estado de México, y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico; regístrese en el Libro de Gobierno con el número 240/2023-I. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso de este expediente sólo en aquellos asuntos recibidos físicamente, los cuales deberán contener únicamente los documentos presentados por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para incorporar al expediente impreso únicamente las constancias y promociones recibidas físicamente. Desechamiento. Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Dicho numeral señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto transcrito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia, cuyo rubro es: No pasa inadvertido para el suscrito, que el quejoso hizo mención de que formuló una petición al Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, con el fin de ser reingresado al centro penitenciario en que se encontraba, y que haya exhibido copia del auto que recayó a dicho ocurso; no obstante, el quejoso manifestó expresamente que ello lo hacía del conocimiento como un antecedente; asimismo, señaló de manera destacada como acto reclamado el traslado del que fue objeto. Asimismo, que en el capítulo relativo a los hechos y abstenciones que constituyen el acto reclamado, los cuales narró bajo protesta de decir verdad, el peticionario del amparo manifestó que entre las nueve horas y nueve horas con treinta minutos del siete de septiembre de dos mil veintidós, fue trasladado del dormitorio que se encontraba ocupando en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, Estado de México, al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México, sin que hubiese sido previamente notificado. Al respecto, con base en lo manifestado en los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, el suscrito estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Los citados preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De los preceptos legales transcritos se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que por regla general es la siguiente: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre, invariablemente, en el improrrogable plazo de quince días siguientes. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se indican en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de cuya intelección se pone de manifiesto que el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal para promover el juicio de amparo, con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso, en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso-, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia a que se alude, cobra aplicación la tesis aislada de rubro: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.".2 La tesis que precede y que se considera afín a la Ley de Amparo vigente, al tratar un tópico que recoge de nueva cuenta el legislador, pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, a saber: a) Un acto de autoridad. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto de autoridad. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para la promoción del juicio de garantías. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Debe precisarse que, en el caso, no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquellos que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Por lo anterior, el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para promover el juicio de amparo contra la orden de traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, Estado de México, al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México; ejecutada el siete de septiembre de dos mil veintidós, se computó a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. En ese contexto, es innegable que la quejosa tuvo conocimiento de la existencia de ese acto reclamado, desde el siete de septiembre de dos mil veintidós, en virtud que así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en la demanda que se provee; por tanto, debe imperar la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal. En efecto, al manifestar el quejoso que desde esa fecha se enteró de la orden de traslado y su ejecución, es evidente que desde esa data estuvo en posibilidad de reclamarlos. Consecuentemente, si la demanda con la que se inició este juicio fue presentada el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés en el buzón judicial del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Naucalpan de Juárez, Estado de México, recibida el veintiocho del mismo mes y año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en dicho municipio, a esa fecha ya había transcurrido en exceso término legalmente establecido para ello, que corrió del ocho de septiembre al tres de octubre de dos mil veintidós, descontando de dicho cómputo los días diez, once, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de septiembre, así como uno y dos de octubre de dos mil veintidós, por ser inhábiles, conforme a lo previsto en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como con la Circular 5/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, la extemporaneidad en el ejercicio de la acción de amparo se hace patente, pues transcurrieron más de quince días, desde el día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que por esta vía reclama (siete de septiembre de dos mil veintidós), a la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés), lo que pone en evidencia que había fenecido el plazo de quince días que la accionante del amparo tenía para hacerlo. Es aplicable la jurisprudencia del epígrafe3 siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". También, es aplicable por analogía la tesis de rubro4: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS.". Por ello, al no encontrarse los actos reclamados materia del presente juicio dentro de las excepciones a la regla general respecto del plazo concedido para promover el juicio de amparo, es indudable que la demanda origen de este juicio, en la cual se reclama un acto emitido con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente (tres de abril de dos mil trece), debió presentarse dentro de los quince días siguientes a que se refiere dicho ordenamiento. Es aplicable, por las razones que contiene, la jurisprudencia del rubro siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.".5 Por tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se desecha por extemporánea la demanda de amparo, promovida por *****, por propio derecho, con fundamento en el ordinal 113 de la ley en cita. Cobra aplicación al caso, la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS.". Cabe precisar que, no es factible considerar que con esta determinación se transgreda el derecho fundamental del impetrante a tener acceso a un recurso judicial efectivo que combata el acto de autoridad del que se duele, toda vez que el quejoso, además tuvo a su disposición un medio de impugnación ordinario contra la orden de traslado, de modo que si no lo hizo valer atendiendo a las hipótesis de procedencia legales, no significa que no exista dicho recurso o no sea eficaz para combatir los actos de autoridad, en razón que esa circunstancia es un requisito o presupuesto formal de procedencia insoslayable para la adecuada impartición de justicia. Es aplicable al caso, la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), de rubro: Transición a la modalidad de expediente electrónico. En diverso aspecto, se exhorta a la parte quejosa para que, cuando le sea posible, realice su actuación en el presente asunto mediante el uso de firma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En la inteligencia que, se entenderá como firma electrónica, aquel documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico; para tal efecto, comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados, de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo y, diversos numerales 2 fracción XVI, 14 párrafo tercero, y 52 párrafo tercero, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De igual forma, dígase a la parte quejosa que está en aptitud de solicitar la consulta de expediente electrónico y que las notificaciones que deriven del presente asunto se le practiquen vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10, 16, 19, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, emitido por el citado Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Requerimiento al promovente. En virtud de que el quejoso se encuentra privado de su libertad y del escrito inicial de demanda no se advierte que cuente con asistencia jurídica para la tramitación del presente juicio de amparo, a fin de garantizar su derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiérasele para que ante la presencia judicial del actuario judicial que corresponda nombre a un abogado que lo represente, en el entendido que en caso de señalar a alguna persona, deberá proporcionar el número de su cédula profesional que la autorice para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Apercibimiento. En la inteligencia de que si en ese momento no designa a un abogado que lo represente, se le concede el plazo de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído para que lo haga; apercibido que de no hacerlo así dentro de dicho plazo, este órgano jurisdiccional de amparo le nombrará un defensor público de oficio o asesor jurídico, para lo cual se requerirá a la Directora del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, para que designe a una persona que funja como defensor o asesor jurídico del quejoso exclusivamente durante la tramitación del presente juicio de amparo. Sin que pase inadvertido para el suscrito que en el escrito de demanda el quejoso indicó autorizar al licenciado de oficio de la jurisdicción para que lo represente en la presente instancia constitucional; sin embargo, no proporcionó el nombre completo de alguna persona, no obstante, proporcionó una cuenta de correo electrónico y un número telefónico; de ahí que se estime necesario realizar el requerimiento señalado en párrafos que preceden. Domicilio. En virtud de que el promovente se encuentra recluido, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele ésta y las subsecuentes actuaciones en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito a este juzgado de Distrito para que, en caso de ser necesario, practique las diligencias derivadas de este asunto, en días y horas inhábiles. Asimismo, se instruye al fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional que para realizar las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan, deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la ley de la materia. Autorizados. Téngase como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, debido a que no proporcionó los datos de su cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.11o.A.4.A, de rubro10: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA.". Correo electrónico y número telefónico. El "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, y el "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", no establecen los correos electrónicos y números telefónicos como medio de comunicación; por tanto, no ha lugar a acordar de conformidad, como medio de comunicación, la cuenta de correo electrónico y el número telefónico proporcionados en el escrito de cuenta. Transparencia y oposición de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a los secretarios del juzgado a efecto de que elaboren la versión pública de la sentencia y/o resolución que al efecto se dicte en este juicio de amparo, con estricto apego a dichos ordenamientos legales y demás normatividad aplicable. Finalmente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1°, 3, 4, 9, 68, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, así como 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, comuníquese a las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.
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