Jhovana Balderas Lamas

Expediente 882/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
882/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Jhovana Balderas Lamas

Actuaciones

  1. Principal

    VI... Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), dentro del término que refiere el diverso 98, ambos de la Ley de Amparo, contra el auto de diez de septiembre del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 288, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a su destrucción, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo de referencia.

  2. Principal

    VI... Vista la demanda de amparo promovida por Jhovana ..., por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México y otra autoridad; regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 882/2021-VI. Antes de proveer lo conducente a la demanda de que se trata, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos que reclama la parte quejosa consisten en: 1. La razón actuarial de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno practicada en el incidente de liquidación de pensiones vencidas derivado del expediente 443/2017, por la cual se notificó por medio de lista y boletín judicial el proveído de dieciséis del mismo mes y año, y; 2. El acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintiuno emitido en el incidente de liquidación de pensiones vencidas derivado del expediente 443/2017, en el que el Juez responsable ordenó turnar los autos para el dictado de la interlocutoria correspondiente. Este juzgado federal considera que en la especie se actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a desechar de plano la demanda de que se trata, en virtud de que se evidencia las causas de improcedencia previstas en el dispositivo 61, fracciones XVIII y XIII, del propio ordenamiento. En efecto, se advierte que se actualiza de modo manifestó e indudable la causa de improcedencia en estudio, respecto del acto reclamado consistente en la razón actuarial de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno practicada en el incidente de liquidación de pensiones vencidas derivado del expediente 443/2017, por la cual se notificó por medio de lista y boletín judicial el proveído de dieciséis del mismo mes y año. Lo anterior, si se toma en consideración que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanos, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción transcritos, contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional, debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. En el caso concreto, es evidente que la razón actuarial de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno practicada en el incidente de liquidación de pensiones vencidas derivado del expediente 443/2017, por el que se notificó por medio de lista y boletín el proveído de dieciséis del mismo mes y año, debe impugnarse a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 1.113 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Ello es así, porque los artículos 1.113 y 1.114 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establecen que las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades establecidas por la ley y que por esta falta quedara sin defensa cualquiera de las partes; asimismo, dicha nulidad deberá ser reclamada en incidente dentro del plazo de tres días a partir de que el interesado tenga conocimiento del vicio o nulidad. Empero, del análisis de la demanda de amparo no se advierte que la aquí quejosa haya combatido la citada notificación a través del incidente de nulidad de actuaciones estando obligada a agotar dicho medio de defensa que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. De esa manera, es inconcuso que, ante la posibilidad de combatir la razón actuarial reclamada mediante el incidente de nulidad de actuaciones, ello constituye un medio de defensa que debe promoverse antes del juicio de amparo, lo cual al no haberse hecho así, ocasiona la improcedencia del juicio de garantías, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Ahora en relación con las excepciones que señala el numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, en el presente caso, no se actualizan dado el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, no impugna una resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otro que afecte la libertad personal del quejoso, no se trata de una sentencia definitiva dictada en materia penal. Asimismo, no se actualiza la relativa a que el promovente le revista el carácter de tercero extraño, debido a que el acto reclamado deriva de un procedimiento judicial (incidente de liquidación de pensiones vencidas) en el que la parte quejosa tiene el carácter de demandada incidentista y compareció al mismo como se advierte del diverso proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno en el cual la autoridad responsable acordó la promoción presentada por la ahora quejosa. Ahora, respecto al diverso acto reclamado consistente en: El acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintiuno emitido en el incidente de liquidación de pensiones vencidas derivado del expediente 443/2017, en el que el Juez responsable ordenó turnar los autos para el dictado de la interlocutoria correspondiente, el suscrito considera que el mismo no constituye un acto de ejecución irreparable, en virtud de que supone una afectación estrictamente formal, con efectos intraincidentales que incide únicamente dentro del procedimiento con vista a la obtención de una resolución, en el caso, interlocutoria favorable, que de lograrse, lo haría subsanable; por tanto no produce una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de las partes -libertad personal, integridad, propiedad-, de modo que no se actualiza la procedencia de la demanda de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuyo requisito de procedibilidad se ciñe a que se trate de actos de juicio que tengan sobre las personas o las cosas efectos que sean de imposible reparación. De ahí que, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra las violaciones cometidas durante una incidencia deben analizarse dos supuestos: el primero, encaminado a analizar si el acto reclamado vulnera derechos sustantivos y, el segundo, el momento procesal en el que se ejercita la vía constitucional, esto es así, pues de impugnarse cada violación procesal se retardaría injustificadamente todo el juicio. En congruencia con lo anterior, el acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintiuno emitido en el incidente de liquidación de pensiones vencidas derivado del expediente 443/2017, en el que el Juez responsable ordenó turnar los autos para el dictado de la interlocutoria correspondiente, no vulnera derechos sustantivos, pues no constituye una violación sustantiva, ya que si bien ordena turnar los autos para dictar resolución interlocutoria correspondiente, lo cierto es que esa cuestión es de carácter meramente procesal que no afecta de forma actual ni material la vida, el patrimonio, la libertad o algún otro derecho de tal naturaleza; por tanto, resulta improcedente el juicio constitucional. Por consiguiente, no se desprende que el acto reclamado, de momento, infrinja algún derecho de la parte quejosa. Además, cabe la posibilidad de que la resolución interlocutoria que emita el juez dentro del incidente de origen del que deriva el reclamo, sea favorable a sus intereses, en cuyo caso lo que ahora estima le causa perjuicio quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica y, de modo contrario, estará en condiciones alegarlo como violación procesal a través del medio de impugnación que promueva contra dicha resolución. En esas condiciones y dado que la parte quejosa por lo que hace al primer acto reclamado no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, respecto al segundo acto reclamado al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia advertida, aunado que no son actos de imposible reparación; por ende, con fundamento en los artículos 112 y 113, en relación con el 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jhovana Balderas Lamas. De conformidad con el numeral 26 fracción III, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista, misma que puede consultarse en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la puerta de acceso al edificio donde se localiza este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado. Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil para entablar comunicaciones no procesales. Se autoriza a la persona que refiere en términos del párrafo segundo última parte, del artículo 12 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 24, párrafo segundo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones todo tipo de notificaciones, toda vez que no acredita ejercer la profesión de abogado o tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión....

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