Jhos Uriel Rojas Aquino
Expediente 366/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jhos Uriel Rojas Aquino
Actuaciones
- Principal
P Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto de diecinueve de junio de dos mil veinte por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo.
- Principal
Vista la razón de cuenta del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante la cual informa la imposibilidad existente a fin de notificar a la parte quejosa el auto de diecinueve de junio de dos mil veinte, por los motivos que expone en la misma; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista el proveído de mérito, así como los subsecuentes autos aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio correcto en la ciudad de Puebla para tal efecto.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Jhos Uriel Rojas Aquino, contra los actos del Juez Primero de lo Penal de la Ciudad Puebla y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 366/2020. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral del ocurso de demanda suscrito por Jhos Uriel Rojas Aquino, mismo que se encuentra signado electrónicamente por el usuario Alan Robledo Zenteno, el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia por lo cual procede desechar de plano la demanda de amparo. Al respecto, es conveniente precisar que los artículos 6,15 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, el promovente reclama de las autoridades señaladas como responsables la orden búsqueda, aprehensión y detención dictada en su contra, y, su ejecución. Así mismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que Jhos Uriel Rojas Aquino, bajo protesta de decir verdad, manifestó que el día ocho de junio de dos mil veinte se percató que diversas personas que portaban armas y equipo de radio comunicación a bordo de vehículos de color blanco, habían estado vigilando su domicilio, lo que le pareció extraño, porque no existe de manera próxima a su domicilio alguna institución policial que lo pudiera justificar, por lo que preguntó con sus vecinos si sabían quiénes son esas personas, mismos que le mencionaron que efectivamente dos personas armadas les habían preguntado por él, preguntándoles a qué se dedica y cuáles son sus horarios en los que sale para realizar sus actividades cotidianas, también que le refirieron que esas personas se identificaron como Agentes de la Policía Judicial de la Fiscalía General de Justicia del Estado, refiriéndole tener en su poder una orden de aprehensión librada en su contra De lo anterior, no se observa algún hecho que permita concluir que el hoy quejoso Jhos Uriel Rojas Aquino, no esté en aptitud legal de signar electrónicamente la demanda de amparo que en su caso firmó electrónicamente el usuario Alan Robledo Zenteno. En ese sentido, si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo establece que cuando los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo podrá promoverlo cualquier otra persona en nombre del agraviado o quejoso; sin embargo, dicho numeral impone un requisito sine quanon a fin de que cualquier otra persona pueda promover el amparo a favor del quejoso, en su nombre. Así, en el citado numeral se pueden leer las siguientes frases: "Cuando traten de actos que importen peligro de. ataques a la libertad personal fuera de procedimiento ." "...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre.. " Como se ve, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier extraño distinto al quejoso, sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que Alan Robledo Zenteno, esté en aptitud de signar electrónicamente y promover en nombre de Jhos Uriel Rojas Aquino, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, dado que no se desprende de la demanda de amparo que el aquí quejoso se encuentre imposibilitado para promover la demanda por sí mismo o bien, que el usuario Alan Robledo Zenteno, ostente el carácter de defensor particular o apoderado legal del citado quejoso. En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, en contrario sentido, de la Ley de Amparo y, procede desechar de plano la demanda de amparo conforme al diverso 113 del mismo cuerpo normativo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizado al profesionista que menciona en los términos precisados en el proemio de dicha demanda. EXHORTO A LA PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19; así como privilegiar el acceso a la justicia federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 1, fracción I, último párrafo del ACUERDO GENERAL 13/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema en "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En tales condiciones, se exhorta a la parte quejosa, para que de ser posible, realice los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y, además, conforme al artículo 2, fracción I del acuerdo invocado proporcione un correo electrónico y número telefónico para los trámites correspondientes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. NOTIFICACIÓN En términos del artículo 2º fracción XII del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las Medidas de Contingencia de los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19, se habilita al actuario judicial que notifique por lista electrónica la presente determinación y una vez que se reanuden las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial Federal, sin mayor proveído, la notifique de manera personal. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes
- Jesús Trinidad González947/2015
- Jesús Vélez Chávez236/2016
- Jesus Vieyra de la Cruz118/2017
- Jhana Tricya Pazos Salazar877/2018
- Jhonny Morales Pérez469/2019
- Jhony de la Rosa Mendez812/2019
- Jhosep Christian Ramirez Vergara177/2023
- Jhovanny Arenas de la Cruz300/2018
- Jhovany Hernández Alvarado1320/2022
- Jhovany Hernández Alvarado905/2022
- Jimena Ortega Arana1086/2017
- Jimmy Alvarado Martinez1124/2017