Jhony Alveiro Diosa Sepulveda
Expediente 1623/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1623/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/08/2018
Partes del expediente
- Jhony Alveiro Diosa Sepulveda
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes el escrito de cuenta signado por ********, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual en atención a la vista otorgada en auto de dos de agosto de dos mil dieciocho (foja 97), señala las constancias que estima pertinentes para la substanciación del recurso de queja interpuesto por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad contra el proveído de cinco de julio del año en curso (fojas 51 a 53).
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico, a través del cual, solicita que por conducto de este órgano jurisdiccional se requiera a la parte quejosa, para que presente ante esa dependencia su Registro Federal de Contribuyentes, carta de certificación de cuentas, o en su defecto, Clabe Interbancaria, copia de la Credencial de Elector y comprobante de domicilio, a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el libelo de cuenta para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, debe decirse al ente oficiante que el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, entre lo que se encuentra, obtener toda aquella documentación del quejoso para acatar con la ejecutoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a). Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b). Poner a su disposición el numerario a entregar y c). Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Además, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la ley citada. Con independencia de lo anterior, requiérase a la parte accionante del amparo, para que en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante la autoridad responsable en mención, a hacer entregar de la documentación que se le solicita y que quedó especificada en líneas de antelación; lo anterior, en razón de que este Órgano Jurisdiccional requiere determinar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en autos, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo peticiona la responsable con sustento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza una prórroga por el plazo de diez días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, a fin de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la responsable, que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de la materia, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la citada Ley.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por *, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus *, a través del cual en cumplimiento al proveído de dieciocho de julio de este año (foja 360), exhibe cuatro copias más del escrito de agravios; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de revisión contra la resolución terminada de engrosar el veintidós de junio del año en curso (fojas 316 a 327). Por otra parte, en cuanto a la obligación que impone a los Jueces de Distrito los arábigos 84 y 89 de la Ley de la Materia vigente y de conformidad a las características del caso concreto, conllevan a sostener que la tramitación y resolución del recurso que se promueve en contra de la sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa (fojas 316 a 327), es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, toda vez que los actos reclamado por la parte quejosa se hicieron consistir en: La falta de llamamiento al juicio civil ordinario 712/2013, del índice del Juez Mixto de Primera Instancia, residente en Tuxpan, Nayarit y la orden de lanzamiento emitida en dicho sumario. Por ende, se estima innecesaria la intervención del Máximo Tribunal del país. En las relatadas condiciones, con fundamento en el dispositivo 89 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión, distribúyanse entre las mismas copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase el mismo dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que haya quedado debidamente integrado, junto con el original del escrito de agravios, al Órgano de Control Constitucional competente y al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que continuarán todas las actuaciones correspondientes.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.********************Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el trece de julio del año que transcurre (fojas 90 a 91), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación autoridad responsable, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa.********************En relación con lo anterior, por acuerdo de dieciséis de julio de dos mil dieciocho (foja 92), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos.********************Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido.********************Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:******************** "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución".********************Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, en treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 48 a 67), se determinó conceder a********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes:********************". En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que:********************a) Los artículos 23, fracción VII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro.********************b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria HSBC y la constancia de pago exhibida por el Recaudador General de Rentas del Estado de Nayarit con su informe justificado, cuyo pago fue realizado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente.".********************Sentencia que causó ejecutoria el veintiuno de junio de dos mil dieciocho (foja 82 y 83), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit a fin de que la acatara.********************De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada.********************Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el trece de julio del presente año (fojas 90 y 91), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia simple del reporte del Reporte de Transferencia SPEI (foja 91), que contiene la suma de la cantidad erogada y su actualización correspondiente, de lo cual se advierte su devolución.********************Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió la cantidad de ********************, que corresponde al monto erogado por la parte quejosa con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio.********************Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo.********************En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, como fue señalado en sentencia y que el diez de julio dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto total actualizado de dicho recibo (foja 91), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a junio de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril entre el índice para el mes de febrero de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida.********************Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 132.009 y para el mes de junio de dos mil dieciocho fue de 132.282, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.002068040815399.********************En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: ********************, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de ********************; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de ********************.********************No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de********************; sin embargo, éste reintegró la diversa de ********************, es decir, hay un déficit de ********************, pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla.********************Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido.********************Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado.********************En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable.********************Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de biinstancial, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.********************Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó
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