Jhonnatan Eduardo Aguilar Ramírez

Expediente 332/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 30 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
332/2016
Año
2016
Actuaciones
30
Última actuación
29/07/2016

Partes del expediente

  • Jhonnatan Eduardo Aguilar Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Incidental

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el uno de agosto de dos mil dieciséis; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintinueve de julio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Jhonnatan Eduardo Aguilar Ramírez, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito con número N 762790, que ampara la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el BANSEFI, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito. En consecuencia, como lo solicita la parte promovente, dado que el veintinueve de junio de dos mil dieciséis se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo del cual deriva esta incidencia, misma que se declaró que causó estado el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, se ordena la devolución del billete de depósito de referencia, mismo que se exhibió para garantizar su devolución a la autoridad que lo reclamara, en caso de que no fuera favorable la sentencia que se dictara en el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente. En ese sentido, hágase saber al quejoso que deberá comparecer a este Juzgado Federal, a efecto de que le sea devuelto el billete de depósito N 762790, debidamente identificado con credencial oficial vigente con fotografía, en horario hábil de cualquier viernes, a partir del diecinueve de agosto de dos mil dieciséis; lo anterior en virtud de los períodos vacacionales de los funcionarios de este órgano jurisdiccional autorizados para endosar los billetes de depósito. En el entendido que de no hacerlo dentro del término de dos años computables a partir de la fecha en que legalmente pudo exigirse su devolución, es decir, el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, [data en la que causó ejecutoria la sentencia pronunciada en autos] dicho billete prescribirá a favor del Fisco Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 5, fracción IV, 35, 36, 37 y 38, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Lo anterior, en el entendido que el billete de depósito en comento, al momento de ser entregado, será endosado a nombre del quejoso [Jhonnatan Eduardo Aguilar Ramírez]. Notifíquese personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el veintinueve de junio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  3. Incidental

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veintiséis de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintiuno de julio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Visto el estado de autos, se toma en consideración que se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, por lo que se acuerda: Toda vez que se negó y concedió la medida cautelar en el presente asunto; en esa medida, de conformidad con el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción III, del referido acuerdo, se establece que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, por haberse negado y concedido la medida cautelar, una vez transcurrido el plazo de cinco años. En cuanto a los autos del duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, con apego a la hipótesis contenida en la fracción III del artículo Vigésimo del acuerdo que nos ocupa, toda vez que éste carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, y en razón que no existen documentos originales, por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Por otra parte, de autos se desprende que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 762790, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva. En consecuencia, hágase saber a la parte quejosa que queda a su disposición el mencionado billete de depósito, por lo que podrá solicitar la devolución de dicha garantía, caso en el cual se acordará lo que en derecho corresponda. Apercibida que de no hacerlo en el plazo de dos años, contados a partir de la emisión del presente acuerdo [fecha en que legalmente pudo exigirse su devolución por el depositante], dicha garantía prescribirá a favor del Fisco Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 5, fracción IV, 35, 36, 37 y 38 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, para su ingreso en beneficio de la administración de justicia.

  4. Principal

    (CITATORIO y AVISO) Toda vez que la parte quejosa y tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio y aviso de treinta de junio del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintinueve de junio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de veintitrés de junio de dos mil dieciséis (fojas 403 y 404), remite lo siguiente: Copia certificada del auto de formal prisión de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, dictado en autos de la causa penal 40/2015 de su índice, instruida contra el aquí quejoso. A la constancia relacionada con antelación se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1790, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese orden de ideas, según consta del contenido del anexo de cuenta, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, toda vez que dentro de la causa penal 40/2015, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, dictó auto de formal prisión en contra de Jhonnatan Eduardo Aguilar Ramírez, en el que determinó lo siguiente: "R E S U E L V E PRIMERO.- Siendo las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS de la fecha del encabezado, se decreta AUTO DE FORMAL PRISIÓN a JHONNATAN EDUARDO AGUILAR RAMÍREZ, como probable responsable de la comisión del delito de ABUSO DE CONFIANZA, previsto y sancionado con pena privativa de libertad y multa por el artículo 150, en relación a los numerales 14 párrafo segundo y 16 fracción I, todos del Código Penal Vigente en el Estado, cometido en agravio del ciudadano MANUEL ÁVILA NOVELO, cometido en las circunstancias de tiempo, lugar y modo especificados en el cuerpo de esta resolución y por el cual se le seguirá este proceso." Una vez establecido lo anterior, cabe señalar que al ser de orden público, las causales de improcedencia, son de estudio preferente, por lo que es obligación del Juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número II.1º. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Ahora, conviene precisar que el acto reclamado por la parte quejosa lo hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De las marcadas como 1, 2 y 3 Reclamo la existencia de alguna orden de aprehensión, localización, presentación o detención dictada en contra del suscrito, de las identificadas como 4 y 5 reclamo la ejecución de la orden de aprehensión, localización, presentación o detención en mi contra." Al respecto, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la orden de aprehensión reclamada (foja 15), ya que si bien negó haberla emitido, manifestó que la misma fue dictada en los autos del toca 369/2015, del índice de la Tercera Sala Especializada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, formado con motivo de la apelación interpuesta por la Representación Social, ante su originaria negativa en la causa penal 40/2015, de su índice. Lo anterior, se corrobora del informe justificado de la Magistrada Titular de la Tercera Sala Especializada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad (foja 344), quien reconoció haber emitido la orden reclamada, mediante resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, de la cual obra agregada en autos copia certificada (fojas 351 a 365). De ese modo, se acredita la existencia de la orden de aprehensión reclamada en esta vía. Empero, del oficio y anexo de cuenta, como ha quedado establecido, se advierte que el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en los autos de la causa penal 40/2015, de la cual derivo la orden de aprehensión reclamada, dictó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso. Por consiguiente, dicha circunstancia actualiza de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". Sin duda, del precepto y fracción transcrita válidamente se puede establecer que el juicio de amparo deviene improcedente cuando durante la tramitación del mismo promovido en contra de una orden de aprehensión, se dé un cambio de situación jurídica que imposibilita el estudio de la misma, pues las violaciones que contra ella pudieran alegarse, quedaron consumadas irreparablemente con el dictado del auto de formal prisión. En efecto, cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, por virtud de un cambio de situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 17/2008, que sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, tomo XXVII, junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto.". La determinación que antecede se hace extensiva a las autoridades ejecutoras: Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales y Comandante de la Policía Ministerial, ambos del Estado de Quintana Roo, de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, toda vez que no se les reclaman actos por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la orden de aprehensión reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 232437, de la Séptima Época, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Página: 134, Materia Común, que dice: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de los de las autoridades que tienen el carácter de ejecutoras, ya que no se puede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propio.". Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las diez horas con treinta minutos del ocho de julio de dos mil dieciséis. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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