Jhonnatan David Cajilema Mantilla
Expediente 288/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jhonnatan David Cajilema Mantilla
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al quejoso Jhonnatan David Cajilema Man, en proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, (fojas 8 a 22), para que desahogara la prevención contenida en dicho auto, sin que lo hubiere realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada, la demanda de amparo promovida Freddy Agustín Pérez a favor de Jhonnatan David Cajilema Man.
- Principal
Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe de suspensión de plano, remitido por la Jefa de Departamento del Programa Paisano del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, adscrita a la Estación Migratoria Siglo XXI, de la Oficina de Representación del citado instituto, por ausencia de la encargada de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en esta ciudad, en atención a los oficios 5875/2023, 5876/2023, 5877/2023 y 5878/2023 (fojas 23 a 30), rinde informe de suspensión de plano y comunica que está enterado de la medida cautelar decretada en el presente juicio.
- Principal
Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe de suspensión de plano, remitido por el Jefe de Departamento Jurídico y Atención al Migrante, en representación del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en atención al oficio 5874/2023, dirigido a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe de suspensión de plano y comunica que está enterado de la medida cautelar decretada en el presente juicio. Asimismo, informa que el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, fue resuelta su situación jurídica migratoria del quejoso Jhonnatan David Cajilema Mantilla, otorgando la salida de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en esta ciudad, quien también fue señalada como autoridad responsable, y de acuerdo a la duplicidad de información, será dicha autoridad quien remitirá las constancias relativas, al cumplimiento de la suspensión de plano.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo y con la copia autorizada de la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 682/2022 5-B, promovido por B***, en su calidad de asesor jurídico de las personas morales ***, quienes a la vez, son representadas por las personas de identidad resguardada de iniciales ***, contra actos de la autoridad responsable siguiente: 1. Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad. Se forma este incidente de suspensión, sin que se ordene la formación de cuaderno incidental por duplicado; lo anterior, con apoyo a lo dispuesto en el artículo 264, Capítulo Cuarto "De la Formación del duplicado de los incidentes de suspensión", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 125, 128, 129, 138, 139 y 140 de la Ley de Amparo, solicítese mediante oficio su informe previo a la autoridad responsable, que deberá rendir de la misma forma solicitada, dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir de su recibo; o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para hacerlo. Se le apercibe de que en caso de que no rinda oportunamente el informe previo requerido, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $10, 374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción I, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Por otra parte, se autoriza a la autoridad responsable que rinda su respectivo informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso a los acuerdos de interconexión o a través del correo institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se fija para la celebración de la audiencia incidental, las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. No habrá necesidad de emitir oficios a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Previo análisis de la demanda de amparo, y en atención a lo resuelto por el tribunal de alzada, en el que, en lo que interesa, modificó el auto de quince de junio de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, ordenando proveer únicamente por lo que hace al acto reclamado consistente en el proveído de siete de junio de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 203/2021, del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas; en atención a lo anterior, se colige que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de siete de junio de dos mil veintidós, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, mediante el cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el diverso proveído del treinta de mayo del mismo año, emitido en la causa penal 203/2021 de su índice, en el que se requiere al Fiscal del Ministerio Público, para que en el término de cinco días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de dicho auto, presente la propuesta de imposición de la pena, así como la autorización de la aplicación del procedimiento abreviado, debiendo contener el pago de la reparación del daño, caso contrario, se le aplicaría una multa por un monto total de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 Moneda Nacional). ESTUDIO SOBRE PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Ahora, para determinar el otorgamiento de la medida suspensional, debe revisarse la satisfacción de determinados requisitos, específicamente los previstos en los artículos 128, 131, 138 y 139 de la Ley de Amparo, que textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." En efecto, de los preceptos legales transcritos se advierte que al pronunciarse sobre el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados debe verificarse el cumplimiento de diversos supuestos entre ellos a) que lo solicite el agraviado; y b) que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Al respecto, se cumple con el primer requisito citado, dado que la suspensión fue solicitada por el inconforme; no obstante, en el caso no es procedente otorgar dicha medida cautelar, dado que no se cumple lo establecido en la fracción II del citado numeral 128 de la Ley de Amparo; esto es, porque se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social. En efecto, los actos reclamados a través del juicio de amparo pueden ser objeto de suspensión, cuando la naturaleza del acto lo permita. El interés social se refiere a aquellos aspectos relacionados con las necesidades generales de la sociedad y que el Estado protege de manera directa y permanente, por lo que si una situación específica afecta o beneficia a la colectividad, existe interés social. En diverso aspecto, las disposiciones de orden público son aquellas que se emiten para regular temas en que se ve interesado el Estado, como puede ser su actuación pública o la regulación de alguna rama social de trascendencia en el desarrollo de la sociedad, en la cual ésta se ve interesada en su aplicación. Bajo este contexto, no debe concederse lo solicitado por la parte recurrente para el efecto que desea el quejoso, esto es, que la autoridad responsable proceda a suspender el apercibimiento y en su caso multa que se realice al Ministerio Público, relativo al requerimiento de propuesta de imposición de la pena, así como la autorización de la aplicación del procedimiento, pues eso equivaldría a obstaculizar la continuación del procedimiento penal de donde deriva el acto reclamado, con lo que se contravendrían disposiciones de orden público. En ese sentido, el artículo 150 de la Ley de Amparo establece que la suspensión deberá concederse de tal forma que no impida la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado hasta dictarse resolución firme en él; pues dicho dispositivo es puntual en señalar que: "Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso." Con base en el numeral antes transcrito, toda vez que su concesión obstaculizaría la continuación del proceso penal sin estar justificado el daño irreparable al quejoso, aunado a que no se ocasiona un perjuicio irreparable a sus derechos fundamentales. Se determina así, pues el procedimiento abreviado se considera una forma de terminar el proceso de manera anticipada según el artículo 185 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a grandes rasgos, es el juicio que se realiza como alternativa al juicio oral, donde es el juez de control quién dicta la sentencia. Dentro de los requisitos para que pueda hacerse un procedimiento abreviado, tenemos los siguientes: La solicitud del Ministerio Público, la cual deberá contener la acusación, así como, exponer los datos de prueba en que se basa. Narrando los hechos que se le atribuyen, su clasificación jurídica, cuanto intervino en los hechos así como las penas y la cantidad que habrá de establecerse para la reparación del daño. Que la víctima u ofendido no se opongan, pero si lo hicieran solo se tomará en cuenta si su oposición fuere fundada, aunque la ley solo le reconoce el derecho a oponerse cuando la reparación del daño no se encuentre debidamente acreditada (artículo 204 CNPP) Que el acusado sepa de qué se trata el juicio oral y el procedimiento abreviado, que renuncie de manera expresa al juicio oral, que acepte el procedimiento abreviado, que confiese que es culpable y que acepte la sentencia basada en las pruebas que exponga el Ministerio Público cuando formule la acusación. Asimismo, es importante indicar que acorde a lo dispuesto por el artículo 202 del mismo ordenamiento , el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Dicho en otras palabras, la oportunidad de acceder a la proposición de un procedimiento abreviado por parte del Ministerio Público resulta legalmente viable en cualquier fase del procedimiento penal, a partir de la emisión del auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se emita el auto de apertura a juicio, por lo que no puede considerarse que como una consecuencia necesaria del señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia, e incluso de su verificativo, la pérdida de la oportunidad de acceder a dicha forma de terminación anticipada del proceso, no obstante que de manera eventual se pudieran solicitar en esa fase, como en cualquier otra del procedimiento, según lo antes dicho. A mayor abundamiento, de conformidad con el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo , únicamente se prevé que la autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia (que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio); de ahí que, si bien es cierto que el citado numeral 150 de la ley de la materia, en su parte final señala que si la continuación del procedimiento pueda dejar irreparablemente consumado ocasionar daño o perjuicio al quejoso, la suspensión podrá concederse para efecto de paralizar el procedimiento y evitar dicha circunstancia, la manera de evitar ese daño o perjuicio de manera irreparable al peticionario de amparo en etapas previas al juicio, es que una vez concluida la etapa intermedia, el juez de control no debe ordenar la apertura a la etapa de juicio; empero, de ninguna manera, como lo pretende el inconforme, que se suspenda la continuación sobre la solicitud del procedimiento abreviado por parte del Ministerio Público. Asimismo, este órgano jurisdiccional sólo cuenta con los antecedentes del acto reclamado y los hechos del mismo, narrados por el quejoso; sin que tenga probanzas fehacientes de la etapa procesal en que se encuentra el proceso penal de origen, pues como se vio, el procedimiento abreviado inicia a solicitud de la Fiscalía y sólo se puede instaurar después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio; por tanto, es necesario que este Juzgado de Distrito cuente con pruebas que demuestren la etapa en que se encuentra el proceso, para estar en condiciones de verificar que los requerimientos formulados a la Fiscalía y a la victíma, para iniciar el procedimiento abreviado, se realizaron antes de la emisión del auto de apertura a juicio y no afecta el derecho sustantivo de la reparación del daño que atañe la víctima del delito. Bajo ese panorama, se niega la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. DOMICILIO Ahora bien, respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones, como esta ordenado en auto de uno de julio de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno principal del cual deriva el presente incidente, notifíquese a la parte quejosa, a través de la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, así como los subsecuentes proveídos, hasta en tanto señale uno diverso para tales efectos. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y toda vez que la parte quejosa manifiesta su oposición a la publicación de su nombre y datos personales en el presente asunto, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, este último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese.
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