Jhonattan Ramón Gómez Mendoza

Expediente 874/2014 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
874/2014
Año
2014
Actuaciones
4
Última actuación
15/04/2016

Partes del expediente

  • Jhonattan Ramón Gómez Mendoza
  • Ramón Gómez Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, quince de abril de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual solicita copia certificada de diversas constancias que obran en autos del presente juicio de amparo; en atención remítase copia certificada de la papeleta, demanda de garantías, auto admisorio, informes justificados rendidos por las autoridades responsables y de la resolución. Ahora bien, hágase del conocimiento a la autoridad requirente que el presente expediente causó ejecutoria el 19 de marzo de dos mil quince, y se encuentra archivado a partir del 18 de junio del mismo año. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el juez José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante el secretario Alberto Becerril Fuentes que autoriza y da fe.

  2. Principal

    México, Distrito Federal, diecinueve de marzo de dos mil quince. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existen diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales en el mismo. Finalmente, devuélvanse los anexos a la autoridad responsable que los remitió, Juez Trigésimo Octavo Penal del Distrito Federal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Incidental

    México, Distrito Federal, diecinueve de marzo de dos mil quince. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, respecto del duplicado del incidente de suspensión con fundamento en el artículo vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, procédase a su destrucción. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 874/2014-I, promovido por Jhonattan Ramón Gómez Mendoza, Alejandra Alin Navarrete Gómez, Israel Navarrete Gómez y Ramón Gómez Vargas. ANTECEDENTES: Del acto reclamado El 28 de junio de 2014, en el edificio ubicado en la calle de López número 73, interior 3, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad, entre las 5 y 6 de la mañana, diversos vecinos del edificio, María de Jesús Cruz Cortés, Irma Arias Rodríguez, Juan Sandoval Ramírez y Manuel Gómez Méndez, escucharon escándalo (más que en la noche anterior en la que ? quienes se ostentan como dueños del edificio ? ofrecieron una "fiesta" en ese lugar). Por tal motivo, se asomaron a ver qué era lo que sucedía, percatándose que los ahora quejosos Jhonattan Ramón Gómez Mendoza, Alejandra Alin Navarrete Gómez, Israel Navarrete Gómez y Ramón Gómez Vargas, junto con Raymundo Romero García alias "El Chaparro", golpeaban a otro vecino de nombre Ángel Martín Luna Martínez con puñetazos y patadas, y que una vez que estaba en el suelo el sujeto pasivo lo siguieron golpeando, que ? según pudieron observar ?, la mayoría de las patadas se las dieron en la cabeza, en la que le rompieron una botella, después lo arrastraron por las escaleras. Posteriormente llegó la policía y la ambulancia, lo trasladaron al hospital, en el que permaneció a partir de ese día hasta el 19 de julio de 2014, fecha en que perdió la vida derivado de los traumatismos ocasionados. Con motivo de los hechos narrados se dio inicio a la averiguación previa FVC/VC-3/T3/1550/14-06 y su acumulada FVC/VC-3/T3/1550/14-06 R1, por el delito de homicidio calificado, cometido en contra de Ángel Martín Luna Martínez, y una vez realizadas las diligencias correspondientes, el agente del ministerio público investigador ejerció acción penal contra los quejosos por la comisión del ilícito antes señalado. El 20 de agosto de 2014, durante la duplicidad del término constitucional solicitado, la autoridad judicial responsable dictó auto de formal prisión contra Jhonattan Ramón Gómez Mendoza, Alejandra Alin Navarrete Gómez, Israel Navarrete Gómez y Ramón Gómez Vargas, por el delito de homicidio simple (que constituye el acto reclamado). Del trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda: 09 de septiembre de 2014. Admisión de la demanda: 11 de septiembre de 2014. Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contienen los derechos fundamentales violados: 1, 14, 16, 17, 18 y 20. Emplazamiento al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado: 12 de septiembre de 2014 (foja 63 vuelta) Emplazamiento al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable: 12 de septiembre de 2014 (foja 65) Emplazamiento a la tercero interesada: Beatriz Martínez González: 11 de junio del 2014 (foja 149). Audiencia constitucional: 15 de diciembre de 2014. CONSIDERANDOS: Primero. Competencia Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza penal y las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de Litis De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es el siguiente: 1) El auto de formal prisión de 20 de agosto de 2014, dictado por el Juez Trigésimo Octavo Penal en el Distrito Federal, en la causa penal 170/2014, en contra de los quejosos por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio simple. 2) Ejecución. Tercero. Certeza de los actos reclamados Autoridad Acto reclamado Certeza Foja Juez 38 Penal del Distrito Federal. Auto de formal prisión de 20 de agosto de 2014, dictado en contra de los quejosos en la causa penal 170/2014, por el delito de homicidio simple. Aceptó 72 Encargada de la Dirección del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla del Distrito Federal Ejecución Aceptó 68 Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de Distrito Federal Ejecución Aceptó 70 Las autoridades responsables al rendir su informe justificado aceptaron la emisión y ejecución de la determinación reclamada, lo que se corrobora con la copia certificada de la causa penal 170/2014, que remitió el juez responsable; documentales que tienen eficacia demostrativa plena, por lo que el acto está plenamente demostrado. Cuarto. Procedencia Las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni este juzgador advierte la existencia de alguna, por lo que se procede examinar la constitucionalidad de la resolución reclamada, así como los conceptos de violación respectivos. Quinto. Análisis de fondo Con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo no se advierte deficiencia en la argumentación que deba ser suplida a favor de los quejosos, pues la responsable se ajustó a la legalidad, sin que se advierta vulneración a sus derechos humanos, ni a las garantías otorgadas para su protección en los artículos 1º, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los argumentos que en vía de conceptos de violación esgrimieron los quejosos son infundados, por las siguientes razones: Artículo 14 constitucional No se advierte en forma alguna que la autoridad responsable haya transgredido en perjuicio de los quejosos el derecho fundamental consagrado en el artículo 14 constitucional, que se refiere a las formalidades esenciales del procedimiento y al acceso a la justicia pronta y expedita, en virtud de que éstas fueron cabal y debidamente preservadas y observadas, como se aprecia de las constancias que integran la causa penal 170/2014. Lo anterior es así, ya que el juez del conocimiento, al momento de resolver el acto reclamado, analizó los hechos por los cuales ejerció acción penal el agente del Ministerio Público por el delito de homicidio calificado, y después de realizar el estudio de los hechos acontecidos, reclasificó el delito como homicidio simple, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, habida cuenta que el proceso penal del cual deriva el auto de plazo constitucional, tuvo como inicio una averiguación previa consignada ante una autoridad judicial; que los quejosos fueron escuchados en preparatoria, y a la postre se resolvió su situación dentro de los términos que la ley procesal de la materia establecen. De igual forma, la determinación reclamada cumple con las exigencias de fundamentación y motivación que debe contener todo acto de autoridad, en razón de que como más adelante se establecerá, en la misma se justifica la aplicación de las normas jurídicas que la sustentan y se precisa cuáles son los elementos que constituyen el delito imputado a los quejosos, las pruebas que se tomaron en consideración para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Artículo 16 constitucional Por otra parte, el acto reclamado tampoco viola en perjuicio de los solicitantes de derechos, el artículo 16 constitucional, debido a que de la lectura del auto de formal prisión que se impugna, se advierte que preserva el derecho de legalidad que se traduce en la debida fundamentación y motivación del acto de autoridad. Ello es así, porque el juez responsable tiene facultades jurisdiccionales para conocer y resolver sobre la situación jurídica de los quejosos, conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en relación con el 268 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Además, tomó en consideración el artículo 19 constitucional; precisó que el artículo que define el delito de homicidio, por el que se dictó el acto reclamado, es el numeral 123, con relación al artículo 124, y al considerar que se está en presencia de una autoría indeterminada, con fundamento en el artículo 26, lo determinó en simple, numerales del Código Penal para el Distrito Federal; e indicó de manera pormenorizada de acuerdo con las pruebas que hasta el momento obran en la causa penal 170/2014, por qué consideró acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión del delito de homicidio simple. De la misma manera, el acto reclamado satisface los requisitos de fundamentación y motivación, ya que el juez responsable señaló en el auto de formal prisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se tomaron en consideración para su expedición, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas de derecho aplicables. Artículo 19 constitucional Tampoco se vulnera el derecho humano contenido en la garantía que estipula el artículo 19 de nuestra Carta Magna, en virtud que del estudio del acto reclamado se concluye que cumple con los requisitos que establece el citado numeral, ya que el juez responsable dictó el auto de formal prisión dentro del término constitucional ampliado (144 horas); estimó que existían suficientes elementos de prueba, los cuales especificó y analizó para acreditar fehacientemente los elementos del cuerpo del delito de homicidio simple y la probable responsabilidad de los quejosos en su comisión. Ello es así, porque las probanzas que obran en autos, analizadas en su conjunto y valoradas en los términos referidos por la autoridad responsable, conducen válida y jurídicamente a sostener que son idóneas y aptas para justificar dichos extremos. Sentado lo anterior, debe decirse que a los quejosos se les atribuye el delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 123, con relación al artículo 124, en concordancia con el 26 y 82, del Código Penal para el Distrito Federal. Dichos numerales prevén lo siguiente: "ARTÍCULO 123. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión". "ARTÍCULO 124. Se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión". "ARTÍCULO 26 (Autoría indeterminada). Cuando varios sujetos intervengan en la comisión de un delito y no pueda precisarse el daño que cada quien produjo, para su punibilidad se estará a lo previsto en el artículo 82 de este Código". "ARTÍCULO 82 (Punibilidad de la autoría indeterminada). Para el caso previsto en el artículo 26 de este Código, la penalidad será de las tres cuartas partes del mínimo a las tres cuartas partes del máximo de las penas o medidas de seguridad correspondientes para el delito cometido, según su modalidad". De lo transcrito, se desprende que los elementos que integran la descripción típica son los siguientes: 1) Que el activo prive de la vida al pasivo. 2) Que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión. En ese sentido, la autoridad responsable tuvo por acreditado el hecho delictivo consistente en lo siguiente: El 28 de junio de 2014, aproximadamente a las 05:00 y 06:00 horas, estando en el inmueble ubicado en Calle López, número 73, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, los quejosos Jhonattan Ramón Gómez Mendoza, Alejandra Alin Navarrete Gómez, Israel Navarrete Gómez y Ramón Gómez Vargas, junto con Raymundo Romero García alias "El Chaparro", golpearon al hoy occiso Ángel Martín Luna Martínez en la cabeza, quienes le daban patadas y puñetazos en reiteradas ocasiones, que incluso, el quejoso Israel Navarrete Gómez le estrelló una botella en la cabeza; que Ramón Gómez Vargas golpeaba al hoy occiso en la cabeza con sus piernas y sus puños; Israel Navarrete Gómez ? nieto de Ramón Gómez Vargas ? en el momento en que se encontraba golpeando a Ángel Martín Luna Martínez, gritaba "me vale madre, aunque me vaya de la puta casa"; por otro lado, Alejandra Alín Navarrete Gómez ? hermana del quejoso Israel Navarrete Gómez ? pateaba con ambos pies la cabeza del hoy occiso y además gritaba "a mí también me vale madres", mientras que Raymundo Romero García alias "El Chaparro", quien estuvo presente en todo momento, se acercó al lugar, en donde estaba tirada la víctima del delito y lo comenzó a patear con ambos pies en la cabeza y posteriormente, el hoy occiso fue arrastrado por el pasillo por los quejosos. Posteriormente, el 19 de julio de 2014, la víctima Ángel Martín Luna Martínez falleció en el Hospital Balbuena a consecuencia de las lesiones ocasionadas por los quejosos, debido a la bronconeumonía bilateral como complicación del traumatismo craneoencefálico que sufrió. Conducta que el juez penal tuvo por acreditada con las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos 1. María de Jesús Cruz Cortés, 2. Irma Arias Rodríguez, 3. Juan Sandoval Ramírez, y 4. Manuel Gómez Méndez, quienes habitan el inmueble donde sucedieron los hechos y quienes ante el ministerio público esencialmente declararon: 1. María de Jesús Cruz Cortés (páginas 76 - 78 y 152 - 153 del anexo I) Que el 28 de junio de 2014, siendo entre las 05:00 y 06:00 horas de la mañana, escuchó mucho escándalo en los pasillos del edificio que la despertaron, por lo que se asomó por la puerta y ventana, percatándose que Ramón Gómez Vargas, Jhonattan Ramón Gómez Mendoza, Israel Navarrete Gómez y Alejandra Alín Navarrete Gómez se encontraban golpeando al hoy occiso Ángel Martín Luna Martínez; que la declarante se encontraba como a un metro de distancia de donde estaban ocurriendo los hechos, por lo que se percató que las anteriores personas tenían tirado en el piso a Ángel Martín Luna Martínez y lo golpeaban en la cabeza, dándole patadas y golpes con los puños en reiteradas ocasiones, que incluso vio cómo le estrellaron una botella en la cabeza; que Ramón Gómez Vargas le pegaba a Ángel Martín Luna Martínez, con sus piernas y sus puños; Israel Navarrete Gómez golpeaba a Ángel Martín, gritando "a mí me vale madre, aunque me vaya de la puta casa"; Alejandra Alín Navarrete Gómez pateaba con ambos pies la cabeza de Ángel Martínez y además gritaba: "a mí también, me vale madres", y Raymundo Romero García alias "El Chaparro", quien estuvo presente en todo momento, se acercó al lugar donde estaba tirado Ángel Martín Martínez Luna, y lo comenzó a patear con ambos pies en la cabeza; posteriormente, Jhonattan con sus dos manos sujetó la cabeza a Ángel Martín Martínez Luna y lo jaló, mientras Israel tomó con sus manos los pies de Ángel Martín Luna Martínez, arrastrándolo por el edificio. 2. Irma Arias Rodríguez (páginas 80 a 82 del anexo I) Que el 28 de junio de 2014, aproximadamente a las 05:00 horas de la mañana, la despertaron ruidos provenientes del pasillo del edificio, y que en el trayecto hacia la puerta de su vivienda, escuchó la voz de Ángel Martín Luna Martínez, que se notaba asustado y decía "qué pasó Jonathan, otra vez te vas a pasar de lanza", escuchando también la voz de Jhonattan Gómez Vargas que decía "órale güey"; además de voces de hombres y mujeres, una de ellas la identificó como la de Alejandra Gómez Navarrete, nieta de Ramón Gómez Vargas y quien decía: "papá, papá, dale"; que Ángel Martín Luna Martínez gritaba asustado "ya déjenme", y Jhonattan Ramón Gómez Mendoza le decía "te pasaste de pendejo"; que al abrir la puerta vio como Ramón Gómez Vargas, Jhonattan Ramón Gómez Mendoza, Israel Navarrete Gómez, Alejandra Alín Navarrete Gómez y Raymundo Romero García alías "El Chaparro", golpeaban a Ángel Martín Luna Martínez con patadas y puñetazos solamente en la cabeza, que lo hicieron por un tiempo aproximado de cinco minutos; que en ese momento la declarante pudo ver el rostro del hoy occiso, quien tenía mucha sangre en el rostro, por lo que le dio miedo y se cerró inmediatamente su puerta, que después de unos instantes escuchó que Jhonattan junto con otra persona dijo: "mira pendejo lo que hiciste ahora hay que sacarlo de aquí", y que en ese momento el citado Jhonattan tocó su puerta y le dijo; "señora ya cierre la puerta del departamento"; que pudo ver en ese momento por una de las ventanas que da al pasillo que andaba la señora María de Jesús Cruz Cortés, la que conoce porque vive en el mismo edificio; escuchando que posteriormente llegaron los servicios de emergencia y patrullas. Que se percató que cuando estaba tirado en el piso el hoy occiso, Jhonattan Ramón Gómez Mendoza le comenzó a dar de patadas en la cabeza; también Ramón Gómez e Israel Navarrete Gómez le daban de patadas en la cabeza y Raymundo alias "El chaparro", era quien más le daba de patadas en la cabeza a Ángel Martín Luna Martínez y los demás decían "demen (sic), en la madre", y entre todos no lo dejaban parar y también le pegaban en la cabeza, golpeándolo por un tiempo de cinco minutos hasta que se cansaron, que Ángel Martín Luna Martínez comenzó a arrojar sangre por la nariz y oídos y se ahogaba y le dijo a su marido Juan Sandoval Ramírez, que ya se metieran, previniendo de que les hicieran algo. Juan Sandoval Ramírez (páginas 169 a 171 del anexo I) Que el 28 de junio de 2014, entre las 05:00 y las 06:00 horas de la mañana, lo despertó el escándalo que había en los pasillos del edificio, asomándose por la puerta de cuarto, percatándose a un metro de distancia, que Ramón Gómez Vargas le estaba dando patadas en la cabeza y con sus puños a Ángel Martín Luna Martínez, que Jhonattan Ramón Gómez Mendoza, cuando Ángel Martín Luna Martínez estaba tirado, le estaba dando de patadas en la cabeza; que Israel Navarrete Gómez le comenzó a dar de patadas en la cabeza a Ángel Martín, cuando estaba tirado y le estaba diciendo "a mí me vale madres aunque me vaya de esta puta casa", al tiempo que con una botella de cerveza que traía en la mano le pegó en la cabeza a Ángel Martín Luna Martínez, que éste cuando estaba tirado y sangrando, Alejandra Alín Navarrete Gómez, nieta de Ramón Gómez, hermana de Israel Navarrete Gómez, le comenzó a dar de patadas en la cabeza y por último, Raymundo "N", al que le dicen "El Chaparro", estaba gritando "rómpanle su madre" y comenzó a darle de patadas en la cabeza y después de que se cansaron, lo dejaron casi muerto y por miedo se metió a su casa y cerró la puerta, escuchando que todas estas personas decían muchas cosas y después de varios minutos escuchó gente de la ambulancia y varios patrulleros, posteriormente, Ángel Martín Luna Martínez fue llevado al Hospital de Balbuena, en donde murió; que Jhonattan Ramón Gómez, Fabiola Berenice Gómez Mendoza, Alejandra Alín Navarrete, María del Rocío Mendoza Vargas e Israel Navarrete Gómez fueron los sujetos que también golpearon a Ángel Martín Luna Martínez. 4. Manuel Gómez Méndez (páginas 180 a 182 del anexo I) Que el 28 de junio de 2014, a las 05:00 horas, escuchó varios gritos y groserías que provenían del pasillo del edificio, viendo a través de la ventana que estaba tirado en el piso Ángel Martín Luna Martínez, a quien estaban golpeando, que Jhonattan le estaba dando de patadas en la cabeza; Alejandro e Israel también le propinaban patadas en la cabeza, así como Raymundo, a quien le dicen "El Chaparro", y entre todos éstos y una mujeres estaban diciendo "dale en su madre y échenle huevos", después lo dejaron tirado en el suelo, sangrando de la boca, nariz y oídos, ocasionando que perdiera la vida; que Fabiola Berenice Gómez Mendoza, Alejandra Alín Navarrete Gómez, Ramón Gómez Vargas, son algunas de las personas que en compañía de Raymundo Romero García, Alejandro Navarrete "N", padre de Alejandra Alín Navarrete Gómez y Rocío Gómez, hermana de Jhonattan Ramón Gómez Mendoza, golpearon a Ángel Martín Luna Martínez, provocando que perdiera la vida; asimismo se percató como Raymundo Romero García alias "El Chaparro", con sus manos, sujetó de la cabeza a Ángel Martín Luna Martínez y lo jaló, mientras que Israel Navarrete Gómez, lo tomó de los pies y lo arrastran por el edificio, bajándolo hasta el pasillo del tercero nivel, donde continuaron golpeándolo junto con el resto de los sujetos, señalando a Ángel Martín Luna Martínez, aún tirado en el piso gritaba "ya estuvo, ya estuvo", hasta quedar inconsciente, cando los sujetos se retiraron a los pocos minutos llegó una ambulancia y varios policías, indicando que el personal de la ambulancia trasladaría a Ángel Martín Luna Martínez a un hospital. Deposados que la juez responsable encontró sustento probatorio con lo declarado por el elemento policiaco Arquímedes Pineda Zarza (páginas 175 y 176), quien señaló: al llegar al domicilio ubicado en Calle de López, número 73, esquina Ayuntamiento, colonia Centro ? en virtud que recibió la indicación vía radio de que se trasladara a ese domicilio, con motivo de una riña en la vía pública ?, fue guiado por un menor hasta el tercer nivel, encontrando en las escaleras, a una persona tirada boca arriba, con la cabeza colocada en el descanso de las escaleras, con sus piernas y con sus manos extendidas y éstas pegadas hacia su cuerpo, que su rostro estaba golpeado y con sangre, y que supo que la persona lesionada respondía al nombre de Martín Luna. Con lo testado por Beatriz Martínez González (página 95 y 96 del anexo II), quien señaló que el día de los hechos, su hijo de nombre Jonathan Luna Martínez le avisó que golpearon a su otro hijo Ángel Martín Luna Martínez, en el domicilio de éste, y que al trasladarse se percató que su hijo se encontraba tirado, lesionado de la cabeza, la cara e inconsciente, llegando una ambulancia que lo trasladó al Hospital General Balbuena para ser atendido de sus lesiones con estado de salud grave; que mientras estuvo en el lugar de los hechos escuchó a unas personas que decían que varios sujetos lo golpearon; con las declaraciones de los testigos de identidad Vianey Ojeda Cuevas y Oscar Antonio Luna Puente (páginas 194 a 198 del anexo I), quienes en el área de patología del Hospital General Balbuena, al haber tenido a la vista el cadáver de un individuo de sexo masculino lo reconocieron como el de su sobrino quien en vida respondiera al nombre de Ángel Martín Luna Martínez. Deposados a los que el juez responsable les dio valor probatorio en términos del artículo 255 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, al haberse emitido por personas hábiles, con el criterio necesario para juzgar el acto y que conocieron del hecho, pues relatan los hechos que presenciaron mediante sus sentidos, concretamente sobre la esencia de ellos, coincidieron en que los ahora quejosos privaron de la vida a Ángel Martín Luna Martínez, a puntapiés y puñetazos que le propinaron en la cabeza, causándole lesiones que posteriormente lo privaron de la vida; además, se acredita la identidad de quien en vida respondía al nombre de Ángel Martín Luna Martínez y que contaba con vida antes de ser agredido. Atento a lo anterior razonado, es infundado el concepto de violación hecho valer por los quejosos en el sentido de que la autoridad responsable debió restarle valor probatorio al testimonio de la testigo María de Jesús Cruz Cortés, en virtud que manifestó no saber leer ni escribir, pues lo anterior no es impedimento para que pueda relatar los hechos que presenció; además, fue asistida por el abogado victimal, licenciado Juan Carlos Ibarra Miranda dependiente de la procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para dar veracidad a su dicho, como se advierte de la páginas 149 a 153 que obra glosada en el anexo I. También, la autoridad responsable relacionó los siguientes medios de prueba: Reporte de servicio de urgencia médica de 28 de junio de 2014 con datos del sujeto pasivo con mecanismo de golpes por terceros, y en el que aparece como persona que tomó conocimiento el policía Pineda Zarza Arquímides (página 100 del anexo I). Notificación médica de 28 de junio de 2014, realizada por personal del Hospital Balbuena con folio 1719, en la que se informa el ingreso a ese nosocomio del ahora occiso, con diagnóstico: "traumatismo craneoencefálico severo, hematoma subgaleal en región occipital derecha y hematoma bipalpebral derecho (página 99 del anexo I). Certificado de estado psicofísico de 28 de junio de 2014, realizado a Ángel Martín Luna Martínez (página 106 del anexo I). Certificado de estado psicofísico de 29 de junio de 2014, realizado a Ángel Martín Luna Martínez, en el que respecto a la exploración médica presentó traumatismo craneoencefálico severo, por OMS, edema facial derecho, hematoma subgaleal occipital derecho, pérdida parcial de piezas dentarias, edema cerebral severo, con clasificación provisional de lesiones y/o contusiones como lesiones que ponen en peligro la vida (página 117 del anexo I). Dictamen en materia de medicina forense de 30 de junio de 2014, en el que se determinó que Ángel Martín Luna Martínez, no se encontraba en condiciones de rendir su declaración (página 122 del anexo I). Notas médicas de 19 de julio de 2014, en las cuales, de forma destacada se asentó: ". paciente masculino de 29 años de edad, quien ingresa a este hospital, el día 28 de junio de 2014 por iniciar padecimiento, al ser aparentemente agredido por terceras personas y caída de un metro de altura, con pérdida del estado de despierto. A su ingreso a urgencias se le encontró con Glasgow de 8 puntos, por lo que requirió manejo avanzado de la vía aérea, neurológicamente con anisocoria a con pupila izquierda de 5 mm (.) el día de hoy se nos informa de bradicardia e hipotensión resistentes a manejo, a evolucionando a paro cardiorespiratorio, se instauran maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada sin lograr respuesta favorable, por lo que se determina hora de muerte a las 16:40 horas del día de hoy. IDX. Traumatismo craneoencefálico severo, hematoma subdural agudo, hemisferio izquierdo, operado en craniectomía descompresiva y drenaje de hematoma subdural." (página 157 del anexo I). Protocolo de necropsia de 19 de julio de 2014, cuya conclusión es: "ÁNGEL MARTÍN LUNA MARTÍNEZ falleció de bronconeumonía bilateral, complicación determinada por el traumatismo cráneo encefálico." (página 235 del anexo I). Dictamen pericial de 13 de agosto de 2014 con base en el expediente, en el que se concluyó que ". Ángel Martín es agredido físicamente específicamente en su región cefálica, por la gravedad de sus lesiones se infiere que este debió ser golpeado en numerosas ocasiones y más probablemente por más de una persona; por lo que y con base en la ubicación de. lesiones el occiso debió mantener su extremidad cefálica al alcance de su agente vulnerante." (páginas 370 a 373 del anexo I) Dictamen en materia de Medicina forense de 13 de agosto de 2014 en mecánica de lesiones, en el que se concluyó: ". LA LESION AL INTERIOR DE LA CAVIDAD CRANEANA QUE PRESENTÓ EL HOY OCCISO ANGEL MARTÍN LUNA MARTÍNEZ, Y LA CUAL LE OCASIONÓ LA MUERTE, ESTÁ FUE PRODUCIDA POR MECANISMO DE CONTUSIÓN, AL SER GOLPEADO EN LA REGION PARIETAL IZQUIERDA CON UN OBJETO DE PUNTO ROMO Y SIN FILO. FALLECIÓ DEBIDO A BRONCONEUMONIA BILATERA, LO CUAL FUE UNA COMPLICACION DEL TRAUMATÍSMO CRANEOENCEFÁNICO QUE SUFRIÓ." (páginas 375 y 376 del anexo I). Certificado médico de feto o segmento de 19 de julio de 2014, del que se advierte la posición que presentó el cadáver del que en vida respondía al nombre de Ángel Martín Luna Martínez en el área de patología del Hospital General Balbuena, el que contaba con temperatura inferior a la del medio y sin rigidez cadavérica, con livideces cadavéricas que no desaparecen al taco, completamente desnudo y sin pertenencias, quien fue reconocido en presencia del agente ministerial y corroboró las lesiones y hallazgos que presentó consistentes en herida en región de cráneo en fronto parietal izquierda de treinta centímetros suturada (páginas 201 y 202). Así como con el resto del material probatorio. Medios probatorios que la autoridad responsable concedió valor probatorio en términos de los artículos 250, 253, 254, con relación en el diverso 175, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y que analizados en su conjunto con las declaraciones de los testigos, constituyen indicios probatorios que hasta este momento acreditan que los quejosos agredieron con puntapiés y puños, e incluso, uno de ellos le estrelló una botella de cerveza en la cabeza a quien en vida respondiera al nombre de Ángel Martín Luna Martínez, ocasionándoles lesiones que posteriormente lo privaron de la vida. Además, los testigos de los hechos reconocieron a los quejosos Jhonattan Ramón Gómez Mendoza, Alejandra Alin Navarrete Gómez, Israel Navarrete Gómez y Ramón Gómez Vargas, como los sujetos que junto con otros propinaron diversos golpes con puños y pies al citado ofendido, por lo que en consecuencia resulta suficiente para establecer la participación de los quejosos en los hechos que provocaron la muerte de Ángel Martín Luna Martínez. Asimismo, el juez de la causa correctamente tuvo por acreditados el resultado material, el bien jurídico tutelado, el nexo de causalidad (entre la conducta y el resultado), sujeto activo y pasivo, el objeto material y los elementos normativos (privar y vida), esto es así, pues con la conducta exteriorizada por los sujetos activos Jhonattan Ramón Gómez Mendoza, Alejandra Alin Navarrete Gómez, Israel Navarrete Gómez y Ramón Gómez Vargas, consistente en golpear reiteradamente con los pies y puños y estrellarle una botella de cristal en la cabeza al sujeto pasivo Ángel Martín Luna Hernández, produjeron un cambio en el mundo fáctico, pues a consecuencia de las lesiones que le ocasionaron, a la postre lo privaron de la vida. Por lo que los conceptos de violación esgrimidos por los quejosos en el sentido de que no se acredita el cuerpo del delito de homicidio son infundados, en virtud que como ya se analizó los elementos de prueba aportados por el representante social hasta este momento procesal son aptos y suficientes para demostrar que los sujetos activos el día, hora y lugar de los hechos golpearon al ofendido, provocándole lesiones que posteriormente le provocaron la muerte. Y sin que se inadviertan las manifestaciones de los quejosos rendidas ante la autoridad ministerial y después ratificadas en preparatoria, pues si bien negaron los hechos, sus versiones no se encuentran apoyadas con ningún medio de prueba, además, como lo advirtió la autoridad responsable existen contradicciones en sus deposados que las hacen inverosímiles. Máxime que las declaraciones de la denunciante y testigos de los hechos los ubican en circunstancias de tiempo, modo y lugar durante el evento delictivo. También resulta infundado el concepto de violación en el sentido de que el juez responsable no debió darle valor probatorio a lo declarado por el policía Arquímedes Pineda Zarza, en virtud que no le consta como sucedieron los hechos, lo anterior, porque si bien, como lo refieren no estuvo presente en el momento de los hechos, lo cierto es que, sí le consta que al llegar al domicilio donde ocurrió el evento delictivo, se percató que en el tercer nivel se encontraba en las escaleras una persona tirada boca arriba, con la cabeza colocada en el descanso de las escaleras, con sus piernas y con sus manos extendidas y éstas pegadas hacia su cuerpo, que su rostro estaba golpeado y con sangre, y que supo que la persona lesionada respondía al nombre de Martín Luna, por lo que procedió a solicitar ayuda médica. Deposado que se acredita con el reporte de urgencias médicas de 28 de junio de 2014, de la que se advierte como hora de llegada del servicio a las 07:33 horas, y como autoridad que tomó conocimiento el policía citado. Respecto a la forma de intervención de los sujetos activos la autoridad judicial estuvo en lo correcto, en tener la participación de aquellos como una autoría indeterminada, prevista en el artículo 26 del Código Penal del Distrito Federal, y no como coautoría como lo consignó el representante social, pues como lo refiere de las declaraciones de los testigos de los hechos no se advierte que los quejosos Jhonattan Ramón Gómez Mendoza, Alejandra Alin Navarrete Gómez, Israel Navarrete Gómez y Ramón Gómez Vargas, hayan tenido un plan previo o una repartición de tareas tendentes a un fin común, es decir, golpear al ofendido hasta ocasionarle las lesiones que lo privaron de la vida. Pues en la forma de cómo sucedieron los hechos no se puede establecer quién de los sujetos activos produjo la lesión que privó de la vida al ofendido Ángel Martín Luna Martínez, ya que todos los demandantes de garantías propinaron reiteradamente puntapiés y puñetazos en la cabeza, e incluso, le estrellaron una botella de cristal en la cavidad craneana, lesiones que en su conjunto le produjeron traumatismo craneoencefálico severo, hermatomasubgaleal en región occipital derecha y hematoma bipalpebral derecho. Determinación que sostuvo tomando en cuenta las declaraciones de los testigos de los hechos, el protocolo de necropsia y el dictamen en materia de mecánica de lesiones, que con independencia del valor legal no consideró suficientes para demostrar la coautoría prevista en la fracción II de artículo 22 del Código Penal para el Distrito Federal, pues si bien se evidencia la intervención de varios sujetos en la comisión del hecho delictivo, no se puede apreciar el daño que cada uno produjo. Al respecto son infundados los conceptos de violación hechos valer por los quejosos en el sentido de que la autoridad judicial no motivó ni razonó por qué y con qué elementos acreditó la autoría determinada, pues como se advierte de la resolución reclamada la autoridad sí realizó un análisis del material probatorio con los que apoyó su determinación, así como expuso las razones y circunstancias que la llevaron a determinar la participación de los quejosos como lo hizo. Sin que la anterior clasificación implique una violación al artículo 21 constitucional, respecto a la acusación que realizó el ministerio público en la forma de participación de los quejosos como coautores (como lo señalan los quejosos), en virtud que el artículo 304 Bis A, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, le da la facultad al juez que conoce de la causa a dictar el auto de formal prisión por el delito que realmente aparezca probado, lo anterior, claro, tomando en cuenta el material probatorio recabado por el ministerio público, lo que el juez de la causa tomó en consideración para determinar que no se encontraba acreditada la participación de los quejosos a título de coautores, sino de forma indeterminada, al desconocerse quién de los sujetos que intervino en los hechos, fue quien le ocasionó la lesión que le produjo la muerte. Asimismo, la autoridad judicial tuvo por acreditado el elemento subjetivo dolo en términos del artículo 18, párrafo segundo (hipótesis de acción dolosa), del Código Penal para el Distrito Federal, respecto al dolo eventual y no directo como lo acreditó el Ministerio Público, pues tomó en consideración la mecánica de cómo sucedieron los hechos y los medios de prueba aportados, de los que no advirtió la intención de los quejosos de privar de la vida al ofendido Ángel Martín Luna Martínez, sino de agredirlo, quien a consecuencia de las lesiones que le produjeron, falleció días después en el interior del Hospital Balbuena, y realizó un análisis de los medios de prueba con lo que apoyó su decisión. Determinación que estuvo correcta, pues efectivamente no se advierte de actuaciones que los sujetos activos tenían la intención desde un primer momento de privar de la vida al ofendido, pues realizaron movimientos corporales para golpearlo en forma reiterada, por lo que con ello, los quejosos y otros sujetos, sin desear causarle la muerte a Ángel Martín Luna Martínez, sí previeron como posible el resultado y aun así, aceptaron sus consecuencias. Calificativa Respecto a la calificativa prevista en el artículo 138 párrafo primero, fracción I (ventaja), inciso b) (hipótesis de: por el número de sujetos que intervienen en él), del Código Penal vigente para el Distrito Federal, con la que el Ministerio Público calificó el delito de homicidio, el juez responsable estuvo en lo correcto en no tener por actualizada tal calificativa, en congruencia con los razonamientos que expuso al momento de determinar que la participación de los sujetos activos en el evento delictivo fue cometido a título de una autoría indeterminada, al no comprobarse cuál de las agresiones que recibió el sujeto pasivo fue la que le provocó su deceso. Pues en efecto no puede considerarse aplicable la calificativa de ventaja, cuando se consideró que los ahora quejosos actuaron en autoría indeterminada, toda vez que el precepto legal que contempla tal forma de intervención delictiva, se refiere a los casos en que el delito no es calificado, debido a que dicha autoría constituye una atenuante derivada del hecho de que no se puede determinar quién de los que intervinieron causó el resultado, ni se desprende que se haya tenido la intención de producirlo; por tanto, no puede coexistir con dicha agravante, debido a que no es posible tener, por una parte, tipos que atenúen la pena, y por otra, tipos complementados que la agraven. Respecto de la antijuridicidad, la autoridad responsable consideró que no se acreditó en autos la legítima defensa, ni hay constancia de que los activos hayan actuado bajo un estado de necesidad o en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho. Atento a lo anterior tuvo por demostrada la probable responsabilidad penal de Jhonattan Ramón Gómez Mendoza, Alejandra Alin Navarrete Gómez, Israel Navarrete Gómez y Ramón Gómez Vargas en la comisión del antijurídico que se les reprocha, con los mismos elementos de prueba con los que acreditó el cuerpo del delito de ese injusto penal, lo que de forma alguna no transgrede los derechos fundamentales de los peticionarios de amparo, puesto que un medio de convicción puede servir para acreditar ambos extremos, ya que por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico. Además de que ello no puede entenderse como una ausencia de fundamentación y motivación que deje sin defensa a los quejosos, debido a que si la correspondiente valoración ya se realizó en apartados previos (conducta), los procesados, aquí quejosos, tendrán conocimiento pleno de cómo se llegó a la conclusión de que son probables responsables de la comisión de delito que se les atribuye. Por tanto, después de revisar el juicio de valoración de las pruebas que integran la causa penal, que remitió la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en los artículos 245, 255, 254, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se estima que las conclusiones a que arribó y que le sirvieron de sustento a su determinación se apegan a la legalidad y son el resultado de un recto discernimiento a partir del cumplimiento irrestricto a las reglas de la sana crítica racional, lo que desde luego implicó el empleo de las máximas de la experiencia y de la lógica. Sin que se soslaya que aun cuando obra un reconocimiento por parte de los testigos de los hechos respecto de los inculpados al tenerlos a la vista en la cámara Gesell, sin que estuvieran asistidos de su defensor, se estima que tal circunstancia no afecta las defensas de los quejosos, al advertirse que fueron plenamente identificados por los testigos en el momento en que se encontraban agrediendo físicamente al hoy occiso, como así quedó asentado en sus respectivas declaraciones. Asimismo, el juez natural actuó ajustado a derecho al considerar que en el caso no operó causa de exclusión del delito en favor de los aquí quejosos, ya que al momento de cometer el ilícito que se les imputa, era mayores de edad y de las pruebas examinadas no se aprecia que careciera de capacidad para comprender el carácter ilícito de los hechos típicos que cometieron, por padecer alguna enfermedad o trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, por lo que les era exigible una conducta distinta de la que desplegaron, de ahí que les resultara reprochable el delito que se les atribuye, por lo que los conceptos de violación planteados en este sentido son infundados. Es así, pues en términos del artículo 261 del Código Adjetivo para esta ciudad, la juez responsable, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural, más o menos necesario que existía entra la verdad conocida y la que se buscaba apreció en conciencia el valor de las presunciones (declaraciones de los denunciantes, testigo de los hechos, de los policías aprehensores, así como las demás diligencias practicadas en la averiguación previa) para poder considerar su conjunto como prueba plena. Por otra parte, es infundado que la responsable se apartara de las exigencias previstas en el artículo 17 constitucional, pues del expediente se advierte que en el término constitucional duplicado se resolvió su situación jurídica. Tampoco se infringe en su perjuicio los derechos humanos previstos en el artículo 18 constitucional, pues como quedó probado con las constancias respectivas, los quejosos cumplen prisión preventiva en virtud de que cometieron delito que merece pena privativa de libertad. Artículos 1° y 20 constitucionales Asimismo, se respetaron sus derechos consagrados en los artículos 1° y 20, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (antes de la reforma de dieciocho junio de dos mil ocho, que aún rige al no encontrarse implementado el sistema penal acusatorio). Con relación al primero, no se advirtió un trato discriminatorio, ni desigual, porque del expediente no se desprende que a los quejosos en su calidad de procesados les fuera dado un trato diferente al señalado en las disposiciones legales que rigen el acto reclamado y con ello se hubieran vulnerado sus derechos humanos. Por tanto, el actuar de la responsable se ajustó las disposiciones legales previstas en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó, para establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, que los derechos humanos siempre deben ser en las mejores condiciones para las personas. Entonces, la responsable en el ámbito de su competencia cuando emitió el acto reclamado respetó, protegió y garantizó los derechos humanos de los quejosos acordando su petición en los términos legales y con una visión interdependiente. Tampoco se trasgredió en su perjuicio 20, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos citado, pues en su declaración preparatoria se observaron las garantías previstas en ese numeral, se les hizo saber la imputación en su contra y los derechos que les asistía, además que se les permitió ofrecer las pruebas que estimaron pertinentes, y en todo momento estuvieron representados por un licenciado en derecho - defensora pública oficial -, persona con la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente estime sea conveniente a los inculpados, al guiar su actuación desde el inicio del procedimiento penal al que se encuentren sujetos. De ahí, que la actuación de la responsable no se apartó de las prerrogativas que deben atenderse en un procedimiento penal a favor de un indiciado, a fin de respetar el principio de debido proceso, que permita a las partes defender sus derechos y entre los que se encuentra el relativo al derecho a una defensa adecuada. Finalmente, en otro concepto de violación, los quejosos asumen la vulneración en su agravio del principio de presunción de inocencia, lo que resulta infundado. Porque, la responsable analizó los deposados de los inculpados y señaló que su negativa de los hechos que realizaron no encontraron apoyo con medio de prueba que las hiciera creíbles y que por el contrario se encontraron desvirtuadas y contrapuestas con el material probatorio del expediente, fundamentalmente con lo expuesto por los testigos de los hechos y demás diligencias, por lo que no les concedió validez legal. De ahí que no existe irregularidad en el examen de los medios de prueba y por el contrario, un estudio de cada uno de ellos, el cual si bien no tuvo el alcance probatorio pretendido, ello no implica que se hubiera vulnerado el principio de presunción de inocencia. Esto es así, porque el principio universal de presunción de inocencia del que todo inculpado goza, consistente en ser tratado como inocente hasta en tanto su culpabilidad no haya sido probada y declarada mediante una sentencia definitiva, con independencia de las sospechas o los cargos que sobre él recaigan. Esto es, dicho principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En este sentido, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto, el auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aun considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento. Entonces, si los quejosos se encuentran sujetos a un procedimiento, en el que se les dictó auto de formal prisión, ello solo es una consecuencia jurídica de la actualización de las hipótesis legales que así lo permiten, pero de ninguna manera implica que se les deje de considerar inocentes hasta en tanto su culpabilidad quede probada mediante una sentencia definitiva. Atento a lo resuelto con anterioridad, fue fundado y motivado que el juez haya ordenado la identificación administrativa de los procesados. Ello es así, pues el precepto 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que señala el resolutor, le impone que una vez que se dicte el auto de formal prisión o sujeción a proceso, debe ordenar la identificación del procesado por el sistema administrativo en vigor, a fin de evitar el error en cuanto a la persona y aportar al juzgador los elementos necesarios para la individualización de la pena que en su caso, se llegara a determinar. De ahí, que el ordinal que indica el juzgador, lo constriñe a ordenar la identificación administrativa, una vez dictado el auto de plazo constitucional; por tanto, resulta una consecuencia legal y necesaria de este último, siendo elementos para que, en su oportunidad se realice una correcta apreciación de las circunstancias peculiares del inculpado y en su caso, imponer también acorde a ello, las sanciones correspondientes, que serán tomados en consideración en el instante de que en su caso se le imponga una pena, en caso de que resulte penalmente responsable, de ahí que no transgrede la garantía de fundamentación y motivación que establece el artículo 16 constitucional. Máxime que la identificación de los procesados no es una pena, por ser un elemento indispensable en el proceso para que se pueda pronunciar en justicia la sentencia que corresponda al caso y, por ello no se le generan daños de difícil reparación, pues no teniendo dicho carácter de acuerdo con lo antes expuesto, menos puede violar las garantías que consagran los mencionados artículos. En el mismo sentido, fue apegado a la legalidad que el juez responsable ordenara la suspensión de los derechos políticos de los quejosos, puesto que como consecuencia de la formal prisión ordenada, así lo prevé el artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En razón de lo expuesto, al resultar infundados y no advertirse suplencia de la deficiencia que hacer valer, se niega el amparo solicitado por Jhonattan Ramón Gómez Mendoza, Alejandra Alin Navarrete Gómez, Israel Navarrete Gómez y Ramón Gómez Vargas. Negativa que se extiende a la ejecución reclamada del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal y Encargada de la Dirección del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla del Distrito Federal, pues constituye una consecuencia directa de la determinación que se estimó ajustada a la legalidad. Sexto. Protección de datos personales. En términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que las partes no se opusieron ni hizo manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; en consecuencia, únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73 al 79, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Jhonattan Ramón Gómez Mendoza, Alejandra Alin Navarrete Gómez, Israel Navarrete Gómez y Ramón Gómez Vargas, contra el auto de formal prisión decretado en su contra por el Juez Trigésimo Octavo Penal del Distrito Federal, 20 de Agosto de 2014, dentro de la causa penal 170/2014, por el delito de homicidio simple, por los fundamentos y razones expresados en el considerando quinto de este fallo constitucional. SEGUNDO. Se tiene a las partes por conformes de que se incluyan sus nombres y datos personales en la consulta o en caso de hacerse pública esta sentencia, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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