Jhonathan Mercado Jácome
Expediente 1299/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1299/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/03/2023
Partes del expediente
- Jhonathan Mercado Jácome
- Juez Cuarto Familiar del Municipio de Metepec, México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso b) de la normativa en cita, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección constitucional. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; ademas, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, el presente expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de este acuerdo y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente. Además, terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente al depósito de documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego, mediante oficio que derive del presente auto, devuélvase al Juzgado Cuarto Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado, las cuales se hacen consistir en copias certificadas en un tomo del expediente ********************, de su estadística y dos tomos del incidente de liquidación de pensiones vencidas, derivadas de dicho juicio. Finalmente, de conformidad con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1299/2022-VI, promovido por ********************mandatario judicial de******************** en contra actos del Juez Cuarto Familiar del Municipio de Metepec, Estado de México; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ********************mandatario judicial de******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y por el acto que se mencionan a continuación: "III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Tiene dicha calidad el JUEZ CUARTO FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE METEPEC, MÉXICO.". "IV.- ACTO RECLAMADO: PRIMERO. LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA CUAL ME FUE NOTIFICADA EN LA MISMA FECHA Y EN DONDE SE CONFIRMÓ LA INADMISIÓN DE DOS MEDIOS DE PRUEBA OFERTADOS POR EL QUEJOSO; RESOLUCIÓN DICTADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DENTRO DEL EXPEDIENTE ******************** LLEVADA ANTE EL JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. SEGUNDO. LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA CINCO (5) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS REFERENTE A LA REVISIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES, LA CUAL ME FUE NOTIFICADA EN LA MISMA FECHA; RESOLUCIÓN DICTADA EN LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA INICIAL DENTRO DEL EXPEDIENTE ******************** LLEVADA ANTE EL JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO". Acto reclamado que el promovente del amparo señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Desechamiento y admisión. En acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, previo desahogo de la prevención realizada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, por un lado, se desechó la demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en "la interlocutoria de fecha dos (2) de agosto de dos mil veintidós, en donde se confirmó la inadmisión de dos medios de prueba ofertados por el quejoso; resolución dictada en la audiencia inicial dentro del expediente ********************, llevada ante el Juzgado Cuarto Familiar de Metepec, Estado de México", al estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional; y por otro lado, se admitió a trámite la demanda de amparo, por el diverso acto consistente en "la interlocutoria de fecha cinco (5) de agosto de dos mil veintidós, referente a la revisión de medidas provisionales, dictada en la continuación de la audiencia inicial dentro del expediente ********************", se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, previo diferimiento, se desahogó el dos de diciembre de dos mil veintidós, en términos del acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, al reclamarse un acto dictado por un tribunal del orden civil, cuya residencia se localiza dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito tiene competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, así como de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La interlocutoria de fecha cinco (5) de agosto de dos mil veintidós, referente a la revisión de medidas provisionales, dictada en la continuación de la audiencia inicial dentro del expediente ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Juez Cuarto Familiar de Toluca con residencia en Metepec, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Consecuentemente, debe tenerse por cierto el acto que se reclama a dicha autoridad; siendo aplicable a lo anterior la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Quinta Época, página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Para corroborar lo anterior, remitió copia certificada de todo lo actuado en el expediente ********************; documentos a los que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, al tratarse de documentales públicas expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se relatan los siguientes antecedentes de los actos materia del reclamo: 1.******************** (ahora quejoso), solicitó el divorcio incausado, respecto del matrimonio que celebró con ******************** (ahora tercero interesada), del cual le correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, quien el seis de diciembre de dos mil veintiuno, lo radicó con el número ******************** y la admitió a trámite, señaló fecha para la primera audiencia de avenencia, y ordenó citar a la parte demandada. 2. El once de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito de ********************, a través del cual contestó la demanda instaurada en su contra, y presentó una propuesta de convenio, con la cual se le dio vista a la parte actora. 3. El catorce de enero de dos mil veintidós, se decretó la guarda y custodia provisional del niño de identidad reservada ******************** a favor de su madre ******************** y fijó como pensión alimenticia provisional que******************** debía dar a sus acreedores alimentarios el equivalente a tres días de salario mínimo diario vigente por cada día del mes, debiendo exhibir la cantidad en la cuenta bancaria que precisara la parte actora, la cual podría ser depositada en el local de ese juzgado hasta en tanto se designara la cuenta, además fijo un régimen de visitas y convivencias de tránsito entrega recepción de los menores en el Centro Familiar de Toluca, las cuales se llevarían a cabo cada quince días los fines de semana empezando el veintidós de octubre de dos mil veintidós y finalizado el día domingo, los periodos vacacionales serían divididos en partes iguales de cincuenta por ciento; señaló que dicho régimen era de manera provisional hasta en tanto se resolviera el fondo del asunto o se tuvieran mayores elementos para determinar con base en el interés superior del menor. 4. El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se tuvo proporcionando un número de cuenta bancaria en la cual sería depositada la pensión alimenticia provisional decretada, la cual debía dar cumplimiento el deudor alimentario a partir del mes de enero. 5. El diez de febrero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de primera junta de avenimiento, en la que no se pudieron conciliar los cónyuges y por tanto se señaló fecha para que se llevara a cabo la segunda junta de avenimiento. 6. El veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la segunda junta de avenimiento donde se decretó la disolución del vínculo matrimonial, quedando subsistentes las medidas provisionales decretadas en auto de catorce de enero de dos mil veintidós. 7. El ocho de marzo de dos mil veintidós, se admitió el escrito presentado por******************** con el cual tuvo como única prestación un régimen de visitas y convivencias con su menor hijo de iniciales ********************, dándole vista con el mismo a la parte demandada. 8. El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito de ********************, mediante el cual contestó las pretensiones instauradas en su contra y ofreció medios de prueba. 9. El dos de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito de ********************, mediante el cual solicitó se reconsidere la forma de convivencia entre su hijo y su padre; ante lo cual se acordó que en términos del artículo 5.50, del Código de Procedimientos Civiles, el momento procesal oportuno para revisar esas medidas, sería en la audiencia inicial. 10. El tres de junio de dos mil veintidós, se señaló fecha para que se llevara a cabo la audiencia inicial. 11. El dos de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que respecto a las medidas provisionales, el abogado del ahora quejoso precisó que no tenía problema respecto a la guardia y custodia y régimen de visitas y convivencias, solo tenía problema respecto a la pensión alimenticia decretada, solicitando se modificara en esos momentos para que fuera acorde a los ingresos que tiene, y una vez escuchadas las partes, la Juez en esencia señaló ".advirtiendo algunas constancias en autos que son los gastos médicos que se requieren que se encuentra en un colegio particular y se infiere que se ha dado un estado de vida adecuado a las posibilidades de los progenitores como se manifiesta en los respectivos escritos presentados por ellos incluso cobra especial importancia un contrato de arrendamiento suscrito por el progenitor que obra en fojas de la veinticuatro a la veintinueve en fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en la que pactan como pago de renta una cantidad de dieciséis mil pesos mensuales y existe una posibilidad económica para contribuir con los gastos de infante implicado por cuestión de salud y la necesidad de acudir al colegio tiene una atención especializada con una persona que lo atiende todo momento por posible padecimiento que se refiere en actuaciones por ello se considera que subsista la medida provisional decretada en el auto de fecha (14) de enero de dos mil veintidós (2022), ya que este auto no fue controvertido en su momento en la segunda audiencia de avenencia y se atiende al interés superior del infante implicado al momento no se cuenta con todos los elementos de prueba suficientes para establecer una capacidad económica superior para poder incrementar esta cantidad, como lo fue solicitado por la progenitora por conducto de su abogado por lo que se considera que subsista la misma sin perjuicio de lo que en definitiva se establezca en beneficio del interés superior del menor"; inconforme con lo anterior el abogado del ahora quejoso interpuso recurso de revocación en cuanto a las medidas dictadas en audiencia; el cual fue admitido por la Juez, dando oportunidad a que la ahora tercero interesada realizara sus manifestaciones al respecto, y señaló fecha y hora para su resolución. 12. El cinco de agosto de dos mil veintidós, se resolvió: "PRIMERO. Fueron infundados e inoperantes los agravios expresados por el recurrente, en consecuencia. SEGUNDO. Se confirma la determinación emitida en audiencia del dos de agosto de dos mil veintidós". Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente sumario constitucional. QUINTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada con el número 814, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y en ese sentido, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que la tercero interesada, hizo valer la actualización de las causas de improcedencia previstas en las fracciones XII, XIII y XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo cual deviene infundado, pues no basta la sola invocación de las fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, para que este juzgador estudie la improcedencia del juicio de amparo, sino que se requiere que exponga las razones o motivos por los cuales considera que en el caso tales supuestos se actualizan. Apoya lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia 2ª./J.137/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 365, Novena Época, Materia Común, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio". Luego, no habiendo otra causa de improcedencia alegada por las partes o advertida de oficio por el suscrito, se procede al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que hace valer el promovente del amparo, se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, página 830, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Suplencia de la deficiencia de la queja. En el presente caso, al advertirse que están vinculados derechos de alimentos, aún y cuando en este caso se trata del deudor, debe tomarse en consideración tal circunstancia al analizar los conceptos de violación y, en su caso, suplir la deficiencia de los mismos, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 1ª./J.24/2020, sustentada por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Décima Época, página 316, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas". OCTAVO. Estudio. Resultan infundados e inatendibles los conceptos de violación que hace valer el promovente del amparo, aún suplidos en su deficiencia, por los motivos que a continuación se expondrán. El artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Dicho precepto constitucional transcrito, consagra el derecho fundamental de legalidad, consistente en la debida fundamentación y motivación, que obliga a todas las autoridades en sus actos, y más aún cuando éstos son tendentes a realizar un acto de molestia en los particulares o gobernados. La fundamentación del acto de autoridad consiste en la sustentación en una disposición normativa de carácter general, o sea, la ley debe prever una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, es decir, que exista una ley que así lo autorice; de donde se sigue que las autoridades sólo pueden hacer lo permitido en la ley. Y la motivación del acto reclamado, se entiende la invocación de las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley. En suma, para que una autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación contenidos en el principio de legalidad, previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario citar en sus determinaciones los preceptos legales de apoyo y, además, expresar los razonamientos lógico-jurídicos que la condujeron a la conclusión del asunto tratado y que encuadra en los supuestos de la norma invocada. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia número 40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Además, el artículo 17 de la Norma Fundamental, consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción; siendo uno de estos principios, el de exhaustividad, que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Es decir, para cumplir cabalmente con la exhaustividad exigida por la Constitución, se impone a los juzgadores la obligación de examinar todas las cuestiones puestas en su conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio, sin que ello implique una mera exigencia formal sin sentido, sino una observancia objetiva al artículo 17 invocado. También, es necesario precisar que la pensión alimenticia se da en dos etapas procedimentales distintas: una provisional y otra definitiva; la primera se determina con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda o en la audiencia inicial; y la segunda se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba que hayan aportado las partes en el juicio y los que de oficio se haya allegado el juzgador, que sean necesarias para conocer las particularidades del caso, pues es hasta entonces cuando estará en condiciones de normar en definitiva su criterio. Además, para fijar el monto de la pensión provisional no es indispensable que se encuentre acreditada plenamente la capacidad económica del deudor, puesto que la ley que rige el acto reclamado obliga a tomar en consideración, en ese momento previo, todas y cada una de las circunstancias especiales del caso, sin que estas condiciones deban encontrarse plenamente demostradas, ya que ello, en todo caso, corresponde a una decisión definitiva que debe darse con posterioridad, en la que las partes ya hayan tenido la oportunidad de ofertar y desahogar las pruebas de su interés. En todo caso, será hasta la audiencia inicial en que podrá revisarse de oficio por la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 5.45 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, las medidas provisionales decretadas, o hasta que se dicte sentencia definitiva; pues es hasta la sentencia definitiva cuando se fijen los montos para el pago de alimentos conforme a la capacidad económica del deudor y las necesidades de los menores, dado que el Juez contará con mayores elementos de prueba para determinar tal situación, con base en los principios y necesidades de quien debe cubrirlos y necesitarlos. Es ilustrativa de este tema y aplicable, por analogía, la tesis III.1o.C.184 C (9a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "ALIMENTOS PROVISIONALES. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, LA URGENCIA Y NECESIDAD DE AQUÉLLOS NO REQUIEREN PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 694 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco regula, entre otras cuestiones, la fijación de los alimentos que han de otorgarse en forma provisional, para lo cual estatuye que en caso de que hubiese necesidad de fijar y asegurar una pensión por concepto de alimentos provisionales, el Juez, sin correr traslado a la contraparte, verificará que el demandante acredite, la urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, cuando menos, la posibilidad del que debe darlos. Luego, es evidente que esas diligencias provisionales tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Así, la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos, puesto que se trata de una medida provisional, y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia definitiva; de ahí que es ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibirlos y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Por tanto, es en el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario". Precisado lo anterior, es necesario ahora señalar que la responsable, en la resolución reclamada, de cinco de agosto de dos mil veintidós, respecto a los agravios que hizo valer, en lo que interesa, estableció lo siguiente: ".Efectuado el estudio y análisis de los agravios aducidos por el recurrente, se concluye que éstos devienen infundados e inoperantes para modificar el auto combatido, conforme a los argumentos siguientes: Es importante hacer notar que el numeral 4.127 del Código Civil, contempla las hipótesis para aquellas personas que tienen derecho a recibir alimentos, entre ellos los hijos menores de edad o mayores de edad que se dediquen al estudio, los discapacitados, los adultos mayores, cualquiera de los cónyuges o de los concubinos, supuesto por el cual opera la figura de pensión alimenticia a favor del niño involucrado, al tratarse de un niño que cuenta actualmente con la edad de tres (3) años, el cual independientemente de que no exista constancia en autos que justifique lo expresado por la madre referente al posible autismo que pueda tener su hijo, no existe punto de controversia por parte del padre, por ello existe presunción legal de que la receta médica exhibida en autos (foja 35) robustece tales manifestaciones por parte de la madre. Luego entonces, esencialmente el punto de agravio referente a la pensión alimenticia lo es la capacidad económica del recurrente, de ahí que si bien existen medios de prueba tendientes a la acreditación de la capacidad económica madre, también lo es que obra en autos constancias del cual se evidencia que el inconforme cubría algunos gastos del menor como lo es colegiatura y casa habitación (documentales referentes al contrato de arrendamiento y recibos de pago de instituciones escolares), a más de que el propio recurrente ha expresado en autos el haber adquirido diversos muebles (vehículos), siendo de esta manera contradictorio lo expresado por éste, pues resulta inconcuso que refiera estar en estado de insolvencia y que al tiempo contar con fuente laboral del cual percibe un ingreso variable, por tanto, la determinación emitida es correcta ante la falta del material probatorio por parte del obligado que justifique que lo que percibe resulte insuficiente para solventar sus gastos personales así como los de su acreedor alimentario, pues únicamente se concretó a exponer que no tiene capacidad económica para cubrir la pensión alimenticia fijada de manera provisional, pero no refiere ni justicia a cuánto ascienden sus percepciones; o que impide determinar válidamente que ahora no tiene posibilidad de pagar la pensión alimenticia fijada en forma provisional, por ello la decisión emitida por esta juzgadora se tutela el derecho a los alimentos del niño involucrado, quien se encuentra en una edad en la que es sujeto de diversas necesidades, como es la alimentación, vestimenta, limpieza, entretenimiento, etcétera, a más de tratamientos ante la presunción de un posible autismo. Bajo este contexto y teniendo como base principal la tutela de los derechos del menor como el interés supremo, es que no existe violación a derecho alguno del recurrente ya que los mismos se encuentran garantizados en las respectivas etapas del procedimiento en las que podrá alegar lo que a su derecho corresponda justificando su capacidad económica, misma que hasta el momento se ha abstenido de demostrar o manifestar, siendo evidente que ante dicha conducta exista presunción legal de que cuente con los ingresos necesarios para solventar las necesidades de su hijo las cuales abarcan también la casa habitación, porque así ha sido el estilo de vida al que ha estado sujeto el niño involucrado, siendo razonable el monto fijado sea correcto para cubrir el tema de los alimentos. Bajo esta tesitura como bien lo refiere el recurrente que tratándose de asuntos en los que exista presunción de violencia a los derechos humanos de los infantes las autoridades deben tutelar el interés supremo del involucrado, facultad otorgada por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, por ello no existe violación alguna respecto a este tema en la determinación impugnada. Lo anterior tiene sustento en la tesis de rubro y texto: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PAUTA INTERPRETATIVA PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS POR INCOMPATIBILIDAD EN EL EJERCICIO CONJUNTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS En ese orden, esta autoridad al atender las constancias en autos como manifestaciones de los padres potencializar el derecho de los alimentos del infante que garantice su pleno desarrollo frente al nivel de vida que ambos padres le han estado brindando, por ello se reitera que la medida provisional decretada, ha sido correcta, ello al amparo del numeral 4.38 último párrafo del Código Civil, el cual sirve de aplicación al presente caos, ante la figura suplencia de la deficiencia de la queja, protección que es superior a los intereses particulares de los padres. No pasa inadvertido el argumento a la proporcionalidad y cómputo que realiza el recurrente respecto a que la pensión alimenticia es excesiva pues rebasa los gastos que son erogados por su hijo, para ello es preciso indicarle que la cantidad fijada por concepto de los alimentos, no le depara perjuicio toda vez que, la misma no cubre ni la mitad de los erogados a favor del impúber pues de las diversas documentales exhibidos en autos consistentes en los recibos de pago y contrato de arrendamiento se observa que los mismos amparan una cantidad aproximada de manera mensual de $********************.) sin contar los gastos de vestimenta, despensa, transporte y despensa, gastos que eran cubiertos por el propio recurrente cuando cohabitada con el menor, de ahí lo infundado e inoperante del agravio formulado. Por todo lo anterior, es que resultan inatendibles, infundados e inoperantes los agravios expresados por el recurrente y en atención a los principios de debido proceso, equidad y justicia, la conclusión es la improcedencia del recurso de revocación que se interpuesto en contra de la determinación emitida en audiencia del dos (2) de agosto de dos mil veintidós (2022), mismo que se confirma pro haberse dictado de manera legal y conforme a derecho". Conforme a lo precisado y reseñado anteriormente, respecto a lo que el promovente del amparo asevera, en síntesis, que la resolución reclamada viola los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, porque la responsable omitió analizar las manifestaciones de las partes, así como el cúmulo probatorio exhibido, además omitió pronunciarse respecto al autismo del menor, ya que no existe un solo registro en autos que suponga que en efecto requiere gastos médicos constantes con relación al padecimiento, simplemente anexó una receta médica, pero no se adjuntó un historial clínico, ni documental alguna que indique como gasto necesario; debe apuntarse que tales motivos de disenso, a los cuales se les da contestación conjunta, deviene infundado, porque, en contra de lo afirmado por el promovente del amparo, se advierte que la responsable expuso los fundamentos y señaló los argumentos por los que consideró infundados cada uno de los agravios que planteó el ahora quejoso, y por los cuales confirmó lo decretado el dos de agosto de dos mil veintidós, respecto a las medidas provisionales, esto es, que subsista la medida decretada en el auto de catorce de enero de dos mil veintidós; sin que se advierta que la responsable hubiese omitido analizar algún argumento expuesto por el ahora quejoso, en tanto que dio contestación a cada uno de ellos; aunado a que sí hizo referencia respecto al autismo que padece el menor de edad, e incluso señaló que anexó una receta médica que robustecía el dicho de la madre, además que no existió oposición por parte de la padre en ese punto. Relativo a lo que se hace valer, en el sentido de que para determinar que el menor nació con autismo, debió adjuntarse un historial clínico, pericial médica o certificado médico que pudiera ayudar a la juzgadora a asumir el autismo como una condición permanente e incapacitante en el menor, y al no haberse hecho así quedó en una simple suposición; debe decirse que no le asiste la razón, porque de la resolución reclamada se advierte que la Juez responsable resolvió con los elementos de prueba que tuvo a su alcance para determinar tal situación, sin que se advierta que el promovente del amparo, hubiere ofrecido algún medio de prueba para desvirtuar el autismo que refiere la madre padece el menor, si no que por el contrario, como bien lo señaló la Juez responsable, su dicho se robusteció hasta ese momento con la receta médica aludida, lo cual en todo caso, puede ser modificado hasta que se dicte sentencia definitiva y se fijen los montos para el pago de alimentos conforme a la capacidad económica del deudor y la necesidad del menor. Es ilustrativa de este tema y aplicable, por analogía, la tesis III.1o.C.184 C (9a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "ALIMENTOS PROVISIONALES. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, LA URGENCIA Y NECESIDAD DE AQUÉLLOS NO REQUIEREN PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 694 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco regula, entre otras cuestiones, la fijación de los alimentos que han de otorgarse en forma provisional, para lo cual estatuye que en caso de que hubiese necesidad de fijar y asegurar una pensión por concepto de alimentos provisionales, el Juez, sin correr traslado a la contraparte, verificará que el demandante acredite, la urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, cuando menos, la posibilidad del que debe darlos. Luego, es evidente que esas diligencias provisionales tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Así, la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos, puesto que se trata de una medida provisional, y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia definitiva; de ahí que es ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibirlos y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Por tanto, es en el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario". Luego, respecto a los demás argumentos que alude, en el sentido de que no se tomó en cuenta que el nivel de vida que llevaba durante el matrimonio fue gracias a los abuelos maternos del menor, que los pagos de colegiatura no rebasan los seis mil pesos, y el pago de la renta son de dieciséis mil pesos mensuales, que el progenitor fue despedido del empleo que le habían dado sus suegros, teniendo que regresar a los ingresos habituales e inestables sin que se le permitiera llevarse algún bien incluyendo los vehículos, que si el contrato de arrendamiento se venció desde junio de dos mil veintidós, es decir, hace dos meses, y si la progenitora sigue en dicho domicilio es porque cuenta con los ingresos suficientes para cubrir la renta; debe decirse que devienen infundados, en principio, porque se trata de manifestaciones meramente subjetivas, sin sustento legal o probatorio eficaz alguno, pero además, porque se advierte que la Juez responsable emitió su decisión únicamente con lo expuesto en la audiencia de dos de agosto de dos mil veintidós, donde formuló sus agravios, es decir, analizó y ponderó las cuestiones debatidas en audiencia, así como los datos de prueba aportados, advirtiéndose que los argumentos que ahora pretende hacer valer no los hizo valer ante la autoridad responsable al momento de formular sus agravios, e incluso pretende reforzar los argumentos que hizo valer en el mismo. En cuanto a los argumentos que hace valer el promovente del amparo, los cuales van encaminados a reclamar la inadmisión de dos medios de prueba; debe decirse que resultan inatendibles, pues dichos argumentos los hace en relación al acto reclamado consistente en "la interlocutoria de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, la cual le fue notificada en la misma fecha y en donde se confirmó la inadmisión de dos medios de prueba ofertados por el quejoso; resolución dictada en la audiencia inicial dentro del expediente ******************** llevada ante el Juzgado Cuarto Familiar de Metepec, Estado de México", acto por el cual se desechó la demanda de amparo en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós, lo que conlleva a que este juzgador no pueda ahora analizar dichos argumentos. Respecto a lo que hace valer el promovente del amparo, en el sentido de que la responsable aplicó un artículo diverso al proceso que nos ocupa, en perjuicio del ahora quejoso; debe decirse que también resulta inatendible, en tanto que la alegada violación no encuentra sustento argumentativo lógico y jurídicos tendiente a sostener dicha aseveración, pues no señala qué artículo fue el que le aplicó en perjuicio, aunado a que no se advierte que la resolución reclamada, aún en suplencia de la deficiencia de la queja, haya resultado transgresora de los derechos fundamentales tutelados por el numeral invocado. Por lo cual, en contra de lo afirmado por el promovente del amparo, no se advierte que, con el dictado del fallo reclamado, se hubiese violado su derecho de debido proceso, pues el acto reclamado cuenta con los requisitos establecidos en la Constitución Federal, los cuales aseguran al gobernado que tanto el proceso como todas las determinaciones de orden judicial sean emitidas siempre apegadas a las leyes y a las formalidades esenciales del procedimiento, ni tampoco se advierte que se hubiere vulnerado lo dispuesto en el artículo 4 de la norma constitucional invocada, porque, con la actuación de la responsable, no se transgredió la esfera jurídica del menor de edad involucrado en el procedimiento de origen, en tanto que la orden de pago por concepto de pensión alimentaria a favor de este, sigue vigente, a fin de recibir la protección necesaria para su subsistencia; y por ende, contrario a lo que se hace valer en los conceptos de violación, la resolución combatida es constitucional, al haberse dictado conforme a la legislación aplicable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1ª./J.139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162, Novena Época, del tenor literal siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICIONALES DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". De esta manera, se obtiene que el proceder de la autoridad responsable en la resolución reclamada, se ajustó a la normatividad correspondiente, respetándose los derechos fundamentales de las partes, previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por lo tanto, lo decidido en torno a quien promueve este juicio para la tutela de los derechos de rango máximo, en los términos analizados; además de que la emisión de un acto desfavorable a los intereses de la parte solicitante, no es un dato que objetivamente conduzca a considerar que sea irregular en su agravio. Luego, se estima que el acto reclamado es apegado a derecho y a las constancias que integran el expediente natural, pues dadas las razones que anteceden, se advierte su apego a la normatividad aplicable, en tanto que ni aun ponderando los alcances de los derechos fundamentales cuya violación se aduce, conforme al principio interpretativo pro homine o pro persona, consubstancial de la labor hermenéutica que corresponde a los derechos tutelados en la Norma Suprema, puede llegarse a una conclusión diversa a la ya alcanzada, sin haberse soslayado que este juzgador tiene el imperativo de promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De este modo, se reitera, la emisión de un acto desfavorable a los intereses del ahora quejoso no constituye un dato que por sí solo, objetivamente considerado, conduzca a sostener su exclusión del orden jurídico (legal, constitucional y convencionalmente estimado) al que se integra, en tanto norma individualizada para el caso concreto; incluso ni aun en el actual contexto de protección de los derechos fundamentales, podría acogerse la pretensión de que se conceda la protección de la justicia federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 772, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que señala: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se deba resolver favorablemente a los intereses de quien promueve la acción de amparo. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales y de los recursos legalmente previstos en la Ley de Amparo, deben tenerse presentes todas las particularidades que se implican en la emisión de las determinaciones respectivas; esto es, deben acatarse todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias; de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde. Y es que, en términos de lo que dispone el artículo 1° Constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde, y a través de esa función deban tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada deben ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre conforme a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. Robustece lo anterior, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1722, Libro 20, julio de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS HUMANOS. LA PREVISIÓN DE QUE SU TUTELA SÓLO PUEDE DESPLEGARSE EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO NO ES UNA RESTRICCIÓN A SU EJERCICIO, SINO UNA HERRAMIENTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARA SU PROTECCIÓN. Si en el juicio de amparo se alega la violación de un derecho humano, ello no puede ser motivo para que, so pretexto de lograr la mayor protección de la persona y se cumplan las obligaciones constitucionalmente previstas para el Estado Mexicano, se soslayen normas que en el derecho interno establecen los procedimientos y competencias de los órganos jurisdiccionales, ni las del derecho sustantivo que resulten aplicables, pues si bien conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, todo ello está delimitado por el ámbito de sus propias formas y competencias, establecidas para la eficacia de los derechos sustantivos; sin que ello conduzca a considerar que la delimitación constitucional para el cumplimiento de las obligaciones previstas en materia de derechos humanos, implique una restricción para su ejercicio; sin embargo, sí se está en presencia de una norma que posibilita y, a su vez, condiciona el funcionamiento del sistema diseñado para la tutela de los derechos humanos y, con ello, el cabal cumplimiento de dichos imperativos, circunscribiendo tal proceder al ámbito competencial de las autoridades del Estado, ello para evitar la inseguridad jurídica que implicaría dotar de eficacia, sin ninguna sujeción, a los derechos humanos que integran el parámetro de regularidad constitucional en el Estado Mexicano pues, de lo contrario, se generaría el caos en el sistema, al permitirse que la autoridad, con ese pretexto, actuara fuera de todo control; lo que los órganos de amparo no deben propiciar ni permitir". En las relatadas condiciones, ante lo infundados e inatendibles de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo, aún en suplencia de la deficiencia de la queja, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a********************. NOVENO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, los mismos resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, y en el presente el caso no se advierte oposición alguna al respecto. DÉCIMO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a******************** en contra del acto y autoridad precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia, y por las consideraciones expuestas en el Considerando Octavo de la misma. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en que las labores de este Juzgado de Distrito permitieron su engrose, asistido de María de Lourdes Rivero Zamora, secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
SE CELEBRA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SE TURNAN LOS AUTOS A PROYECTO DE SENTENCIA.
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, once de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto Familiar de Toluca, Estado de México, remite copias certificadas de las constancias siguientes: Un tomo relativo al expediente 1223/2021. Dos tomos del incidente de liquidación de pensiones vencidas, derivado del juicio aludido. Atento a lo anterior, dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las constancias remitidas, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Asimismo, dada la voluminosidad de las referidas constancias, previa caratula para su identificación, y para su debido cuidado, manéjense por separado como anexo del presente cuaderno. Notifíquese.
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