Jhonatan Samuel Rincón Lujano
Expediente 1247/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1247/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2018
Partes del expediente
- Jhonatan Samuel Rincón Lujano
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. 1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de quince de octubre de dos mil dieciocho, (fojas 11-12), en el que se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. 1.2. Destrucción. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.3. Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovida por Jhonatan Samuel Rincón Lujano, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y otra autoridad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1247/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso de estudio, la parte quejosa señala como autoridades responsables al Director General del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas y Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Ahora, en el capítulo relativo al acto reclamado señala como tal, la retención, desposesión y suspensión temporal e ilegal del salario y demás prestaciones que percibe como empleado del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, con categoría de mando medio "E", así como la omisión y negativa de tomar las medidas necesarias para garantizar que no se siga reteniendo el pago del salario. Lo anterior permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II, segundo párrafo, 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo; y, 103, fracción I, de la Constitución. De dichos preceptos, se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en el que el Estado Mexicano es parte; de la misma forma que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Hecha la anterior precisión, los actos reclamados consistentes en la retención, desposesión y suspensión temporal e ilegal del salario y demás prestaciones que percibe como empleado del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, con categoría de mando medio "E", así como la omisión y negativa de tomar las medidas necesarias para garantizar que no se siga reteniendo el pago del salario, tiene una naturaleza eminentemente laboral que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajadores-patrón, que deriva de la relación laboral que sostienen en un plano de coordinación y no de supra a subordinación, con la autoridad que señala como responsable; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, sometidos a las prevenciones del derecho laboral como particulares; por ende los actos de que se duele no pueden ser considerados como de autoridad para los efectos del juicio de amparo; además que la patronal no actúa en cumplimiento de una norma general. Por tanto, es claro que el juicio de amparo no es el medio para reclamar los derechos adjetivos que consideran se les están vulnerando, dado que el promovente tiene a su alcance para hacer valer su reclamación la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades de trabajo competentes de acuerdo al vínculo trabajador-patrón que existe entre los agraviados y las responsables, además, como lo narra el quejoso los actos que se reclama es por la retención, desposesión y suspensión temporal e ilegal del salario y demás prestaciones que percibe como empleado del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, con categoría de mando medio "E", así como la omisión y negativa de tomar las medidas necesarias para garantizar que no se siga reteniendo el pago del salario, lo que es inconcuso que deriva de una relación meramente laboral. Tiene aplicación la tesis sustentada por Tribunales Colegiados. Así como la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Por lo anterior, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, el mismo resulta improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el citado artículo 61, fracción XXIII. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en Avenida Paseo de las Gárgolas número 498, interior D, Manzana 63, Fraccionamiento San José Chapultepec de esta ciudad. Se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Rafael Arturo Vila Chávez y Carlos Mario Cernuda Gómez, por así manifestarlo la parte quejosa. 5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 9. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y el Secretario hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva.
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