Jhónatan Mauricio García Bedoya
Expediente 378/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jhónatan Mauricio García Bedoya
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el registro electrónico de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron el auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que el quejoso y la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, con sede en esta ciudad, fueron notificadas el ocho y once de mayo de dos mil veintitrés, el término transcurrió del diez al veinticinco de mayo dos mil veintitrés, en el entendido que el plazo para las demás partes quedó comprendido en el antes indicado. Sentado lo anterior, se declara que el auto de sobreseimiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el punto 7.4 del capítulo de Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, firmado electrónicamente el tres de septiembre de dos mil veinte, este juicio de amparo es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se concedió la suspensión de oficio y de plano.
- Principal
Vista la razón levantada el tres de mayo de dos mil veintitrés por la actuaria de la adscripción, de la que se advierte que el directo agraviado Jhonatan Mauricio García Beyoda, ratificó la demanda promovida en su favor por Yadira Monserrat Escobar Páez; en consecuencia, con fundamento en el párrafo tercero del arábigo 15 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado, aunado a que ya se proveyó la suspensión de plano y de oficio solicitada. INFORMES RELATIVOS A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Téngase recibidos los oficios signado por el Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico de Mazatlán, Sinaloa, y por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos con sede en esta ciudad, a través de los cuales rinden informe relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, se les tiene como domicilio el que señalan las autoridades oficiantes de conformidad en el artículo 28, fracción I, de Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexan la autoridad mencionada en primer orden. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora bien, en la especie el suscrito advierte de manera oficiosa que en la especie sobreviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando, por una parte, se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por otra, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora, del referido precepto se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; entendiéndose como tales cuando han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior, en términos de las razones dadas en la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 171537, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. Expuesto lo anterior, en la especie Monserrat Escobar Páez promovió la demanda de amparo que nos ocupa en representación del directo quejoso Jonathan Mauricio García Bedoya, contra actos del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, consistentes en la privación ilegal de la libertad, incomunicación y malos tratos de los que adujo fue objeto el directo quejoso. Así, en auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, se concedió al directo quejoso la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados para efecto de que las autoridades responsables:(.)cesaran su detención (i) poniéndolo en libertad o (ii) a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que este último determine lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención, dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del numeral 16 constitucional lo permite; o bien, sea consignado a las autoridades judiciales competentes para la incoación del proceso criminal relativo, dejándolo a su disposición en las instalaciones del centro penitenciario que corresponda. De lo contrario, si la detención del directo quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, las responsables deberán ponerlo en INMEDIATA LIBERTAD, de conformidad con el ordinal 164 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, a las veinte horas del tres de mayo de dos mil veintitrés, la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional se constituyó en las instalaciones de los separos de la Secretaría de Seguridad Pública, e hizo constar lo siguiente: ".Se concede la voz al referido quejoso manifestando, que queda enterado de su contenido recibiendo la respectiva copia de traslado y en atención al requerimiento que se le formula manifiesta que ratifica la demanda presentada a su favor por la mamá de sus hijos y sin más que agregar firma al calce para constancia. . haciendo constar el estado físico del directo agraviado: a respecto el quejoso en mención refiere no haber recibido malos tratos." Así, de la transcripción que antecede se colige que el directo quejoso Jonathan Mauricio García Bedoya ratificó la demanda de amparo promovida en su favor; empero, únicamente por lo que refiere a su detención e incomunicación, pues respecto a la supuesta tortura que alegó el promovente de la demanda de amparo, el directo quejoso manifestó que no recibió malos tratos tal como lo asentó la actuaria adscrita. Ahora, al informe de cuenta, respecto de la suspensión de oficio y de plano decretada, la autoridad responsable, entre otras, ofreció las siguientes pruebas documentales: 1. Acta de remisión de detenido a las tres horas con cincuenta y cuatro minutos del tres de mayo de dos mil veintitrés, respecto al quejoso por "causar actos de molestia". 2. Informe policial homologado en el que se puso al quejoso a disposición del Juez en turno del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por "portación de arma blanca." 3. Examen médico practicado al quejoso por el doctor Jorge López Rendón (cédula profesional 12297854), en el que se determinó: "IDX CLÍNICAMENTE: SANO// EQUIMOSIS Y ESCORIACIONES LEVES MODERADAS." 4. Boleta de libertad 499972 de las veinte horas con catorce minutos del tres de mayo de dos mil veintitrés. Así, de la valoración conjunta de las documentales públicas de mérito ?las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°? se desprende que el quejoso Jonathan Mauricio García Bedoya fue detenido a las tres horas con cincuenta y cuatro minutos del tres de mayo de dos mil veintitrés por "causar actos de molestia" o "portación de arma blanca", y al ingresar al Tribunal de Barandilla se le realizó nota médica en la que se determinó que se encontraba clínicamente sano con equimosis y escoriaciones leves moderadas, mientras que de la boleta de libertad folio 499972, se advierte que al quejoso no se le cobró multa con motivo de la detención y que fue puesto en libertad a las veinte horas con catorce minutos del tres de mayo de dos mil veintitrés. En esa tesitura, la obtención de libertad por parte del directo quejoso, pone de manifiesto la consumación irreparable de la detención e incomunicación reclamadas, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque incluso de otorgarse la protección constitucional, por la propia naturaleza de esos actos, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, volumen 75, sexta parte, página 16, registro 254735, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACION DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Sostiene el quejoso haber sido detenido e incomunicado con motivo de la investigación de probables hechos delictuosos, pero a la fecha se encontraba gozando de su libertad, en estas condiciones debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, puesto que, por la propia naturaleza de esos actos, sería imposible restituir al quejoso en el gozo de las garantías que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar esos actos, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la detención y la incomunicación sufridas por el quejoso. Al expresar el recurrente que su representado goza de una libertad precaria, plena de incertidumbre que lo imposibilita para defenderse, claramente revela el temor de que ese mismo quejoso sea perturbado en el futuro, pero la existencia de dicho estado emocional no se opone a considerar que la detención y la incomunicación en sí mismas han concluido definitivamente. Si con motivo de nuevos actos de las autoridades responsables, el quejoso fuere perturbado y estimare que se violan las garantías individuales en su perjuicio, esos actos serían distintos de los reclamados en esta controversia y, en todo caso, podrían ser reclamados en diverso juicio constitucional; pero debe reiterarse que los que en este amparo reclama, definitivamente han dejado de producir efectos y se han consumado en forma irreparable. Por tanto, al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo promovido por Jonathan Mauricio García Bedoya, contra actos del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en esta ciudad, y otra autoridad. Apoya lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2003, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, con motivo de lo anterior, se dejan sin efecto las providencias decretadas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos físicos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por ********************en favor del directo quejoso******************** contra actos del Secretario de Seguridad Pública Municipal, de esta ciudad, y otra autoridad, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda:********************SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.********************REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 378/2023 y se reserva proveer en torno a la admisión de la demanda, hasta en tanto esta sea ratificada.********************INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde.********************PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama la privación ilegal de la libertad, incomunicación y malos tratos de que es objeto el directo quejoso.********************SUSPENSIÓN DE PLANO. Del contenido integral del libelo constitucional, se desprende lo siguiente:********************1. La demanda de amparo es promovida por conducto de una tercera persona.********************2. Se reclama que el directo quejoso ******************** se encuentra privado de su libertad fuera de procedimiento, incomunicado y sufriendo malos tratos en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública, de esta ciudad.********************En consecuencia, atendiendo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló el promovente, se presume la privación de la libertad fuera de procedimiento, la incomunicación y malos tratos de los que podría ser objeto el directo agraviado ********************; actos que se encuentran comprendidos en el artículo 15, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 22 constitucional; por tanto, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por lo que las autoridades responsables deberán SUSPENDER INMEDIATAMENTE la ejecución de los aludidos actos.********************Asimismo, de encontrarse******************** en calidad de detenido en relación con la comisión de un delito, deberá cesar su detención (i) poniéndolo en libertad o (ii) a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que este último determine lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención, dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del numeral 16 constitucional lo permite; o bien, sea consignado a las autoridades judiciales competentes para la incoación del proceso criminal relativo, dejándolo a su disposición en las instalaciones del centro penitenciario que corresponda. De lo contrario, si la detención del directo quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, las responsables deberán ponerlo en INMEDIATA LIBERTAD, de conformidad con el ordinal 164 de la Ley de Amparo.********************SOLICITUD DE INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Como lo establece el artículo 209 de la ley de la materia, las autoridades señaladas como responsables deberán informar sobre el cumplimiento dado a esta determinación, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que reciban el oficio que derive del presente acuerdo. ********************Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se harán acreedoras a una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite el presente proveído, anteriormente reseñada.********************Asimismo, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, para que haga del conocimiento del directo agraviado el presente proveído, para lo cual deberá constituirse en los separos del Centro de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Pública (denominación correcta), con sede en esta ciudad, a fin de lograr su comparecencia y en el acto de la diligencia, lo requiera para que manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo presentada en su favor, o bien, lo haga por escrito en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la misma Ley de Amparo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada su demanda, y quedarán sin efecto las providencias dictadas, conforme a lo previsto en los propios precepto y ordenamiento legal invocados. Asimismo, deberá dar fe de su estado físico.********************En la inteligencia de que en caso de no encontrar a ******************** en el lugar donde se indica, el actuario deberá agotar los medios a su alcance para constatar si en los libros de gobierno internos de las autoridades responsables, existe registro a nombre del directo quejoso, y en caso de no hallarlo, deberá constituirse en cualquier dependencia y centro de reclusión que cuente con celdas o separos dentro de esta localidad, a fin de llevar a cabo lo encomendado en este auto.********************INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En el caso, resulta innecesaria la apertura del incidente de suspensión, considerando que en este auto se decretó la suspensión de plano y de oficio respecto de los actos reclamados.********************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. ********************LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.********************DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ******************** número********************de la colonia ********************en esta ciudad; y por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************.********************Asimismo, se le tiene proporcionando el número de celular 6691652642 y el correo electrónico sancrist_5150@msn.com.********************COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente.********************USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito.********************Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas.********************COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio.********************AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes
- Jesus Yamina Rodarte Lizárraga64/2023
- Jesús Zamudio Sánchez819/2016
- Jesús Zamudio Vega763/2023
- Jhazeel Gerardo Arellanes Hernández592/2017
- Jhoanna Arely Jiménez López608/2021
- Jhon Nixon Moreno RodrìGuez997/2022
- Jhonatan Miguel Guerra López57/2016
- Jhonny Ronaldo Cuenca Pinta1005/2022
- Joan Wilehaldo Zapata Ramos759/2019
- Joan Wilehaldo Zapata Ramos1092/2014
- Joana Lizbeth Alvarado Rendón584/2019
- Joanna Brizeida Rodríguez Villa201/2018