Jhonantan Rafael Castrillo Martínez

Expediente 439/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
439/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Jhonantan Rafael Castrillo Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. RAZON ACTUARIAL Vista la razón actuarial levantada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para entregar los oficios 12098 y 12103 dirigidos al Presidente de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana y Representante de los Elementos de la Policía de Morelia de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, toda vez que al constituirse en las instalaciones que ocupa la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, con sede en esta ciudad, fue informada por personal que labora en dicha dependencia que la denominación correcta de dichas autoridades lo son: Comisario y/o Comisionado de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana y Directora de Proximidad de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana. En consecuencia, se ordena girar nuevamente los oficios 12098 y 12103 a las autoridades correspondientes en su denominación correcta. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. 12098. COMISARIO Y/O COMISIONADO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. 12103. DIRECTORA DE PROXIMIDAD DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. CIUDAD. DENTRO DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO NÚMERO VII-439/2020 PROMOVIDO POR JHONATAN RAFAEL CASTRILLO MARTÍNEZ, CONTRA ACTOS DE USTED, CON ESTA FECHA SE DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO QUE A LA LETRA DICE: Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA NIEGA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de trece de julio de dos mil veintiuno, en la que se NEGÓ el amparo solicitado por Jhonatan Rafael Castrillo Martínez; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.- L. LÓPEZ P. - M. JUÁREZ G.- FIRMADOS". LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES QUE SE INDICAN EN EL PROVEÍDO QUE SE INSERTA. A T E N T A M E N T E MORELIA, MICHOACÁN, A 22 DE OCTUBRE DE 2021. LA SECRETARIA DEL JUZGADO LIC. MARBELLA JUÁREZ GARCÍA. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO RECIBO DE NOTIFICACION POR OFICIO SECCION AMPAROS EXPEDIENTE JUICIO DE AMPARO VII-439/2020 QUEJOSO: JHONATAN RAFAEL CASTRILLO MARTÍNEZ CONTENIDO: CAUSA EJECUTORIA NIEGA FECHA DEL AUTO: 22 DE OCTUBRE DE 2021 12098. COMISARIO Y/O COMISIONADO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. 12103. DIRECTORA DE PROXIMIDAD DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. De acuerdo con el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, firmo el presente con la autoridad notificada (o persona a quien se entrega el oficio) EL ACTUARIO DEL JUZGADO Morelia, Mich. A de del año 2021 svm

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintiuno. SE DA CUENTA CON RAZÓN ACTURIAL Vista la razón actuarial levantada por la Actuaria adscrita el ocho de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual informa la imposibilidad que tuvo para entregar los oficios 12098, 12099, 12100, 12102, 12103, 12104 y 12105, dirigidos a los integrantes de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, toda que al constituirse en las instalaciones que ocupa la Comisión antes señalada, fue informada que las personas que antes eran titulares integrantes de dicha comisión ya no laboran más en dicha dependencia, por lo que se ve imposibilitado para recibir los oficios de mérito. Atento a ello, se ordena girar nuevamente los oficios antes señalados, sin especificar el nombre de quien ocupaba los cargos en dicha comisión, especificando únicamente los diversos cargos de dicha comisión. Cúmplase.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA NIEGA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de trece de julio de dos mil veintiuno, en la que se NEGÓ el amparo solicitado por Jhonatan Rafael Castrillo Martínez; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acuerdo: V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 439/2020-VII, promovido por Jhonantan Rafael Castrillo Martínez, contra actos que reclama de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, y otras autoridades: R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, el día siguiente, Jhonantan Rafael Castrillo Martínez, por propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, y otras autoridades, consistente en: "IV. ACTO RECLAMADO Y FECHA DE SU NOTIFICACIÓN:. Se reclama la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana del año 2020, del treinta de junio de dos mil veinte, y que se encuentra identificada como ACTA NO. 003/2020, en su resolución de los casos, inciso b) dictaminó lo siguiente: b) Esta comisión acuerda que en virtud de la acreditación demostrada en la investigación donde el Policía de Morelia Jhonantan Rafael Castrillo Martínez, incurre en responsabilidad administrativa en ejercicio de su función se dictamina por aprobación unánime, el proyecto de resolución ya antes mencionado donde se sanciona con la destitución de su empleo, cargo o comisión. Lo anterior considerando conjuntamente los parámetros de la individualización referentes a los elementos que le perjudican y benefician, es decir, el tipo de infracción cometida, sus características, relevancia, trascendencia y las circunstancias en que se produjo, así como los aspectos relativos a los antecedentes y condiciones particulares de la servidora pública responsable". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien por auto de doce de agosto de dos mil veinte, la admitió a trámite; se formó el expediente y lo registró bajo el número 439/2020; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: La Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana del año 2020, de treinta de junio de dos mil veinte, emitida dentro del procedimiento administrativo carpeta DAI/Q-253/2019-II, en la que se determinó que el policía Jhonantan Rafael Castrillo Martínez, incumplió con un requisito de permanencia, por lo que se le sancionó con la destitución de su empleo, cargo o comisión. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Director de Responsabilidades de los Servidores Públicos adscrito a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Morelia, y el Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Municipal de Seguridad, aceptaron la existencia del que se les reclama. Además la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que las referidas autoridades responsables exhibieron en apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana del año 2020, de treinta de junio de dos mil veinte. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Época: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". Al respecto la responsable señala que se surte la causal prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el quejoso no agotó el recurso de rectificación que al efecto establece el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del municipio de Morelia. Adverso a lo considerado por la responsable, este órgano de control constitucional advierte que se está en el caso de excepción al principio de definitividad que rige al juicio Constitucional. Lo anterior es así, porque el referido precepto establece:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Como se advierte, para que se surta dicha causal de improcedencia, es necesario que conforme a las leyes del procedimiento se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva. Sin embargo, es el caso que si bien es cierto que los artículos 89, 90 y 91 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del municipio de Morelia, prevé el recurso de rectificación, también lo es que el precepto 97 del reglamento en cita señala que la interposición del recurso no suspenderá los efectos de la sanción, pero tendrá por objeto que ésta no aparezca en el expediente y hoja de servicios del Policía de que se trate. Por lo tanto, si la interposición del recurso no suspende los efectos de la sanción, se está en el caso de excepción al principio de definitividad que rige al juicio Constitucional, por lo que éste resulta procedente de conformidad con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal, y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, y al ser ello así, procede desestimar la causal de improcedencia invocada. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Son infundados los conceptos de violación que plantea la quejosa. El quejoso señala en su primer concepto de violación que el acto reclamado no contiene una debida fundamentación y motivación referente a la competencia, porque no precisaron en el acto combatido la competencia para resolver una baja o separación del cargo como Agente de la Policía de Morelia. Dicho motivo de disenso resulta infundado, por las siguientes razones. De inicio, debe considerarse que al resolver Contradicción de Tesis 114/2005-SS la Segunda Sala del Alto Tribunal recordó los diversos criterios que se han emitido en relación a la fundamentación y motivación de los actos administrativos, pues al efecto señaló que para estimar satisfecha la garantía de fundamentación, prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la competencia de la autoridad en el acto de molestia, es necesario que en el documento que se contenga, se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorga las facultades a la autoridad emisora y, en caso de que dichas normas incluyan diversos supuestos, se debe precisar con toda claridad y detalle, el apartado, fracción o fracciones, incisos y subincisos en que se apoya su actuación, lo anterior, con la finalidad de no dejar al gobernado en estado de indefensión. Precisado lo anterior, en materia de estudio de la contradicción de tesis respectiva, se especificó que existen dispositivos legales que no se subdividen en fracciones, sino que contienen una serie de párrafos que guardan interrelación en virtud de que versan sobre la competencia territorial de las delegaciones, subdelegaciones y oficinas para cobros del Instituto Mexicano del Seguros Social, donde ejercerán las facultades que les confiere la ley, sus reglamentos y los acuerdos del consejo técnico; así como el nombre, sede y circunscripción territorial donde ejercerán sus facultades las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente, de Recaudación, de Auditoría Fiscal y Jurídicas, del Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, dijo la Sala, tal circunstancia no es obstáculo para que la autoridad emisora del acto no funde correctamente su competencia territorial, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, ya que si bien una correcta técnica legislativa implica que tanto las leyes como los reglamentos, acuerdos o decretos, para su mejor comprensión deben contener apartados, fracción o fracciones, incisos o subincisos, debido a que hace más fácil su lectura y manejo, así como la ubicación de los supuestos o hipótesis en ella contemplados; también lo es que la omisión de tal circunstancia no hace nugatoria la obligación de la autoridad para señalar con toda precisión y exactitud, su competencia, ya sea por razón de materia, grado o territorio. A partir de esto explicó la Sala que, cuando la autoridad tenga que fundar su competencia en un mandamiento escrito que contenga un acto de molestia o privación con apoyo en un precepto que no contenga apartados, fracción o fracciones, incisos o subincisos, no la exime de la obligación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal de citar de forma exacta y precisa, en el acto de molestia de que se trate, las normas legales que la facultan para su actuar, a fin de colmar la garantía de la debida fundamentación que establece dicho precepto constitucional, al atender al valor jurídicamente protegido, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de autoridad que afecten o lesionen su interés jurídico y, por ende, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Lo anterior, en virtud de que la autoridad tiene la ineludible obligación de fundar debidamente su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues en ese entendido todo acto de autoridad debe emitirse por quien esté legitimado, expresándose en el documento, el carácter con que la autoridad en comento lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue dicha legitimación, aun en el supuesto de que la norma legal no contemple apartados, fracción o fracciones, inciso y subincisos, pues en tal caso, la autoridad llegará incluso al extremo de hacer la transcripción correspondiente del precepto en que funde debidamente su competencia. Además, la Sala expuso que tal proceder tiene como finalidad dar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico, pues de esta forma el gobernado tiene conocimiento de los datos indispensables para la defensa de sus intereses, ya que de lo contrario se privaría al afectado de un elemento que pudiera resultar esencial para impugnarla, debido a que desconocería el precepto legal que da competencia a la autoridad para emitir el acto de molestia y de poder controvertirlo cuando estime que no se adecua al ordenamiento jurídico que le otorga facultades. Por lo anterior, el Tribunal concluyó que la fundamentación de la competencia de un acto de molestia, constituye un requisito esencial y una obligación de la autoridad, pues ésta sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello, dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen. De ello resulta que no basta con que sólo se cite la norma que le otorga la competencia a la autoridad por razón de materia, grado o territorio, para considerar que se cumple con la garantía de la debida fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, sino que es necesario que se precise de forma exhaustiva con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo, cuando aquél no contenga apartados, fracción o fracciones, incisos y subincisos. Esto es, cuando se trate de normas complejas; pues en este caso, la autoridad debe llegar incluso al extremo de transcribir la parte correspondiente del precepto que le otorgue su competencia, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario, significaría que el gobernado es a quien le correspondería la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia para fundar su competencia, si la autoridad tiene competencia de grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en un completo estado de indefensión, en virtud de que ignoraría en cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo, es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio. Los anteriores razonamientos quedaron plasmados en la jurisprudencia 2a./J. 115/2005 que enseguida se transcribe: Época: Novena Época Registro: 177347 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Septiembre de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 115/2005 Página: 310 "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio." Contradicción de tesis 114/2005-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 2 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro". Trasladadas las premisas interpretativas anteriores al caso concreto, se tiene en cuenta que el acto reclamado fue emitido en la tercera sesión ordinaria dela Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana del año 2020 de treinta de junio de dos mil veinte, no obstante, ello no exime de que el acto jurídico cumpla con los requisitos establecidos por el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, debe decirse que la competencia, por su parte, es la medida en que una atribución es ejercida por un servidor público, esto es, el quehacer del Estado se distribuye entre los órganos que el Poder Constituyente creó para que fueran ejercidas las tres funciones del Estado; la legislativa, la ejecutiva y la judicial, y aunque depositó el ejercicio de cada una de esas funciones en tres Poderes, muchos de sus organismos ejercen indistintamente cualquiera de ellas. Tales organismos manifiestan su voluntad a través del servidor público, que conforme a la ley, tiene la capacidad de hacerlo, esto es, por conducto del funcionario competente para ello. Es por eso que la fundamentación y motivación de la competencia constituye un aspecto medular de todo acto de autoridad, pues a través de ella se brinda a la persona que se ve afectada por el acto de autoridad, la posibilidad de combatirlo. La competencia de la autoridad comprende la posibilidad de que un servidor público determinado pueda realizar actos dentro de los límites objetivos y subjetivos previstos en la ley, de ahí que en cualquier acto de autoridad deba fundarse y motivarse. Sin embargo, dado que en México existen normas generales complejas, se exige a las autoridades administrativas, que la fundamentación y motivación sea rigorista incluso debiendo trascribir el artículo, fracción o apartado normativo que contenga la facultad que ejercer cuando estamos en presencia de este tipo de normas. Ahora, del análisis integral del acta levantada en la tercera sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana del año 2020, se advierte que en el inciso b) se estableció en el considerando primero lo siguiente: "[.] Esta Dirección de Asuntos internos de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, dependiente del Honorable Ayuntamiento de Morelia, es competente para conocer, tramitar y resolver el presente procedimiento administrativo, en virtud de que las irregularidades administrativas son atribuidas a los Policías de Morelia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21, 108, 109, fracción III, último párrafo, 115 fracción II inciso a), y III incisos h) e I), 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, 107, fracción III, 109, 109 bis, 112, 123 fracción IV, de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo; 3-X, 7,8-II y 9 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo; 172, 173, 174 y 175 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública 150 y 160 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; 42 fracción X, apartado D), del bando de Gobierno del Municipio de Morelia; 1,2,7, 49, fracción IV, incisos a), b), d), e), i) y j), del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán; y 1°, 3° y 6° del Acuerdo por el que se crea la Policía de Morelia como órgano desconcentrado de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana". Luego, es dable concluir que, sí existe el señalamiento preciso de los preceptos de la ley aplicable que fundamentan la competencia de la responsable para la emisión del acto reclamado; por lo tanto, la responsable satisfizo la exigencia constitucional de fundar adecuadamente su competencia y, por ende, la alegación hecha valer en ese sentido, resulta infundada. En relación a la manifestación de que se le notificó mediante una copia simple sin firma autógrafa, en nada trasciende, puesto que obra en autos copia certificada del acto reclamado, en el que obran plasmadas firmas autógrafas de las personas que intervinieron en su dictado. En el segundo concepto de violación, el quejoso refiere que el acto reclamado carece de la debida fundamentación y motivación referente al hecho que se le pretende imponer como sanción, porque no existe disposición expresa que señale que la falta que se le atribuye sea causal de remoción. Dicho concepto de violación resulta infundado, puesto que contrario a lo que sostiene, el acto reclamado no adolece de falta de fundamentación y motivación que refiere la impetrante, pues basta la lectura de aquella determinación para advertir que la responsable sí expresó con precisión los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, estableciendo la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. En efecto, la responsable en primer término procedió a fijar su competencia; enseguida procedió a enumerar los medios de prueba que tomó en consideración para emitir su fallo; les asignó valor probatorio, para después anotar las razones que tuvo en consideración para acreditar la responsabilidad administrativa, y sobre esa base determinó imponer la sanción, acorde a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, calificando como no grave la falta administrativa. Acorde a lo anterior, también precisó que para la imposición de la sanción debían tomarse los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público, además del nivel jerárquico y los antecedentes de infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio; las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Enseguida expuso que su conducta contravenía los principios rectores de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su función al ausentarse del servicio sin causa justificada por un periodo de cinco días dentro de un término de treinta días, puesto que esas prácticas eran contrarias al buen funcionamiento del servicio público, porque con ello incumplía con un requisito de permanencia, lo cual ponía de manifiesto la incompatibilidad de la continuación de la prestación del servicio, al habérsele perdido la confianza, proponiendo por tal motivo la destitución de su empleo, cargo o comisión. Todo lo anterior arroja que contrario a lo alegado por el quejoso, el acto reclamado sí cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad requiere; de ahí que lo infundado de sus conceptos de violación. Por último, resulta inatendible el tercer concepto de violación, puesto que el quejoso refiere que ante la carencia de fundamentación y motivación del acto reclamado, se proceda a reincorporársele en el cargo que venía desempeñando; lo anterior, porque como se anotó en párrafos que anteceden, el acto reclamado cumple con los requisitos de fundamentación y motivación suficientes. Así las cosas, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jhonantan Rafael Castrillo Martínez, en contra del acto reclamado y autoridad señalada como responsable en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy trece de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

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