Jhon Fredy Jiménez Zabala

Expediente 1574/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1574/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán
  • Jhon Fredy Jiménez Zabala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, autoridad responsable, autoridad responsable; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase el referido oficio y constancias, a la vista de las partes, para el ejercicio de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que aún no obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, sin embargo se advierte que aún está transcurriendo el término para rendirlo, señalado de conformidad con el proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, por tanto, para dar tiempo a lo anterior, DIFIÉRASE la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y en su lugar se señalan las once horas con cuarenta minutos del día trece de enero de dos mil veinte, como nueva fecha para su celebración. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a la autoridad responsable, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien comparece en suplencia del Titular de dicha institución, con residencia en la Ciudad de México, con el que en atención al requerimiento que se le hizo mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, comunica haber instado a la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, para que dé cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. Por otra parte, toda vez que la Jefa de Área de Atención del Público del Registro Agrario Nacional, autoridad responsable, aún no ha informado del cabal cumplimiento dado a la sentencia ejecutoriada, tomando en consideración que en estos autos se concedió el amparo para el efecto de: ".a) Reciba y emita de inmediato una contestación congruente e integra a la solicitud que le fue planteada por la parte quejosa. b) Le notifique a la parte quejosa dicha contestación, acreditando fehacientemente lo anterior ante este Juzgado." Por tanto, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Jefa de Área de Atención del Público del Registro Agrario Nacional, autoridad responsable, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciban el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos realizados para ese fin, debiendo remitir a este tribunal federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se le señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la ley reglamentaria vigente en esta fecha, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por otra parte, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero del ordenamiento legal invocado y considerando que el artículo 13 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional establece que el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, supervisará que las delegaciones cumplan con las disposiciones de ley y sus reglamentos, requiérase a dicho Director en Jefe como superior jerárquico de la Jefa de Área de Atención del Público del Registro Agrario Nacional, autoridad responsable, para que le ordene acatar la sentencia concesoria; apercibida que de no hacerlo así, de igual forma se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo, acorde con el ordinal 267, fracción I, de la ley reglamentaria vigente, e incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, once de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se agrega la demanda de amparo promovida por John Fredy Jiménez Zabala, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado. Ahora bien, de la lectura de capítulo de acto reclamado, se advierte que el quejoso señala como tal la negativa u omisión para entregarle la motocicleta que aduce es de su propiedad, modelo 2019, marca Yamaha, número de serie MEISE77L8K3024911, número de motor E3N8E0540013, placas de circulación WFD5Y. Asimismo, de la lectura de los capítulos de antecedentes y conceptos de violación de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso hace referencia a la negativa de entregarle el numerario que reclama, motivo por el cual resulta inconcuso que el acto reclamado no fue expresado con precisión. Por tanto, a efecto de proveer lo conducente sobre la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción IV y 114 fracciones I y IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos conforme al artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo, la notificación de este acuerdo, por escrito con las copias necesarias para correr traslado, aclare su demanda de amparo en los siguientes términos: Señale con precisión el acto reclamado, debiendo manifestar si éste consiste en la omisión o negativa de entregarle la motocicleta a que refiere en su escrito inicial o si se trata de la omisión o negativa de entregarle el numerario que señala. Asimismo, precise la fecha en la que presentó ante la autoridad responsable su solicitud respecto de la cual reclama referida la omisión o negativa. En tal virtud, se apercibe al ocursante que de no cumplir con lo anterior y no hacer manifestación alguna al respecto, dentro del plazo fijado, se tendrá por no presentada la demanda, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio legal de la parte quejosa, el señalado en el escrito de demanda, asimismo con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados a los señalados en la demanda por la parte quejosa, en los términos restringidos, lo anterior en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia; sin embargo, en el momento que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

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