Jhon Edinson Albarracin Infante
Expediente 1147/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1147/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Jhon Edinson Albarracin Infante y Otros.
- Jhon Edinson Albarracin Infante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mexicali, Baja California, dos de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de treinta de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio promovido por .... En tal virtud, se declara que ha causado ejecutoria dicha determinación. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, hágase constar que el cuaderno de juicio de es susceptible depuración.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que mediante auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós, se recibió oficio firmado por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, por medio del cual informó que los quejosos ..., abandonaron en completa libertad la estación migratoria de esta ciudad. A fin de acreditar tal cuestión, anexó copias certificadas de los documentos provisionales de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, emitidos el veintiséis de julio de dos mil veintidós, respectivamente, a nombre de los aquí quejosos. Ahora, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional el ataque a la libertad personal y deportación fuera de procedimiento dentro de la estación migratoria en esta ciudad. Atento a lo anterior, de lo informado por la responsable se colige que, durante la tramitación del presente juicio de amparo, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La lectura de la disposición legal antes transcrita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Luego, de los anexos que remitió la responsable, destaca que en veintiséis de julio de la anualidad, se otorgó a los quejosos documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, de lo que se obtiene que a la fecha cesaron los actos reclamados. Ello se aduce de dicha manera, dado que efectivamente a la fecha no existe incomunicación, ni una privación ilegal que afecte a los quejosos, así como tampoco una posible orden de deportación, lo que se acredita con las documentales antes descritas. Constancias a las que les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En ese orden, aun cuando la acción reclamada a las responsables quedo de manifiesto en la medida que a la presentación de la demanda origen de este juicio -veintidós de julio del año en curso-, existían dichos actos, mismos que cesaron en sus efectos de manera total una vez que se otorgó a los quejosos permiso para realizar actividades remuneradas; con lo anterior, permite considerar como reestablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la jurisprudencia 2ª./J59/99 establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo IX, junio de 1999, visible en la página 38, registro 193758, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página mil quinientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época, registro 176051, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, ya que si en el caso es patente la cesación del mandamiento judicial reclamado, entonces esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional para sobreseer sólo traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las nueve horas con seis minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Mexicali, Baja California, dos de agosto de dos mil veintidós. Agréguese con vista a las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, el oficio firmado por el Subrepresentante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, sin perjuicio de dar nueva cuenta al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Ahora por lo que respecta a los documentos remitidos por la autoridad mencionada en el párrafo supra, relativos a los documentos provisionales de visitante con permiso para realizar actividades renumeradas otorgados el veintiséis de julio del año en curso, a los quejosos, agréguense sin mayor acuerdo, toda vez que en proveído de veintiocho de julio del presente año se acordó lo conducente.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Agréguese con vista a las partes, el oficio que remite el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, mediante el cual, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, rinde informe en relación con la suspensión de plano. Asimismo se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica para tal efecto. Luego, de dicho informe se advierte que la parte quejosa Jhon Édinson Albarracín Infante y Robinson Albarracín Infante se encuentran a disposición de la autoridad responsable, a fin de verificar su situación migratoria en el país. En ese contexto, toda vez que del veintidós de julio de dos mil veintidós, fecha en que se presentó la demanda a la presente fecha transcurrieron más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, y de las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 de referido ordenamiento, sin que la autoridad responsable haya informado en relación a que el quejoso haya sido puesta en inmediata libertad, es procedente requerir de nueva cuenta a la autoridad migratoria a fin de que en el término improrrogable de doce horas siguientes a su notificación, informen sobre el cabal cumplimiento dado a la suspensión de plano. La cual se reitera se concedió para los efectos siguientes: "Suspensión de plano. Con apoyo en el artículo 126, en relación con los numerales 15 y 160 de dicho ordenamiento legal, se decreta la suspensión de oficio y de plano para que el efecto de que no se ejecute la orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro contra los directamente agraviados, así como para que cese la incomunicación y demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; por lo que se deberá permitir a la quejosa tener comunicación o interacción con su abogado o persona de confianza. Del mismo modo, se concede la suspensión de oficio y de plano para efecto que los quejosos sean puestos en inmediata libertad, pero sólo en el caso de que ya hayan transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, o bien, que hayan transcurrido las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 de referido ordenamiento. Además, para efecto que los aquí quejosos no sean trasladados a una diversa estación migratoria de la que se encuentran actualmente alojados. Asimismo, con apoyo en el artículo 126 y 164 de la ley de la Materia, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que, si la detención o privación de la libertad de la quejosa tiene relación con la comisión de un delito, sin demora cese la detención y se ponga a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.20o.A.19 A (10a.) emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2016412, que establece: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Lo anterior, sin perjuicio que las autoridades migratorias puedan establecer, con plenitud de jurisdicción, medidas que estimen pertinentes conforme con la Ley de Migración para que el quejoso continúe con su trámite migratorio, a saber, de manera enunciativa, que proporcione domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanezca; que no podrá ausentarse sin autorización por escrito del Instituto Nacional de Migración. Al margen de ello, de conformidad con el artículo 166 de la Ley de Amparo se impone a los quejosos la obligación de comparecer ante las autoridades migratorias señaladas como responsables con sede en esta ciudad, cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración; bajo apercibimiento a los quejosos que de no cumplir con las medidas que aquí se le imponen, así como las que determine las autoridades migratorias, las medidas suspensionales aquí decretadas quedarán sin efectos y estará a disposición y resguardo de las indicadas responsables en el lugar que designen para la prosecución del trámite migratorio respectivo. Precisiones y efectos que se establecen atento a lo establecido con la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito al resolver el recurso de queja administrativa 86/2022, en relación con el juicio de amparo 372/2022-1 de este órgano jurisdiccional." Bajo apercibimiento que de no atender este requerimiento, se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el artículo 260 fracción IV de la Ley de Amparo. Además, se le indica que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación a lo dispuesto en los artículos 262, fracción III y IV de la Ley de Amparo, y 215 del Código Penal Federal
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