Jhomara Mejia Mendoza

Expediente 1060/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1060/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
14/11/2017

Partes del expediente

  • Jhomara Mejia Mendoza
  • Juez Civil Y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Pachuca, Hidalgo, catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el oficio signado por el Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, por el que acusa recibo de las copias certificadas del expediente número 1849/2015-5; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien actúa con la licenciada Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a seis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la resolución de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, en el juicio de amparo promovido por Jhomara Mejía Mendoza, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales V. P. M., HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo obran documentos importantes, en términos del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, requiérase la parte quejosa y tercero para que en el plazo de noventa días, comparezcan a este juzgado a recoger los citados documentos, apercibiéndoles que en caso contrario, los mismos podrán ser destruidos junto con el expediente. Por otra parte, devuélvase la copia certificada de expediente 1849/2015, a la Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE TERCERO INTERESADO ***, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE 04 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL DICE: "Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el escrito signado por Gerardo Mejía Ávila, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por la parte quejosa. En atención a su contenido, se le tiene informando que sobrevino una causa de sobreseimiento en el presente asunto, por las razones que manifiesta, al efecto anexa copia simple del proveído de treinta de septiembre del año en curso, dictado en el expediente 1849/2015. Documental que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se desahoga por su propia y especial naturaleza, y que será tomada en consideración en el presente asunto. Por su parte, la Juez Civil y Familiar de Ixmiquilpán Hidalgo, al rendir su informe justificado , aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, y remitió copia certificada del expediente 1849/2015. Documental a la que se les otorga el carácter de público, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, puesto que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público en ejercicio de sus funciones; la calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre el documento de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, al tener el carácter de documento público se le confiere eficacia probatoria plena en atención a los numerales invocados. Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia 226, publicada en tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, del contenido del escrito de demanda se advierte que la quejosa Jhomara Mejía Mendoza, señaló como autoridad responsable al Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo; y como acto reclamado, el acuerdo de dos de agosto de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: " (.) No ha lugar a tener por interpuesto el recurso de revocación que la promovente pretende hacer valer por resultar legalmente improcedente, toda vez que el auto que pretende combatir no contiene una determinación de mero trámite..". De lo anterior cabe señalar que el recurso de revocación fue interpuesto por la parte quejosa, a efecto de que la responsable revocara el auto de cinco de julio actual que determinó, que no era procedente dar cumplimiento a la determinación pronunciada el quince diciembre de dos mil dieciséis por la responsable en el aspecto de reanudar la localización de la menor V.P.M. para ser entregada a su madre Jhomara Mejía Mendoza, toda vez que se encontraba pendiente de resolver el incidente de cambio de guardia y custodia de la menor, promovido por el aquí tercero interesado. De igual forma, de las copias certificadas del expediente 1849/2015, se advierte que el Juez responsable, mediante auto de treinta de agosto actual, determinó acordar favorable la petición de la quejosa, en el sentido de reanudar la localización de la menor V.P.M. para ser entregada a su madre Jhomara Mejía Mendoza, con lo cual se estima que en el caso, se actualiza una causa de improcedencia que impide el análisis de fondo de la cuestión planteada. Lo anterior, de conformidad con lo que establece la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Novena Época, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Lo que trae como consecuencia el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia en términos de lo que establece el numeral 63, fracción V, 73 y 74 der la Ley de Amparo. De lo anterior se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, por lo cual, con fundamento en el artículo 61, fracciones XXI, de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías. Para que se actualicen los presupuestos de esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. Es decir, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce de la garantía violada. A lo así razonado tiene aplicación, el criterio que sustenta la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada a fojas 38, del Tomo: IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y sinopsis expresan: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, como ya se mencionó el acto reclamado por la parte quejosa, lo constituye el proveído de dos de agosto del año en curso, en el que la responsable no admitió a trámite el recurso de revocación hecho valer por la parte quejosa, para que la responsable revocara el de cinco de julio del año que transcurre, mismo que mediante auto de treinta de septiembre actual, dejó sin efectos emitiendo una nueva determinación favorable a la petición original de la quejosa en el sentido de búsqueda, localización y entrega de la menor, aunado a lo anterior de las constancia que remitió la autoridad responsable en su informe se advierte que obran los acuses de recibo de los oficios dirigidos al Comandante de la Policía Municipal de Ixmiquilpan, Hidalgo, para la localización y entrega de la menor a su progenitora aquí quejosa En consecuencia, es evidente que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado y, por ende, se ha restituido así a la impetrante en el goce de la garantía violada, pues el acto que reclamó en el juicio en que se actúa, ya fue subsanado, con proveído el treinta de septiembre actual, en el que acordó favorable su petición, asimismo realizó los tramites tendientes al cumplimiento de su propia determinación al girar los oficios correspondientes a la Policía Municipal de Ixmiquilpan, Hidalgo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1285, Tomo XVI, que dice: "ACTO RECLAMADO CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Procede sobreseer en el juicio de amparo, cuando aparezca que han cesado los efectos del acto reclamado". En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, 73 y 74 de la Ley de Amparo en vigor, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, promovido por Jhomara Mejía Mendoza, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales V.P.M. contra el acto y autoridad ya precisadas. Por tanto se dejan sin efectos las diez horas con quince minutos del ocho de noviembre de dos mi diecisiete, que fueron fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ". NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el escrito signado por Gerardo Mejía Ávila, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por la parte quejosa. En atención a su contenido, se le tiene informando que sobrevino una causa de sobreseimiento en el presente asunto, por las razones que manifiesta, al efecto anexa copia simple del proveído de treinta de septiembre del año en curso, dictado en el expediente 1849/2015. Documental que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se desahoga por su propia y especial naturaleza, y que será tomada en consideración en el presente asunto. Por su parte, la Juez Civil y Familiar de Ixmiquilpán Hidalgo, al rendir su informe justificado , aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, y remitió copia certificada del expediente 1849/2015. Documental a la que se les otorga el carácter de público, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, puesto que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público en ejercicio de sus funciones; la calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre el documento de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, al tener el carácter de documento público se le confiere eficacia probatoria plena en atención a los numerales invocados. Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia 226, publicada en tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, del contenido del escrito de demanda se advierte que la quejosa Jhomara Mejía Mendoza, señaló como autoridad responsable al Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo; y como acto reclamado, el acuerdo de dos de agosto de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: " (.) No ha lugar a tener por interpuesto el recurso de revocación que la promovente pretende hacer valer por resultar legalmente improcedente, toda vez que el auto que pretende combatir no contiene una determinación de mero trámite..". De lo anterior cabe señalar que el recurso de revocación fue interpuesto por la parte quejosa, a efecto de que la responsable revocara el auto de cinco de julio actual que determinó, que no era procedente dar cumplimiento a la determinación pronunciada el quince diciembre de dos mil dieciséis por la responsable en el aspecto de reanudar la localización de la menor V.P.M. para ser entregada a su madre Jhomara Mejía Mendoza, toda vez que se encontraba pendiente de resolver el incidente de cambio de guardia y custodia de la menor, promovido por el aquí tercero interesado. De igual forma, de las copias certificadas del expediente 1849/2015, se advierte que el Juez responsable, mediante auto de treinta de agosto actual, determinó acordar favorable la petición de la quejosa, en el sentido de reanudar la localización de la menor V.P.M. para ser entregada a su madre Jhomara Mejía Mendoza, con lo cual se estima que en el caso, se actualiza una causa de improcedencia que impide el análisis de fondo de la cuestión planteada. Lo anterior, de conformidad con lo que establece la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Novena Época, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Lo que trae como consecuencia el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia en términos de lo que establece el numeral 63, fracción V, 73 y 74 der la Ley de Amparo. De lo anterior se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, por lo cual, con fundamento en el artículo 61, fracciones XXI, de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías. Para que se actualicen los presupuestos de esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. Es decir, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce de la garantía violada. A lo así razonado tiene aplicación, el criterio que sustenta la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada a fojas 38, del Tomo: IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y sinopsis expresan: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, como ya se mencionó el acto reclamado por la parte quejosa, lo constituye el proveído de dos de agosto del año en curso, en el que la responsable no admitió a trámite el recurso de revocación hecho valer por la parte quejosa, para que la responsable revocara el de cinco de julio del año que transcurre, mismo que mediante auto de treinta de septiembre actual, dejó sin efectos emitiendo una nueva determinación favorable a la petición original de la quejosa en el sentido de búsqueda, localización y entrega de la menor, aunado a lo anterior de las constancia que remitió la autoridad responsable en su informe se advierte que obran los acuses de recibo de los oficios dirigidos al Comandante de la Policía Municipal de Ixmiquilpan, Hidalgo, para la localización y entrega de la menor a su progenitora aquí quejosa En consecuencia, es evidente que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado y, por ende, se ha restituido así a la impetrante en el goce de la garantía violada, pues el acto que reclamó en el juicio en que se actúa, ya fue subsanado, con proveído el treinta de septiembre actual, en el que acordó favorable su petición, asimismo realizó los tramites tendientes al cumplimiento de su propia determinación al girar los oficios correspondientes a la Policía Municipal de Ixmiquilpan, Hidalgo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1285, Tomo XVI, que dice: "ACTO RECLAMADO CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Procede sobreseer en el juicio de amparo, cuando aparezca que han cesado los efectos del acto reclamado". En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, 73 y 74 de la Ley de Amparo en vigor, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, promovido por Jhomara Mejía Mendoza, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales V.P.M. contra el acto y autoridad ya precisadas. Por tanto se dejan sin efectos las diez horas con quince minutos del ocho de noviembre de dos mi diecisiete, que fueron fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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